Personas refugiadas
El Estado español incumple sus compromisos en materia de protección internacional

Negación del derecho a solicitar asilo, arbitrariedad en los procedimientos, retrasos disuasorios en los trámites para acceder al sistema de acogida, y en definitiva el no cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de protección internacional. Esto es lo que denuncia la Plataforma para el EPU por los derechos de las personas refugiadas (PlatRefugio) que reúne a organizaciones como Andalucía Acoge, Federación SOS Racismo, Fundación la Merced Migraciones, Irídia, MPDL, Pueblos Unidos o Provivienda, entre otras. Para evidenciar todas estas disfunciones del sistema el pasado 14 de noviembre presentaron el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el sistema de protección internacional y acogida del Estado español”.

A través de este documento, las organizaciones añaden sus consideraciones al “Examen Periódico Universal”, el EPU que se menciona en el nombre de la Plataforma. Una rendición de cuentas por el que los 193 Estados Miembros de la ONU deben pasar cada cinco años, en el que se evalúa su cumplimiento de las obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. En enero de 2020 España pasará por su tercer examen.

Fue en el EPU de 2015 cuando las Naciones Unidas incluyeron 11 recomendaciones referentes a aquellas disposiciones de orden político y legislativo a asumir por el Estado para garantizar procedimientos de asilo tanto eficaces como conformes con el derecho internacional. España se comprometió ese mismo año, ante la Unión Europea, a acoger en dos años a 17.000 personas junto a las 6.000 ya presentes en territorio español y potenciales solicitantes de asilo. Un compromiso con el que no cumplió.

El balance es muy negativo: ninguna de las recomendaciones han sido satisfechas, valora la PlatRefugio en su informe. Destaca el no haber sido capaz de trasponer las Directivas 2013/32/UE y Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo al sistema legislativo estatal. La inexistencia, por otro lado, de una reglamentación de la Ley 12/2009 de asilo, genera una situación de gran inseguridad jurídica a las personas solicitantes de protección internacional, denuncian.

La inexistencia de una reglamentación de la Ley 12/2009 de asilo genera una situación de gran inseguridad jurídica a las personas solicitantes de protección internacional, denuncian las organizaciones

“Las personas se quedan suspendidas en un limbo jurídico caracterizado por una gran arbitrariedad”, resume Paloma García Varela, responsable de incidencia de Red Acoge, una federación de 20 asociaciones que integra la Plataforma. “No saben lo que les pasa, cuál es su propio proceso. Además se pueden quedar, como está sucediendo ahora, en situación de calle”, relata García Varela sobre las consecuencias de esta inseguridad jurídica. También hay quienes, ante los extensos plazos para conseguir cita, o renovar sus permisos, se quedan sin empleos con lo que ya contaban. 

La activista recuerda que las personas afectadas atraviesan procesos de especial vulnerabilidad, tras tener que huir de sus países. “La mayoría ha sufrido torturas, malos tratos, situaciones de violencia, la situación en la que se encuentran estas personas es terrible”. Ya en frontera deben confrontar la no aplicación del sistema de protección. Como recuerdan en el informe, el Estado español viola el principio de no devolución. Para ello, la administración apela al acuerdo bilateral con Marruecos y a la ley estatal de Seguridad Ciudadana, argumentos que no han convencido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya ha condenado al estado por estas prácticas.

Más allá de las devoluciones en caliente, ni aún cuando se habilita la petición de asilo se cumplen las garantías. La falta de información, instalaciones inapropiadas, la ausencia de privacidad o la no facilitación de intérpretes se enumeran entre las principales irregularidades encontradas.  Tras la solicitud de asilo la situación no mejora. Las organizaciones denuncian la complejidad, aleatoriedad y los innumerables obstáculos que encuentran quienes finalmente solicitan asilo a lo largo del proceso: incumplimiento de los plazos legales, entrevistas que no cumplen con las garantías elementales, falencias en el sistema de petición de citas, discriminación cuando —ante situaciones de vulnerabilidad similares— se decide conceder el asilo en función de la nacionalidad, ausencia de un criterio temporal para la resolución de expedientes, pudiendo esperar las personas solicitantes hasta cuatro años. Señalan también los fallos del sistema de acogida, que no cumple con el mandato de favorecer la inclusión de las personas refugiadas.

Lo que se necesita realmente es una visión integral de la situación, apunta García Varela. “Hay que empezar por garantizar que puedan solicitar asilo, pues lo que estás es evitando que la gente llegue y pueda pedir protección internacional”. Para la integrante de Red acoge, la cuestión de las fronteras responden a la voluntad política, no siendo necesarios medios concretos para conseguir una mejora en este sentido.

En lo referente a la tramitación de las solicitudes García Varela destaca la necesidad de “un reglamento que realmente transponga las directrices, porque eso lo que supone es que va a haber unas normas que tienen que cumplirse a lo largo de todo el procedimiento, normas que acualmente no existen. Entonces, la cuestión de los plazos por ejemplo, tendría que quedar resuelta junto a otros temas que marca la normativa europea que nosotros estamos incumpliendo”.

Las entrevistas, relata, son otra instancia a mejorar. La falta de formación del personal, la ausencia de privacidad —siendo las personas entrevistadas simultáneamente en la misma sala que otros solicitantes de asilo— dificulta que gente que ha vivido procesos traumáticos pueda exponer las razones por las que necesita asilo, poniendo en riesgo su acceso al sistema.

Uno de los problemas nucleares que identifica el informe en lo referente al sistema de acogida es la masiva delegación de responsabilidades en las organizaciones de la sociedad civil, que acaban encarando dificultades que es competencia del Estado resolver. “Las organizaciones tenemos que jugar un papel muy importante, pero los poderes públicos respecto a temas de vivienda, empleo, tienen que jugar otro papel”.  Si bien las organizaciones reciben subvenciones por su trabajo en el sistema de acogida, al final, denuncia García Varela, éstas acaban cubriendo todos los ámbitos: desde la vivienda, y el empleo, a la integración.

Uno de los problemas nucleares que identifica el informe en lo referente al sistema de acogida es la masiva delegación de responsabilidades en las organizaciones de la sociedad civil, que acaban encarando dificultades que es competencia del Estado resolver

“Qué es lo que pasa, que al final las organizaciones hacemos nuestra labor que es muy importante en cuanto al acompañamiento, la atención psicosocial, el tema de un trabajo comunitario en los espacios a los que llegan estas personas, una serie de cosas que es donde nosotras podemos aportar mucho”, apunta García Varela, “Pero nos encontramos con que tenemos que estar buscando sitios, tenemos que estar buscando centros, buscando empleo, cubriendo determinados frentes que deberían estar garantizadas por el Estado”, lamenta. 

Más allá de una cuestión de falta de voluntad política, García Varela piensa que el incremento en las solicitudes de asilo —de 3000 solicitudes en 2010 a cerca de 100.000 en la actualidad— ha desbordado la capacidad de un Estado que no ha sabido adaptarse a la situación. Las consecuencias las sufren las personas que necesitan acceder al sistema de protección. “Yo creo que podrían haber hecho más, que se puede hacer más”, varola García Varela.

Las organizaciones señalan en su informe la hoja de ruta que debería seguir el Estado para “hacer más”. Empezando por reglamentar la ley 12/2009 de asilo, junto a la aplicación de todas las medidas necesarias para abolir la práctica de devolución en frontera. Exigen además que se garantice un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado “ágil, eficaz y eficiente, que asegure el principio de igualdad y no discriminación”, y se protejan los derechos de las personas solicitantes de asilo, detectando situaciones de vulnerabilidad. También reclaman una revisión del modelo de acogida que facilite los procesos de inclusión y garantice el respeto de los derechos humanos.

El foco en el sistema de acogida supone una novedad respecto al informe que las organizaciones presentaron cinco años atrás. “Después de unos años de trabajo dentro del sistema, por todas las situaciones que se han vivido, hemos visto la necesidad de visibilizar las irregularidades. Así, estas recomendaciones surgen de la propia práctica”, apunta García Varela.

Es obligación del Estado, independientemente de quién esté frente al gobierno, cumplir con los compromisos internacionales en materia de protección internacional. Las recomendaciones de la PlatRefugio apuntan a señalar el camino para que esto se pueda materializar en los próximos cinco años, tras los cuales España tendrá que volver a pasar examen ante las Naciones Unidas.