Pasar a una gestión pública y directa estaba claro con el gobierno comandado por Ximo Puig. Al final de enero de este año la Consellería de Sanidad ya había comunicado a Marina Salut la decisión de acabar el contrato y pasar a la red de la Generalitat. Ahora, con la victoria de Mazón y su acuerdo con VOX, las cosas no están tan claras.

El portavoz de Sanidad del PP en las Cortes, José Juan Zaplana, prometió antes de las elecciones que no había ninguna intención de activar la prórroga prevista en el contrato: “No queremos que continúe siendo de gestión privada”, afirmaba en una reunión con el Comité de Empresa. Al contrario, Vicent Grimalt, alcalde reelegido de Dénia, piensa que no se puede fiar de lo que diga el PP en campaña electoral y lo que pueda hacer después.

Las disyuntivas que se plantean al respecto son dos: las consecuencias inmediatas de la reversión y que pasaría con sus trabajadores. Primero, la reversión provocaría que se igualasen las condiciones con otros departamentos como el de la Safor o el de la Marina Baixa y en capital humano, como explican los expertos, se cubriría automáticamente la falta de personal. El hospital de Alzira, por ejemplo, ha incrementado su plantilla más de un 20% desde el 2018, cuando se revirtió a la gestión pública.

Segundo, los trabajadores de Marina Salut pasarían al estado de ‘laboral fijo a extinguir’. Consistiría en que no tendrían la titularidad de funcionario, pero negociarían un convenio con la Generalitat para que tuvieron las condiciones más cercanas posibles. Cómo explica en un artículo el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Adrián Todolí, es la única forma posible por no perder los trabajadores y ya se ha hecho en otros centros como en uno de Portugal.

De este modo, todo acaba en manos del nuevo gobierno derechista. Después de las elecciones han pedido un informe sobre el estado del hospital, poniendo en entredicho su pretensión de querer prorrogar el contrato con Ribera Salud, partidaria de continuar gestionando el hospital. Joan Sarrió, trabajador desde hace muchos años, dice que: “La gente se merece una asistencia sanitaria digna, igual que todos los otros lugares. Durante quince años no la hemos tenido y la Marina Alta no puede estar discriminada”.

Historia de una privatización

La gente de la comarca de la Marina Alta necesitaba de manera urgente un hospital que pudiera atender una zona con elevado potencial turístico. Bajo esta premisa, en marzo del 2005 el gobierno de Francisco Camps iniciaba el contrato de cesión de los servicios sanitarios a las diferentes empresas privadas que quisieron presentarse al concurso. Únicamente una U.T.E. de dos empresas se postularon como las encargadas de construir el centro sanitario y, a cambio, obtendrían quince años de gestión.

Estas entidades eran la aseguradora DKV, parte de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores en Europa y el grupo empresarial Ribera Salud, creando así la marca Marina Salut, donde la aseguradora tendría el 65% y Ribera el 35%. Vicent Rambla, en aquel momento Conseller de Sanidad y Josep Santacreu, representante de Marina Salut, acordaron la construcción en un plazo de cuatro años y así fue.

El Hospital de Dénia abría las puertas el 3 de abril del 2009 con las cámaras siguiendo al presidente de la Generalitat y su séquito por las instalaciones del centro. Ya de primeras, este acto estuvo manchado de polémica. Por un lado, el gasto de 11.907 euros que restó a las arcas valencianas por la puesta en escena, como informaba el Levante-EMV en una noticia publicada en 2017.

Por la otra, las críticas que ya había de trabajadores que denunciaban que las listas de espera se habían disparado por la carencia de facultativos en varias áreas y que se tenía que acelerar la construcción de nuevos centros de salud porque el hospital se quedaba pequeño: “Siempre hemos tenido trabas y hemos tenido que ir siempre a los tribunales para reivindicar derechos que ya estaban reconocidos”, sentencia la delegada de Intersindical Salud Dénia, Sonia Escrivà.

Una dirección que mira el dinero y no la salud

A pesar de la entrada de las fuerzas progresistas del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) en el 2015, el conocido como modelo Alzira continuó igual. De hecho, en 2021 Ribera Salud compró la parte de DKV por 16 millones, generándole unos beneficios a la aseguradora alemana de 3,4 millones de euros: “Tenemos que tener claro que un modelo así, de carácter empresarial, no puede dar calidad asistencial. La Sanidad vale mucho dinero y desde el punto de vista privado los números no salen”, declara Escrivà.

Son numerosas las irresponsabilidades que ha llevado a cabo el centro sanitario que han manchado  la fama que hoy tiene entre la población comarcal y los trabajadores: “Cualquier persona que vaya al hospital conocerá alguien que haya tenido problemas, sea por la falta de personal o por las instalaciones obsoletas”, relata Sergi García, periodista del diario digital, Marina Plaza.

García ha escrito numerosas noticias sobre polémicas como la de un inmigrante al que le cobraron 133 euros en 2013 para atenderlo en urgencias o la multa de 110.000 euros a la mujer de un paciente muerto al cual tardaron 9 horas en realizarle las pruebas. Todos estos escenarios se relacionan con problemas estructurales que llevan denunciando años sindicatos y pacientes. El principal, como indica el presidente del Comité de Empresa, Joan Sarrió, son los grandes recortes que se producen en el personal.

“En recursos humanos es donde realmente tienen beneficios. La dirección saca unas ganancias respecto al personal muy altas. La política laboral es más que austera”, dice Sarrió. En la última auditoría que se le hizo al hospital, en la cual se señalaban irregularidades en el contrato de gestión, se informa que hay 8,07 trabajadores por cada mil habitantes, dos puntos inferiores a la cifra de las entidades públicas: “Aquí al lado, en Gandia, quizás llegan a 500 personas más en nómina”, afirma el también delegado del SATSE (Sindicado de Enfermería).

“¿Donde tiene la eficiencia la empresa? Ellos no gestionan mejor, sino que obtienen los beneficios de su política en recursos humanos. Hay menos trabajadores que trabajan más horas y con salarios más bajos que con consellería.

La tensión y la precariedad es tan continua que en mayo del año pasado se hizo una huelga convocada por el Comité de Empresa para protestar por que Ribera Salud (encargada única de la gestión) no había actualizado las condiciones de sus trabajadores desde el 2014, fecha del último convenio. Una subida salarial del 2% con una tasa de inflación (subida generalizada de precios) del 8,4%.

El tiempo de trabajo que dedica el personal del hospital es uno de los pilares de su reivindicación: “El turno rotatorio del hospital de Dénia trabaja 160 horas más que cualquier otro turno que esté en Consellería. Estaríamos hablando de un mes y medio superior de trabajo”, cuenta el actual presidente del Comité de Empresa. Además, a esto se suma el predominio de gente joven en la plantilla, puesto que como afirman los sindicatos, tendría que haber un mayor porcentaje de gente con más experiencia alrededor de 35 y 50 años, pero a Marina Salut la mayoría de trabajadoras no superan los 30 años de edad porque no se reúnen unas condiciones laborales estables.

El paciente, el otro afectado

Todas estas trabas que dificultan las buenas condiciones de los trabajadores acaban repercutiendo directamente en la gente de más de 40 municipios: “La población no tiene garantizada una asistencia de calidad porque hay muchos cambios de facultativos. No hay una continuidad en la asistencia. También las especialidades tienen una larga lista de espera”, apunta Escrivà.

Concretamente, los últimos datos recogidos en el portal de la Consellería de Sanidad, demuestran un aumento del 70% en el total de pacientes que se encuentran en lista de espera respecto a abril del año pasado, de 1740 a 2968 personas esperando intervenciones en algunas de las áreas que, como se ha señalado, no tiene bastante facultativos. De hecho, en comparación con el hospital de la Safor (Gandia) de titularidad pública y con una población parecida, hay 1674 pacientes en espera, un 77,3% menos que en el de Dénia.

A continuación, habría que hacer referencia a la dificultad de traslado a los HACLE, hospitales de larga estancia por personas con enfermedades crónicas que necesitan una atención y tratamiento más adecuados. El problema viene, como explican los sindicatos, en que mantienen todos los pacientes que pueden en el hospital o los derivan a instituciones sanitarias donde tienen acuerdos económicos, así les sale más barato: “En lugar de enviarte a un lugar de referencia como la Fe de València, te envían a lugares a hacer tratamientos de gente que se está pagando con capital público y no se recibe el mismo tratamiento que en Gandia o la Marina Baixa”, denuncia Sarrió.

De igual manera, las condiciones de las instalaciones médicas y el estado del hospital resulta “alarmando” por la cantidad de goteras que ahora arreglan cuando se han publicado las normas de reversión, como hace referencia el periodista Sergi Garcia. Según el sindicato SATSE, el TACO (que sirve para hacer resonancias y radiografías) hace quince años, de la primera concesión, que no se cambia además que uno de ellos es de baja gama y no puede atender todos los pacientes que lo necesitan.