Precariedad laboral
La subida del salario mínimo queda enterrada por el aumento de los precios

Quince euros, de 950 a 965, es lo que subirá el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras el Consejo de Ministros de este 28 de septiembre. Una subida que no ha gustado a la patronal ni a los sindicatos críticos: el incremento del SMI en un 1,6% no compensa una inflación que ya supera el 3% y supondrá una pérdida de poder adquisitivo para el millón y medio de trabajadores que cobran el SMI, aquellos que no están cubiertos por un convenio colectivo. El pacto firmado a última hora del jueves 16 de septiembre no contó, por primera vez en la legislatura, con el beneplácito de la CEOE y supone, tras el enfrentamiento con la patronal eléctrica, un nuevo golpe a la política de acuerdos entre grandes sindicatos, patronal y Gobierno que había defendido hasta ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Los defensores del acuerdo, en especial Unidas Podemos y los grandes sindicatos, destacan que el salario mínimo ha crecido 219 euros desde 2018, una cifra que contrasta con la subida acumulada de 79 euros en las dos legislaturas de Mariano Rajoy. “Obviamente hubiéramos querido que el salario mínimo subiera más, pero por lo menos el proceso no se detiene. Lo esperable es que haya una subida significativa en cuatro meses”, explica a El Salto el director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, Carlos Martín Urriza.

Los grandes sindicatos han aceptado la subida del salario mínimo, que llevaba congelado desde inicio de año, sin mucho entusiasmo y solo por el compromiso del Gobierno de terminar la legislatura con un SMI equivalente al 60% del salario medio, tal como recomienda la Carta Social Europea, de obligado cumplimiento. Para conseguir este objetivo, en dos años el salario mínimo debería alcanzar los 1.060 euros, es decir, 95 euros más que ahora.

Con la patronal fuera de la negociación, el Gobierno consiguió en el último momento incluir a los grandes sindicatos en el acuerdo. Ya antes del verano, las dos centrales amenazaban con dinamitar el diálogo social si no se subía el salario mínimo, una medida que ya había sido aplazada por las presiones de la vicepresidencia económica. “Hace unos meses nos decía [Nadia Calviño] que en función de cómo fuera la economía se replantearía la subida del salario mínimo y la economía va como un tiro”, afirmaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. 

“Hubiéramos querido que el SMI subiera más, pero por lo menos el proceso no se detiene. Lo esperable es que haya una subida significativa en cuatro meses”, explica el director del Gabinete Económico de CC OO, Carlos Martín Urriza

Desde el sindicato CGT califican de “insuficiente” una subida del salario mínimo que “llega tarde” y que “ni siquiera compensa el encarecimiento del coste de la vida”. Mientras el SMI crece un 1,6% a partir de septiembre, la variación anual del IPC alcanzó en agosto el 3,3%. Solo en el último mes, el coste de la vida creció en un 0,5% y la inflación acumulada desde enero de 2021 ya supera el 2,2%, enterrando la previsión de 0,9% del Gobierno. 

La inflación, en buena medida derivada de la espiral alcista de la electricidad, afecta mucho más a las rentas bajas, explica el economista de CC OO. El encarecimiento de los productos básicos, como los huevos, el pescado o la fruta —cuyos precios crecieron entre el 2% y el 5%— supone un golpe mayor para los trabajadores que cobran el SMI. Mucho más afecta el encarecimiento del combustible —que creció el 20% en un año— o del recibo de la luz —que llegó a suponer 38 euros más que en 2020, según Facua. La diferencia puede suponer llegar o no a final de mes. A espera de futuras subidas, el millón y medio de personas que cobran el SMI serán este año un poco más pobres. 

Sin embargo, cuenta el economista Martín Urriza a El Salto, “la pérdida puntual de poder adquisitivo experimentaría una recuperación considerable si en cuatro meses el salario mínimo se sitúa en torno a 1.000 euros”. 

Desde el sindicato CGT califican de “insuficiente” una subida del salario mínimo que “llega tarde” y que “ni siquiera compensa el encarecimiento del coste de la vida”

El director del Gabinete Económico de CC OO sitúa la responsabilidad de que no se haya producido un aumento mayor en las pugnas internas del Ejecutivo. “Se ha ganado una batalla importante dentro del Gobierno de coalición, frente a una parte que pretendía retrasar al máximo la subida del SMI. Hemos conseguido que ni siquiera este año se detenga el proceso de convergencia”, dice Martín Urriza en relación al objetivo de que el SMI alcance el 60% del salario medio.

Para CGT el acuerdo de llegar al objetivo de los 1.060 no está garantizado y califica de “gesto bastante preocupante” el hecho de que el Gobierno “ni siquiera haya dejado plasmado en el acuerdo cuándo alcanzaremos esa cantidad mínima”. El sindicato ELA, mayoritario en el País Vasco, señalaba la principal enseñanza de este episodio: “Una vez más se demuestra que el diálogo social y los sindicatos que forman parte de él no sirven para mejorar realmente las condiciones materiales de la clase trabajadora”. Desde EH Bildu, la portavoz Mertxe Aizpurua defendía que la experiencia del SMI había servido para terminar de una vez con “la excusa del diálogo social”. Si se había podido sacar adelante una subida del SMI sin la CEOE, también se puede encarar la nueva Ley de Vivienda, el fin de la Ley Mordaza o la reforma de la reforma laboral sin contar con la patronal. “Se acabaron las medias tintas”, ha afirmado.

“Cambios cosméticos”

La decisión del Gobierno, vigente de forma retroactiva desde el 1 de septiembre de 2021, llega en un momento en el que las condiciones laborales “se siguen depauperando”, afirma la CGT. Aunque el SMI fija la cuantía mínima que puede recibir un trabajo por una jornada de 40 horas, existen “datos preocupantes” sobre miles y miles de personas que cobran por debajo de ese límite, “personas a las que les es imposible salir de la temporalidad o conseguir empleos a jornada completa” o situaciones como las pensiones de viudedad en las que se reciben cantidades muy inferiores al SMI. Unas situaciones en las que las mujeres son el colectivo más castigado, señalan desde este sindicato anarcosindicalista.

Aunque la economía “vaya como un tiro”, como defiende el secretario general de UGT y el Gobierno, hay elementos de preocupación, según denuncia CGT. Solo en julio, se produjeron 58 inaplicaciones o descuelgues de convenios colectivos, un 48,7% más que la cifra registrada en el mismo mes del año pasado, y los dos grandes sindicatos “siguen alcanzando acuerdos de convenio colectivo con subidas salariales por debajo del IPC” e incluso por debajo del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva. 

Frente a una subida salarial media pactada en los convenios de 1,5%, una inflación que supera el 3% vuelve a suponer una pérdida de poder adquisitivo para el conjunto de los trabajadores. También para los empleados públicos cuya subida salarial de 0,9% quedará muy por debajo de la inflación real que se prevé para 2021. Es la primera vez desde 2013 que sucede. En los últimos ocho años los funcionarios habían ganado un 5,14% de poder de compra. Desde los sindicatos mayoritarios en la función pública han llamado a una mesa de negociación previa al tramite de los presupuestos.

Este aumento del SMI, recuerda Carretero, se produce después de diversas resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en los que se acusó a España de estar violando la Carta Social Europea dado que “el salario mínimo no garantiza un nivel de vida decente”

La salida de la crisis del covid-19 no está clara todavía: el número de personas inmersas en procesos de despidos colectivos se disparó en un 55,4% hasta junio de 2021, sobre todo entre las personas dedicadas al comercio o la construcción, y nueve de cada diez nuevos contratos han sido temporales. “Lejos de acabar con la temporalidad, esta se ha incrementado de forma aún más galopante”, señalan desde CGT. La duración media de los contratos firmados en julio ha sido de 53,19 días, según datos del SEPE. “Estamos frente a un escenario más que preocupante. Un escenario que no presentará ninguna mejoría hasta que no se tomen medidas reales, medidas efectivas, medidas que no supongan solo cambios cosméticos”, critican.

Es el modelo

José Luis Carretero, secretario general de Solidaridad Obrera, también califica de “insuficiente” la subida, sobre todo si se tiene en cuenta “el escenario de colapso económico y social vivido desde el inicio de la pandemia”, dice a El Salto. Este aumento del SMI, recuerda Carretero, se produce después de diversas resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en las que se acusaba a España de estar violando la Carta Social Europea con un salario mínimo que “no garantiza un nivel de vida decente” para los trabajadores del sector privado. “Aún con esta subida, el Gobierno sigue incumpliendo la Carta Social Europea, un tratado internacional válidamente ratificado por España”, sentencia Carretero.

Para este sindicalista, la baja cuantía del SMI en España es uno de los principales obstáculos para el famoso cambio de modelo económico: “Lo cierto es que el modelo productivo español, basado en el monocultivo del turismo y las recurrentes burbujas inmobiliarias, está sostenido únicamente por un mercado laboral especializado en los salarios bajos, la precariedad y la baja productividad”. Un mayor salario mínimo, defiende, lleva al empresariado a buscar modelos de negocio que no se basen exclusivamente en la precariedad laboral. 

“Un salario mínimo razonable, como el que tiene la mayoría de los países de la UE, no solo marca una remuneración digna sino que sirve para quitar la mala hierba: eliminas los negocios que se basan en la explotación”, dice el economista Carlos Martín Urriza, de CC OO

El responsable del Gabinete Económico de CC OO comparte esta última idea: “Un salario mínimo razonable, como el que tiene la mayoría de los países de la UE, no solo marca una remuneración digna sino que sirve para quitar la mala hierba: si subes el salario mínimo y vuelves a colocar el riesgo de emprender un negocio en el empresario y no en el trabajador estás eliminando los negocios que no implican innovación, que se basan en la explotación, que son también los que tienen menos recorrido”. 

Las recientes modificaciones en el SMI, puntualiza Martín Urriza, lo único que han hecho es recuperar el terreno perdido en más de tres décadas de pérdida de poder adquisitivo. “En 2016, el salario mínimo real estaba 4,5% por debajo del SMI de 1980... 37 años después lo que se está haciendo es actualizar lo que se tendría que haber hecho en los últimos 37 años”, explica a El Salto.

Signos de cambio

El pacto para la subida del SMI sin acuerdo con la patronal se produjo apenas dos días después del lanzamiento del plan de choque del Gobierno para abaratar la factura de la luz y que supuso un enfrentamiento inédito con la patronal eléctrica. Estas dos acciones, aunque limitadas, suponen un cambio de tendencia en la legislatura: hasta ahora el Gobierno había buscado y había arrancado acuerdos en todos los grandes acuerdos sociales, desde los ERTE al pacto de las pensiones.

Para Martín Urriza, en esta estrategia hay una parte de “cálculo electoral” y otra de “concepción ideológica”, en función de la parte del Gobierno de la que se hable, pero, en efecto, observa que el Gobierno está dando “signos en temas importantes que tienen que ver con el bolsillo de los ciudadanos”. Tanto la subida “en dos tiempos” del SMI —este economista da por sentado que habrá una nueva subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros a principios de año—, como en el plan de choque eléctrico que recortará 2.600 millones de euros los beneficios extraordinarios de las eléctricas, el Gobierno ha optado por confrontar con el poder económico, una estrategia cuyos resultados todavía se desconocen.

Otros dos puntos de fricción entre el Gobierno y la patronal —la derogación de los elementos más nocivos de la reforma laboral de 2012 y una normativa que ponga límite a la subcontratación— servirán para comprobar hasta dónde llega la voluntad del Gobierno de ponerse del lado de la ciudadanía en temas laborales. El debate sobre el abuso de la subcontratación con una normativa vigente que permite cubrir puestos estructurales con contratos temporales supone el mayor desafío pendiente para el Gobierno, explica Martín Urriza: “Es la gran batalla, la más importante, porque no solo afecta a la vida de las personas, que se han transformado en inestables y aplazadas, sino que lleva a una economía cada vez menos productiva, porque es un incentivo para que el capital se especialice en actividades de bajo valor añadido, donde el beneficio se obtiene no arriesgando ni innovando sino exprimiendo condiciones de trabajo”. Lo mismo que ocurre con un SMI devaluado, añade.

Para José Luis Carretero, si el Gobierno pretende durar no tiene otra opción que confrontar con la patronal y los grandes intereses económicos: “Cualquier posibilidad de poner en marcha las medidas necesarias para superar la grave crisis social y económica provocada por la pandemia pasa por que el Gobierno decida tomar dichas medidas aún sin el apoyo de la patronal”.

“En estas circunstancias, seguir en la senda de considerar imprescindible el apoyo de la patronal a las medidas económicas y laborales a tomar sería un auténtico suicidio electoral del Gobierno”

Este sindicalista y analista cree que el Gobierno está obligado a tomar partido: “En estas circunstancias, seguir en la senda de considerar imprescindible el apoyo de la patronal a las medidas económicas y laborales a tomar sería un auténtico suicidio electoral del Gobierno y no haría más que ahondar la crisis provocada por la pandemia y por la resolución inacabada de la sacudida global del año 2008”.

Aún así, está por ver, concluye Carretero, “cuál va a ser la resistencia real del Gobierno a las presiones patronales, y si esta limitada muestra de independencia” no vendrá acompañada de contrapartidas en otros asuntos claves sobre la mesa, como la reforma de las pensiones o la futura reforma laboral.