Ecologistas denuncian al Gobierno por inacción contra la contaminación por ozono

La confederación Ecologistas en Acción ha interpuesto un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional con el fin de que el alto tribunal “obligue al Gobierno central a que cumpla con su obligación legal de elaborar un plan nacional de mejora de la calidad del aire que proponga medidas concretas y presupuestadas para atajar el problema de elevada contaminación por ozono”. El ozono troposférico (O³), más conocido como 'ozono malo', es un gas contaminante presente en elevadas concentraciones en la mitad del territorio estatal y afecta a 19 millones de personas en España —dos de cada cinco habitantes— y causó la muerte prematura de 14.000 personas en Europa en 2014, 1.600 de ellas en el Estado español, una cifra similar a la causada por los accidentes de tráfico.

La organización ambientalista considera insuficiente el Plan Nacional de Calidad del Aire aprobado el año pasado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, una iniciativa, señalan, adoptada “para cubrir el expediente”. Asimismo, critica la inacción de las administraciones tras “infructuosos esfuerzos para lograr que las doce comunidades autónomas donde se incumplen los objetivos legales de ozono elaboren planes autonómicos para combatir este contaminante”, comunidades que remitieron al Ministerio, sin excepción, para solucionar el problema.

Ninguna de las doce regiones afectadas —Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalunya, País Valenciano, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco— ha elaborado un plan contra el ozono, según señala la confederación ecologista, a pesar de que la ley de calidad del aire y protección de la atmósfera obliga a que las comunidades autónomas elaboren planes de mejora de la calidad del aire cuando se incumplan en su territorio los valores límite u objetivo establecidos para cualquier contaminante regulado, sin perjuicio de la adopción concertada con el Gobierno central de un plan nacional cuando el incumplimiento afecte a varias comunidades. 

Los ecologistas recuerdan que ya han transcurrido cinco y tres años desde la entrada en vigor de los valores objetivo para la protección de la salud y de la vegetación, respectivamente en el trienio 2010-2012 y en el quinquenio 2010-2014.

Políticas energéticas y de transporte

Ecologistas en Acción apunta a “la resistencia a modificar las nefastas políticas energéticas y de transporte responsables de los elevados niveles de ozono” como el motivo para explicar la inacción gubernamental ante el problema. “Sin medidas drásticas sobre el tráfico urbano e interurbano y sobre las centrales térmicas, especialmente las de carbón, no es posible mejorar la calidad del aire”, señalan, recordando además que estas políticas son también responsables de los problemas de polución por otros contaminantes, como el dióxido de nitrógeno o las partículas en suspensión, sustancias por las que la Comisión Europea instruye desde hace años sendos expedientes de infracción contra el Estado español. 

La denuncia se produce tras los recientes pronunciamientos de los tribunales de justicia de países europeos como Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Reino Unido o República Checa, que han obligado a los gobiernos a tomar medidas.

El colectivo ecologista señala además que dos terceras partes de los cultivos y buena parte de los bosques y espacios naturales españoles soportan niveles de O³ que dañan la vegetación, ya que son prejudiciales para los bosques y reducen la productividad de los cultivos. España es uno de los países europeos más afectados por este contaminante, especialmente en el centro y sur y en el litoral mediterráneo.

El ozono troposférico es un contaminante secundario producido por la reacción entre el dióxido de nitrógeno (NO₂) y los hidrocarburos emitidos por automóviles e industrias en presencia de radiación solar. Por inhalación, provoca irritación de los ojos y vías respiratorias superiores, un incremento del riesgo de enfermedades respiratorias agudas y reducción de la función pulmonar, así como el agravamiento de patologías cardiovasculares.