Antimilitarismo
Seguir luchando por un embargo efectivo a Israel

En los medios de masas de las «democracias liberales capitalistas», el debate es normalmente un espejismo en el que la roca dura de los acuerdos básicos se oculta tras el aparente abismo que separa a halcones y palomas. Lo que encontramos en esa roca dura son las actitudes e intereses compartidos por las élites del poder político y económico. El hecho de que, bajo la superficie del espejismo del debate, las grandes corporaciones mediáticasden igualmente expresión a esos consensos de fondo no es ningún misterio. En palabras de Noam Chomsky, «son grandes corporaciones que forman parte de conglomerados aún mayores. Como cualquier corporación, tienen un producto que venden en un mercado. El mercado son los anunciantes, es decir, otras corporaciones (…), y el producto, audiencias relativamente privilegiadas (…). ¿Qué imagen del mundo esperarías que surgiera de ahí?».

Los detalles son numerosos e interesantes, pero lo señalado basta para entender los resortes de la unanimidad de opinión en torno a los intereses compartidos por los distintos grupos que compiten dentro del aparato estatal-corporativo. Desde febrero de 2022, el fenómeno ideológico que mejor ha ilustrado esa unanimidad ha sido el consenso cerrado en torno al redoble militarista y el aumento del gasto en «defensa» —bajo el pretexto cómico de la «autonomía estratégica» de una Unión Europea cada día más sometida a su jefe atlántico.

Hay ocasiones —raras, interesantes— en que el consenso de fondo no refleja los intereses compartidos, sino la lucha por el poder entre distintas facciones de las élites. El tratamiento mediático de la victoria ciudadana en la última jornada de La Vuelta fue un ejemplo particularmente indecente de este tipo de situación. La roca dura de los acuerdos básicos quedó encarnada en esta ocasión en la premisa compartida a ambos lados de nuestro estrecho espectro mediático, de El País a El Mundo, de La Vanguardia a ABC: que el Ejecutivo se ubica «de forma nítida del lado de los manifestantes». En un extremo del espectro se celebra este «hecho», en el otro se condena, pero en ambos se trata como un «hecho».

Hay ocasiones en que el consenso de fondo no refleja los intereses compartidos, sino la lucha por el poder entre distintas facciones de las élites

Este «hecho» de la alineación entre manifestantes y Gobierno puede apreciarse con claridad en las reivindicaciones de la ciudadanía durante las protestas —embargo, boicot, ruptura de relaciones—, pero puede apreciarse ahí sólo al precio de darle la vuelta al castellano, al sentido común y a los hechos que no van entre comillas.

Pedro Sánchez inauguró el curso político anunciando un embargo de fogueo que vendría a «consolidar jurídicamente» ese embargo fantasma que dice haber estado aplicando mientras convertía a nuestro país en el mayor importador europeo de chatarra militar israelí. En este contexto, lo que la ciudadanía organizada le exige al Gobierno es que deje de mentir y aplique de inmediato un embargo real, no una cortina de humo delante de la cual todo cambia para que detrás todo siga igual. Por su parte, lo que nuestra prensa seria lee aquí, de consuno, es una historia de amor entre manifestantes y Gobierno.

La premisa compartida es obviamente absurda, y su uso particularmente indecente, como avanzábamos: en ambos extremos, sirve meramente al fin de reforzar o erosionar la imagen del Gobierno.

Pongamos esa indecencia en cifras. En una rueda de prensa celebrada en Ginebra el 15 de septiembre —el día siguiente a la victoria ciudadana en La Vuelta—, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, anotó que la cifra oficial de 65.000 víctimas en Gaza está, con toda probabilidad, gravemente subestimada, y que el número real podría ascender muy holgadamente por encima del medio millón.

En realidad, las cifras no importan. Habría sido exactamente igual de indecente instrumentalizar en favor de una u otra camarilla la denuncia ciudadana de la complicidad del Estado español en los crímenes de Israel en cualquier momento de la historia reciente —porque no ha pasado un solo día desde 1948, y muy en particular desde 1967, sin que las fuerzas de seguridad y los colonos amparados por ellas cometieran crímenes contra los palestinos.

Otro acuerdo tácito en el marco de este espejismo de debate ha sido el de que los «manifestantes propalestinos» denunciaron «la situación en Gaza» y las políticas genocidas de Netanyahu. El error se hace evidente tan pronto se repara en que la «ciudadanía organizada» era en este caso ciudadanía española, de forma que su interlocutor no puede sino encontrarse en las instituciones españolas: en la limitada medida en que puede nuestra sociedad considerarse democrática, las acciones del Estado son responsabilidad de la ciudadanía. La idea de que Israel sea interlocutor de la ciudadanía española resulta sólo un poco menos ridícula que la idea de que lo sea Yugoslavia, la Corona de Aragón o la República Insular de Barataria. Lo que la ciudadanía organizada denunció, pues, fue la complicidad del Estado español en aquellas políticas genocidas: es difícil dar con el modo de insertar aquí el acuerdo básico en nuestra prensa seria en torno a la alineación entre manifestantes y Gobierno.

Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un embargo de armas a Israel lleno de lagunas y ambigüedades. No cerrará efectivamente nuestros puertos ni nuestro espacio aéreo a los suministros para la máquina de exterminio sionista. Tampoco impedirá que las bases del jefe atlántico se usen a ese fin —aun cuando nada en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y EE.UU. lo impediría.

Mañana, el Consejo de Ministros aprobará un embargo de armas a Israel lleno de lagunas y ambigüedades

Es difícil concebir una situación más vergonzosa que la de quien presume de defender a las víctimas de un genocidio mientras continúa brindando apoyo material a su verdugo. Tras la victoria en La Vuelta, toca redoblar esfuerzos para evitarnos este bochorno como sociedad, para acercarnos aunque sólo sea un poco a la decencia que han demostrado países como Sudáfrica o Colombia.

Si Europa le diera la espalda a Israel, las previsiones optimistas de historiadores como Ilan Pappé podrían cumplirse en cuestión de semanas (la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, representando alrededor de un tercio del comercio total de bienes): el Estado israelí podría precipitarse rápidamente por el mismo sumidero de la historia por el que cayó el Estado sudafricano en 1991. Es por tanto comprensible que el jefe nos ate en corto: no pondrá en peligro su portaaviones insumergible en la región más estratégica del planeta por un sarpullido humanitario. Lo que está en juego es la obediencia, y se trata de una obediencia con raíces extraordinariamente profundas: combatirla va a requerir dosis de presión y compromiso a la altura del crimen que Israel sigue perpetrando con nuestra ayuda.