Objeción fiscal
Objeción fiscal al gasto militar: desobediencia civil ante el rearme global
KEM-MOC Bilbao
El aumento sostenido de las guerras en los últimos años −desde Ucrania hasta Irán, pasando por Gaza o Sudán, por nombrar sólo algunos de ellas− ha venido acompañado de un crecimiento sin precedentes del gasto militar a escala mundial. Europa, que durante décadas redujo sus presupuestos de “defensa” tras el final de la Guerra Fría, atraviesa ahora un proceso acelerado de rearme. En esta línea, la Unión Europea ha impulsado el plan ReArmar Europa, con la previsión de movilizar hasta 800.000 millones de euros adicionales en los próximos años, mientras distintos gobiernos del continente anuncian incrementos históricos en sus partidas de defensa y reabren el debate sobre el servicio militar obligatorio.
En esta misma línea, el ejecutivo español ha venido aprobando los últimos años importantes ampliaciones presupuestarias en esta materia y proyecta un notable aumento del gasto para los próximos ejercicios, convirtiéndose, de esta manera, en el gobierno que mayor gasto militar ha realizado desde la transición.
En este contexto de militarización creciente a todos los niveles −de la política, la economía y la ideología− es el marco en el que, entre otras, la organización Alternativa Antimilitarista-MOC, presenta, un año más, su campaña de Objeción Fiscal al Gasto Militar coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta.
¿En qué consiste exactamente la objeción fiscal?
Se trata de una forma de desobediencia civil mediante la cual las personas contribuyentes deciden desviar una cantidad de sus impuestos −la que ellas decidan, desde una cantidad simbólica, hasta la que realmente se calcula que el Estado dedica de media por persona y año al gasto militar− hacia un proyecto social, comunitario o solidario que considera que construye un mundo más justo y en paz, a la vez que deja constancia formal de su acto desobediente y sus motivaciones, es decir, su desacuerdo con la financiación de estructuras militares.
La fuerza de esta campaña reside en el plano político en la medida en que permite dar el protagonismo a las personas para visibilizar su desacuerdo con determinadas prioridades presupuestarias que apuestan por la guerra y la destrucción de la vida y, a la vez, plantea una enmienda a la totalidad a la idea de seguridad basada en la fuerza militar en vez de apostar por la seguridad humana, que sostiene que las principales amenazas actuales para las personas son cuestiones como la pobreza y la desigualdad, la crisis climática, la violencia estructural, el patriarcado o el racismo, y no las de carácter militar. Desde esta perspectiva, invertir masivamente en armamento no sólo no aumenta la seguridad real de la población, sino que la empeora en la medida que detrae recursos para la inversión en ámbitos vitales como sanidad, educación, servicios sociales o protección ambiental.
En un momento en que el discurso de la disuasión y la preparación para la guerra gana terreno, la objeción fiscal propone una narrativa alternativa, la de que una sociedad es más segura cuando reduce desigualdades y garantiza derechos.
Este debate no es menor. En varios países europeos se ha restablecido el servicio militar obligatorio, o se estudia su recuperación, y proliferan iniciativas institucionales orientadas a reforzar la llamada “cultura de defensa”. Para los sectores antimilitaristas, este giro no es solo presupuestario, sino también cultural: implica normalizar la preparación para la guerra como horizonte plausible.
El Informe presentado por Alternativa Antimilitarista-MOC en enero de este mismo año recoge los datos de participación en la última campaña y detalla los proyectos respaldados. Más allá de las cifras, permite presentar la objeción fiscal como una herramienta de activismo accesible a amplias capas de la población y sencilla de materializar. No requiere grandes estructuras organizativas ni movilizaciones masivas, sino que se trata de una decisión individual que, sumada a otras, construye una posición colectiva a la vez que canaliza recursos hacia proyectos sociales que trabajan en ámbitos como la inclusión, los derechos humanos o el apoyo comunitario.
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