Frontex
Sin límites para Frontex

En octubre de 2024 la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cumplirá 20 años desde su creación. Su aniversario vendrá destacado por dos aspectos esenciales: su consolidación como gran apuesta europea como mecanismo de abordaje de los flujos migratorios, por un lado, y los escándalos y vulneraciones de derechos humanos que han salpicado a la agencia en los últimos años, por otro.

Sobre lo primero no cabe ninguna duda. En sus veinte años de existencia Frontex ha visto aumentadas sus competencias y su presupuesto. Aunque se crea en 2004, será un año después cuando cuente con su primer presupuesto, algo más de 6 millones de euros, mientras que en 2022 ha contado con más de 750 millones de euros. Estamos hablando de un crecimiento presupuestario de un 12.000%. Una cifra que habla por sí misma.

El caso de las operaciones de retorno es muy significativo para entender, tanto el crecimiento presupuestario como de competencias. En 2005 Frontex tenía funciones de cooperación, es decir, dar apoyo a las operaciones de retorno realizadas por los países de la Unión Europea. Para ello contó con un presupuesto de 80.000 euros. En 2016, justo un año después del intento de entrada a la UE de miles de personas desplazadas, Frontex actualizó su reglamento y pasó a ser coordinadora de los retornos, con un presupuesto aumentado hasta casi 40 millones de euros. Pero el gran salto vendrá tras la aprobación del reglamento de 2019, en el que se crea, con partida presupuestaria de 2018, la European Centre for Returns Division. Es decir, una división interna dentro de Frontex para la gestión de los retornos de la UE, para lo que contó con un presupuesto de 69 millones de euros en 2020.

En veinte años el crecimiento presupuestario de Frontex ha crecido un 12.000%. Una cifra que habla por sí misma.

Sobre lo segundo, las vulneraciones de derechos, tampoco cabe ninguna duda de que está ocurriendo. Ello a pesar de los intentos de la agencia por mostrar que se trata de hechos puntuales y no de un problema estructural. Entre estos intentos destaca la dimisión de Fabrice Leggeri, su director en 2022, debido al escándalo en el que se descubrió que Frontex había colaborado con el retorno en caliente de más de 900 personas desplazadas por la fuerza, así como la creación en 2019 de la Fundamental Rights Office (FRO), con presupuesto en 2018 para su implementación.

Una precaria, por decir algo, Oficina de Derechos Fundamentales

Sobre la FRO cabe destacar algunos aspectos. Primero, la escasez presupuestaria, pues empieza con 448.000 euros en 2018 mientras que en 2020 cuenta con tan solo un millón de euros, lo que representa un 0,31% del total del presupuesto para la actividad operacional para ese mismo año. Segundo, los propios funcionarios de la FRO han denunciado la poca capacidad para fiscalizar todas las operaciones en terreno de Frontex, que actúa de forma cada vez más habitual en países externos a la UE. Además, sorprenden los mecanismos de control, que implican a los propios trabajadores de la agencia. Son ellos quienes deben denunciar si detectan vulneraciones, pero ¿cuentan estos trabajadores con protección interna para denunciar? También se contempla un buzón de denuncias para personas que han sufrido vulneración de sus derechos, pero ¿una persona desplazada por la fuerza se encuentra en condiciones, fuerza y medios para denunciar?  Frontex siempre actúa con cuerpos de seguridad de otros países, pero ¿van correctamente identificados? ¿Qué ocurre si la operación la dirige Frontex pero la vulneración la ejerce un agente de fronteras de un país que no ha firmado convenios de protección de refugiados? Y la pregunta más importante ¿puede uno fiscalizarse a sí mismo? Son sólo algunas dudas que plantea la creación de la FRO. A lo que cabe sumar lo difícil que se está volviendo fiscalizar desde la sociedad civil, por los documentos cada vez menos concretos que publica la agencia sobre sus actividades.

Con todo, Frontex es la apuesta y el modelo europeo para la gestión de las fronteras, un modelo que se ha exportado a otros países, imponiendo la agenda migratoria europea. Lo que más incógnitas plantea es si los organismos o algún Estado de la Unión Europea decidirá poner límites o algún freno a una Frontex que adquiere poder de manera imparable.