Insumisión
30 años de Insumisión

El SMO, la mili, era el tributo que los jóvenes varones “en edad militar”, por el hecho de serlo, habían de pagar, desde su implantación en 1912, con la excusa de servir a la Patria. Una patria que consistía entonces en el recuerdo de un antiguo imperio, ya demolido, que se permitió el lujo, no obstante, de reverdecer laureles marchitos con sueños africanistas que produjeron miles de muertos.

Abolido el sorteo de “quintos”, se vendió la universalización (masculina) de la obligación de defender a la patria como una medida democrática, ya que se superó el sistema anterior que en el siglo XIX estableció un sistema de redenciones y sustituciones por el cual los quintos de familias pudientes pudieron escaquearse de la obligación pagando a otros, extraídos de clases pobres, para que ocuparan su puesto en esta misión gloriosa. Los de siempre, una vez más, cedían el honor tan cacareado de defender a España a unos desdichados que fueron quienes pusieron los cuerpos, las vidas… y las muertes. Los patriotas de salón, de mitin y voto en Cortes aportarían las soflamas, el discurso, y el mando. Pero el ejército de cuota o de reemplazo, por naturaleza jerárquico, patriarcal y clasista, quintaesencia de la obediencia ciega, difícilmente podía servir a intereses democráticos.

La objeción de conciencia

El militarismo español de comienzos del siglo XX comprendía grandes sectores sociales, con la honrosa excepción de anarquistas (y comunistas y socialistas pero por cuestiones más coyunturales), y se recrudeció con la dictadura franquista. Fue en la década de los años 70, en los estertores del régimen, cuando comenzaron los primeros objetores de conciencia políticos a plantar cara frontalmente a la obligación de sangre con un sencillo procedimiento: negarse a ir a filas. Se siguió la estrategia de la no colaboración, pilar de la desobediencia civil. Aquella semilla provocó el nacimiento del Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), seguido de un sinfín de colectivos que apoyaron la Insumisión, cada cual con sus motivos pero con el común posicionamiento de la negativa a ingresar en la más rancia, clasista, machista y ominosa institución española: la castrense.

La represión a la insumisión

Los insumisos fueron reprimidos brutalmente. Primero, con penas de cárcel de dos años, cuatro meses y un día de reclusión mayor, por expresa indicación de la Fiscalía del Estado. Luego (gracias al ministro socialista Juan Alberto Belloch) con penas de inhabilitación absoluta de entre 10 y 14 años, primera vez en la historia en que tal pena accesoria pasa a ser principal. Durante todo ese tiempo se les prohibía acceder a cualquier cargo público, becas, ayudas… Y fueron sancionados así cuando en España imperaba formalmente una democracia que, ante otras formas de disidencia, y particularmente la violenta, no se cansaba de decir que, sin violencia, todo era negociable. No fue así tampoco en este caso. Antes bien, circulares varias prohibieron a cualquier representante del Estado sentarse en una tertulia si había un insumiso. Los objetores de conciencia primero, y los insumisos después, exponentes de un movimiento explícitamente noviolento, solo experimentaron la violencia que se ejerció contra ellos por parte del Estado y sus voceros, y no se dialogó nunca.

Los insumisos fueron sancionados brutalmente cuando en España imperaba formalmente una democracia que, ante otras formas de disidencia, y particularmente la violenta, no se cansaba de decir que, sin violencia, todo era negociable.

Fueron años duros en que la Insumisión pugnaba por hacerse visible en los insensibles y controlados medios de comunicación multiplicando acciones directas noviolentas, asumiendo las condenas, y persistiendo en su actitud, sin amilanarse ante lo que se le hacía a los compañeros. A ello se sumaban reproches sociales contra una juventud a la que se acusó de debilidad mental, poca hombría, insolidaria, antisistema y, por supuesto, etarra. Hasta que se hizo insoportable que a estos jóvenes ciudadanos “que no habían hecho nada” se les condenase a privaciones de libertad y otras penas accesorias.
Fueron años en que mediáticamente solo se hablaba de la violencia de ETA, en una espiral en que esta organización y la antagónica (el Estado español) demostraban la mutua necesidad que sentían cada una de la otra. La violencia daba titulares, copaba miles de horas radiofónicas y televisivas, y cientos de páginas de información escrita. Frente a ello, la ruptura de la lógica de la violencia, como hizo el movimiento insumiso, no mereció mayor atención más allá de la superficial, de los numeritos que se montaban para atraer la atención e intentar generar discurso. Políticos, jueces y periodistas, con puntuales excepciones, abusaron de su posición de poder. Ahí están las hemerotecas. Por supuesto, negaron en su momento pan y sal a estos jóvenes valientes. Hemos asistido y asistimos hoy, en pleno juicio al independentismo catalán, a comportamientos similares ante la desobediencia civil pacífica. El Régimen de violencia se refuerza ante conductas que hablan su mismo lenguaje, pero no traga con quienes rompen esa cómoda lógica binaria. Paradójicamente, poner el cuerpo desnudo delante de un señor acorazado, con casco, botas, guantes, armado y entrenado para luchar es violencia por parte… del cuerpo desnudo.

La victoria del movimiento de insumisión

Pero, gota a gota, cada vez fueron más miles de personas las que cuestionaron el SMO y, en paralelo, el propio militarismo y la absurdez de casi todo el chiringuito militar. Más en un país con una historia como la nuestra en que el Ejército español llevaba tres siglos en los que solo había servido para alzarse contra el propio pueblo. El Estado hubo de reaccionar, dio palos de ciego, reprimió así, reprimió asá, mintió siempre, evitó el diálogo y el debate público… hasta que la Insumisión venció.
La política militar ha estado sometida a un consenso tácito entre los dos partidos alternantes de la maltrecha democracia española. Entre PP y PSOE nunca ha habido disenso y sí continuidad y buen acuerdo en evitar el debate público sobre qué queremos defender y cómo queremos hacerlo. Eduardo Serra personifica esta afirmación, pues fue subsecretario de Defensa con la UCD y PSOE (1982-1984), secretario de Estado de lo mismo con el PSOE (1984-1987) y nuevamente ministro del ramo con el PP (1986-2000). Por otro lado, y bajo cuerda, el estamento militar y su entramado económico-industrial gobierna más de lo que parece, y como ejemplo Pedro Morenés, directivo de varias empresas de armamento antes y después de sus cargos en el ministerio de Defensa con los gobiernos de José María Aznar, hoy mediador en los negocios de armas con la dictadura saudí.

La política militar ha estado sometida a un consenso tácito entre los dos partidos alternantes de la maltrecha democracia española.

Fue un gobierno del PP el que suspendió (que no abolió) el SMO mediante el Real Decreto 247/2001, de 9 de marzo. Se adelantó varios años la decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas porque la situación era insostenible. Habían pasado miles de insumisos por los juzgados, cientos fueron encarcelados, selectivamente para no desatar más protestas, decenas de miles de jóvenes se declararon objetores de conciencia y no cumplieron con una Prestación “Social” Sustitutoria pensada solo como castigo para quienes no querían coger las armas (duraba bastante más tiempo que la mili), y, de paso, para apuntalar los intereses del Ejército y lavarle la cara. Muchas organizaciones sociales y ONG se opusieron a colaborar con una Prestación que, en el mejor de los casos, servía para quitar puestos de trabajo o de salida por la puerta de atrás a quienes se oponían al SMO pero tampoco querían asumir excesivos riesgos. El Estado mostró flexibilidad ante el incumplimiento de la Prestación Sustitutoria, porque fue incapaz de gestionarla ante la avalancha de objetores y porque no amenazaba el tinglado militar, pero no podía transigir con la frontal y descarada oposición de los insumisos. La obsolescencia social y simbólica de la mili era un hecho. Su cuestionamiento estaba sobre la mesa y era cuestión de tiempo.