Movimiento BDS
AXA, asegurando la ocupación israelí

En una lenta pero ininterrumpida invasión, Israel lleva más de un siglo colonizando los territorios palestinos. Ignorando el derecho internacional al igual que la propia existencia del pueblo que vive en estos territorios, y siguiendo la política de «los hechos en el terreno», el Estado sionista se apresura a integrar estos asentamientos ilegales en su economía y a poblarla para justificar una supuesta «expansión natural», que cuenta con más de 600.000 ocupantes a día de hoy. Desde su construcción hasta su mantenimiento, pasando por la protección militar-securitaria y por el desarrollo económico de los asentamientos, la colonización tiene un alto coste que Israel se niega a revelar públicamente, pero que se estima en 473 millones de euros anuales, un apreciable nicho de mercado para bancos, constructoras y empresas de servicios.

Otra fuente financiera que ofrece la política imperialista y bélica de Israel desde su creación reside lógicamente en el ámbito militar, cuyos gastos representaron en 2018 un 4,3 % de su PIB, sin siquiera considerar las generosas ayudas estadounidenses. Con altas competencias en el sector high-tech, el Ejército de Ocupación Israelí dispone de capacidad nuclear y de uno de los arsenales armamentísticos más modernos del planeta, que va testando directamente en el laboratorio viviente que constituyen los territorios palestinos en operaciones de control de población, bombardeos o ataques dirigidos, para así vender internacionalmente sus armas bajo la etiqueta «testado en combate».

Otra fuente financiera que ofrece la política imperialista y bélica de Israel desde su creación reside lógicamente en el ámbito militar, cuyos gastos representaron en 2018 un 4,3 % de su PIB, sin siquiera considerar las generosas ayudas estadounidenses.

Dado que la Unión Europea es el primer socio comercial de Israel, con intercambios anuales que rondan los 30.000 millones de euros, y considerando la masa monetaria vinculada a los crímenes que perpetra diariamente Israel a través de la ocupación en Palestina, cabe suponer que algunas empresas europeas puedan ser cómplices de graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Resulta ser el caso de la aseguradora francesa AXA, que acumula complicidad financiera en la colonización y en el armamento israelí. Como han podido hacer otras multinacionales, AXA se ampara detrás de una imagen de entidad éticamente irreprochable mientras disimula sus cuestionables lucros en las ramificaciones tortuosas de un organigrama espeso. Tres informes implacables y tres años de llamamiento a la desinversión de estos mercados ilegales no han puesto fin todavía a la colaboración de AXA en la maquinaria criminal israelí.

La responsabilidad de Axa

En marzo del 2017, un colectivo francés formado por ocho sindicatos y asociaciones de defensa de derechos humanos publicó el informe «Las amistades peligrosas de bancos franceses con la colonización israelí» en que se revelaba la participación de cinco grandes grupos financieros en la colonización de Palestina a través de inversiones en Elbit Systems y bancos israelíes que contribuyen directamente a la financiación, el mantenimiento y desarrollo de los asentamientos ilegales. La implicación de estos bancos israelíes en el proceso de colonización está minuciosamente detallada en otro informe de la ONG israelí Who Profits publicado un mes antes.

Entre esos grupos franceses figura AXA, primer grupo europeo de seguros y gestión de activos. Presente en España y en más de cincuenta países en el mundo, la multinacional francesa obtuvo un volumen de negocios anual de más 100.000 millones de euros en 2019 y se presenta como una empresa ética y responsable. Dotada de un extenso código de deontología profesional, AXA es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas que compromete a empresas y organizaciones para «acompasar su actividad y estrategia con Diez Principios aceptados universalmente en las áreas de derechos humanos, laborales, medio ambiente y de lucha contra la corrupción».

Sin embargo, cuando en 2017 se agolparon las solicitudes de explicaciones por parte de clientes respecto a las revelaciones del informe francés, la dirección de AXA adoptó una postura confusa y un discurso por lo menos contradictorio, negando toda implicación en la ocupación israelí y paralelamente admitiendo la realidad de estas inversiones para minimizarlas. Un colectivo de setenta asociaciones francesas lanzó un llamamiento a AXA pidiendo que acatase el derecho internacional y cortase todos sus vínculos con la política israelí de colonización y apartheid, tal y como lo hicieron en el pasado varias empresas como Orange, Veolia, Europcar o G4S, y fondos de pensiones norteamericanos, daneses, holandeses, noruegos o luxemburgueses.

En 2018, la ONG norteamericana SumOfUs, dedicada a «luchar contra los abusos de poder de las corporaciones», junto con colectivos de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) lanzaron la coalición «Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid», una petición internacional que obtuvo el apoyo de 140.000 firmas. Como consecuencia a esta oposición creciente, y pese a no reconocerlo, AXA empieza a «reducir silenciosamente» sus inversiones turbias y anuncia que la filial AXA Investment Manager (IM) había cedido en diciembre de 2018 la participación que tenía en Elbit Systems, afirmando al mismo tiempo que no iba a invertir más en armas de racimo. Se tratará en realidad de un ingenioso efectismo que usa la complejidad de su organigrama para mantener sus activos y negar su responsabilidad.

SumOfUs, junto con colectivos de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) lanzaron la coalición «Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid», una petición internacional que obtuvo el apoyo de 140.000 firmas.

Elbit Systems, conglomerado criminal

Efectivamente en 2019, SumOfUs encarga un informe de investigación a la compañía independiente holandesa Profundo sobre los vínculos concretos de AXA y sus filiales con los bancos israelíes Bank Hapoalim, Bank Leumi, Elbit Systems, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank y Mizrahi Tefahot Bank.

El informe «AXA: Financing War Crimes» precisa que las inversiones de AXA de 2018 a 2019 a través de su filial Equitable Holdings (AXA EQH) en los cinco bancos israelíes y Elbit Systems ha crecido de 66 a 91 millones de dólares, a pesar de la desinversión de AXA IM del capital del fabricante de armas.

El informe «AXA: Financing War Crimes» precisa que las inversiones de AXA de 2018 a 2019 a través de su filial Equitable Holdings (AXA EQH) en los cinco bancos israelíes y Elbit Systems ha crecido de 66 a 91 millones de dólares

Elbit Systems es la mayor empresa privada de armas de Israel, especializada en tecnología aeroespacial, reconocimiento terrestre y naval, inteligencia y vigilancia. Elbit es famosa por su producción de bombas de racimo y de fósforo blanco empleadas en la ofensiva a Gaza de 2009, llamada operación Plomo Fundido, que asesinó a más de 1300 civiles (de los cuales 500 niños), hirió a 11.000 personas, y desplazó a otras 500.000. Por otro lado, Francia es firmante desde 2008 de la Convención de las Bombas de Racimo, prohibidas por el derecho internacional, e incluso ratificó su compromiso en 2010. Sin embargo el Estado francés permite que una de sus multinacionales esté invirtiendo y lucrándose con la producción y uso de armas prohibidas.

Aparte del fósforo blanco, Elbit Systems fabrica el 75% de unidades UAV, conocidas coloquialmente como drones, que utiliza el ejército de ocupación israelí en sus labores de vigilancia y ataque. Entre ellas destacan la unidad de vigilancia 7.5 Skylark y el Hermes 900, este último equipado con misiles automáticos Spike, comercializados bajo la catalogación «dispara y olvida». En la realidad cotidiana de los gazatíes, el zumbido de los drones se ha convertido en una banda sonora permanente.

La compañía también es una de las principales proveedoras del sistema de detección electrónico del Muro del Apartheid, declarado ilegal en la Corte Penal Internacional en 2004, así como el sistema de detección de túneles de las inmediaciones de Gaza, con el que se afianza el bloqueo criminal de 2 millones de personas

La compañía también es una de las principales proveedoras del sistema de detección electrónico del Muro del Apartheid, declarado ilegal en la Corte Penal Internacional en 2004, así como el sistema de detección de túneles de las inmediaciones de Gaza, con el que se afianza el bloqueo criminal de 2 millones de personas.

Asentar colonos ilegalmente para destruir

La vinculación de Elbit Systems a los crímenes de guerra israelíes es sangrante, pero no por ello hay que relativizar la cuestión de los asentamientos. Los cinco bancos israelíes en los que invierte AXA financian (y se lucran) de la construcción de viviendas e infraestructuras que, localizadas dentro del territorio palestino, suponen la principal forma de colonización que el Estado israelí impone. Estas colonias comienzan normalmente su construcción con la instalación de los denominados outpost: un grupo de sionistas radicales ocupa alguna posición estratégica dentro del territorio palestino, normalmente en lo alto de alguna colina; a continuación, el Ejército de Ocupación israelí defiende esa posición bajo la premisa de «defender la seguridad de sus ciudadanos». Así logra afianzar el tiempo suficiente el asentamiento, a la espera de la llegada de las ayudas públicas y planes del gobierno para la construcción de viviendas unifamiliares, normalmente adosadas, y de los proyectos urbanísticos y de infraestructura logística (carreteras, tendido eléctrico, agua, fibra óptica, etc.), que terminan por convertir el outpost en un asentamiento permanente. De esta manera, se genera una nueva compartimentación y usurpación del territorio palestino.

Estas compartimentaciones urbanísticas y arquitectónicas constituyen crímenes de guerra de acuerdo al derecho internacional, pues implican la transferencia forzosa de la población nativa, y deben ser entendidas como estrategia de guerra, de ocupación del territorio y de limpieza étnica

El desarrollo de estos asentamientos es posible a través de los fondos y servicios que le brindan estos bancos. Una vez estabilizada esta nueva colonia, se puebla con la llegada de israelíes menos radicales que ven los asentamientos ilegales como opciones más baratas donde vivir, con deducciones fiscales, ayudas públicas y con mayor calidad de vida que en sus antiguos barrios.

Estas compartimentaciones urbanísticas y arquitectónicas constituyen crímenes de guerra de acuerdo al derecho internacional, pues implican la transferencia forzosa de la población nativa, y deben ser entendidas como estrategia de guerra, de ocupación del territorio y de limpieza étnica. En situaciones “normales”, este entramado de asentamientos, checkpoints y carreteras supone para la población palestina un bloqueo físico para la movilidad, que normalmente requiere de permisos difíciles de obtener, humillaciones y agresiones. Sin embargo, cuando el Ejército de Ocupación israelí decide actuar por cualquier «motivo de seguridad», estos elementos arquitectónicos se activan y sirven de fronteras, parapetos y centros de suministros militares. Cuando la violencia se produce desde la concepción del medio urbano, la arquitectura se convierte en un arma de batalla.

Los asentamientos ilegales están incumpliendo múltiples resoluciones de la ONU y el 4º Convenio de Ginebra, de la que el Estado israelí es firmante. El artículo 49 de este tratado detalla que «la potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado». Este convenio establece en su artículo 1 que «en el caso de que una potencia no cumpla con sus obligaciones, las demás partes contratantes (neutrales, aliadas o enemigas) pueden y deben esforzarse para que reemprenda una actitud de respeto a la Convención». De esta manera, cualquier país que incumpla lo firmado, debe ser objeto de sanciones y medidas coercitivas por parte del resto de Estados signatarios para reencarrilar su comportamiento, pero como sabemos, Israel sigue disfrutando de impunidad en las relaciones internacionales y de un privilegiado trato en cuestiones comerciales, culturales, y mediáticas.

La contestación

Una reciente victoria a este respecto ha sido la publicación este pasado 12 de febrero de la lista de empresas que operan en asentamientos ilegales israelíes. Esta lista, confeccionada por la ONU hace tres años y guardada en un cajón hasta ahora por motivos desconocidos, supone un hito para el cumplimiento del derecho internacional. Mientras que para todo el mundo estas colonias constituyen crímenes, el Estado israelí (y Estados Unidos recientemente) los entienden como un territorio soberano como cualquier otro. Esto permitirá que se tomen medidas legales contra las empresas que se lucran de la ocupación y contra el Estado sionista.

La publicación de esta lista es un objetivo cumplido de la campaña BDS, que hasta ahora se ha basado en informes de organizaciones independientes, pero ahora cuenta con el respaldo de este documento de la ONU, donde implican a estos cinco bancos, entre otras grandes empresas como Motorola, Expedia, eDreams, Booking.com, TripAdvisor y AirBnb. Gracias al apoyo de empresas e instituciones como estas Israel consigue mantener total impunidad frente a los crímenes que comete contra el pueblo palestino. Mientras la comunidad internacional mira a otro lado, el BDS es una herramienta a disposición de las personas concienciadas del mundo para subvertir la situación. Debemos ejercer nuestro derecho como consumidoras/es para obligar a las empresas a tener las manos limpias, a desinvertir en la fabricación armamentística, y de esta manera convertir la solidaridad en co-resistencia.

Mientras la comunidad internacional mira a otro lado, el BDS es una herramienta a disposición de las personas concienciadas del mundo para subvertir la situación. Debemos ejercer nuestro derecho como consumidoras/es para obligar a las empresas a tener las manos limpias, a desinvertir en la fabricación armamentística

La coalición «Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid» ha estado realizando protestas y ha anunciado futuras movilizaciones hasta que la compañía desinvierta y actúe en sintonía con su propio código ético, el derecho internacional y los derechos humanos. En palabras de Alys Samson Estapé, coordinadora europea de la campaña BDS, «una aseguradora debe proteger vidas. En cambio, AXA se está beneficiando de la destrucción de las vidas y los medios de vida palestinos».