Perú
María Isabel Cedano García: “Solo entre 1996 y 1997 se forzaron 180.000 ligaduras de trompas en Perú”

En los años 90 el gobierno de Alberto Fujimori había prometido reducir la pobreza en el país. Emprendió un ambicioso programa de “planificación familiar”, consolidado en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000. Un programa que incluía una campaña de esterilizaciones masivas.

Las cifras de las organizaciones sociales como DEMUS (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) arrojan datos de hasta 200.000 mujeres y hombres esterilizados en esa época. La mayoría contra su voluntad. Hasta la fecha, según los informes de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 2.074 denuncias y 44 muertes a consecuencia de las esterilizaciones forzadas.

Las cifras son todavía incompletas, pero nos dan una idea de la gran cantidad de personas que fueron operadas. María Isabel Cedano García es directora de la organización DEMUS, abogada y diplomada en género por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ella se define como activista, lesbiana, feminista y socialista.

¿Qué es Demus?
Somos una organización feminista peruana que defiende los derechos humanos, en particular los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, promoviendo su libre ejercicio y cuestionando el paradigma cultural hegemónico sobre las mujeres y su sexualidad.

Nosotras buscamos cambiar el paradigma actual sobre mujer, cuerpo y sexualidad. Para ello tenemos varias estrategias: una de ellas es el litigio estratégico. Tenemos en este momento seis litigios estratégicos. Uno de ellos es el litigio estratégico para que podamos lograr justicia y reparación integral para las víctimas de esterilizaciones forzadas.

¿En qué momento está la campaña de apoyo a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzosas, la búsqueda de justicia y la política pública de reparación integral a las víctimas?
El litigio estratégico no solamente es la defensa jurídica. Actualmente exigimos que la fiscal Marcelita Gutiérrez pueda cumplir con denunciar al expresidente Alberto Fujimori, a los exministros de Salud, entre ellos el congresista [Alejandro] Aguinaga, a los exdirectores de lo que fue el Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva que violó el derecho al consentimiento previo libre, informado y por escrito de, por lo menos, según nuestras estimaciones basadas en data oficial, 211.000 mujeres.

Eran sobre todo mujeres indígenas, mujeres quechua hablantes, mujeres que no tenían instrucción, que no sabían leer ni escribir. De ese universo, por lo menos unas 25.000 nunca se enteraron de que la ligadura de trompas era un método irreversible.

Nosotras estamos luchando por que esto sea juzgado como crimen de lesa humanidad; como algo que fue planificado, como algo que se sabía y que por supuesto es responsabilidad de los políticos que ya mencioné.

¿Cuántos años lleváis trabajando en este sentido?
Es una lucha que data de muchos años porque ese Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva se creó en el año 96. Solamente entre 1996 y 1997 se hicieron como 180.000 ligaduras de trompas.

Fueron años terribles porque Fujimori, cuando llega al gobierno en 1991, declara el Año de la Planificación Familiar y la Austeridad y el año 92 como la década de la Planificación Familiar. Todo el mundo estaba “¡Pucha! al fin las mujeres van a poder decidir cuántos hijos tener”. Pero nada, era para buscar reducir la pobreza reduciendo la capacidad reproductiva de mujeres pobres, indígenas, de zonas rurales, quechua hablantes, que no sabían leer ni escribir. Ahora se sabe mucho más de lo que pasó en la zona de los Andes, pero no se sabe todo lo que pasó en la Amazonía.

Recuperamos un canto que una compañera activista joven hizo: “Somos las hijas de las campesinas, de las indígenas, de las amazónicas, de las nativas que no pudisteis esterilizar”

Después de larga lucha, en el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada que se crea a fines del año 2015, terminando el gobierno de Humala, hay 5.000 personas ya inscritas. Necesitamos que se reconozca su derecho a la defensa jurídica para que puedan denunciar. Hoy solamente hay 200 denuncias. La fiscalía empezó a investigar, investigó varias veces, archivó varias veces y la más larga investigación empezó en el 2002.

¿Cuál fue vuestro comienzo en esta investigación?
Nosotras ingresamos como DEMUS por la defensa de María Memérita Mestanza, por la de su familia, porque María Memérita murió. Fue una de las 18 víctimas mortales por la manera en que se hizo este programa. Y cuando decimos que fue una planificación política es porque tenía cuotas, tenía metas, tenía sanciones para quien no las cumplía e incentivos para los que sí. Y había programas-piloto para que esto se pudiera llegar a las metas, en por lo menos en ciertas regiones del país... Hay documentación que lo prueba todo. 

Nosotras logramos llevar el caso de María Memérita Mestanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se firmó un acuerdo de solución amistosa en el año 2003. El Estado peruano reconoció que se violaron derechos humanos en el marco de ese Programa y se comprometió a hacer justicia para su familia pero también a hacer justicia para todas las víctimas y a reparar a la familia Mestanza, pero reparar también a todas las víctimas.

Esa es la gran discusión, porque el Estado peruano dice que no, que sólo es para María Memérita y para su familia, para el caso individual. Hay una larga lucha porque la Defensoría del Pueblo también desde esos años 97, 98, 99... ha sacado informes defensoriales y por lo menos documenta 400 quejas y recomienda ya en aquel entonces que se repare en salud y que se repare económicamente.

Vuestra lucha no es solo como abogadas llevando juicios e incidiendo políticamente en la consecución de proyectos de ley o medidas ante el poder judicial o el misterio público. También lleváis a cabo campañas de sensibilización en la calle.
Este litigio, que tiene una parte jurídica, tiene también un acompañamiento psicojurídico, que tratamos de hacer para que la familia de María Memérita Mestanza, la familia de Celia Ramos, la familia de Victoria Vigo —que es otra de las víctimas que defendemos— puedan no sentirse tan mal por esta justicia que nunca llega y por esta sociedad tan indolente, por los ataques que sufrimos en las redes sociales, y por eso los litigios tienen que ser acompañados también de campañas y de movilización.

A cambio de votos, son capaces de vender nuestro derecho a decidir. A cambio de dinero y de votos pueden hacer lo que quieran con nuestro cuerpo

La campaña “Somos 2.074 y Muchas Más” recupera una performance que hicieron compañeras activistas. Representamos con nuestros cuerpos y polleras [faldas] y úteros a esas mujeres que poco a poco felizmente ya están hablando, incluso ya marchan con nosotras, ya se empolleran también ellas, y salimos a las calles. Recuperamos también un canto que una compañera activista joven hizo: “Somos las hijas de las campesinas, de las indígenas, de las amazónicas, de las nativas que no pudisteis esterilizar”. Lo gritamos en las calles para que logremos justicia.

¿En qué momento estáis ahora?
Va casi medio año desde que el Fiscal Superior Luis Landa le dijo a la fiscal Marcelita Gutiérrez “Denuncia ya” y no lo conseguimos, no ha interpuesto todavía la denuncia contra el expresidente Fujimori, a los exministros de Salud y los diferentes responsables de ese Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva.

Ahora, con los audios de la corrupción que han salido a la luz, sabemos que no hay garantías judiciales. De hecho, a nosotras nos ha dicho gente dentro del propio Ministerio público que nos cuidemos, porque esta demora de Marcelita Gutiérrez podría deberse a que ella está esperando fórmulas para que no se cumpla lo que le ha ordenado el Fiscal Superior Luis Langar.

Por eso en agosto salimos a las calles otra vez con todas nuestras compañeras para la marcha de “Ni Una Menos” y esperamos otra vez tener un gran escalón de empolleradas para que esto no quede en el olvido, para que logremos justicia y reparación para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas en el Perú, y en el mundo, porque esto no sólo ha pasado en el Perú.

Me llama la atención, me parece terrible, que esto sucediese al mismo tiempo que se perseguía la interrupción del embarazo, ya que el aborto es ilegal en Perú.
Claro, claro, es que son dos caras de la misma moneda. Es negar completamente el derecho a la autonomía, a la autodeterminación reproductiva, el derecho a decidir. Primero el Estado y los políticos, como el fujimorismo deciden por ti, quien debe ser madre o no. Y por otro lado, salvo en aborto terapéutico, todo lo demás está penalizado.

Los mismos médicos, inclusive enfermeras, nos niegan hasta el aborto terapéutico cuando no nos informan que es un derecho y que no tenemos por qué sentir pena, ni vergüenza, ni estar rogando que lo hagan para salvar no sólo la vida sino la salud de las mujeres.

Pasa, por ejemplo, con las niñas víctimas de violación en Perú. Cada día cuatro niñas registran hijos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil del Perú. Cuatro niñas cada día. Debe considerarse además que todo embarazo de niñas menores de 14 años en nuestro país es una violación. Según nuestro Código Penal no hay otra posibilidad. Esto es bastante serio.

Por el contrario, el informe del Estado peruano para la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo no dice una sola palabra de esterilización forzada. Ni una sola palabra. Inclusive, como lesbiana hemos vigilado que por lo menos en el caso de LGTB se animen a reportar algo y sí, algo y mal dicen. Pero en el caso de esterilizaciones forzadas es un absoluto silencio y por eso es tan importante denunciar y movilizarse, para que todos los Estados de América Latina sepan lo que pasó y puedan exhortar al Estado peruano a que rinda cuentas y que nunca más vuelva a pasar esto en nuestro continente y en el mundo.

Perú es el tercer país en el ránking de feminicidios, como abogada ¿crees que esto está relacionado con un sistema judicial que no ampara a las mujeres?
Por supuesto, absolutamente. Tan grave como la violencia de género es la impunidad que la rodea. Nosotras lo decimos siempre. Los feminicidios, sus tentativas, la violación... hemos visto como se negocia con la libertad sexual de niñas, es lo más indignante de todos estos audios de la corrupción. No solamente es un machismo arraigado sino también la corrupción, que se sirven entre sí. De hecho el Fujimorismo y el Aprismo [seguidores del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, de tendencia inicialmente socialdemócrata], han tomado el control del Ministerio Público y el Poder Judicial y son proyectos políticos autoritarios y por lo tanto con mucho desprecio por el derecho a decidir en cualquier aspecto de la vida. Mucho más cuando tienen alianzas con las bases evangélicas en este país. Y con eso, a cambio de votos, son capaces de vender nuestro derecho a decidir. A cambio de dinero y de votos pueden hacer lo que quieran con nuestro cuerpo.

Desde DEMUS denuncias que en el conflicto armado la violación se utilizó como arma de guerra. Parece que esto está sucediendo ahora también los conflictos medioambientales.
Quería decir algo que creo que es muy importante: el Perú es un país en el que las mujeres, ya desde la Conquista, hemos sufrido violaciones sexuales, en la Guerra del Pacífico, durante el conflicto armado interno hay más de 6.000 víctimas de violencia sexual... Y hoy hay que estar muy atentas para que la violencia sexual no se use en los conflictos eco-territoriales cuando se criminaliza a las defensoras del medioambiente.

Estamos preocupadísimas porque hemos empezado a ver cómo es una suerte de coincidencia perversa que las regiones donde más afectación hubo de violencia sexual durante el conflicto armado interno, también son las regiones donde se hicieron las esterilizaciones forzadas y donde hoy tenemos conflictos eco-territoriales que es otra de las luchas que DEMUS lleva.

Estamos denunciando la violencia de género de parte de la minera Yanacocha contra Máxima Acuña, defensora del medioambiente y del territorio en el Perú ante la Comisión Interamericana porque ahora las leyes que hemos ganado permitirían hacerle justicia. Podemos denunciar a la Yanacocha cuando puede mandar amenazar con violar o atacar a sus hijos, o atacar cultivos para dañar su identidad de género como mujer campesina indígena. Pero la justicia le dijo que no y estamos también peleando por eso. No queremos que después Lima abra los ojos y diga “¿Que violaban a las campesinas indígenas que defendían su territorio?” “¿Que las amenazaban con violarlas o que las acosaban con el periodismo para atacar su sexualidad o sus familia y hacerlas desistir de su lucha por sus territorios y cuerpos soberanos?”. No queremos eso, que eso fue lo que pasó con las esterilizaciones forzadas y con la violencia sexual durante el conflicto armado interno.

Luego de muchos años, recién abrimos los ojos y hasta ahora hay gente que las cuestiona, que las trata de mentirosas o que las ofende porque dicen que las mujeres pobres o indígenas deberían agradecer más bien lo que pasó porque ya no trajeron delincuentes o terroristas a este mundo. Los ataques por redes sociales y medios de comunicación son muy fuertes, por eso la necesidad de comunicar y despertar solidaridades para que ellas no se sientan solas. Que ellas sientan que sí hay gente que sí les creemos y que vamos a luchar toda la vida para que ellas logren justicia y reparación.