Perú
El año de Boluarte en el Perú: muertes, corrupción e indulto

“La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, han logrado crear el caos con el fin de asumir el Gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional”. Con estas palabras comenzaba el mensaje a la nación de Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022 desde Lima. Diez minutos de intervención que sirvieron al entonces presidente del Perú para anunciar la disolución del Congreso, decretar un gobierno de emergencia excepcional y prometer la convocatoria de nuevas elecciones legislativas en menos de nueve meses.

Diputadas y diputados de distintos partidos, el poder judicial, varias ministras y ministros, así como, embajadoras y embajadores que acabaron presentando su dimisión, lo calificaron de “golpe de Estado”. Castillo decidió tomar estas medidas el mismo día en el que se debatía una tercera moción de censura contra su mandato, que había sido aprobada por el Congreso con 101 votos a favor de los 87 necesarios y de un total de 130, incluyendo varios votos del partido Perú Libre, el mismo que le llevó a la presidencia.

A Pedro Castillo se le conoció como el maestro rural de izquierdas que vestía el tradicional sombrero chotano de palma, un símbolo en las zonas campesinas de su ciudad natal Chota, en el departamento de Cajamarca. Llegó al Palacio de Gobierno gracias al voto popular y campesino de las regiones andinas, a pesar de los numerosos recursos presentados por la derechista Keiko Fujimori, que pretendía anular los resultados electorales del 6 de junio de 2021.

Su mandato no duró ni año y medio. El 7 de diciembre de 2022 tras el mensaje a la nación, Castillo fue detenido camino a la embajada de México y terminó en la sede de la prefectura de la Policía de Lima. A las pocas horas el Congreso le destituyó por “permanente incapacidad moral” y Dina Boluarte, que era la vicepresidenta del Gobierno, fue elegida como nueva jefa de Estado. A día de hoy continúa encarcelado en Barbadillo, el penal de máxima seguridad donde se encuentra también Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad por la justicia de su país y con un llamado al Estado peruano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que no sea indultado en las actuales condiciones.

Las primeras horas de un Gobierno impopular

Lourdes Huanca nació en Tacna y su familia es de Moquegua. Es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. No puede regresar porque teme por su vida, mientras tanto aprovecha su estancia en Europa para viajar y denunciar lo que ocurre en el país. La activista, que sigue considerando a Pedro Castillo el presidente, recorre desde reuniones con Naciones Unidas en Ginebra hasta encuentros de barrio con organizaciones de la sociedad civil.

El 7 de diciembre, cuando Castillo se dirigía a la nación, Huanca se encontraba en una reunión en el Ministerio de Cultura con diferentes organizaciones. “Nunca le han dejado gobernar. Cada insulto al presidente era el insulto a los pueblos indígenas originarios, era un desprecio hacia los provincianos. Al ministro de Salud se lo tumbaron porque era de provincia. Todos pedían que se cerrara el Congreso. Él ni siquiera había llamado al ejército, no había hecho nada. Para nosotros tomó una decisión sabia”, contó la activista en una entrevista para El Salto durante su paso por Madrid.

A Anahí Durand tampoco le sorprendió lo que ocurrió. Meses antes había dejado la asesoría de la Presidencia del Consejo de Ministros, un cargo que ocupó tras abandonar el movimiento Nuevo Perú. Durand fue la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables desde julio de 2021 hasta febrero de 2022, durante el Gobierno de Castillo. Esta profesora titular de sociología en la Universidad de San Marcos, se identifica con un “feminismo popular de base” y se aleja del “movimiento feminista blanco coaptado por las ONG”.

“Al presidente Castillo le censuraron 18 ministros en un año, a nadie en 200 años de República le habían hecho ese boicot”

“Esa tarde se votaba la vacancia [moción de censura] y no había muy buenos augurios. Había convocatorias en la mañana de organizaciones sociales para respaldar al presidente en esa votación del Congreso. Su decisión fue una fuga hacia adelante que dio para poder llevar una situación en la que ya le era imposible gobernar. Al presidente le censuraron 18 ministros en un año, a nadie en 200 años de República le habían hecho ese boicot. Se había roto el equilibrio de poderes hacía unos meses en el Congreso. Convirtieron al Perú en un parlamentarismo y se veía el juego político de la Fiscalía y el poder judicial”, explicó la exministra a este periódico en una conversación telefónica.

Por el contrario, Ivette Zevallos, socióloga y activista del colectivo Peruanxs en Madrid, lo vivió con asombro desde España. “He vivido dos golpes de estado. Por la experiencia anterior, que fue muy violenta, teníamos mucho miedo. Castillo enunció algunas palabras que nos hacían ir hacia atrás, hacia los años de Fujimori, el famoso ‘disolver’. En ese momento no lo entendíamos. Ahora sabemos que estaba acorralado. Dina Boluarte en la tarde ya tenía el fajín, la banda presidencial y el vestido para ir al Congreso, con lo cual todo estaba preparado”.

Los abuelos de Zevallos fueron campesinos de la sierra sur y de la sierra centro que migraron a Lima para mejorar su futuro. Llegó a Madrid hace 18 años por motivos de estudios. Considera que su caso ha sido “una migración privilegiada” y tiene el deber de apoyar a “las compañeras que están irregulares y sus actuaciones políticas son muy limitadas”, también por este motivo es parte de la campaña Regularización Ya. Zevallos sueña con jubilarse en el Perú para hacer las labores de su abuela en la chacra [campo].

Para la socióloga, el Gobierno de Boluarte también es ilegítimo. “No asciende al poder en las urnas, sino por medio de triquiñuelas. Mantiene a un Congreso totalmente corrupto, son aves de rapiña que distribuyen el presupuesto como quieren, hacen sus cabildeos internos con tal de conseguir millones para ellos. Hay un régimen instalado de fuerza, porque solamente a fuerza de balas puede sostenerse y ha necesitado de tantos muertos para perennizarse. No le decimos presidenta, le decimos dictadora”.

“Las peruanas y peruanos que vivimos en el exterior estamos acostumbradas a recibir ‘sorpresas’ a finales de año”, señaló Diana Paredes, diputada en la Asamblea de Madrid por la agrupación Más Madrid y de origen peruano. “Recordemos los asesinatos de Inti y Bryan (durante las protestas de 2020) o el indulto que dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori el 24 de diciembre de 2017. Cada año nos llega una sorpresa de Perú y esta vez yo no me creía lo que estaba pasando”. Para Paredes la población peruana de la diáspora debe seguir visibilizando “las violaciones de derechos humanos y denunciando la represión” que hay en el Perú, “pero teniendo muy claro que las personas que se juegan la vida están allá”.

En Andahuaylas, la ciudad donde se dieron las primeras protestas contra el Gobierno de Boluarte, la noticia del cierre del Congreso se recibió con alegría “porque allí hay muchos corruptos, mucha mafia trabaja allí”, cuenta a El Salto desde esa ciudad del sur peruano Dany Quispe, padre de Beckham Romario Quispe una de las primeras víctimas a manos de las Fuerzas Armadas, según han señalado investigaciones de organismos nacionales e  internacionales. “Pedro Castillo vino a Andahuaylas a ofrecer riego tecnificado para todas las comunidades, él tenía ese compromiso con nosotros, 10 días después fue secuestrado. Cuando lo supimos estuvimos tristes, como todo el Perú”, subrayó Quispe.

En la prensa peruana “sacaron a flote el racismo ancestral y el clasismo de la sociedad peruana. Son los que inventaron la teoría del fraude”

Para Durand el papel de la prensa nacional fue fundamental para la desestabilización del Gobierno. “Sacaron a flote el racismo ancestral y el clasismo de la sociedad peruana. Son los que inventaron la teoría del fraude. Toda la gente de Keiko Fujimori desfilaba por ahí. Hacían las campañas del terruqueo [acusar a la izquierda de terrorismo]. Yo presenté una denuncia contra una televisión porque me decían terrorista. Incluso los medios más progresistas como La República sacaban carátulas diciendo: renuncie Castillo por el país. A Boluarte ni con los asesinados, ni con lo de la fiscal le han sacado una sola carátula del mismo nivel”.

La abogada Dina Boluarte fue nombrada la primera mujer presidenta del Perú con el apoyo de la líder del partido derechista Fuerza Popular y ex candidata en las últimas elecciones Keiko Fujimori. En ese momento era la vicepresidenta del Gobierno lo que supuso que buena parte de la población lo considerase “una traición”.

“Para los pueblos indígenas y campesinos la palabra es ley. Las compañeras siempre le preguntaban: ‘Mamita Dina, ¿vas a traicionar al papito Pedro?’, y ella lo negaba. Ya había rumores de que le traicionaría, que era un topo. Está clarito que ha sido preparado”, asegura Huanca. Durand, que llegó a compartir gabinete con Boluarte, cuenta que “tenía una denuncia constitucional en el Congreso y asombrosamente dos semanas antes de la destitución de Castillo se la archivaron. La puso en el poder el fujimorismo, la ultraderecha. Es absurdo, ingenuo y hasta estúpido pensar que iba a ser un gobierno de la primera mujer presidenta, quechuahablante y progresista. Se ha dedicado a sobrevivir los cuatro primeros meses masacrando gente y conteniendo los focos de protesta”.

El campo lideró las protestas contra Boluarte

Tras el anuncio de Castillo, que cayó como un jarro de agua fría en una Lima que estaba a las puertas de recibir el verano, centenares de personas salieron a la histórica Plaza San Martín y de allí marcharon hacia la sede del Congreso para pedir la renuncia de los y las congresistas, nuevas elecciones generales y una Asamblea Constituyente. Pero fue al sur del Perú donde se gestó la revolución popular a manos de organizaciones campesinas, sindicatos, federaciones y mujeres organizadas quienes ese mismo día mostraron su rechazo a la detención del expresidente y convocaron movilizaciones para los siguientes días.

Arequipa, Cusco y Puno, ciudades donde Perú Libre obtuvo mayoría de votos, convocaron huelgas regionales por lo que llamaron “el secuestro del Perú”. Pero fue en Apurímac donde se registraron las primeras represiones. El 10 de diciembre, al menos tres mil personas, entre ellas cientos de comuneras, tuvieron un enfrentamiento violento con la policía que terminó con varias heridas y la retención de dos miembros de las fuerzas del orden, que fueron liberados horas después. Debido a la respuesta policial la población que se manifestaba terminó por declararse en “insurgencia popular”.

Al día siguiente, las manifestaciones se trasladaron al aeropuerto de Huancabamba, donde tomaron la instalación. La policía al verse superada en número abrió fuego con perdigones y munición real. “Ese día, el 11 de diciembre la policía asesinó a mi hijo en el aeropuerto. Él solo había ido a mirar la manifestación por curiosidad, no a participar”, relata Dany Quispe, padre de Beckham Romario Quispe (17), que falleció a causa de un TEC (traumatismo encéfalo craneano) grave ocasionado por “un objeto contundente”, según el informe médico del Hospital Sub Regional Andahuaylas donde fue atendido.

El padre estaba trabajando en el campo cuando recibió un mensaje por WhatsApp, en el momento en el que algunos manifestantes trataron de auxiliar a su hijo. “En provincias nos han asesinado como si fuéramos delincuentes, como animales, no nos respetan. Boluarte dice que nuestros hijos se han matado, no hay respeto al pueblo. El Gobierno y la policía nos discrimina”, remarcó. 

Beckham, entrenador de fútbol que soñaba con jugar en la liga profesional, no fue la única víctima ese día, otro menor, David Atequipa (15), escolar, también sufrió un TEC provocado por disparos de los agentes antidisturbios.

A partir de ese momento la llamada insurgencia popular avanzó de ciudad en ciudad y sufrió la misma represión que en Andahuaylas. Las primeras siete muertes se dieron en Apurímac los días 11 y 12 de diciembre. El día 15 murieron 10 personas en Huamanga (Ayacucho) y 64 resultaron heridas. A inicios de 2023, el 9 de enero fueron abatidas 17 personas en Juliaca (Puno), y más de 100 resultaron heridas, todas en presencia de las fuerzas policiales y en algunos casos de militares, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que desplegó una misión técnica para investigar lo ocurrido durante las protestas.

Desde que Boluarte asumió la presidencia hasta el 20 de febrero de 2023 la OACNUDH registró 1.327 protestas a nivel nacional, 882 movilizaciones, 240 bloqueos de carreteras, 195 concentraciones y 60 marchas por la paz, todo esto sin contar los llamamientos y actos que realizó la población peruana en el exterior.

“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de carreteras y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico periodo de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, señaló Erika Guevara de Amnistía Internacional tras presentar un informe de la situación en febrero de 2023.

Amnistía internacional ha podido documentar que entre el material utilizado para cargar contra manifestantes había proyectiles de “la empresa española Maxam Outdoor

La organización de derechos humanos ha podido documentar que entre el material utilizado para cargar contra manifestantes había proyectiles de “la empresa española Maxam Outdoor”. Además, España fue el principal suministrador de armas a Perú de la Unión Europea, hasta que tras varias denuncias, en febrero de 2023, el Gobierno peruano confirmó que el Estado español había suspendido las exportaciones de material antidisturbios.

Según el informe de OACNUDH se han contabilizado 62 muertes que siguen pidiendo justicia, tal como hicieron un grupo de familiares y afectadas en la Audiencia Pública de seguimiento del caso peruano, realizada a inicios de noviembre por la CIDH. “Las organizaciones y víctimas expresaron su preocupación por el incumplimiento a partir de la erosión de instituciones democráticas; la falta de investigación de hechos recogidos en el informe; ausencia de reparación a víctimas de represión estatal, incluidas personas indígenas, y discriminación estructural. Solicitaron la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o de un Mecanismo de Seguimiento”, informaron.

Otro informe de Amnistía Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú denuncia que la policía y el ejército utilizaron balas y armas prohibidas para tareas de control del orden público de manera ilegítima, además de gas lacrimógeno de manera excesiva y desproporcionada. La organización calificó la represión del Gobierno de Boluarte como ”crímenes contra el derecho internacional“ y denunció que tuvo ”un sesgo racista". El 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de las protestas fueron de la población indígena y campesina.

Lourdes Huanca denunció el racismo institucional y señaló la responsabilidad de los gobiernos peruanos durante todos estos años al haber difundido siempre el mensaje de “cholo, indio y serrano”, e insistió en que “no se trata solamente de cambiar a Boluarte, tiene que haber un cambio de comprender que en el Perú somos plurinacionales. Violentan nuestras vidas y nos botan de nuestras tierras. Para ellos el desarrollo del país es encontrar oro y eso no sirve”. Además, la activista destacó el rol de las mujeres campesinas indígenas durante las protestas, “creen que nosotras no tenemos capacidad y somos las que hemos asumido la bandera de lucha, porque estamos cansadas de que las empresas mineras nos despojen de nuestras tierras”.

El extractivismo y las élites peruanas

En los años 90 el gobierno de Fujimori implantó el modelo neoliberal en el Perú que sirvió para generar la actual economía extractivista. Para Zevallos existe una participación indirecta de las compañías y las élites peruanas en los procesos políticos, “empresas como Odebrecht, Graña y Montero o Telefónica forman parte del monstruo. Los brazos operativos son la Fiscalía. De esto la gente ya se dio cuenta y quiere un proceso de participación real. La votación se instaló de manera occidental y no funciona. De qué me sirve votar si van a sacar al presidente que elegí”.

“Se formó una coalición golpista entre la Fiscalía, el Congreso, el poder económico, los grandes medios de comunicación, las fuerzas armadas y policiales”

Según la exministra Durand, “los grupos empresariales financiaron los mejores estudios de abogados de Lima para impugnar 200.000 votos rurales de indígenas. Financiaron toda la campaña por la vacancia. Todos los domingos teníamos movilizaciones con autos súper lujosos. Generaron un clima de desestabilización. Y no solo por tres o cuatro concesiones, era para salvar todo el modelo. Se formó una coalición golpista entre la Fiscalía, el Congreso, el poder económico, los grandes medios de comunicación, las fuerzas armadas y policiales”.

Huanca también denunció que el objetivo de Boluarte es la renovación de las concesiones mineras y petroleras. “Castillo dijo que no iba a renovarlas, sino que iba a revisarlas y cobrar todos los impuestos que debían las grandes empresas. En cualquier momento, cuando ya esté todo firmado ellos mismos van a sacar a Boluarte, no nosotros”. Durand señaló que “el triunfo de Castillo no solo fue una cachetada al clasismo y racismo de las élites peruanas, sino a su modelo. Siempre fue transparente en su propuesta como candidato: nueva Constitución y revisión de contratos. Las élites no le querían en el poder porque era un indio y tenía que estar en la chacra”.

Volver a la chacra

En el Perú se cronifica una crisis política, con ya cinco presidentes en cinco años. La derecha encabezada por Keiko Fujimori al servicio de las élites económicas y empresariales gobiernan junto a Boluarte, frente a una izquierda de partido cada vez más desintegrada. Para Durand, que reconoce haber sido parte de esa izquierda y que no se plantea regresar a la política de partidos en un corto plazo, “desde un primer momento Perú Libre se dedicó a chantajear vilmente al presidente pidiendo ministerios y obras. Amenazándolo con votar por la vacancia, con no permitirle la gobernabilidad. Ahora les vemos ocupar un lugar en la mesa directiva con el fujimorismo. Lo mismo con la otra izquierda más progresista de Verónika Mendoza, que dieron la venia a Boluarte”.

A casi un año de la muerte de su hijo, Dany Quispe cuenta que su familia sigue trabajando el campo “cosechamos papa, vendemos a nuestros animalitos para educar y alimentar a nuestros hijos. Cuando bajamos del campo a la ciudad para protestar dicen que nos financia la minería artesanal o el presidente Castillo, ¿pero quién nos va a financiar? Nosotros ponemos una cuota cada uno para la comida o la gasolina”, afirmó dolido por la esperanzas que le generó las promesas del antecesor de Boluarte, quien además de maestro realizaba labores del campo y, dice, entendía sus necesidades.

“Esta lucha es geopolítica. ¿Acaso los blancos no comen lo que nosotras producimos como campesinas e indígenas? Nos queda levantarnos porque somos millones y millones”

El 7 de diciembre de 2023, un año desde la destitución de Pedro Castillo y la entrada en el poder de Dina Boluarte, se espera una gran jornada de protestas y manifestaciones por todo el país andino. Las demandas fundamentales son: un proceso de reparación integral, de investigación y de sanción contra los responsables de las víctimas de las protestas iniciadas en diciembre de 2022; un proceso constituyente para que haya un plebiscito en el que la población pueda decidir si quiere o no cambiar la Constitución vigente de 1993, que fue redactada durante el gobierno de Fujimori; la renuncia de Dina Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones.

A las protestas ya previstas se añade ahora el indulto a Alberto Fujimori. El pasado 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente, a pesar de que la CIDH había dictaminado lo contrario en 2022. “Estamos indignados, acompañamos a las asociaciones de víctimas del fujimorismo. Su lucha por más de 30 años no puede quedar impune. Este antecedente expone al Perú a nivel internacional, porque estaríamos incumpliendo con la CIDH, que acaba de solicitar información al Estado sobre esto. El Congreso eligió a estos tribunos para que liberaran a su líder. La justicia tiene que reparar integralmente a las víctimas, a los genocidas no se les puede indultar”, denunció Zevallos.

En el Perú el cambio no pasa únicamente por la presidencia del gobierno, pasa por volver a la chacra y poner la mirada en las comunidades. “Tenemos que desahuevarnos y pensar desde abajo. El poder legislativo no puede ser solamente de sacos y corbatas. Para ellos los pueblos indígenas siempre vamos a ser la chacha y no solamente en el Perú. Esta lucha es geopolítica. ¿Acaso los blancos no comen lo que nosotras producimos como campesinas e indígenas? Nos queda levantarnos porque somos millones y millones. Sabemos que nos van a matar, pero carajo, somos campesinas. Siempre decimos que estamos sembrando semillas autóctonas porque nos matan. Pero una primavera seguirá la revolución de nuestros hijos e hijas, porque yo soy bisnieta y nieta de luchadoras”, afirmó Huanca.