Plataformas de pensionistas califican los presupuestos de Rajoy de “parche electoralista”

“Vender humo” antes de las elecciones. Esta es la conclusión de la Marea Pensionista sobre la subida de entre un 1% y un 3% para las pensiones más bajas incluida en el proyecto de presupuesto para 2018 presentado este 3 de abril en el Congreso.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Marea Pensionista de Catalunya calificaron estas medidas de “vergonzosas e insuficientes”. Unas decisiones, explican, motivadas por una “dinámica movilizadora de la sociedad” que incluyó multitudinarias manifestaciones en defensa de un sistema público de pensiones “digno y justo”. Ante esta situación, el Gobierno se ha visto “obligado a dar una respuesta y mover ficha, aprobando este proyecto con medidas que desde nuestro punto de vista estimamos totalmente insuficientes y que no abordan la problemática actual del sistema, demostrando una vez más que el proyecto político y social del Gobierno de Rajoy y los socios que lo sustentan está completamente agotado”.

Frente a la caída en las últimas encuestas, que dan como probable ganador al partido de Albert Rivera, el Partido Popular ha presentado este 3 de abril el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) más expansivo desde el inicio de la crisis. Unos PGE que incluyen mejoras en los sueldos de funcionarios, exensiones fiscales y una mejora en las pensiones más bajas por encima del odiado 0,25%.

Con seis meses de retraso y con una hoja de ruta hasta su aprobación rodeada de obstáculos, los presupuestos de 2018 mantienen la tendencia a reducir el gasto social, que crecerá menos que PIB, pese a los guiños electorales del PP.

Sin solución a los problemas estructurales

Frente a una de las principales demandas del movimiento de pensionistas —que las jubilaciones se financien con los Presupuestos Generales del Estado y no exclusivamente con las cotizaciones del trabajo—, el Gobierno del PP ha incluido en los presupuesto una ampliación del 50% en el crédito que había dado al fondo de la Seguridad Social para evitar su quiebra en 2017.

Del préstamo de 10.120 millones de euros para pagar las pensiones, este 2018 el PP pretende llegar a los 15.164 millones. Una medida que, según defienden estas plataformas, perpetúa el problema estructural del sistema público de pensiones: que se sustenta sobre un mercado laboral en crisis, precario, temporal y mal pagado.

Sobre las dos “medidas estrella” anunciadas —el aumento de hasta el 3% en las pensiones más bajas, exenciones fiscales y un aumento en las pensiones de viudedad— señalan que “ya que eran extremos que estaban comprometidos desde la reforma de las pensiones de 2011, pero que se habían negado a aplicar hasta ahora”.

De ser aprobados estos presupuestos, los pensionistas que reciban la prestación mínima experimentarán un aumento en su paga mensual del 3%, unos 17,8€ por mes, y si cobran pensión de viudedad, unos 32,1 euros. Para los pensionistas que cobren entre la pensión mínima y 700 euros mensuales, el incremento será del 1,5%. Y si su pensión se sitúa entre 700 y 860 euros, el aumento será del 1%.

Carmen Rojo, portavoz de la Coordinadora de La Rioja por la Defensa de la Pensiones Públicas, califica de “ridículo el aumento” y pone como ejemplo a su madre, que después de una vida de trabajo solo cobra 407€. “Solo en los gastos de la casa se le va la mitad de la pensión. Ya me contarás para qué sirve este aumento... Para seguir malviviendo”, cuenta.

Para Rojo, cualquier reivindicación que no pase por una renta mínima “justa” y la derogación de todos los recortes y leyes que atentan contra las pensiones públicas de 2011 y 2013, no solucionan el problema de un gran sector de la población que “lo ha dado todo por este país y que ha sido abandonado por el Gobierno”. Rojo califica las medidas de este PGE como un “parche electoralista que no soluciona nada”. Y se muestra tajante: “No es la solución que queremos y no vamos a parar”. Para el 16 y 30 de abril la Coordinadora estatal ha convocado concentraciones ante los ayuntamientos en decenas de localidades en toda España.