Paraguay
El ‘salto’ que necesita Paraguay

El 30 de abril de 2023 Paraguay celebra elecciones presidenciales, legislativas y departamentales —los departamentos son el equivalente a nuestras provincias en España—. Ese día, la ciudadanía de este país latinoamericano, de alrededor de siete millones de personas, votará para elegir los poderes ejecutivo y legislativo del Estado, así como esos mismos poderes en su dimensión regional.

Por vez primera desde hace casi 15 años parece que el cambio político es posible en Paraguay, y estamos más cerca de que una coalición progresista opositora —la Concertación Nacional— supere en votos al partido tradicional hegemónico del país —la ANR—, y logre la victoria en las elecciones presidenciales y pueda formar Gobierno —en Paraguay no hay segunda vuelta—. No obstante, la acción del Ejecutivo sería compleja, ya que todo apunta a que las fuerzas del cambio gobernarían —si logran la Presidencia—, pero serían minoría en el Congreso —formado por dos cámaras, la de Diputados y el Senado—, que también se elige el 30 de abril.

En Paraguay la batalla de las encuestas no dista mucho de la que se produce en la mayoría de países, con resultados muy dispares en función de qué agencia, medio o analista elabore y publique los resultados. No obstante, en este país la ciudadanía está muy acostumbrada a una absoluta informalidad en la generación de encuestas electorales y, en consecuencia, a darles escasísimo valor. El politólogo paraguayo Marcos Pérez Talia —especialista en el funcionamiento reciente de los partidos tradicionales del país— ha analizado la configuración del muestreo y el cotejo de resultados de las encuestas paraguayas en las últimas dos elecciones generales, y concluye que GEO (Gabinete de Estudios de Opinión) es la encuestadora con un mejor diseño muestral y predicciones más parecidas al resultado real de los comicios en Paraguay.

Lideran las encuestas más fiables la amplísima coalición de partidos de izquierda, centro-izquierda y derecha moderada, cuya dupla electoral para presidente y vicepresidenta está conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez

Para el plebiscito popular del próximo 30 de abril, la encuestadora GEO daba como ganadora —a finales de febrero— a la Concertación Nacional —una amplísima coalición de partidos de izquierda, centro-izquierda y derecha moderada—, cuya dupla electoral para presidente y vicepresidenta está conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez. Lo hace otorgando a esta “chapa” electoral unos cuatro puntos porcentuales más que a la otra candidatura con opciones reales de alcanzar la presidencia (39% - 35%). Esta otra candidatura está conformada por Santiago Peña y Pedro Alliana, ambos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), organización también conocida históricamente como Partido Colorado, y que generalmente aglutinó el voto más conservador, tradicional y nacionalista, entre otras almas de la derecha ideológica latinoamericana, como el neoliberalismo y el neofascismo, con alguna representación también en ciertos sectores de la ANR.

Sin embargo, GEO no es la única encuestadora que da ganadora a la “chapa” de la Concertación Nacional: la encuesta Atlas —de AltlasIntel— también vaticina la victoria presidencial de Efraín Alegre y Soledad Núñez, con una encuesta realizada a mediados de marzo que concede un 38% a la Concertación frente a un 36% de la ANR —similar a los datos de GEO—. También ofrece un resultado equiparable la consultora Datos-Analistas de Mercado y Opinión Pública, que predecía en febrero una distancia similar entre candidaturas —33% de apoyo a la Concertación, frente al 30% de la ANR—.

Otras encuestas han obtenido resultados más ajustados, con victorias hacia uno y otro lado, pero su fiabilidad es relativamente menor que las desarrolladas por GEO y Atlas. Entre estas, una de las que más destaca es la encuestadora Ati Snead Consultores, que ofrece una predicción a finales de febrero con cerca de un 11% de votos más para la ANR (31% - 42%), aunque con una clara y constante subida de Efraín Alegre en sus datos —en la encuesta de un mes antes, Ati Snead predecía más de 20 puntos de diferencia entre candidaturas a favor de la ANR—. Quedan fuera del debate las encuestas informales de los diarios —por falta de representatividad en sus muestras— y también las realizadas por los propios partidos y sus afines, algunas de las cuales dan resultados tan disparatados como que la diferencia entre los dos primeros candidatos puede oscilar entre los 20-25 puntos porcentuales, algo impensable en la situación política paraguaya actual, que no hace sino desacreditar de plano todas esas supuestas encuestas.

El cambio político en Paraguay está, por tanto, al alcance de la mano de la ciudadanía paraguaya, también de la que reside en España

Incluso aunque la encuesta de GEO o la de Atlas no se cumplieran con exactitud, parece claro que en esta ocasión las elecciones presidenciales paraguayas tendrán un resultado muy ajustado, y contará cada voto —inclusive los que lleguen desde el extranjero, donde la ciudadanía migrante volverá a ser protagonista del voto exterior paraguayo como ya hicieran en los anteriores comicios de 2018 y 2013—. El cambio político en Paraguay está, por tanto, al alcance de la mano de la ciudadanía paraguaya, también de la que reside en España.

Pero ¿cuál sería la importancia de este cambio histórico al frente de la Presidencia del país? La respuesta es clara: en primer lugar, resulta fundamental la renovación de la institucionalidad nacional —es prebendaria, clientelar al extremo, y tiene un accionar muy viciado—. Y en segundo lugar, el cambio es importante para el reforzamiento de la confianza en los valores democráticos, para relanzar la esperanza ciudadana en la posibilidad real de un cambio efectivo en el poder institucional.

En Europa ya no estamos acostumbrados a conocer periodos de gobierno de un mismo partido que sobrepasen los diez o 15 años —tres o cuatro victorias electorales de un mismo partido, aunque cambie el candidato—. En general, hemos entendido que el cambio político es parte necesaria de la salud democrática; como mínimo, simplemente hemos transigido con ello, pero en el mejor de los casos nos hemos comprometido abiertamente con ese sistema plural y de alternancia.

En Paraguay, sin embargo, gobierna la misma organización política en solitario desde 1947 —tras el final de la Guerra Civil paraguaya de ese año—. De esa fecha hace ahora 75 años, durante los cuales el país sufrió, además, una larguísima dictadura ultranacionalista y conservadora bajo el régimen del general Alfredo Stroessner —entre 1954 y 1989—. Son 75 años de gobiernos y dictadura de la ANR, salvo por una pequeña interrupción entre 2008 y 2013. La socióloga Lorena Soler es una de las especialistas más reconocidas sobre la cuestión de la dominación social y electoral de la ANR en Paraguay.

En Paraguay, gobierna la misma organización política derechista en solitario desde 1947 salvo por una pequeña interrupción entre 2008 y 2013, con la presidencia de Fernando Lugo

Y es que en esos quince periodos legislativos —en Paraguay el mandato presidencial tiene una duración de cinco años— se produjo una única excepción en la hegemonía colorada: fue en 2008, cuando una coalición de partidos y movimientos de izquierda y centro-izquierda (la Alianza Patriótica para el Cambio) derrotó a la candidatura del Partido Colorado (ANR) y logró el Gobierno del país bajo la presidencia de Fernando Lugo Méndez. Por desgracia, aquella primera y única experiencia de alternancia política desde 1947 terminó de manera infructuosa, con un golpe parlamentario en 2012 cuando aún le restaba más de un año de mandato presidencial a Fernando Lugo.

Aquel golpe —realizado mediante la fórmula constitucional del “juicio político” y consumado en apenas 48 horas— reventó la política paraguaya y socavó la confianza de su ciudadanía en la democracia, dando al traste con la primera ocasión en que se experimentaba la alternancia en el país. Además, la destitución presidencial también tuvo su reflejo en el plano internacional, siendo suspendida la pertenencia de Paraguay a las dos grandes asociaciones regionales a las que adhería entonces el país (Unasur y Mercosur). Hasta la ONU solicitó al Gobierno paraguayo, a través de su Comité de Derechos Humanos, investigar la masacre de Curuguaty que derivó en aquella fulminante destitución de Fernando Lugo, así como las circunstancias de este hecho. La politóloga Magdalena López es una de las investigadoras que más se han dedicado al periodo de Lugo.

Hay que remontarse casi a la II Guerra Mundial para encontrar un presidente paraguayo que no fuera militante colorado, y hasta los tiempos de la Guerra Civil Española para encontrar un Paraguay gobernado por un presidente no nacionalista y perteneciente al otro gran partido tradicional del país, el Partido Liberal, denominado en la actualidad como Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Este es una organización partidaria formada históricamente por una élite intelectual de ideología moderadamente liberal y socialdemócrata —según el periodo y el sector interno que lo dirija—. En estas condiciones, resulta evidente que Paraguay necesita un cambio, porque la democracia sin competencia electoral y sin alternancia es un sistema pobre e incompleto; además, la falta de calidad democrática no solo afecta al sistema electoral, sino a toda la sociedad en su conjunto.

El golpe judicial y parlamentario a Fernando Lugo en 2012 —realizado mediante la fórmula constitucional del “juicio político” y consumado en apenas 48 horas— reventó la política paraguaya y socavó la confianza de su ciudadanía en la democracia

Pero ¿cuál es la razón de que esto ocurra? ¿Por qué esta sobrecogedora longevidad de la ANR en Paraguay? En opinión de uno de los especialistas que más han estudiado el partido, Marcello Lachi, se debe en parte a una fuerte capacidad de cambio de la organización para transformar su discurso —a menudo vacío de elementos ideológicos concretos— y adaptarlo a cada etapa histórica y a cada momento político. A eso se suma que la incorporación y el mantenimiento de la masa afiliada al Partido Colorado se produce principalmente por vía de la adscripción comunitaria o identitaria de la militancia, una incorporación que las más de las veces es de tipo familiar: “Soy colorado porque mi familia es colorada”. Así se afilian muchos jóvenes en Paraguay. Sobre ello han trabajado, además del propio Lachi, tanto el antes mencionado Marcos Pérez Talia, como la socióloga paraguaya Raquel Rojas Scheffer.

Sin embargo, esta afiliación identitaria no valdría por si sola para mantener la lealtad del militante y del votante: pero donde no alcanza con la convicción política sí llega la billetera. Y es que el Partido Colorado es la organización que mejor maneja los mecanismos propios del funcionamiento clientelar y prebendario en las instituciones públicas. Además, el control de las mismas y el modelo de incorporación de funcionarios, asesores, contratos de servicios públicos, controlados durante tanto tiempo por la ANR, dotaron al partido de un aparato y un músculo económico y social descomunal.

Según la encuesta Atlas de 2023, dos de cada tres ciudadanos paraguayos desaprueban la gestión del actual presidente, Mario Abdo Benítez (ANR), y la evaluación de su periodo de gobierno (2018-2023) es calificada por casi un 90% de la ciudadanía como “regular”, “mala” o “muy mala”. En estas condiciones de gestión tan desastrosa desde la perspectiva popular, parecería absolutamente impensable que el mismo partido volviera a ganar las elecciones; sin embargo, en Paraguay esto es algo que puede ocurrir. La ciudadanía paraguaya conoce bien la resistencia de la ANR a perder el poder —incluso por medios ilegales—, y ni la peor de las gestiones de lo público y de lo privado hace tambalear el voto de una buena parte de su prosélita militancia.

Cualquier correligionario o votante colorado que se sienta verdaderamente demócrata alcanzaría a entender que a día de hoy lo que más necesita su país no es otro Gobierno de la ANR, sino la alternancia, el cambio, la oportunidad de intentar hacer las cosas de otra manera. En Paraguay apremia darle a la gente la confianza en el sistema democrático a través de la consecución de una competencia electoral real, una competencia que ponga programas de gobierno sobre la mesa, que explique cuál es su proyecto de país, sin apelar al voto identitario acrítico e irresponsable. Además, Paraguay necesita que esa competencia se traduzca en una victoria de la oposición, y que el Gobierno que se forme pueda completar su periodo legislativo íntegramente y de acuerdo a los preceptos o principios democráticos.

Según el investigador Marcello Lachi la longevidad del Partido Colorado en el poder se debe a una fuerte capacidad de cambio de la organización para transformar su discurso y adaptarlo a cada etapa histórica

Las elecciones del próximo 30 de abril en Paraguay pueden cerrar el ciclo progresista latinoamericano, con un cambio tan histórico como necesario en un país donde la corrupción y la inoperancia administrativas rozan niveles épicos. Basta señalar que el expresidente Horacio Cartes y el actual Vicepresidente del país (ambos de la ANR) han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por “participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay” (según se indica en el comunicado de prensa del 26 de enero de 2023 de la Embajada norteamericana en Asunción).

Este hecho es francamente relevante porque el Partido Colorado —y sobre todo su candidato actual, Santiago Peña— necesitan y viven del dinero de Cartes, al que las sanciones norteamericanas han obligado a cambiar el paso de sus negocios; como afirmaba una de las periodistas de mayor credibilidad en Paraguay, Estela Ruiz Díaz, “esta medida pone en jaque todos los proyectos de Horacio Cartes, porque su pedido de extradición pende como espada de Damocles, y con ello surge una interrogante que lacera las carpas coloradas, porque tanto la presencia como la ausencia de Cartes [y de su dinero] tendrá fuerte impacto”.

Habrá que ver si los correligionarios colorados siguen teniendo tanta devoción y adicción a su partido cuando no llegue la plata. Este es el problema de habitar una democracia débil; en lugar de existir un debate constructivo con base en lo ideológico y lo programático, el país se resigna a padecer una epidemia permanente de corrupción en la administración de lo público, de inoperancia política, de primacía de los intereses privados de las élites sobre las necesidades del común, y de ineficacia e ineficiencia administrativas.

Las elecciones del 30 de abril pueden cerrar el ciclo progresista latinoamericano, con un cambio tan histórico como necesario en un país donde la corrupción y la inoperancia administrativas rozan niveles épicos

El “salto” que necesita Paraguay es un salto de redemocratización hacia el Estado de derecho y de bienestar social, un giro electoral y en el signo del Gobierno que permita articular el cambio social y construir un nuevo escenario político donde la confianza en la democracia esté en el centro del tablero, la corrupción sea desterrada de la gestión pública, y en el que la administración institucional se ponga al servicio de las necesidades básicas de la ciudadanía paraguaya y del tejido socio-productivo que les da de comer. A estas alturas, todo ello resulta ya inimaginable e inverosímil sin la alternancia política en el Gobierno del país.