¿Tiene Israel “derecho a la autodefensa” contra Gaza?

El 1 de junio de 2018, Razan al-Najjar —una paramédica de 21 años— murió por disparos de un francotirador mientras proporcionaba tratamiento médico a manifestantes heridos. Ella se convirtió en el palestino número 112 muerto en Gaza desde que las manifestaciones masivas contra el cerco israelí empezaron el 30 de marzo. Durante el mismo período, las fuerzas israelíes hirieron a más de 3.600 manifestantes con munición real, una cifra que la prominente organización de derechos humanos israelí B’Tselem ha caracterizado como un “número alucinante de víctimas”. El asalto ha dejado al debilitado sistema de salud de Gaza al borde del colapso.

Para justificar la sangría, Israel y sus apologistas invocaron el “derecho a la autodefensa” de Israel. Disparar contra los manifestantes en Gaza era el único medio —así se exponía este argumento— por el que Israel podía impedirles violar la frontera israelí. Contra esto, representantes de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos alegaron que Israel, al desplegar munición real contra manifestantes que no suponían amenaza inminente, era culpable de fuerza “excesiva” o “desproporcionada”. En esta línea, el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio respondió al asesinato de Al-Najjar advirtiendo que “Israel necesita calibrar su uso de la fuerza”.

Las alegaciones de fuerza “desproporcionada” implícitamente legitiman el uso israelí de la fuerza “proporcionada”, mientras que las alegaciones de fuerza “excesiva” implícitamente legitiman el uso de la fuerza “moderada”

Esta línea de crítica fundamentalmente acepta la premisa israelí de que tiene un “derecho a la autodefensa” contra el pueblo de Gaza. Las alegaciones de fuerza “desproporcionada” implícitamente legitiman el uso israelí de la fuerza “proporcionada”, mientras que las alegaciones de fuerza “excesiva” implícitamente legitiman el uso de la fuerza “moderada”. En verdad, sin embargo, Israel no tiene derecho a usar ninguna fuerza contra el pueblo de Gaza. Perdió ese derecho cuando impuso un cerco ilegal y una ocupación ilegal.

Bajo la ley internacional, una potencia administradora no tiene derecho a usar la fuerza para frustrar una lucha por la autodeterminación, mientras que a una entidad no estatal no se le prohíbe el uso de la fuerza armada en la búsqueda de su derecho a la autodeterminación. Es decir: la ley internacional no prohíbe a los palestinos de Gaza utilizar la fuerza armada en el curso de su lucha por la autodeterminación validada internacionalmente, mientras que sí prohíbe a Israel suprimir por la fuerza la lucha por la autodeterminación. Los organizadores de las manifestaciones de Gaza tomaron una decisión estratégica en favor de la no violencia, pero la legalidad no requería esta decisión e Israel no hubiera tenido más derecho a usar la fuerza contra los manifestantes de Gaza si hubieran estado armados.

Se podría objetar —aunque no por Israel, que niega que ocupe Gaza— que Israel es un ocupante beligerante en Gaza y por lo tanto tiene el derecho, bajo la Cuarta Convención de Ginebra, de usar la fuerza para mantener el orden público. Pero, primero, bajo esta misma Convención, el prolongado cerco israelí constituye un “castigo colectivo” establecido “en flagrante violación de la legalidad internacional”.

Israel no puede citar selectivamente la Cuarta Convención de Ginebra para legitimar su uso de la fuerza mientras ignora las obligaciones impuestas sobre la potencia ocupante por esa misma Convención de salvaguardar el bienestar de la población ocupada. Además, segundo, igual que el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en 1971 que la negativa de Sudáfrica a negociar con buena fe hizo ilegal su ocupación de Namibia, la negativa de Israel a negociar con buena fe con base en la legalidad internacional ha hecho ilegal su ocupación de Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, ha perdido sus derechos como ocupante beligerante.

Israel ha mantenido una ocupación ilegal de Gaza durante más de 50 años. Ha sometido a la población civil de Gaza a un cerco ilegal que dura más de una década. El “derecho a la autodefensa” que reclama Israel equivale, en estas circunstancias, al derecho a reforzar estos regímenes ilegales. Hasta y a menos que Israel termine con el cerco y la ocupación, su único “derecho” frente a Gaza es el de retirarse.

Si la visión contraria —que Israel tiene derecho a usar la fuerza para impedir que los gazatíes rebasen la valla perimetral— es ampliamente aceptada, esto se debe a que la deshumanización generalizada del pueblo de Gaza, por un lado, y una nube de tecnicismos legales, por otro, han oscurecido conjuntamente el verdadero carácter de la situación.

Israel presenta la valla que rodea Gaza como una “frontera” y a los manifestantes que buscan cruzarla como infiltrados. Pero como el director ejecutivo de B’Tselem ha apuntado, el término “frontera” es en este contexto completamente engañoso. Gaza no es un Estado. Gaza es un “campo de prisioneros” (para el ex primer ministro del Reino Unido David Cameron), un “suburbio tóxico” (para el jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al-Hussein), un “gueto” (para el consejo editorial de [el periódico israelí] Ha’aretz. Más del 70% de los internos de este campo de prisioneros son refugiados, mientras que más de la mitad son niños menores de 18 años.

El cerco de estilo medieval israelí prácticamente ha extinguido la economía de Gaza y reducido a su población a la mendicidad. Más que eso, la misma viabilidad del territorio para la presencia humana en gran escala se ha puesto en peligro. Como dijo el director de Oriente Próximo y Medio para el Comité Internacional de la Cruz Roja, “Gaza es un barco que se hunde”. Según el asesoramiento profesional de los funcionarios de Naciones Unidas, Gaza se ha vuelto físicamente “invivible”.

Lo más alarmante es que el 96% del agua de grifo de Gaza es ahora inadecuada para el consumo humano mientras que su único acuífero de agua dulce está en, o ya ha pasado, el umbral del daño irreversible. Sara Roy, la autoridad principal sobre economía política de Gaza que trabaja en la Universidad de Harvard, explica lo que esto significa en la práctica: “Seres humanos inocentes, la mayoría jóvenes, están siendo lentamente envenenados por el agua que beben”.

Los abogados que debaten si Israel usó o no usó fuerza “excesiva” para impedir que gazatíes escaparan de su “campo de prisioneros” han perdido de vista los retos humanos en Gaza. Las únicas preguntas moralmente sensatas que presenta la situación en Gaza son éstas. ¿Tiene Israel el derecho, en el nombre de la “autodefensa”, de enjaular por la fuerza a un millón de niños de Gaza en un “suburbio tóxico”? ¿No tiene la gente de Gaza el derecho a escapar de un “campo de prisioneros” en el que las condiciones se han vuelto físicamente “invivibles”? ¿O está obligada a quedarse callada y morir?