Centros sociales
Sobre el 7 de mayo en Madrid, la memoria del presente

El sábado 7 de mayo cientos de personas estuvimos involucradas en la okupación pública de un edificio con historia en la calle Hortaleza de Madrid.

El arco de edad de aquella gente se movía entre nacidas en los años sesenta del siglo pasado y nacidas entre siglos, finales de los noventa y principios de dos mil, con apabullante mayoría de estas. El hilo que conectaba ese amplísimo marco poco habitual en la acción directa era una experiencia urbana de desobediencia, señalamiento y proposición antagonista y creativa: el movimiento que hace tiempo se dio en llamar de centros sociales autogestionados.

Aunque muchas características de este movimiento han cambiado, por suerte y por empeño, porque esto significa que en algún momento de su no muy larga historia consiguió no enquistarse en formas inmovilistas de identificación social, esas tres claves de desobediencia, señalamiento y proposición se mantienen, y la acción del 7 de mayo las hace especialmente expresivas.

Desobedecer

La desobediencia actualiza permanentemente una fórmula clásica de algunos movimientos sociales: no esperar, sino tomar y hacer y no someterse a imposiciones normativas y jurídicas que establecen para la acción una única legitimidad fundada sobre la santificación de los marcos legales instituidos.

Muy a pesar de algunos adalides de la acción procedimental, es una historia que remite incluso a las primeras huelgas obreras y mucho más allá: remite a la larga historia del conflicto social y de la dominación.

Toda constitución jurídica es el producto histórico que cose y repara en un tejido con vocación eterna las tensiones de clase, generacionales, raciales, nacionales, de proyecto social y de marcos organizativos y culturales de una época. Y aunque cada uno de esos tejidos-marcos jurídicos pretende permanecer siempre inalterado, cada tiempo -como en cualquier obra histórica- añade una capa de restauración, rehabilitación y renovación o impugnación que vuelve a expresar las tensiones dominantes -el estilo, el discurso- que van a guiar la reparación de la obra, su actualización o su -improbable- destrucción. El “arte”, la tendencia, de la obra puede ser restrictivo -en nuestro tiempo lo es, y mucho- o innovador -y en nuestro tiempo, la innovación es minoritaria, y también mucho, no cuesta reconocerlo.

La desobediencia, simplemente, no acata las normas que los poderes establecen para su mantenimiento y actúa en virtud de criterios que le parecen justos, no necesariamente legales.

Si, a la vez, la desobediencia permanece es porque hay agentes de innovación que cuestionan la legitimidad del proyecto histórico que les ha sido impuesto y señalan las costuras de ese traje que finalmente se hizo a la medida de los ganadores de la historia, que siempre pretenden que sea inamovible, es decir, que excluya la posibilidad de un nuevo proceso constituyente, cerrar la historia del ordenamiento social y jurídico o, en todo caso, darle un poco de chapa y pintura o adaptarlo aún mejor a sus intereses. La desobediencia, simplemente, no acata las normas que los poderes establecen para su mantenimiento y actúa en virtud de criterios que le parecen justos, no necesariamente legales. No sorprende que a cada ordenamiento le parezca una aberración, porque es una anomalía, y que la reprima. Lo que sí sorprende es que, tantos siglos después, cada ordenamiento piense que esto no va a ocurrir, que esto no puede ocurrir, que la desobediencia no va a cambiar los marcos de relación social preexistentes.

Señalar

El señalamiento incide precisamente en aquellas costuras aparentemente bien hiladas del orden. Indica y trata de visibilizar que en el ordenamiento social y jurídico de un tiempo y un espacio se normaliza, se falsea o se oculta la trama que favorece a los ganadores, que siguen siendo los únicos sujetos activos determinantes, y se excluye, en diferentes medidas, al resto, que han de aceptar la situación como sujetos pacientes y espectadores, a la espera de que pueda ocurrir un cambio de estatus (la expectativa aspiracional que tanto calma el ánimo social) y puedan incorporarse con favores al sistema normativo (en nuestros sistemas urbanos, evidentemente, la propiedad es el factor imprescindible).

La acción del 7 de mayo era virtuosa porque incidía en un doble señalamiento: en el del ordenamiento urbano, en el que el sistema de propiedad y beneficio inmobiliario (y el posicionamiento anexo como agente económico) determina cómo se organiza la ciudad; y en el del ordenamiento social, en el que, de nuevo, el sistema de propiedad y el posicionamiento como agente económico delimitan el estatus en la escala diferencial del derecho: con el poder suficiente, se puede actuar autónomamente en beneficio propio.

La okupación de la que fuera sede (ya no lo es) de la UGT señalaba que cualquier componente urbano está sometido al interés económico de los agentes con autonomía y solvencia para decidir su destino a partir únicamente de la expectativa del beneficio propio y privativo y del beneficio mutuo de los agentes implicados: el edificio patrimonial de Hortaleza 88 solo puede ser lo que sus propietarios quieren que sea, no puede incidir en su destino ningún otro criterio social, urbanístico, histórico... De hecho, ante esa operación lo obligado es guardar respetuoso silencio, permanecer pasivo y acatar las operaciones urbanas que efectúan quienes, en efecto, tienen derechos otorgados para hacerlo por sus estatus en el sistema de propiedad. A no ser que seas desobediente...

Estamos en el año del Señor de 2022 y un propietario ha alquilado un edificio a un arrendatario. ¿Qué tiene de extraño, de criticable? Estamos en el año del Señor de 2022 y un sindicato, UGT, ha alquilado un edificio que es patrimonio histórico de la ciudad a la empresa inmobiliaria y de gestión JIMA, para promover un hotel en el centro de Madrid, donde hay un clamor social que denuncia el monopolio turístico y la dificultad de acceso al espacio para alojarse o realizar otras actividades vitales. Aun así, ¿qué tiene de criticable? Quizá nada para muchos, pero mucho para las desobedientes.

El centro urbano de Madrid se ha trufado de hoteles y similares y, en otra escala, de viviendas reconvertidas para uso exclusivo turístico, en una dinámica a la que se suma el predominio de negocios y comercios complementarios al uso turístico y a la economía de servicios, sostenidos por una fuerza de trabajo con altas cuotas de precariedad y bajos salarios, y que fuerza a muchas vecinas de los barrios afectados a mudarse a otras zonas, lo que fuerza a muchas vecinas de estas zonas a mudarse a otros barrios... Vaya, podría decirlo la UGT. De hecho, lo han dicho en alguna ocasión representantes municipales del que fuera su partido hermano, el PSOE, incluida Mercedes González, la actual delegada del Gobierno, que el día 8 coordinaría el desalojo del edificio okupado. Señalamiento.

El derecho de la ciudad (no el derecho a la ciudad, sino el marco normativo que regula la ciudad) se ha delimitado en los marcos del derecho de los propietarios, en una u otra escala (de un pisito o de dos pisitos o de un edificio convencional o de un edificio patrimonial o...), y no hay normativa ni interés superior al derecho de la propiedad a obtener beneficios económicos con el espacio urbano, ni normativa ni interés superior al derecho de los consumidores de turismo (no solo internacional) a tener espacios a su disposición, ni normativa ni interés social que delimite las necesidades de las corporaciones de espacios adecuados y adaptados a sus valores. Así ocurre en Madrid, donde, como veremos, la normativa se viene adaptando a esos derechos particulares.

Cuando la dirección de la UGT recordaba en su comunicado febril que podía hacer lo que le viniera en gana con su “propiedad privativa” en beneficio de los trabajadores a los que representa, señalaba, de hecho, que no es asunto suyo si obtener tal beneficio económico se sitúa en un marco de exclusión urbana (que puede afectar también a esos trabajadores a los que representa) que está delimitando los derechos actuales y futuros de la población de Madrid -incluidos los trabajadores a los que representa-. Ni siquiera tiene la necesidad de explicar el procedimiento mediante el cual ese beneficio económico de la operación inmobiliaria va a repercutir en otros beneficios para los trabajadores a los que representa. Cómo las plusvalías inmobiliarias van a fortalecer los procesos de lucha sindical a los que se refiere. La dirección de la UGT se desconectaba así de cualquier análisis en común con otros espacios ciudadanos críticos y de cualquier responsabilidad en el equilibrio social urbano en pro de su conservación como agente económico solvente en el sistema de propiedad urbana. Quizá en pro, sencillamente, de su propia liquidez. La dirección de la UGT se desconectaba, de hecho, de los discursos críticos acerca de la turistización, la gentrificación, la economía de burbuja y el monopolio hotelero en el centro urbano que constituyen uno de los ejes críticos no solo del área “desobediente” -¡la “ultraizquierda”!-, sino de los movimientos vecinales e incluso -formalmente- del área política institucional con la que teóricamente comparte proyecto. El señalamiento era aun más efectivo porque hacía visible y cínica la postura “del área política institucional con la que téoricamente comparte proyecto”, en tanto en cuanto la operación del traspaso del dominio del edificio desde la UGT a su arrendador hotelero necesitó para hacerse efectiva de la alteración de una norma superior (el Plan General de Ordenación Urbana) mediante una norma menor ad hoc y particularizada (la aprobación mediante un Plan Especial del cambio de uso del edificio y su “adaptación”), que se aprobó con el voto positivo del Gobierno municipal y la abstención del resto de grupos municipales [incluidos Vox, PSOE, Más Madrid y como se llame la escisión de esta: “Comisión Permanente Ordinaria de Desarrollo Urbano y de Obras y Equipamientos. Sesión (002/2022/015) ordinaria, parcialmente no presencial, celebrada el miércoles, 16 de febrero de 2022)”].

Lo relativamente novedoso es que una organización que ha sido crítica con esas prácticas y que se postula como organización de carácter social —UGT— se preste a participar en esos atentados urbanísticos sobre la base de su exclusivo interés económico

El Plan Especial aprobado permite que el edificio, que seguía clasificado como residencial a pesar de su último uso como oficinas y a pesar de estar catalogado como bien de interés cultural y protegido como patrimonio, se reconvierta a uso terciario de hospedaje como apartamentos turísticos. Ese tipo de aprobación es muy habitual y, como tal, fue y es severamente discutida por movimientos vecinales tanto con esta corporación municipal como con la anterior, por cuanto privilegia la seguridad jurídica de los negocios privados sobre el carácter social y distributivo del planeamiento. Nada nuevo, porque es una actuación común y frecuente que se viene legitimando por una lectura del ordenamiento jurídico a conveniencia de quienes, como decíamos más arriba, resultan ganadores en el actual proceso de tensión histórica, y que lo son tanto -tan ganadores- que pueden alterar el ordenamiento sin despeinarse y sin apenas oposición. Lo relativamente novedoso es que una organización que ha sido crítica con esas prácticas y que se postula como organización de carácter social se preste a participar en esos atentados urbanísticos sobre la base de su exclusivo interés económico y sin tener en cuenta cualquier otra posibilidad: Greenpeace cazando ballenas. Y es solo “relativamente novedoso” porque tiene un antecedente cercano. 

Aquí el señalamiento se conecta de forma virtuosa con la desobediencia: solo esta permite señalar la arbitrariedad con que el sistema de propiedad altera o manipula su propio ordenamiento jurídico para favorecer su propio ordenamiento social y económico. Y señala algo más: la patética historia reciente de la UGT, sometida y embridada en un sistema económico, jurídico y financiero que la excluye como agente autónomo y la disciplina en un marco de aceptación de los poderes establecidos. Cuando en los años setenta-ochenta el sindicato saltó de la fábrica y el puesto de trabajo a su establecimiento como entidad paraestatal (no otra es su función dentro del marco de la política de concertación que ser parte en los procesos de negociación de las reformas económicas, aun cuando no le hagan demasiado casito, y como tal recibe inyecciones económicas constantes del Estado) y después financiera, se rindió con armas y bagajes al ordenamiento histórico-jurídico del sistema de propiedad y aceptó jugar un papel subsidario en el mantenimiento del tipo de orden económico en el que juega un papel determinante el aparato inmobiliario-financiero. Casi con seguridad, la inmensa mayoría de personas que llevaron a cabo la acción del 7 de mayo no pensaban en esta cuestión de la identidad sindical, sino más bien en la cuestión inmobiliaria y urbana, y por eso quizá pensaban que la reacción de la dirección del sindicato no sería tan virulenta.

Para evaluar con justicia el proceso que condujo a la UGT a ese papel subalterno habría que hacer historia larga (para eso se puede hacer una lectura crítica de la propia “historia oficial” resumida por encargo del sindicato en el volumen 6 de Historia de la UGT), pero para el asunto que nos ocupa aquí al menos merece la pena situar dos hitos.

El edificio de Hortaleza se adquirió en 1987. Por entonces, la mayor parte de las administraciones públicas -incluidas las madrileñas- estaban en manos del supermayoritario PSOE del felipismo, que arrasaba en el ámbito electoral, con participación de ugetistas, muchos de los cuales ocuparon cargos de representación política. Aunque ya relativamente dañado, subsistía el binomio partido-sindicato, PSOE-UGT, que había guiado hasta entonces el proyecto socialista. En este, jugaba un papel central la figura del sindicato como condensador y representante reconocido de “toda la clase”, al estilo alemán, con poder de negociación e incluido como factor en el diseño institucional y económico del sistema y como referente único de la relación capital-trabajo. Era un elemento estratégico que no pudo culminar porque la Transición no dio como resultado un único sindicato abrumadoramente mayoritario, sino al menos dos a nivel estatal y otros a nivel territorial (la arquitectura del “sistema” flojeó por este lado, no así por el lado del partido, en cuanto que el PSOE fue capaz de ocupar todo el escenario de representación). La imposición unilateral de las políticas del partido al margen del sindicato fue uno de los factores que provocarían distanciamiento entre ambos, pero aun así la arquitectura institucional resultaba lo suficientemente favorable para el sindicato como para permitirle trabajar en su progresiva “germanización” hacia un sindicato no solo representativo, sino con capacidad de actuación sobre un conjunto mayor de condiciones de vida de “la clase” (identificada, eso sí, con sus afiliados): fue su apuesta por un sindicato de servicios (un “proveedor de realidad” para sus afiliados: vivienda, seguros, viajes, formación, ocio y vida cotidiana de la “clase obrera”) que conduciría a su dirección a montar una corporación que incluía empresas de formación junto a una aseguradora, una agencia de viajes y una cooperativa de viviendas, para lo que no solo aprovechaba las cuotas de afiliación (marginales en su economía), sino sobre todo la capacidad de financiación derivada del sistema de representación sindical y las subvenciones estatales, a lo que habría que sumar entonces la inyección de 10.000 millones de pesetas (60 millones de euros) por la devolución del patrimonio sindical robado por la dictadura. Mucho dinero para operar, y un contexto supuestamente amigable para hacerlo. Comprar un edificio a precio de chollo (120 millones de pesetas, 720.000 euros) en el centro de Madrid, y obtener un crédito (300 millones/1,8 millones) de una banca en plena reestructuración a la que no le convenía ser enemiga del poder político, era una operación relativamente sencilla y poco gravosa para la economía del pujante sindicato hermano del poder mayoritario, con el que estaba colaborando en el proceso de reconversión económica e industrial. La mayoría social electoral, de hecho, era muy favorable a ambos, a pesar de fuertes pero paradójicamente inútiles resistencias a su izquierda.

La prepotencia del partido y su definitiva y agresiva opción por el neoliberalismo económico (o la decepción sindical por su tratamiento como subordinado) fueron creando distancia en el matrimonio socialista, es historia contada y sabida. Esa historia incuye el caso PSV, la corrupción y el enjuiciamiento de cargos de la UGT y de sus corporaciones, el salvamento in extremis del sindicato por parte del Gobierno, su endeudamiento y la dilapidación del poder económico y el patrimonio sindical. Una historia que a la propia UGT le cuesta contar, evidentemente, y que dio al traste con buena parte de su proyecto estratégico como sindicato de servicios y condensador de “toda la clase”. Las versiones respecto a que ese mismo proceso “ató de manos” la acción sindical de la UGT es demasiado paternalista o, del otro lado, benevolente con el sindicato: le restó poder, pero no le limitó ni obligó a cambiar un ápice en su concepción de sindicato de concertación. UGT es el tipo de sindicato que quiso ser. Y en ese tipo de sindicalismo, la propia organización está muy por encima de otras consideraciones: su propio interés como organización (y su arrogancia como representante “de clase”) legitima cualquier acción en su conveniencia “privativa”.

La UGT-empresa es condición sine qua non para la UGT-sindicato

Quizá así sea más fácil de entender por qué a la dirección de la UGT no le supone ningún problema participar en la economía especulativa de las ciudades y operar como un mero agente económico en busca de beneficios y liquidez a través de operaciones inmobiliarias, ni por qué considera que el patrimonio sindical a su nombre es exclusivamente de su propiedad y no le debe nada a nadie, ni siquiera explicaciones. La UGT-empresa es condición sine qua non para la UGT-sindicato.

Aunque no fuera el motivo central, esa es la historia que la accion del 7 de mayo señala también: cómo una organización sindical se ve envuelta en el juego de la especulación inmobiliaria. Porque, a pesar de su comunicado rabioso y autorreferencial, la dirección de la UGT sabe que las operaciones patrimoniales de carácter especulativo son impropias de lo que dice representar: el carácter “de clase” de los y las trabajadoras afiliadas a su organización.

¿Los juegos económicos con el capital urbano-financiero para obtener beneficios con el patrimonio sindical son impropios de una organización que dícese obrera? La acción del 7 de mayo presentaba esa pregunta. Y la respondía: sanear la economía de la corporación sindical mediante la especulación inmobiliaria debería ser un recurso vergonzante en un Madrid devastado por la prepotencia del dinero. Hacerlo sin un debate público, como una operación “técnica”, sin posibilidad siquiera de buscar alternativas, es, sin embargo, un procedimiento demasiado asentado en las organizaciones sociales que pillaron postura en aquella historia de constitución del orden económico, jurídico, cultural, social, emocional en el que vivimos y que nuevos protagonismos sociales impugnan con las herramientas a su alcance. Señalarlo escuece, pero no lo hace menos cierto.

Centros sociales

Y es aquí donde se sitúa la tercera pata de la acción del 7 de mayo, en los hechos diferenciales y organizativos de cómo viven nuevos protagonismos sociales en este orden. La proposición antagonista y creativa.

Estos nuevos protagonismos no se cortan en cuestionar un pilar básico del orden: el derecho omnipotente de la propiedad (que ni siquiera es lo mismo que el derecho a la propiedad). Si el sistema de propiedad delimita las posibilidades de la vida buena, en común, no solo no merece respeto, sino que merece una oposición activa. ¿Cómo y para qué? La acción desobediente para constituir centros sociales comunica unos contenidos críticos (los de más arriba, en este caso, por ejemplo) al tiempo que ofrece un espacio de imaginación y participación colectiva para la experimentación y construcción de modelos de socialidad crítica. Eso, por lo menos, y en cada caso. La literatura respecto a lo que cada tipo de centro social promueve es amplia, y no la vamos a sustituir aquí: es preferible que hablen las propias fuentes de cada caso. Valga con resumir un repertorio de cosas que los centros sociales autogestionados han dicho de sí mismos que quieren ser para comprobar su diferencia básica con la defensa de los intereses privativos: espacio de encuentro y participación (territorial, barrial, metropolitano...); espacio activista/militante; espacio de experimentación social; de construcción de comunidad (más o menos antagonista en cada caso) frente al aislamiento y la fragmentación social; de prácticas culturales y vitales alternativas; de encuentro de quienes no tienen otro espacio disponible; de desarrollo de la capacidad crítica; de impugnación del orden social-urbano; de fortalecimiento de un área política; de acceso no mercantil a los saberes y culturas sociales; de socialización; de debate y extensión del pensamiento contemporáneo; de articulación de políticas alternativas (u otras formas de hacer política); de empoderamiento de sectores subalternos o marginalizados; feministas; ecologistas; juveniles; intergeneracionales; contraculturales; de aprendizaje y apoyo mutuos... En algunas propuestas se encuentran todas las componentes anteriores y todavía más, en otras no. Algunas propuestas de los centros sociales juntan muchas cosas en un solo sitio, otras van más al detalle, no todas son iguales, no todas coinciden en los objetivos, pero todas saben de las demás que son hermanas y que la lucha es larga y es difícil, pero merece la pena... Les une un deseo antiguo: no conformarse con la realidad que toca vivir cuando esta realidad produce daños y desigualdad, inventar modos de organización social más democrática, imaginar un mundo nuevo.

Lo mejor, para acabar de hablar de la propuesta que movilizó el 7 de mayo, será remitirse a textos originados en su interior, para que sepa la UGT la ocasión que perdió...

“Normalizamos que la propiedad privada está por encima de otros derechos (vivienda, servicios básicos o directamente el derecho la vida digna) y que por el beneficio económico se justifica todo: la explotación de las mujeres para mantener aseados-comidos a sus hombres y niños/as/es, el expolio de los recursos del sur para mantener el nivel de vida en el norte, las fronteras que dejan pasar bienes pero no personas, la falta de acceso a servicios básicos para todas... Y así la economía, lo que debería ser simplemente un sistema eficiente al servicio de la sociedad, se come a la sociedad. Sus normas y valores restablecen las prioridades.”

“Los años de pandemia que llevamos a nuestras espaldas, el auge de la extrema derecha, el desmantelamiento de los servicios públicos y la precarización de la vida, nos han llevado a un repliegue de los movimientos sociales. La única forma que encontramos para poder salir de esta situación es en común, creciendo, juntándonos y ampliando nuestras alianzas. Necesitamos espacios en los que identificar las problemáticas que nos atraviesan, imaginar alternativas para revertir las políticas neoliberales que nos gobiernan y juntarnos para ser más fuertes ante los embates de las crisis venideras” (comunicado que emitió La Ingobernable al inicio de la acción).

Esta es una historia larga. Tiene memoria. Y va a seguir.