Renta básica
¿Rescatar a Milton Friedman? El Ingreso Mínimo Vital desde una relectura del “impuesto negativo” con Foucault

Cualquier persona familiarizada con el ajedrez reconocerá la importancia de prevenirse ante la situación de ahogado, aquel lance donde quien ha de mover ficha comprueba que no le han dado jaque al rey pero tampoco le han dejado movimiento legal alguno que efectuar. Y ello porque las casillas a las que puede desplazar sus piezas están, bien ocupadas por otras que no se pueden eliminar (ya sean propias o ajenas), bien amenazadas por piezas que darían jaque al rey, bien simplemente bloqueadas (por cuanto el desplazamiento a ellas de piezas que protegen al rey lo dejarían en jaque). Dadas su peculiaridad y relativa rareza, la situación de ahogado es un clásico objeto de estudio en las secciones de los tratados ajedrecísticos dedicadas al final de las partidas, por más que hoy la regla universalmente aceptada sea que el rey ahogado conduce a un resultado de tablas, las denominadas “tablas por rey ahogado”.

Con la intención de prevenir ante un desenlace social similar, en estas líneas indago la naturaleza e implicaciones políticas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida estrella del acuerdo de gobierno PSOE-Unidas Podemos cuya ejecución parece inminente como parte del “escudo social” para “no dejar a nadie atrás” (objetivo y discurso del todo loable, dicho sea de entrada).

Dos parecen ser las fuentes de inspiración directa de este IMV: la primera, que se presenta a sí misma como “técnica”, es el estudio sobre las Rentas Mínimas en España que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) publicó en 2019, cuando aún la presidia quien apadrina esta medida, el hoy Ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá; la segunda, abiertamente política, hay que buscarla en el documento “Por una nueva socialdemocracia” con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias del PSOE en 2017 y en cuyo punto 78 se leía:

Apoyando la propuesta del PSOE de un Ingreso Mínimo Vital, [...] habría que valorar la viabilidad de un sistema de Transferencias Fiscales (también llamado Impuesto Negativo sobre la Renta), en el que se fijara, de acuerdo con el nivel de pobreza existente en estos momentos, un objetivo de renta mínima para todos los ciudadanos, con derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia relacionada con la diferencia entre los ingresos anuales que sean menores (sean éstos por trabajo, subvenciones, etc...) y ese mínimo garantizado por persona, con un compromiso de ir aumentando su techo en el futuro, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las necesidades sociales.

En estos tiempos tan dados a bulos es de agradecer que el actual Presidente del Gobierno ofreciera una prueba de paternidad tan transparente de su concepción del IMV. Y es que, sin olvidar su formulación inicial como “nuevo contrato social” por Juliet Rhys-Williams en Something to Look Forward To (1943), hablar de “impuesto negativo” remite ineludiblemente a Milton Friedman, figura fundamental de la escuela de pensamiento neoliberal.

Pues bien, si el rescate a los colectivos vulnerables comporta un rescate de las ideas de Friedman, propongo abordarlo a través de una relectura de Nacimiento de la biopolítica (Akal, 2009), la obra que recoge las lecciones sobre historia política contemporánea impartidas por Michel Foucault en el Collège de France en 1979. De este modo, mi interpretación crítica del IMV comenzará por recordar el examen de la racionalidad gubernamental neoliberal que aborda el filósofo francés, para luego abordar su análisis de la individualización de y por las políticas sociales, de la que el “impuesto negativo” propugnado por Milton Friedman resulta paradigmático. Retomando la metáfora ajedrecística inicial, ello nos permitirá vislumbrar una lógica política que sintetizo con el término neutralización, entendido según la tercera acepción de “neutralizar” que recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: “Anular, controlar o disminuir la efectividad de algo o de alguien considerados peligrosos”.

Racionalidad gubernamental (neo)liberal

Hablar de racionalidad gubernamental neoliberal implica para Michel Foucault trazar una “historia bisecular del liberalismo” cuyo punto de partida sitúa a mediados del siglo XVIII pero cuyo renacimiento, dos siglos después, remite al el ordoliberalismo alemán, “porque, por paradójico que sea, la libertad en esta segunda mitad del siglo XX, o el liberalismo, para ser más exactos, es una palabra que nos viene de Alemania”.

En este punto, conviene precisar la definición global del neoliberalismo que propone Foucault, para lo cual estimamos sugerente partir de aquello que el autor francés se cuida en aclarar que no es: “El neoliberalismo no es Adam Smith; el neoliberalismo no es la sociedad mercantil; el neoliberalismo no es el gulag en la escala insidiosa del capitalismo. […] El problema del neoliberalismo, [...] pasa por saber cómo se puede ajustar el ejercicio global del poder político a los principios de una economía de mercado”.

Con tal fin, el neoliberalismo introduce transformaciones de calado en la doctrina liberal clásica, empezando por una renuncia expresa al imperativo del laissez-faire con vistas a la creación de las condiciones de una competencia mercantil ya no considerada como un elemento natural, dado. Según Foucault, la expresión más acabada de esta suerte de activismo gubernamental se halla en la afirmación de Leonhard Miksch de que “en esta política liberal bien puede ser que la cantidad de intervenciones económicas sea tan grande como en una política planificadora, pero lo diferente es su naturaleza”.

Política social privatizada

Para introducir las líneas maestras de la política social propugnada por el ordoliberalismo conviene contrastarlas con las del Estado de bienestar que en las primeras décadas del siglo XX se consolida en EEUU y parte de Europa. Según Foucault, el welfare no se concibe en modo alguno como externo a unos procesos económicos supuestamente intocables, sino que se marca como objetivo ejercer “un contrapeso a procesos económicos salvajes […] que en sí mismos van a inducir […] efectos destructivos sobre la sociedad”. En cuanto a sus instrumentos de intervención, son básicamente la socialización del consumo y de los ingresos con una inequívoca visión redistributiva. Finalmente, esta política social podría calificarse de expansiva en la medida en que contempla profundizar en dicha redistribución a medida que se alcance un mayor crecimiento.

Frente a ello, los ordoliberales rechazan de plano cualquier objetivo redistributivo imbuido por principios de igualdad, hasta el punto de que Foucault atribuye a Wilhelm Röpke la afirmación “La desigualdad es la misma para todos”. Así pues, vía libre a la desigualdad con la sola provisión de un magro colchón económico para quienes toquen fondo. El instrumento básico para ello será la privatización, impulsando el autoaseguramiento individual y la propiedad privada para desembocar en lo que Foucault llama “una individualización de la política social, una individualización por la política social en vez de […] esa colectivización y socialización por y en la política social”. En definitiva, la “economía social de mercado” (Müller-Armack) comporta una intervención decidida sobre la sociedad con vistas a que esta se pliegue al mercado como regulador social general. Este “tránsito de la `vida del mercado’ al `mercado de la vida’”, en palabras de López Petit, será sintetizado por Foucault como sigue:

La sociedad regulada según el mercado en la que piensan los neoliberales es una […] en la cual el principio regulador no debe ser tanto el intercambio de mercancías como los mecanismos de la competencia. […] Se trata [...] de alcanzar una sociedad ajustada no a la mercancía y su uniformidad, sino a la multiplicidad y la diferenciación de las empresas.

El impuesto negativo de Milton Friedman

Pasemos ahora a aterrizar lo expuesto a través del examen que Foucault realiza del impuesto negativo que Milton Friedman propone en su obra Capitalism and Freedom (University of Chicago Press, 1962). Este subsidio gubernamental complementario a la caridad privada promovería una original integración de impuestos y prestaciones sociales en forma de tasación negativa (esto es, de ingreso económico) de carácter incondicional para aquellas personas que no alcanzaran un cierto umbral de renta.

La idea de que todo el mundo debería presentar la declaración de la renta supone eliminar el umbral de ingresos como dispensa tributaria para las personas más empobrecidas para reintroducirlo como punto de referencia de un control individualizado de ingresos que permita asignarles una prestación complementaria hecha a medida.

Hagamos cuentas: partiendo de los 600 dólares que Friedman toma en 1962 como umbral de referencia, la idea es que a quienes ingresen menos se les aplique un tipo impositivo negativo del 50% sobre la diferencia hasta dicho umbral. Así, si alguien declarase 0 dólares de ingresos tendría garantizados incondicionalmente 300 dólares (el 50% de 600, la diferencia respecto del umbral de referencia), siendo este el suelo por debajo del cual nadie podría caer. A partir de ahí, al declarar algún ingreso se produciría un efecto de progresividad por el que cuanto más se ganara, más crecerían los ingresos globales merced al impuesto negativo: si alguien percibiera 300 dólares, el Estado le otorgaría 150 más (el 50% de la diferencia hasta 600), aumentando sus ingresos globales hasta 450 dólares; pero si llegara a ingresar 500 dólares, el Estado le abonaría 50 más (el 50% de los 100 que le separan del umbral) hasta reunir en total 550 dólares. ¿Cuál es para Foucault el propósito de esta manifestación progresiva de la individualización de y por la política social?

[P]rocurar que la gente no tome esa asignación complementaria como una suerte de medio de vida que les evite buscar trabajo y reintegrarse al juego económico. […] Entonces, toda una serie de modulaciones, de gradaciones, hacen que el individuo […] tenga [...] suficientes motivaciones o, si se quiere, suficientes frustraciones para que […] siempre le resulte preferible trabajar a recibir una asignación”.

La primera conclusión sobre la política social neoliberal que Foucault extrae de aquí es que el impuesto negativo muestra una absoluta indiferencia ante las causas de la pobreza, dedicándose única y exclusivamente a aplacar sus efectos a escala individual, tal y como reconoce Friedman: “...si el objetivo es aliviar la pobreza, deberíamos tener un programa dirigido a ayudas a los pobres. […] Es decir, el programa debería diseñarse para ayudar a la gente en cuanto gente, no en cuanto miembros de grupos particulares de ocupación, edad, rango salarial, sindicatos o industrias”.

Tres aspectos destacan de este enunciado: primero, que de tanto concentrarse en la pobreza, se pierde completamente de vista la riqueza: cuánta hay, cómo se reparte, quiénes la detentan...; segundo, que el objetivo respecto de la pobreza es plenamente neutralizador, no planteándose erradicarla o al menos combatirla, sino sencillamente aliviar un peso que de todos modos hay que acarrear; y tercero, que dicho alivio de la pobreza pasa por una acción restringida a los pobres en cuanto pobres, una especie de cuarentena social para que la pobreza de la que son portadores no contagie al desenvolvimiento espontáneo del juego mercantil. En definitiva, la política social neoliberal toma buena nota de aquello que decía el teólogo de la liberación Hélder Câmara: “Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista”.

En segundo lugar, Foucault recalca que el impuesto negativo establece un umbral que marca “una seguridad general, pero por abajo”, en contraste con la seguridad social universal de los sistemas de bienestar. Así pues, una vez superado ese limes individualizado y progresivo ideado por Friedman, para Foucault el resto de la gente quedaría abocada a la competencia como principio rector de la sociedad regulada por el mercado:

Una sociedad formalizada a la manera de la empresa —y de la empresa competitiva— será posible por encima del umbral, y habrá simplemente un piso de seguridad, vale decir la anulación de una serie de riesgos a partir de determinado umbral fijado por lo bajo. Tendremos entonces una población [...] flotante infra- y supraliminar, […] que constituirá, para una economía que ha renunciado justamente al objetivo del pleno empleo, una reserva constante de mano de obra a la que llegado el caso se podrá recurrir, pero a la que también se podrá devolver a su estatus en caso de necesidad.

Con todo, no deberíamos asumir que la guerra entre pobres así dibujada quedaría circunscrita a los “empresarios de sí mismos” que hemos ubicado por encima del umbral. Y es que la tercera lección que Foucault extrae es que, al poner en el punto de mira solo a los empobrecidos y abandonar cualquier propósito redistributivo global, el impuesto negativo comporta un halo de estigmatización “que reintroduce la categoría del pobre y la pobreza que […] todas las políticas más o menos socializantes o socializadas desde finales del siglo XIX habían tratado de enjugar”.

He aquí, pues, el caldo de cultivo para desempolvar la noción de “los pobres indignos”, cuya historia disecciona Michael Katz en su obra homónima de 1989 The Undeserving Poor. Según Katz, el debate sobre la pertinencia de clasificar a los pobres “por sus méritos” surge en EEUU en las primeras décadas del siglo XVIII y se asienta a principios del siglo XX a medida que “la idea bíblica de que la pobreza siempre nos acompaña” va dejando paso al “descubrimiento de la abundancia”. Ello plantea una distinción entre “pobres dignos” (mujeres, niños y personas imposibilitadas para trabajar) y “pobres indignos” (que “se granjean su propia pobreza” debido a sus “deficiencias personales —morales, culturales o biológicas—”) cuyas lagunas empíricas quedan eclipsadas por su funcionalidad para el statu quo:

[Estas clasificaciones] ofrecen un blanco familiar y disponible sobre el que desplazar la rabia, la frustración y el miedo; demuestran el vínculo entre la virtud y el éxito que legitima la economía política capitalista; y, al dividir a la gente pobre, evitan que se coaliguen en una fuerza política unificada. Además, las condiciones estigmatizadas y el tratamiento punitivo ofrecen poderosos incentivos para trabajar, cualesquiera que sean los salarios y las condiciones.

En definitiva, frente a las habituales denuncias de la exclusión social, lo destacable de la propuesta neoliberal del impuesto negativo es que en rigor no excluye, sino que instaura lo que cabe llamar una inclusión neutralizadora, que encasilla a los empobrecidos sofocando cualquier tentativa de movimiento (incluida la retirada). Como sintetiza Foucault:

Una especie de contrato social al revés, por cuanto en el contrato social forman parte de la sociedad quienes […], virtual o efectivamente, lo han suscrito, hasta el momento en que se excluyen de él. En la idea de un juego económico tenemos lo siguiente: en el origen, nadie tuvo interés en formar parte del juego económico y, por consiguiente, toca a la sociedad y la regla de juego impuesta por el Estado hacer que ninguna persona sea excluida de ese juego, dentro del cual se ha visto atrapada sin que nunca hubiera querido de manera explícita participar en él.

Semejante encasillamiento nos devuelve a la partida de ajedrez que dejamos pendiente (ahogada) al comienzo de estas líneas. Y es que acaso lo más significativo de la situación de ahogado allí descrita es la polémica secular que ha rodeado su interpretación a lo largo de la historia del ajedrez. Así, la Wikipedia recoge el compendio de concepciones históricas de esta situación que realiza H.J.R. Murray en su clásico de 1913 A History of Chess.

Entre ellas, por supuesto, se encuentra la regla de las “tablas por rey ahogado”, cuyo origen se sitúa en la Italia del siglo XIII. Al margen de ella, Murray se remonta al chaturanga, predecesor del ajedrez nacido en India en el siglo VI d.C., para encontrar la primera concepción de este lance como victoria para quien lo administra. Esta interpretación se extendería luego por la Arabia y Europa medievales, con el matiz señalado por el ajedrecista Luis Ramírez de Lucena en el siglo XV de que en las partidas con dinero de por medio el “mate ahogado” se consideraba una victoria menor (y reportaba la mitad de las ganancias). En las antípodas de esta visión, Murray sitúa en la India del siglo IX la primera concepción del rey ahogado como victoria para quien lo recibe o, para ser más exactos, derrota para quien lo ejecuta, concepción que se extendería luego a Rusia y Europa Central hasta llegar a Inglaterra en el siglo XVII.

Esta suerte de derrota autoinfligida es a mi juicio la interpretación que mejor corresponde a la cerrazón gubernamental (en España, en la UE y más allá) a debatir sobre una Renta Básica Universal1 que redefina (y emancipe) el trabajo socialmente valioso que hoy, en plena pandemia mundial, es precisamente el que vemos que sostiene la vida, dentro y fuera de los hospitales. En este sentido, mi valoración del mate ahogado que el IMV promete administrar a la pobreza en España (y que ya administra en el País Vasco, según sostiene Ulibarri basándose en estadísticas del modelo vasco de rentas mínimas) coincide plenamente con la que Arthur Saul le dedicó en 1614 en su tratado The Famous Game of Chess-Play: “Debo advertir a quienes estén deseosos de practicar este juego que presten atención a no dar mate ahogado, a menos que quieran hacerse acreedores de una vergüenza que solo se pasará tras mucho sonrojo”.

Notas

1 La literatura sobre la Renta Básica Universal (RBU) es abundante, por lo que aquí solo apunto cuatro referentes recientes especialmente estimulantes. Para empezar, es ineludible citar las aportaciones de la Red Renta Básica, entre las que destaco la que en 2017 firmaron Raventós, Arcarons y Torrens con una amplia elaboración conceptual y empírica (incluyendo amplios detalles financieros). Junto a ella, César Rendueles plantea en Minerva en 2019 interrogantes agudos sobre el proyecto político en que cabe insertar la RBU, y Raúl Sánchez Cedillo ofrece algunas respuestas de coyuntura revisando la RBU como “renta de emancipación” ante un confinamiento que llega a identificar como “una huelga general por fuerza mayor”. Finalmente, David Graeber concluye su obra Trabajos de mierda (2018) con una asimilación de la RBU a la palabra de seguridad (“naranja”, en este caso) que permite interrumpir un juego sadomasoquista siempre que se desee:

La cuestión es, por tanto, ¿cuál sería el equivalente de poder decirle «naranja» a un jefe? ¿O a un insufrible burócrata, a un odioso asesor académico o a un novio maltratador? ¿Cómo podemos crear juegos a los que nos apetezca jugar y que podamos abandonar en cualquier momento? En el ámbito económico, por lo menos, la respuesta es obvia: todo el sadismo gratuito de las políticas del cargo se basa en la imposibilidad de poder decir «dimito» sin sufrir consecuencias económicas. [...] En este sentido, la renta básica ofrecería a los empleados la posibilidad de decir «naranja» a sus jefes”.