Burbuja inmobiliaria
Frente a la ofensiva de la propiedad inmobiliaria organizada, sindicalismo

Las estrategias de defensa del derecho a permanecer en nuestras casas interpelan directamente a la propiedad, a sus intermediarios y a los que utilizan la vivienda como vehículo de inversión.

Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Sindicat de Llogaters i Llogateres

publicado
2018-06-18 12:24:00

Lejos de haber dejado atrás los duros años de la crisis social y económica, la realidad es que la precarización de la vida sigue avanzando y tomando nuevas (o no tan nuevas) formas, que en los últimos dos años se materializan en una asfixiante burbuja en los precios de los alquileres. La vivienda, pues, sigue siendo, ya de forma endémica a nuestro sistema político y económico, la frontera reina de desposesión de los habitantes de nuestras ciudades: desposesión del derecho a una vida y vivienda digna frente a la acumulación de la riqueza en manos de la propiedad organizada. Mientras que al inicio de la crisis el dispositivo de desposesión material por excelencia fue el endeudamiento privado, ahora se ha trasladado al campo de la extracción de las rentas del suelo urbano, tomando como síntoma más claro el aumento especulativo de los precios de unos alquileres que ya han llegado a techos históricos.

Hoy, muchas nos vemos forzadas a abandonar nuestras casas, nuestros hogares, frente a la no renovación de un contrato o un aumento de precio abusivo, en forma de desahucio invisible. Nos cobran fianzas impagables para poder acceder a un techo, por no hablar del examen al que somos sometidas para obtener las llaves de un piso, ni del racismo recalcitrante que impera en el negocio inmobiliario, dejándonos en una situación de vulnerabilidad total. Nos condenan a contratos cortos, a una vida inestable y nómada, que degrada la vida comunitaria de los barrios. Nos sacan hasta el último céntimo para cobrar sus rentas, siendo los ciudadanos del Estado español los que mayor proporción de los salarios dedicamos a pagar el alquiler, especialmente los jóvenes que dedican un 60% de media. Esta tasa de sobrecarga brutal asfixia nuestras vidas, para el lucro de muy pocos.

Frente a los abusos de la propiedad organizada están surgiendo diferentes iniciativas ciudadanas, grupos de vivienda y sindicatos de inquilinas que luchamos día a día, nos apoyamos mutuamente e ideamos estrategias de resistencia y ofensiva para la auto-tutela de nuestros derechos más básicos: el derecho a una vida digna bajo un techo, a habitar la ciudad y nuestros barrios.

Entendiendo el problema: breve análisis de la coyuntura


Uno de los relatos falsos y dominantes que buscan explicar la situación actual, es que este fenómeno es inherente a la lógica de crecimiento urbano natural de las ciudades más internacionalizadas del mundo, como son etiquetadas Madrid o Barcelona. Pero, nada más lejos de la realidad, en todas las ciudades del estado la emergencia habitacional se está agudizando: prueba de ello es el aumento de los precios de los alquileres, que se sitúa en índices que rondan entre el 15% y el 20% anual en las grandes ciudades del Estado. En este sentido, para afrontar estas subidas, el inquilinato se está empezando a organizar, con la creación de Sindicatos de Inquilinas en Gran Canaria o en ciudades como Málaga e Iruña, y la activación del naciente movimiento inquilino en infinidad de otras ciudades repartidas por el territorio que están experimentando tendencias de aumento de precios similares a las de Barcelona y Madrid.

Supuestos expertos en la materia, aliados y ligados al negocio inmobiliario, afirman que este aumento en los precios de los alquileres se debe a una recuperación económica –será, en todo caso, a una recuperación de la economía especulativa, puesto que los salarios no han aumentado ni por asomo en proporción a los alquileres. Aseguran estas voces que el fenómeno responde a un re-equilibrio entre la demanda en aumento y la supuesta escasez en la oferta, pero no hace falta ir muy lejos en la historia para comprobar que entre 2007 y 2013, mientras la demanda se duplicaba, los precios no paraban de bajar. Es más, nos dicen que es un problema de los barrios céntricos “cool”, donde las clases medias son expulsadas a las periferias generando un efecto en cadena que termina por expulsar a los habitantes de las periferias trabajadoras. Ésta es también una lectura miope que centra el foco en una batalla entre inquilinas que están por igual sometidas a la lógica del mercado. Por mucho que nos digan, viendo los casos que están llegando a las puertas de los Sindicatos, éste es un problema que afecta simultáneamente a todos los barrios, desde los más céntricos y turísticos hasta los municipios de las periferias metropolitanas.

Ni es un fenómeno natural, ni una lucha entre centro y periferia. Se trata, sin embargo, de un fenómeno cocinado políticamente, a fuego lento, por las fuerzas que vienen dominado el aparato del Estado y todas sus ramificaciones. Se han promulgado leyes pensadas para facilitar la especulación con el alquiler y profundizar en la mercantilización del suelo urbano, como por ejemplo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A partir de ella se nos deja con el estrecho derecho de contratos de solo 3 años, sin establecer ningún tipo de control respecto las rentas, facilitando la circulación y la revalorización (los ejercicios favoritos del capital financiero). Otro ejemplo es la recién aprobación por el senado de la Ley Antiocupaciones, con los votos a favor del PP, C’s, PNV y PDECat, que de facto agiliza los desahucios judiciales y criminaliza todas las ocupaciones poniéndolas al mismo saco que las mafias, cuando las últimas solamente entre el 10 y 25 % de las ocupaciones han sido identificadas como conflictivas, según un estudio reciente del Institut Cerdà. No solamente se legisla a favor de la “libertad” de la propiedad para especular con sus activos sino que se les dan todas las facilidades: ¿beneficios fiscales a las SOCIMIS? ¡Especule gratis!

Jamás ha existido un consenso para establecer, como en otras economías europeas comparables a la española, una política pública de vivienda dotada de un parque de vivienda social de alquiler que represente un 30% del parque total de vivienda disponible, el mínimo necesario para influenciar el mercado. Jamás se ha planteado un cambio profundo y cultural, por el que la vivienda pública no es una solución para las personas que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad habitacional, sino en un modelo de acceso a la vivienda común a toda la población. Por el contrario, los consensos de las élites gobernantes han ido en la dirección opuesta al interés común: generar todas las condiciones para convertir las ciudades y municipios del Estado en casinos abiertos al juego del mejor postor, favorecer la cultura de la propiedad y el endeudamiento, y ningunear la opción de vivir de alquiler. ¿Ha habido alguna reflexión transversal sobre la cuestión de la vivienda tras el estallido de la burbuja y la crisis social que siguió? ¿Alguna apuesta comprometida con el interés común, con el bienestar y la dignidad de los ciudadanos? No. Después de la evidencia de que el modelo basado sobre la hipoteca era una farsa, la historia se repite, ahora con la extracción de rentas del suelo urbano como motor principal.

Actúan comprando fincas enteras, vaciando los bloques de inquilinos, a través de todo tipo de prácticas abusivas y del acoso inmobiliario, para luego volverlas a poner al mercado

Las únicas apuestas comprometidas con la dignidad de todas, con nuestro derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, la representan el movimiento inquilino y el movimiento por la vivienda, que desde los barrios, municipios y ciudades se articula para dar paso a un sindicalismo con un mensaje claro: si ellos están organizados, nosotros también.

Hacia una ofensiva sindical


Aunque lo contado hasta ahora sugiere una continuidad histórica de eventos que han transformado en crónica la situación de emergencia habitacional, es necesario señalar que las condiciones y las formas en las que se ha producido este relanzamiento del ciclo inmobiliario son distintas a las de los años dos mil. La concentración en determinados segmentos del mercado (oficinas, centros urbanos, líneas de costa) y la rápida concentración del capital inmobiliario (inversión extranjera, socimis, sicavs y fondos buitre, entre otros) marcan la diferencia, de manera que hoy nos encontramos ante una serie de agentes de la propiedad que, mediante sus prácticas, nos están expulsando de nuestros hogares.

Las Socimis, acrónimo de las Sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, no son si no un modelo societario diseñado para exonerar a la inversión inmobiliaria del pago del impuesto de sociedades. Sin embargo, el estado ha decidido con este privilegio fomentar un tipo de negocio que no aporta nada ni a la producción, ni al conocimiento ni al trabajo: simplemente es una medida más para crear una sociedad cada vez más desigual. Al mismo tiempo las sicavs, acrónimo de las Sociedades de inversión de capital variable, solo pagan el 1% por el Impuesto de Sociedades y no son controladas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ante el fraude masivo que se estaba produciendo en las sicav, los inspectores de Hacienda abrieron centenares de expedientes en 2004 y debido a esto, en 2005 CIU presentó una enmienda para que estos funcionarios dejasen de investigar el patrimonio de quienes verdaderamente mandan. Desde ese momento ha terminado la política de inspecciones, siendo las Sicav un refugio seguro para la evasión fiscal, e incluso hoy una Socimi puede tener como único inversor a una Sicav. De hecho es muy frecuente que esto se produzca, de tal manera que el inversor evita totalmente el pago de impuestos cuando actúa en el sector inmobiliario. Este es un motivo fundamental del encarecimiento de la vivienda, puesto que las élites económicas han visto allí una fuente segura de beneficios.

Por su parte, nos encontramos habitualmente también con fondos buitre, que más que referirse a una forma jurídica lo hace a un tipo de práctica. Se trata de fondos de inversión, es decir, de la acumulación de dinero de origen nacional o extranjero en una “bolsa” creada entre varios inversores que encargan su manejo a un gestor, cuyo cometido es devolver la máxima rentabilidad a los inversores. Actúan comprando fincas enteras, vaciando los bloques de inquilinos, a través de todo tipo de prácticas abusivas y del acoso inmobiliario, para luego volverlas a poner al mercado (venta) a precios altísimos o aumentar los precios de forma desproporcionada. Los fondos buitres adoptan frecuentemente la formas jurídicas descritas más arriba que, junto con sistemas de elusión a través de paraísos fiscales, les permiten evitar cualquier tributación. Por tanto, se puede concluir que el Estado fomenta estas prácticas antisociales.

Es por eso que creemos necesario romper el “mito” de que la mayoría de los alquileres provienen de pequeños propietarios, de pensionistas que se sacan un sobresueldo o de familias que necesitan el dinero del alquiler para pagar la hipoteca. No negamos estas realidades, pero insistimos en el papel de los grandes propietarios y la propiedad organizada, cuyos efectos se dejan sentir en todo el mercado inmobiliario, desde subidas generalizadas de alquileres a generar un marco o atmósfera propicio a la inversión especulativa por parte de todo tipo propietarios que, grandes o no, nos echan de casa. El tejido, como decimos, es muy amplio: los fondos buitre de capitalidad extranjera, por ejemplo, necesitan contacto con agentes locales (abogados, administradores de fincas) para aterrizar y llevar a cabo sus negocios, mientras que los patrimonialistas locales acumulan decenas de bloques enteros en diferentes ciudades a modo de inversión fija, y también siguen prácticas especulativas.

Es necesario también destacar el papel de los Administradores e Intermediarios de la propiedad (los APIs), inmobiliarias que están sacando tajada de cada nuevo contrato firmado, cobrando honorarios totalmente abusivos.

Hace ya más de un año que los Sindicatos de Inquilinas de Barcelona y Madrid empezamos a organizarnos para hacer frente a los abusos de los agentes del mercado, organizando al inquilinato bajo la clara consigna: ¡Nos quedamos! Porque, si nos echan de nuestras casas, desobedeceremos y nos quedaremos. Porque, si queremos resistir juntas, toda acción que iniciemos pasa por comprometernos con un punto de partida concreto que, en el futuro, pueda abrir nuevos escenarios: una vez embarcados en esta apuesta, nos toca colocar todas nuestras fuerzas para quedarnos.

Anticipación, resistencia, movilización, auto-organización y negociaciones colectivas con vecinos de edificios con un mismo propietario: las estrategias de defensa del derecho a permanecer en nuestras casas interpelan directamente a la propiedad, a sus intermediarios y a los que utilizan la vivienda como vehículo de inversión. Durante este año aprendimos a colocar nuestras fuerzas y desarrollar líneas de actuación que nos han permitido centrarnos, adaptarnos y resistir las ofensivas de quienes nos amenazan. Un año que nos ha servido para acumular pequeñas victorias, para generar alianzas clave y para hacer crecer un movimiento que es imprescindible para proteger nuestras formas de vida.


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Palabras en movimiento es el espacio en el que, desde la Fundación de los Comunes, queremos poner en común y, sobre todo, en discusión, análisis críticos con respecto a la realidad que nos rodea.
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2 Comentarios
#18963 19:04 18/6/2018

https://www.eldiario.es/madrid/entidades-religiosas-ahorrado-IBI-Madrid_0_641486609.html
La izquierda tricornio de Ahora Católicos.
jei, Carmena

Responder
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#19089 10:20 21/6/2018

El período de la noticia y los datos es de 2007 a 2015, poco tenía que ver Carmena con esto... apunta mejor el tiro!

Responder
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