10 nov 2026 11:40 | Actualizado: 10 nov 2026 16:38

Con una degradación generalizada de las condiciones materiales de la clase trabajadora, el coste de la vida disparado y las posibilidades de futuro mermadas, este estallido social es una forma de confrontar al Estado que vivir no puede ser así de difícil. Lo afirma una clase trabajadora diversa, ya no compuesta exclusivamente por el obrero blanco en mono de trabajo que protagonizaba, al menos en el imaginario colectivo, las huelgas laborales del siglo pasado. Parece que ciertos sectores del sindicalismo siguen siendo reacios a la idea de que los movimientos feministas y queer han llegado para quedarse, han ocupado asambleas y cabeceras de manifestaciones, han estructurado sus movimientos y objetivos políticos, y forman ahora un motor esencial de la lucha por la justicia social.

En 2018, la huelga feminista rompía no solo el ritmo de actividad y productividad cotidiana en todo el Estado, sino también la concepción predominante hasta entonces de quién convoca una huelga y cómo se lleva a cabo. Sus formas menos clásicas, empezando por el eje de la huelga de cuidados, ponían de manifiesto el rol crucial del trabajo reproductivo

En 2018, la huelga feminista rompía no solo el ritmo de actividad y productividad cotidiana en todo el Estado, sino también la concepción predominante hasta entonces de quién convoca una huelga y cómo se lleva a cabo. Sus formas menos clásicas, empezando por el eje de la huelga de cuidados, ponían de manifiesto el rol crucial del trabajo reproductivo. Anecdótico en este sentido es el lugar que ocuparon CCOO y UGT, convocando paros de dos horas frente al paro de veinticuatro que llenó las calles de reivindicaciones feministas. Años más tarde, las huelgas de estibadores y de trabajadores de Airbus conseguían importantes avances para la clase trabajadora. Sosteniendo las huelgas productivas hubo importantes esfuerzos, ingratos y poco reconocidos, de trabajo reproductivo. ¿Habrían sido posibles los avances laborales adquiridos si no hubieran existido este tipo de cuidados?

Hay un tufillo rancio en algunas asambleas sindicales que consideran la clase como la “opresión principal”, mientras que el feminismo o lo queer siguen siendo luchas secundarias menos prioritarias: siempre el último punto a considerar, siempre a la cola, solo si queda tiempo para ello una vez alcanzado lo importante.

Lo que estos sectores parecen no entender es qué factores identitarios como el género femenino, lo queer y la racialización atraviesan todas las capas de nuestras vidas, incluyendo el trabajo. La interseccionalidad de la que empezaron hablando las compañeras negras y lesbianas aparece aquí, una vez más, para permitirnos analizar las múltiples discriminaciones que atraviesan a personas con identidades distintas a la hegemónica.

Y sí, sufrimos, pero también nos organizamos: las mujeres y disidencias formamos parte de esa clase trabajadora que está en pie para mejorar las condiciones de vida de todes. Los movimientos sociales muestran, en general, una sobrerrepresentación de mujeres y disidencias de género frente a los varones. Las opresiones atravesadas por el género se entrelazan con las de la clase en una madeja intrincada que nada tiene que ver con una pirámide de opresiones con una desproporcionada base de clase.

Desde hace años, las feministas venimos advirtiendo de que la crisis de vivienda afecta de manera más violenta a las mujeres: de los hogares monomarentales (encabezados por mujeres), el 19,7  % se encuentra en riesgo de pobreza severa después de afrontar los gastos de vivienda, frente al 15,6  % de los hogares monoparentales encabezados por hombres. En el primer caso, además, se tienen más dificultades para pagar el alquiler a tiempo y más retrasos en los pagos del alquiler, hipoteca y suministros. Las compañeras migras también están más expuestas a las violencias del mercado de la vivienda, encontrando muy a menudo dificultades para acceder a la vivienda por el racismo inmobiliario. En el caso de hogares encabezados por personas extranjeras procedentes de fuera de Europa, un 57,6 % cae en riesgo de pobreza severa después de pagar la vivienda, frente al 14,2 % en hogares de origen español.

Las personas queer también muestran una mayor discriminación habitacional, como revela el hecho de que el 35  % de las personas sin hogar en el Estado español pertenecen al colectivo LGTBIQA+, que en la población general mayor de edad representa el 14 %.

La falta de vivienda y autonomía económica son obstáculos para poder abandonar relaciones de violencia de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres se ven obligadas a permanecer bajo el mismo techo que su agresor por no tener alternativa habitacional para ellas o para sus hijes.

Por otro lado, la falta de vivienda y autonomía económica son obstáculos para poder abandonar relaciones de violencia de género, ya que, en muchas ocasiones, las mujeres se ven obligadas a permanecer bajo el mismo techo que su agresor por no tener alternativa habitacional para ellas o para sus hijes. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad (2024), la inestabilidad económica es uno de los principales factores que hacen que las mujeres tarden años (entre cinco y siete) en formalizar la ruptura con su agresor. Además, ser víctima de violencia de género es uno de los factores de riesgo para ser desahuciada.

La mercantilización de la vivienda, el rentismo, los desahucios, la gentrificación y la inacción política del “gobierno más progresista de la historia” dejan desamparadas a estas mujeres. Garantizar una vivienda digna es más que una cuestión de justicia social: es una condición imprescindible para construir nuestras vidas libres de violencia. Porque la vivienda digna es nuestro derecho y su ausencia puede costarnos la vida.

Las desigualdades de género que se observan en materia de vivienda no se dan porque sí: se explican en gran parte por desigualdades en el mercado laboral. La brecha salarial anual se sitúa en el 16,1 % a favor de los hombres; las mujeres y disidencias cobramos menos; en general, trabajamos en los sectores más precarizados y tenemos más contratos parciales y temporales que vienen impuestos por la carga del trabajo reproductivo, del que nos seguimos encargando mayoritariamente. La precariedad no afecta solo en la edad adulta; que se extiende hacia una vejez con pensiones más bajas y menor capacidad económica.

Las huelgas feministas nos enseñaron que el sistema capitalista y la productividad no se sostienen sin el trabajo reproductivo y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres

A muches de nosotres las huelgas feministas nos enseñaron que el sistema capitalista y la productividad no se sostienen sin el trabajo reproductivo y de cuidados no remunerados que realizan las mujeres. Como bien decía el lema de la manifestación de 2018, “si nosotras paramos, se para el mundo”. Ocho años después, tenemos dudas de que ese aprendizaje ocupe un lugar central en la convocatoria del 11 de noviembre. Esta huelga, que se convoca aspirando a impugnar la precariedad estructural a la que nos vemos sometides es, sin duda, también una huelga feminista. Somos las mujeres, y entre ellas las migrantes, y las disidencias de género quienes más sufrimos las consecuencias de la crisis de vivienda en nuestras ciudades; somos nosotres quienes llevamos sobre nuestras espaldas el encarecimiento de la cesta de la compra con nuestros paupérrimos salarios. Por ello, la lucha feminista y sus reivindicaciones no pueden quedar relegadas a ser un mero complemento en esta jornada de huelga.

Como pasó también en 2018 y 2019, el 11N no nace de la iniciativa de CCOO y UGT. Ha sido la presión de los movimientos sociales,en especial del Sindicato de inquilinas y del conjunto de colectivos de vivienda de base, quienes han demostrado una fuerza política y organizativa capaz de torcer el brazo al gobierno y forzar la convocatoria de elecciones generales tras la caída de los decretos Maricarmen. Estos colectivos de base han empujado a los sindicatos mayoritarios a convocar una huelga general como una expresión de asfixia ante el empobrecimiento, cada vez más acuciante, de la clase trabajadora. Las reivindicaciones de este momento desbordan las demandas tradicionales de corte laboral, como vemos, por ejemplo, con la huelga de consumo que se ha propuesto para los miércoles previos al 11N. Esto sirve para recordarnos que la lucha por unas condiciones de vida digna no empieza y acaba en nuestros centros de trabajo, sino que continúa cuando no podemos llenar la cesta de la compra o cuando se nos escapa más del 80 % del salario en pagar un alquiler.

Tampoco queremos pasar por alto el uso partidista que están haciendo de esta convocatoria de huelga tanto los sindicatos mayoritarios, tras catorce años de inacción sindical, como los partidos políticos, a modo de arma electoral capaz de materializar más votos para la izquierda institucional

Somos conscientes de la diferencia que existe entre el trabajo sindical digno que hacen los miles de delegados sindicales y las estratagemas políticas de unos dirigentes sindicales que no solo han perdido la legitimidad para representar a las trabajadoras del Estado, sino que han hecho el ejercicio activo de comportarse como los lacayos de la patronal y del gobierno. Sin embargo, tampoco queremos ser ingenues y pasar por alto el uso partidista que están haciendo de esta convocatoria de huelga tanto los sindicatos mayoritarios, para lavarse la cara después de catorce años de inacción sindical, como los partidos políticos, a modo de arma electoral que pueda materializar más votos para la izquierda institucional.

Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, todo parece indicar que nos encontraremos ante un cambio de ciclo político con la llegada al poder de la derecha y la ultraderecha. No queremos caer en el chantaje al que nos viene sometiendo el PSOE en los últimos tiempos con su amenaza del voto útil, de que son ellos el gobierno progresista que va a parar a la derecha y la extrema derecha. Nosotres sabemos que el PSOE no tiene nada que ofrecernos a las feministas, a las personas queer, racializadas y migrantes, ni a la clase trabajadora. No queremos que nos impongan sus demandas ni subordinarnos a sus estrategias electorales; queremos una demostración de poder popular y de fuerzas de organización construidas desde las asambleas de los barrios.

El 11 de noviembre llega como una huelga por la dignidad. En períodos de desilusión, y estos años lo han sido, la energía popular se organiza. Solo el pueblo salva al pueblo, dicen, y aunque en ningún caso renunciaremos a nuestro derecho a unos servicios públicos dignos y de calidad, también sabemos que el sistema capitalista neoliberal que mercantiliza nuestras vidas nunca va a estar del lado de la clase trabajadora. Paramos la producción y cortamos las ciudades por el derecho a una vivienda digna, por vivir sin el yugo de la precariedad sobrevolándonos. Luchamos por nuestros futuros, por la tranquilidad con que se nos permite imaginar nuestras vidas.

Compañeras, a las calles, que nos va la vida en ello.

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