Opinión
Perú a merced del autoritarismo y a puertas de una dictadura

Perú vive en la última semana una de las más feroces masacres en supuesta democracia. Una veintena de muertos y casi un centenar de heridos dejó la represión policial en diversos puntos del país en los primeros días del régimen de Dina Boluarte, que, en una alianza con la mayoría del Congreso y altos mandos militares y policiales se ha instituido como un gobierno autoritario con prácticas dictatoriales.

¿Cómo llegamos a este momento? Hay que mencionar que, desde el primer día de gobierno de Pedro Castillo, 28 de julio de 2021, sus oponentes electorales representados sobre todo por Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, además de su partido aliado Renovación Popular, se enfrascaron en una guerra por anular las elecciones. Esta guerra se tradujo en acoso permanente a los organismos electorales y el discurso racista y clasista al ser el electo jefe de Estado un profesor campesino. Sus intenciones por anular el voto popular denunciando un supuesto ‘fraude’ no obtuvieron resultados.

Al no lograrlo, empezó el ataque principal desde el Parlamento, desde donde impulsaron investigaciones al entonces mandatario y personajes claves de su círculo más cercano de amigos, asesores y familiares, pero también a congresistas de su bancada, la que terminó rompiéndose por discordancias ideológicas.

Como parte de esa estrategia, impulsaron y lograron una serie de cambios constitucionales y otras leyes para intereses particulares que han allanado el camino para esta crisis que solo es una más o quizá una de las más fuertes por la violencia generada, considerando que en seis años hemos tenido ya cinco presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que renunciar al cargo tras verse envuelto en un escándalo de compra de votos para no ser cesado; Martín Vizcarra, a quien el Congreso cesó tras jugarle una trampa que se revistió de constitucional pero que fue un golpe parlamentario; luego Manuel Merino, quien tuvo que renunciar por presión popular después de dos muertos por represión policial. Su gobierno de facto solo duró cinco días y no tuvo sanción alguna. Se suma después de Merino un gobierno de transición de ocho meses con Francisco Sagasti, que dio paso a Pedro Castillo, electo en elecciones generales con voto ciudadano.

La población esperaba que al dejar el cargo Pedro Castillo se cumpliría la demanda social que desde hace meses llenaba titulares de diarios y redes sociales con la frase: “Que se vayan todos”, pero Dina Boluarte parece distante de esa realidad

Tras su caída, aún incomprensible y con características de suicidio político asumió Dina Boluarte, quien tenía el cargo de vicepresidenta en el gobierno de Castillo y tomó el más alto cargo de la Nación luego de que el profesor fuera cesado por un Congreso que no aceptó su autodisolución ordenada por Castillo en un desesperado intento de impedir que lo cesaran —dicho sea— sin sustento alguno por incapacidad moral.

El gobierno de Dina Boluarte empezó mal, pactando con las fuerzas golpistas del Congreso que desde el 2021 buscaban la vacancia de Castillo (tres mociones de vacancia presentadas, dos de ellas no obtuvieron la votación requerida), saludando a altos mandos militares presentes en la ceremonia de jura del cargo y recibiendo de pie un homenaje. La población esperaba que al dejar el cargo Pedro Castillo se cumpliría la demanda social que desde hace meses llenaba titulares de diarios y redes sociales con la frase: “Que se vayan todos”, pero Dina Boluarte parecía —y parece— distante de esa realidad y, en sintonía con la postura de sus aliados congresistas, no convocó a un adelanto de elecciones inmediata que iba de la mano con el cierre del Congreso (con menos del 10% de aprobación en las encuestas, y duramente criticado). No fue así, las expectativas del pueblo se convirtieron en indignación.

Dina Boluarte y los poderes fácticos no tomaron en cuenta el descontento social. No les interesa. En cambio, anunció la presentación de un proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril de 2024. El estallido social empezó tras ese anuncio.

La interpretación de las acciones de Boluarte es que avala a un Congreso golpista, no se escuchan las demandas de cambio del Congreso ni aquellas que van por una Asamblea Constituyente. Boluarte no solo es más de lo mismo, sino el regreso de un autoritarismo ya conocido que quiere perpetuarse desde hace mucho en el poder y que tiene como protagonistas a las élites del país y grupos políticos posfascistas que derrochan además racismo y odio.

Es muy importante que la comunidad internacional mire al Perú, porque podría estar camino a instalarse una dictadura de la que no se puede ser cómplice

Una masacre se está perpetrando en algunas regiones del país luego que el gobierno de Boluarte declarara estado de emergencia por las constantes y multitudinarias manifestaciones en su contra. Militarizar las calles, ordenar toque de queda en 15 regiones del país, minimizar las protestas, atacar a quienes marchan intentando desacreditar sus voces llamándoles “azuzadores”, “vándalos”, “violentistas”, “radicales”.

Dina Boluarte, el primer ministro Pedro Angulo y diversos congresistas han respondido a las protestas resucitando un viejo fantasma: el terrorismo. Relacionan a ciudadanos con la peor época del país vivida entre 1980 y el 2000 y pone en marcha una persecución política usando a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), brazo de la Policía Nacional, para intervenir locales partidos políticos de izquierda, sindicatos y hasta a Confederación Campesina del Perú para detener personas. Nuevamente, como en la época del conflicto armado criminalizan a los más pobres, a los campesinos, porque el autoritarismo también usa y abusa de la desigualdad histórica. En esta última no lo lograron por presión de la ciudadanía que rechazó los actos de intervención e intento de detención además amparándose en estado de emergencia.

Es un momento clave en el Perú que parece acercarse a una dictadura cívico militar alimentada además por todo un aparato que incluye militarización en las calles, control de algunas instituciones del Estado, apoyo de medios de comunicación en especial de grupos empresariales dueños de gran parte de la prensa escrita de Lima, pero también algunos canales de televisión y radios que son aliados de la derecha política; el gobierno de Boluarte alimenta y justifica la represión social y se vale de un respaldo internacional como el de Estados Unidos, con excepción de países como México, Argentina, Colombia y Bolivia que en un comunicado han dejado claro los cuestionamientos a la detención del expresidente Castillo, la asunción al mando de Boluarte y critican que no se escuchen las demandas sociales. Es muy importante que la comunidad internacional mire al Perú, porque podría estar camino a instalarse una dictadura de la que no se puede ser cómplice.