Opinión
La encrucijada catalana

Son días vertiginosos para los pueblos de la Península. La clase política catalana, empujada por el vendaval representado por el movimiento por la independencia que lleva ya algunos años afirmándose en la sociedad civil, ha decidido dar un salto mortal. Un salto mortal que puede conducir a un ejercicio teórico del derecho de autodeterminación, entendido como una oportunidad para una operación mediática que escenifique el conflicto político en Cataluña.

Decimos que es una operación mediática, porque, pese a lo que pueda parecer ante la histeria reactiva de los medios, nada hace pensar que la Generalitat pudiera ser capaz de enfrentar con éxito a corto plazo una oleada represiva del Estado. Posibilidad que puede materializarse –o no– en función de los apoyos externos que pueda tener el procés ya en la forma de países dispuestos a reconocer la República catalana, ya en la forma de tolerancia y equidistancia internacional que puedan impedir a Rajoy operar la dinámica de represión que, sin duda, tiene en mente.

Hemos de tener presente que el procés catalán es el acto final del ciclo de luchas populares iniciado el 15M. No en el sentido de que el procés capte o represente las reivindicaciones puestas sobre la mesa por el 15M, sino porque opera una deriva que, sin duda, sin el 15M y su presión sobre la clase política catalana no hubiera sido posible. En el 15M, y en su potencia en Cataluña, puede encontrarse la razón para que lo más granado de la burguesía se haya sentido impelida, al albur de la negativa al reconocimiento del Estatut, a jugar a la ruptura, aún sea puramente mediática y no sustancial, y no a la reforma del régimen.

La hegemonía de la burguesía en el procés no está en cuestión: se afirma en la dirección del proceso y en la dinámica parlamentaria de sus etapas

Se trata, por tanto, de un proceso ambivalente y pleno de interrogantes. La misma aprobación de la Ley de Transitoriedad, vacía de significado social, rara avis cuando se supone que se está haciendo una apelación directa al poder constituyente, representa legislativamente la apertura del proceso mediático de ruptura al tiempo que el límite al posterior proceso constituyente.

Es el punto hasta el que la burguesía catalana dice estar dispuesta a llegar, intentando ahuyentar la posibilidad de un vacío legislativo o de poder que pueda posibilitar un desborde. Un desborde que radicalice las posibilidades destituyentes, poniendo en cuestión la misma estructura partitocrática y neoliberal de la política catalana. La hegemonía de la burguesía en el procés no está en cuestión: se afirma en la dirección del proceso y en la dinámica esencialmente parlamentaria de sus etapas.

La apelación directa al “derecho a decidir”, pues, parece limitada a cuestiones que no pongan en cuestión la hegemonía burguesa en la futura República. Tampoco parece capaz de abrir el melón del régimen del 78 como tal, dada la incomunicación de décadas de la izquierda catalana con la estatal y la imposibilidad de que esta última, con Podemos a la cabeza, haga otro papel que el de tratar de ser la cara razonable del régimen.

Aun así, una parte importante del anticapitalismo catalán afirma la idoneidad del procés como dinámica destituyente, y apuesta por la situación de desestabilización que le puede acompañar, como llave para hacer emerger los contenidos sociales y de empoderamiento popular. Habrá que ver si esta estrategia se ve coronada por el éxito en los próximos meses, pero no parece previsible que la burguesía abandone las riendas del proceso ni que esté dispuesta a abrir espacios a la visibilidad de una oposición más sustancial, que será acallada con el recurrente cierre de filas interclasista, típico de los nacionalismos.

En todo caso, no es desde Madrid, desde donde podemos juzgar mejor las posibilidades de los movimientos sociales en Cataluña. Lo que nos compete aquí es desarrollar un discurso a la altura de la situación en resto del Estado, con una visión de conjunto.Este discurso debe articular de manera solvente dos afirmaciones aparentemente difíciles de compaginar: el respeto por el derecho a decidir, como expresión democrática; y el hecho de que los vínculos fuertes entre las clases trabajadoras de un área territorial lo suficientemente amplia, son imprescindibles para enfrentar el creciente poder de una economía capitalista desregulada, sin fronteras y dominada por actores globales como los fondos de inversión o las transnacionales. Es decir, que sin soberanía monetaria, económica y social no hay libre decisión que valga, y esa soberanía presupone una articulación de fuerzas lo suficientemente amplia para enfrentar a los tiburones globales, empezando por la burocracia europea.

Y la izquierda ibérica, pese a todo, tiene una alternativa histórica a dicha contradicción: la alternativa del federalismo que Pi i Margal llamaba “sinalagmático”, es decir, basado en el libre pacto y en el que la mayor parte de las competencias no deben estar ni en el Estado Federal ni en los federados, sino en el municipio, como locus político más favorable para la autoadministración de los ciudadanos y para la conformación de contrapoderes de las clases populares. Justo lo contrario de lo que nos ofrece el neoliberalismo: gestión descentralizada y políglota de decisiones que se toman en espacios supranacionales.

Un federalismo que todas las fuerzas burguesas han dejado fuera del debate. Y que podría tener vinculaciones con nuevas formas de gestión no estatal y popular como el confederalismo democrático kurdo o los municipios zapatistas. Un confederalismo ibérico, levantado por las clases populares y preñado de democracia radical y contenidos socializantes, como alternativa práctica al autoritarismo del régimen del 78 y a la deriva autista, subordinada a los poderes globales, de las burguesías locales.

Decía Paulo Freire: “descubrirse oprimido solamente no es todavía ser libre”. La conciencia presupone la praxis en común y la construcción colectiva. No hurtemos a las clases populares la posibilidad de ser fuertes en nombre de las banderas de la burguesía.