Opinión
Los jueces del Tribunal Supremo nominados por Trump deben expulsarle de la carrera presidencial

Cuando el Tribunal Supremo estadounidense sopesa la inhabilitación de Donald Trump para participar en las elecciones presidenciales de 2024, sus jueces deberían ser inmediatamente conscientes de que su propia legitimidad constitucional, al igual que la de Trump, pende de un hilo. El Tribunal Supremo de Colorado basó su decisión de excluir a Trump de la contienda electoral en un minucioso y extenso examen de los debates registrados durante la época de la Reconstrucción (1863-1877) en torno a la Cláusula de Inhabilitación incluida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. El Tribunal consideró que el apoyo de Trump a los Proud Boys, que desempeñaron un papel clave en los disturbios del 6 de enero de 2021, representaba un caso paradigmático de «insurrección» de acuerdo con la comprensión atribuida al término originalmente en el momento en que se promulgó la mencionada Enmienda. De hecho, la evaluación histórica del Tribunal ha obtenido un apoyo casi unánime de destacados académicos y juristas originalistas, esto es, de quienes postulan que un texto legal debe interpretarse de acuerdo con su comprensión en el momento en que fue jurídicamente adoptado.

En resumen: el originalismo, puro y duro, sirve de fundamento para la exclusión de Trump de la carrera presidencial. Esta realidad exige que el Tribunal Supremo se enfrente a un dilema fundamental y plantea una enorme prueba a los jueces Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, nombrados por Trump. Estos jueces no solo proclamaron con orgullo su adhesión al «originalismo» en sus audiencias de confirmación ante el Senado, sino que su compromiso sirvió de fundamento para repudiar Roe v. Wade y el derecho constitucional al aborto en Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Después de todo, se preguntarán muchos estadounidenses, si el «originalismo» es lo suficientemente convincente como para que la nueva mayoría del Tribunal Supremo prive a las mujeres del control sobre sus cuerpos, ¿por qué no lo es para privar a Trump del control sobre el país?

Trump y sus aliados asumen que los jueces designados durante su presidencia votarán de la forma que más convenga al expresidente. Argumentan que, por el bien de la democracia, el Tribunal Supremo no debería negar a los votantes la oportunidad de elegir al favorito para la nominación presidencial republicana. Y advierten que una decisión que prive al expresidente de la posibilidad de concurrir a la contienda presidencial podría desatar una situación de grave perturbación civil. Pero si los tres jueces del Tribunal Supremo designados por Trump se atienen a sus principios originalistas y votan a favor de inhabilitarlo para desempeñar el cargo de presidente de Estados Unidos, lo que estarían haciendo en realidad es fortalecer la democracia estadounidense y contribuir eventualmente a aliviar las agudas divisiones que desgarran al país, lo cual robustecería a un Tribunal Supremo sometido a estado de asedio. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, podría desempeñar aquí un papel central. Roberts ha dedicado su carrera como presidente a la preservación del papel del Tribunal como un foro para el debate constitucional reflexivo y la toma de decisiones basadas en principios, desplegando al respecto un esfuerzo sostenido.

Aunque el presidente intentó retractarse del comentario, pocos se sorprendieron cuando Biden reconoció el mes pasado lo siguiente: «Si Trump no se presenta, no estoy seguro de que yo lo haga»

Roberts también es perfectamente consciente de que la decisión del caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization ha asestado un duro golpe a esta concepción tradicional del Tribunal Supremo. Sin embargo, la desafección pública se intensificará aún más si Barrett, Gorsuch y Kavanaugh se unen a los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas en la anulación de la decisión de Colorado en medio del enérgico disenso expresado por las juezas Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. Por el contrario, si Roberts puede convencer aunque sea solo a uno de los jueces o a la jueza designados por Trump para que se mantenga fiel a sus profesados principios originalistas y se una a él y al ala liberal del Tribunal, entonces estaría en condiciones de emitir la opinión bipartidista de que Trump sí se unió a una «insurrección» el 6 de enero de 2021.

Al confirmar la decisión de Colorado, los jueces nombrados por Trump dejarían claro que no son meros ejecutores de la voluntad del presidente que los colocó en el Tribunal Supremo mediante la confirmación del Senado y que, pese al escepticismo público prevaleciente sobre la institución, están tendiendo la mano al resto de los jueces en un esfuerzo sostenido para decidir casos difíciles a tenor de los principios fundamentales.

Por supuesto, el propio Trump reaccionaría con indignación ante este desenlace y de hecho ya ha advertido en una diligencia procesal ante el Tribunal Supremo que los esfuerzos para descalificarle amenazan con «desatar el caos y el pandemonio» en todo el país. Sin embargo, su respuesta final puede verse atenuada por los juicios penales a los que se enfrentará en los próximos meses. Los fiscales y los jueces no responderán amablemente a los llamamientos incendiarios efectuados por Trump a aliados como los Proud Boys para que participen en protestas violentas. No obstante, mientras Trump mantenga una relativa calma, seguirá teniendo muchas oportunidades de dirigirse a amplias audiencias y su discurso tendrá una gran repercusión en la campaña presidencial. Trump tiene dos opciones, si el Tribunal Supremo prohíbe su candidatura. Por un lado, puede pedir a sus seguidores que boicoteen las urnas, ya que no podrán votar por su héroe. Por otro, puede llegar a un acuerdo con un candidato republicano en particular y apoyar su elección como la segunda mejor opción de Make America Great Again.

En ambos caso, su posición tendrá consecuencias contraintuitivas. Aunque los verdaderos creyentes prestarán atención a su llamamiento al boicot, este hecho aumentará en gran medida el porcentaje de votos obtenidos por los republicanos moderados, que se presentarán a las primarias y ayudarán a uno u otro candidato o candidata de la corriente predominante del Partido Republicano a obtener la nominación de este. Por el contrario, si Trump designa a un apoderado, su candidato bien podría ganar la nominación del Partido, pero igualmente sufrir para ganar las elecciones generales, si se aferra a la línea «Make America Great Again», ya que los Republicanos deben obtener el apoyo de los votantes centristas en los estados indecisos para hacerse con la victoria. Habría, sin embargo, una consecuencia aún más significativa de la ratificación de la Cláusula de Descalificación por parte del Tribunal Supremo: su impacto sobre Joe Biden. Aunque el presidente intentó retractarse del comentario, pocos se sorprendieron cuando Biden reconoció el mes pasado lo siguiente: «Si Trump no se presenta, no estoy seguro de que yo lo haga». Como reconoce el propio presidente, él tendrá 86 años al final de su segundo mandato, pero sigue convencido de que es la mejor baza del Partido Demócrata para derrotar a Trump.

Pero si el Tribunal Supremo se mantiene fiel a la Constitución estadounidense, Trump no podrá ser candidato a la presidencia de Estados Unidos en las próximas elecciones presidenciales. Un candidato republicano mucho más joven ocupará su lugar, lo cual debería llevar a Biden a reconsiderar su decisión. Una reciente encuesta de Gallup señala que su índice de aprobación a principios de este año rondaba el 39 por 100, lo cual arroja el índice más bajo registrado por cualquier presidente moderno a estas alturas de su primer mandato y constata, por otro lado, que su edad es una de las razones más importantes por las que está sufriendo en las encuestas. Sin Trump en la contienda electoral, el presidente se verá sometido a una intensa presión para salir de escena y abrir las primarias demócratas a candidatos más jóvenes. Si Biden abandona la contienda presidencial, la campaña electoral de 2024 tomará un giro radicalmente distinto. Los votantes no escucharán a Biden y Trump lanzarse los mismos ataques de siempre. Los candidatos demócratas y republicanos mirarán hacia el futuro y defenderán soluciones muy diferentes a los problemas reales a los que se enfrenta la nación en casa y en el extranjero.

Para garantizar que esto ocurra, el Tribunal Supremo debería dar un último paso para cambiar drásticamente las condiciones de la campaña. Los jueces verán el caso de Colorado el 8 de febrero, pero quince estados ya han programado sus primarias para el supermartes, el 5 de marzo. A finales de ese mes, los votantes habrán elegido a más de la mitad de los delegados que participarán en las respectivas convenciones nacionales. Sin embargo, lo habrán hecho escogiendo a candidatos que ya no se presentan a las elecciones presidenciales. Para permitir que los nuevos aspirantes de ambos partidos se presenten ante los votantes, los jueces deberían emitir una orden judicial que pospusiera el Supermartes a principios de mayo y diera a los posibles candidatos la oportunidad de cumplir los requisitos de las respectivas elecciones estatales durante seis semanas. La Convención Republicana se reúne a mediados de julio y la Demócrata en agosto. Eso significa que los estados aún dispondrán de dos meses para celebrar sus primarias en mayo y junio y los candidatos tendrán tiempo de sobra para hacer campaña antes. De este modo, los votantes dispondrán de un conjunto de opciones mucho más significativo a la hora de votar. Además, una vez que los demás candidatos hayan sido designados formalmente, tendrán la oportunidad de participar en una serie de debates serios sobre las cuestiones esenciales en lugar de rehuir los encuentros cara a cara como ha acostumbrado a hacer Trump.

En resumen, si el Tribunal Supremo confirma la decisión de Colorado, no sólo iniciará una larga y dura lucha para reconstruir su propia legitimidad hoy destrozada, sino que robustecerá las energías democráticas del pueblo estadounidense, lo cual puede permitir en todo caso que su eventual elección del presidente de Estados Unidos obtenga el apoyo de la ciudadanía y del Congreso para acometer un programa serio de reforma social y política. Sin duda, estas iniciativas legislativas serán muy diferentes dependiendo de si llega a la Casa Blanca un candidato demócrata o un candidato republicano, pero en cualquier caso la dirección general del cambio estará en manos de los votantes.

En esto consiste precisamente la democracia. Por el contrario, una democracia no puede funcionar, si los presidentes utilizan la fuerza para mantenerse en el poder después de haber perdido las elecciones. Si el Tribunal Supremo da la espalda a la Constitución y permite que Trump se presente a las elecciones presidenciales del próximo 2 de noviembre, no estará fortaleciendo la causa de la democracia, que postula que debe «permitirse que los votantes decidan» su destino político, como han sugerido muchos estudiosos. Por el contrario, los jueces estarían impulsando a Estados Unidos en la dirección de América Latina, donde la pasividad judicial ha permitido, con trágica frecuencia, que presidentes que pierden las elecciones den golpes de Estado.

Esta experiencia histórica sugiere que, incluso si Biden vence a Trump en 2024, la incapacidad del Tribunal Supremo para defender la Constitución bien puede facilitar un círculo vicioso que conduzca a la muerte de la democracia estadounidense a lo largo del siglo XXI. Pero si los jueces se atienen a sus principios, la reputación del tribunal y la propia democracia estadounidense volverán a su cauce.