Opinión
La hidra de la lucha por la vivienda

¿Por qué los poderes públicos no limitan de forma vigorosa el lucro del rentismo? ¿Es porque los grandes fondos de inversión mandan sobre los políticos o porque estos mismos políticos están metidos en el ajo? Y es que el 82% de los 350 diputados del Congreso acumulaban 615 propiedades en octubre de 2024 y el 20% percibía ingresos de alquileres.

Para los que defienden esta segunda hipótesis, el gran peso social de la propiedad como forma de acceso a la vivienda empuja hacia el desarrollo de políticas públicas dedicadas a la estabilización de los activos inmobiliarios como vía de estabilización de las clases medias. O dicho en román paladino: hacia políticas dirigidas al rescate de una clase que ha depositado sus ahorros en sus viviendas y, con ellos, sus horizontes —y los de su prole— de ascenso en sociedad. Todo ello, en un contexto de caída de los salarios en el que el patrimonio acumulado ejerce un efecto compensador: lo que no ganan por un lado lo costean por el otro. Es por esta caída salarial, argumentan, que existe un interés objetivo entre la referida mayoría propietaria en mantener estable el crecimiento de ganancias por la diferencia entre precio de compra y precio de venta o los ingresos obtenidos por arrendar un inmueble.

Para los sindicatos de inquilinos, la entrada de los fondos de inversión en el negocio del alquiler ha generado una expectativa de lucro que ha arrastrado a pequeños y medianos inversores

Para aquellos que privilegian la primera explicación, en cambio, la entrada de los fondos de inversión en el negocio del alquiler ha generado una expectativa de lucro que ha arrastrado a pequeños y medianos inversores, encareciendo el citado bien. Las bases de este proceso, sostienen ellos, se establecieron en el contexto post 15M, de 2012 a 2013, cuando se ejecutaron un amplio abanico de políticas y se aprobó un conjunto de leyes, con el impulso y la connivencia del Banco Central Europeo (BCE), destinadas a atraer capital internacional al sector inmobiliario español. Así pues, ambos frentes interpretan la valorización al alza de las viviendas desde dos marcos explicativos distintos.

La que desencadena esta pregunta no es una discusión baladí: tomar partido por la primera o la segunda lectura impone donde hay que introducir el corte en las posibles alianzas y lleva a privilegiar unas formas de intervención política sobre otras, algo que tiene efectos en la composición social de los colectivos en lucha por los derechos habitacionales y su relación con partidos e instituciones públicas.

Lo que subyace a la disputa es, simplificando, un debate entre dos polos. Primero, los que creen que el sujeto a organizar es una mayoría social frente a un bloque rentista que representa menos de un 10% de la ciudadanía. Segundo, los que sostienen que el mentado sujeto no supera el umbral del tercio de la población y que la tarea del movimiento pasa por descubrir las estrategias más adecuadas con las que articular este segmento, menos hegemónico, ante una futura situación de descalabro de sectores más acomodados. Es en esta dicotomía en la que se sitúan varias de las cabezas de la hidra de la lucha por la vivienda, colectivos, todos ellos, descolgados del entusiasmo electoral que ha caracterizado la última década y hoy protagonistas de una nueva fase de antagonismo.

Discusiones en la autonomía

Las dos posturas mencionadas expresan dos sensibilidades distintas del área de la autonomía. La primera posición, la de una mayoría contra un bloque rentista liderado por una minoría de gestores de activos y organismos supranacionales, la esgrimen, entre otros, Jaime Palomera y Javier Gil, ambos militantes del Sindicato de Inquilinas. La segunda está condensada en dos libros publicados en 2022, La democracia de propietarios y El efecto clase media, del miembro de Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallekas Pablo Carmona y Emmanuel Rodríguez, respectivamente, los dos parte del colectivo Traficantes de Sueños. Palomera es a su vez integrante del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que constituye junto a Traficantes y otros tantos grupos la Fundación de los Comunes, y Carmona y Gil coinciden en varios espacios de los movimientos autónomos madrileños.

Un sector considera que el sujeto a organizar es una mayoría social frente a un bloque rentista que representa menos de un 10% de la ciudadanía

Javier Gil y Jaime Palomera tuvieron sendos debates con Pablo Carmona en 2024 y en 2023, en Madrid y en Barcelona. Los dos primeros imputaban al tercero un excesivo determinismo económico al argumentar éste que el hecho de ser propietario confiere una determinada ideología. Eso es porque Carmona y Rodríguez consideran que la propiedad inmobiliaria juega un papel determinante en la reproducción de la clase media y que autopercibirse como parte de este segmento social incrementa la probabilidad de asumir posturas más conservadoras en lo económico. Emmanuel Rodríguez va más allá al afirmar que la clase media es el producto de una intervención estatal continuada. Concretamente, de una apuesta política del franquismo, que persiste hasta hoy, con la que contener cualquier conflicto derivado de la polarización entre clases.

Contra esto, Javier Gil sugiere un análisis más detallado que no entienda a los propietarios —sean o no rentistas— como un bloque homogéneo. En este sentido, el también investigador recordaba el año pasado que analizar la problemática en base al número de caseros no aporta nada, ya que el dato relevante, para él, es el número de viviendas con las que se contribuye al mercado en relación al tipo de titular. Así, el resultado bajo este nuevo marco pasa de señalar que en Barcelona, por ejemplo, cerca de un 80% de los caseros tienen solamente una vivienda en propiedad —lo que sustentaría la tesis del “rentismo popular” de Carmona, o que los rentistas no son solamente una minoría de ricos— a poner el énfasis en que un 60% del alquiler lo ofrecen multipropietarios.

Además, Gil, con Jaime Palomera, considera que no diferenciar entre propietarios de un único inmueble —el mismo en el que residen—, presuponiéndoles una ideología compartida, abre las puertas a alianzas entre grandes tenedores y familias que se autoperciben de clase media, y pone de ejemplo de ello la psicosis antiocupación de primeras viviendas promovida desde ciertos medios. Un ejemplo, éste, que Pablo Carmona utiliza también para apuntalar su hipótesis, pues sí cree que hay una cierta convergencia de intereses, también entre los que solo son propietarios de la vivienda en la que viven, pues tienen expectativas de obtener rentas de la venta de sus casas.

Pablo Carmona y Jesús Rodríguez consideran que la propiedad juega un papel determinante en la reproducción de la clase media y que les lleva a asumir posturas más conservadoras

Javier Gil a su vez se muestra crítico con Carmona y Rodríguez cuando afirma que el concepto de “clases medias” es excesivamente amplio y que, por lo general, se emplea de forma “populista”. Algo que, para él, lo convierte en una categoría inoperante para comprender las relaciones de clase en una sociedad en la que la propiedad inmobiliaria está reconfigurando la estructura socioeconómica. Y, sigue, donde dicho término tiende, además, a “aplanar los conflictos y antagonismos sociales”.

En el momento de escribir estas líneas, la Agencia Tributaria publicó datos que constataban que los propietarios de inmuebles en alquiler percibieron en 2024 un incremento de rendimientos del 6,5% anual, el mayor registrado desde que se cuantifican estas cifras.

Tomando posiciones

La apuesta de ciertas organizaciones políticas por uno u otro colectivo del movimiento por la vivienda las decanta, generalmente, hacia una u otra postura, sin que lo sostenido por ambas sensibilidades de la autonomía agote sus implicaciones prácticas. Todo lo dicho, partiendo de que son coincidencias que se han generado de forma independiente de la discusión en el área autónoma. Buen ejemplo de ello es la contraposición entre los sindicatos vinculados al Movimiento Socialista (MS) y la postura de la organización Anticapitalistas, por dar un par de ejemplos. Son dos colectivos que han apostado por hacerse fuertes en las luchas económicas tras asumir y antagonizar en diferentes grados con la implicación institucional. Los segundos, en tanto que fundadores de Podemos y ahora en Adelante Andalucía. Y parte de los militantes del MS en el Estado español en tanto que provienen de espacios políticos con referentes partidistas que concurren a las elecciones, pero que desencantados por las limitaciones que identificaron en estas apuestas rompieron con ellos, de forma que su área política surge sin ninguna vinculación electoral.

En 2022, el MS y un sector de la autonomía madrileña iniciaron un intercambio de artículos para fomentar el debate. Javier Zapato, militante socialista de vivienda en Madrid, reconoce a El Salto que existen bastantes puntos en común con el análisis de Pablo Carmona y Emmanuel Rodríguez, habituales en charlas, formaciones y en los medios propagandísticos del MS, pero también señala importantes diferencias en la propuesta política. Zapato refiere coincidencias, en concreto, en el haber introducido en la ecuación del conflicto a individuos y familias de clases medias, y en anticipar el peligro de que ciertas formas de intervenir políticamente acaben beneficiando exclusivamente a una minoría relativamente privilegiada de inquilinos. Carmona se refiere a estos sectores como “nuevas clases medias inquilinas” en contraposición a las viejas clases medias propietarias. Un nuevo sujeto que, a su parecer, a pesar de sus dificultades para pagar el alquiler, aún dispone de cierto margen de integración social a cargo de los presupuestos generales del Estado.

Para el Movimiento Socialista, la contienda “entre el 99% y el 1%” es un presupuesto manifiestamente falso que lleva a fomentar alianzas “interclasistas” que “derivan en políticas reformistas”

El militante socialista también arremete contra las posiciones de Javier Gil y Jaime Palomera cuando dice que su discurso es más “cómodo”, pues sitúa la contienda “entre el 99% y el 1%”, lo que, para su organización, es un presupuesto manifiestamente falso que lleva a fomentar alianzas “interclasistas” que, a su parecer, “derivan en políticas reformistas”. Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC), parte del MS, añade que este tipo de alianzas y según qué apuestas estratégicas pueden dejar atrás a los sectores más depauperados de las clases trabajadoras, incluyendo al proletariado migrante, en favor de pequeños avances legislativos para las clases medias inquilinas de las que habla Carmona, junto a ciertos segmentos del rentismo, aquellos que el militante vallecano de la PAH llama “populares”.

En otro extremo está Anticapitalistas. Àlex Francès, militante de esta organización y también parte del Sindicat de Llogateres, defiende a El Salto que el propietario de una sola casa —y, a lo sumo, de una segunda residencia— que no percibe renta está más cerca de un inquilino que de un rentista. Para su colectivo, señala Francès, los bloques políticos se distinguen por la contraposición entre quienes perciben renta y los que no, no entre los propietarios y los que no lo son, ya que la revalorización del propio hogar contrasta con el aumento de precio del inmueble que se opta a comprar, recortando posibles beneficios. Es una postura acorde con la de Gil y Palomera, que entienden el conflicto en términos de mayorías sociales contra élites.

Para la militante anticapitalista, el análisis del MS mezcla el concepto de clase en un sentido marxista con un análisis más sociológico, que sería el de la clase media. En la inmensa mayoría de casos, argumenta ella, la clase media es clase trabajadora, pues no posee los medios de su propia reproducción: es asalariada y debe vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, sólo que tiene trabajos mejor remunerados y con mayor estabilidad. “No podemos reducir la clase trabajadora solamente a los sectores más precarizados o más excluidos, aunque también son parte de la clase obrera”, declara Àlex Francès. “Si queremos hacer una organización de masas y dirigirnos al conjunto de la sociedad para cambiar las cosas, también debemos dirigirnos a aquellos sectores que no se encuentran en unas situaciones materiales tan precarias”, concluye.

Diferencias en la composición social

Pablo Carmona cree que, en la actualidad, el movimiento por la vivienda se enfrenta a una dicotomía estratégica. Por un lado está la que para él y, a día de hoy, es la vía con más protagonismo: la que sitúa al sujeto inquilino en el centro de una lucha sindical que busca la concertación, levantar un pacto de Estado, como hicieron los grandes sindicatos españoles en los 60, para integrar algunos segmentos de los que tienen dificultades para acceder a un techo. Luego está la estrategia de la construcción de clase con las citadas inquilinas y otros sectores, incluyendo al proletariado migrante que no puede ni hipotecarse ni pagar alquiler. Para evitar el horizonte de integración parcial y el acuerdo interclasista con el rentismo popular del que hablaban Javier Zapato y Marina Parés, sostiene Carmona, hay que situar en el centro las necesidades y conflictos protagonizados por estos grupos más precarizados.

El funcionamiento de la PAH, el antecedente más próximo de gran organización de ámbito estatal para el movimiento por la vivienda, impuso las asambleas de casos como instrumento generalizado de intervención política. Se trataba de una herramienta muy vinculada al contexto de la crisis hipotecaria de 2007, cuando en el cuarto trimestre de 2012 se rozaron los seis millones de parados y la afluencia de afectados era muy alta. Pero una vez que se estabilizó la crisis, las que acudían a estas asambleas eran personas en situaciones mucho más complejas, sobre todo migrantes en riesgo de exclusión social. En contraste, la organización de bloques de pisos enteros de forma proactiva por parte del Sindicato de Inquilinas supuso una ampliación del sujeto.

“No podemos reducir la clase trabajadora solamente a los sectores más precarizados o más excluidos, aunque también son parte de la clase obrera”, declara Àlex Francès

Esta forma de proceder permite llegar a comunidades de vecinos enteras, mucho más diversas, en las que puede haber gente en situaciones más precarias, pero también en mejores condiciones o con problemáticas concretas, como la compra de un edificio por parte de un fondo de inversión, explica Francès. Aquí se incluyen algunas afectadas como las de la barcelonesa Casa Orsola, que encajarían con el apelativo de “clase media inquilina” ya mencionado. Aunque Javier Gil describe a El Salto una realidad más diversa, al indicar que también acogen casos de personas sujetas a formas habitacionales informales o que permanecen ilegalmente tras el vencimiento de su contrato.

Para él, los procesos de lucha de clases no son una fórmula matemática: los describe como un proceso de articulación y desarrollo. “Nuestra hipótesis es que el inquilinato tiene que transformar la lucha por lo que está pasando en torno al alquiler en una lucha estratégica, central, que cuestione las estructuras políticas dominantes del capitalismo contemporáneo”, enfatiza el activista. Por ello, señala Gil, “resulta fundamental impulsar un proyecto que, desde el sindicalismo de base, aspire a organizar a las mayorías sociales y articular un bloque social contrahegemónico”. “De lo contrario”, agrega, “corremos el riesgo de quedar confinados a la marginalidad, donde una radicalidad discursiva y autorreferencial termine por reemplazar la capacidad real de transformación social y de construcción de clase”.

Javier Gil también explica que el Sindicato de Inquilinas se organiza junto al Sindicato de Manteros y con organizaciones de trabajadoras del hogar como Territorio Doméstico y Servicio Doméstico Activo (Sedoac), dado que, según él mismo, “el mercado inmobiliario no solo impone barreras a la población migrante precarizada, sino que está profundamente entrelazado con el racismo institucional, lo que agrava aún más su situación”. En este marco, el colectivo que agrupa a las inquilinas ha lanzado la campaña “El rentismo es racismo”.

Javier Zapato objeta al Sindicato de Inquilinas que partan del sujeto del “inquilinato”, como lo refiere el propio Gil, pues para él no es una clase: mezcla trabajadores con algunos sectores de las clases medias, algo que cree que tiene implicaciones importantes. “A nivel general, solo la clase trabajadora tiene un interés inequívoco en el socialismo, y solo el socialismo, acabando con la propiedad privada, puede solucionar el problema de la vivienda, mientras que las clases medias pueden tener un interés objetivo en defender algunos tipos de propiedad privada y no ir más allá de reformas dentro del capitalismo”, declara el militante del MS.

Cuando el MS habla del interclasismo de sujetos como el “inquilinato”, matiza Zapato, no es porque haya inquilinos que son trabajadores con buenos sueldos y ellos consideren clase trabajadora solo a la minoría más precaria o excluida. Lo que critican, explica, es que el inquilinato no es un sujeto homogéneo en términos de clase, pues está compuesto por personas de diferentes clases. Aunque aceptan que la mayoría de inquilinos sí son de clase trabajadora, identifican en él sectores de la pequeña burguesía y de las clases medias que obtienen también ingresos de rentas e inversiones —y no solo del salario— que también viven de alquiler.

El movimiento por la vivienda en Catalunya no es ajeno a esta disputa, razón por la cual se ha impuesto como objetivo experimentar con el diseño de puntos de intersección de colectivos en lucha bajo el paraguas de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC). La COSHAC surge como apuesta unitaria del II Congrés d’Habitatge de Catalunya. Forman parte de ella grupos locales del movimiento, incluídas seis PAH catalanas, y cuentan con el apoyo del Sindicat de Llogateres, con el que han rubricado un acuerdo para avanzar hacia una confluencia gradual, teniendo en cuenta que esta otra organización opera en todo el ámbito catalán y que cuenta con más de 5.000 afiliadas solo en la comunidad autónoma.

Alex Donada, miembro de la comisión de seguimiento de la Confederació, anticipa el proyecto de creación de secciones sindicales que agruparán a diferentes tipos de sujetos, no por tipología de problemática —arrendamiento o hipoteca, por ejemplo— sino por el propietario del inmueble en conflicto, una idea que, reconoce él, no está exenta de dificultades. En el pasado la solución fue todo lo contrario: separar a inquilinas de personas que ocupaban ilegalmente o en otras situaciones de precariedad. Esto conlleva una pretensión de superar la divergencia de intereses y avanzar hacia la constitución de un sujeto de clase como el que describía Pablo Carmona, ya que se juntarán inquilinos o “ocupas” en base al propietario del edificio en el que residen.

Convergencias (y divergencias) en la práctica

Marina Parés reconoce que la composición social heredada de los grupos que forman al SHSC es la que se describe arriba al referir las asambleas de casos: clase trabajadora sometida a una gran precariedad con un destacado peso de la población migrante. Buen ejemplo de ello es la trayectoria del sindicato de la ciudad costera de Mataró, con alta concentración de proletariado migrante en algunos de sus barrios. Aunque recientemente, y con un año de recorrido desde que se anunció públicamente la creación de este instrumento del MS, han incorporado nuevas realidades tales como seis bloques de viviendas de protección oficial en el cercano municipio de Vilassar de Mar, una localidad relativamente acomodada, situada entre los 20 primeros puestos de Catalunya en términos de renta familiar disponible bruta por habitante. Conflictos con perfiles parecidos protagonizan en el bloque Tarragona del Eixample barcelonés o la mencionada Mataró. Se trata de luchas impulsada con la misma fórmula de intervención proactiva del Sindicat de Llogateres.

Parés explica la similitud por dos razones: la primera es que todo el movimiento por la vivienda está pendiente de qué estrategias funcionan mejor para organizarse, y la segunda tiene que ver con lo que ella considera “un recorte de los márgenes de acción de los sindicatos de vivienda”. La militante socialista señala un proceso de represión sindical que cierra ciertas ventanas de acción, pero que también abre otras. “Esta coyuntura la vivimos todos, por lo que es normal que existan similitudes”, insiste. Tanto el SHSC como la PAH de Barcelona han declinado, por el momento, integrarse en la Confederació a la espera de la concreción de una futura mesa de vivienda con la que coordinarse.

Pero es en la cuestión de la relación con las instituciones públicas y los partidos políticos donde se hacen más patentes las diferencias. Pablo Carmona cree que “no hay ningún tipo de perspectiva ni de oportunidad para que ahí se pueda producir algo medianamente sensato”, pues, a su parecer, las perspectivas de crisis para toda Europa limitan sustancialmente cualquier posibilidad de integración de sectores cada vez más amplios de la sociedad. Él mismo se ha mostrado crítico con el trasvase de portavoces y líderes de las luchas por la vivienda, básicamente la PAH, hacia las apuestas municipalistas de la izquierda o en partidos como Podemos. El movimiento es consciente de este riesgo, motivo por el cual, recuerda Àlex Francès, el Sindicat de Llogateres obliga a sus caras visibles a comprometerse a no fichar por ninguna marca electoral hasta pasados dos años de su salida del puesto.

El MS es mucho más explícito al entender que una excesiva connivencia con las instituciones y los partidos progresistas que las ocupan contribuye a legitimarlas. Javier Zapato reivindica “una lucha política propia” que pasa por constituir un partido en el sentido clásico de la palabra, no en tanto que apuesta electoral; “plenamente separado de las opciones reformistas, que no aspire a gobernar el Estado sino a destruirlo”. Un punto, este, que entienden que los distancia de la autonomía que representan Carmona y Emmanuel Rodríguez. Marina Parés enfatiza que la del MS es una tercera postura diferente de la de la citada fracción de la autonomía y el Sindicato de Inquilinas, que apuesta por organizar a toda la clase trabajadora, sea cual sea la forma con la que acceden a la vivienda, porque el objetivo que persiguen es la construcción de un partido comunista de masas.

Aunque Parés matiza: el MS no se opone por sistema a los progresos legislativos, sobre todo aquellos que permiten avanzar en un proceso revolucionario, atacando las ganancias de los propietarios, y los que benefician a la organización de la clase trabajadora, un punto en común con la COSHAC, desde que Alex Donada plantea que se podría considerar un avance la legalización del sindicalismo de vivienda como forma de ampliar los derechos sociales.

Anticapitalistas también cree que ciertas leyes pueden jugar un papel, aunque limitado, cuando, en boca de Francès, plantea que la aprobación de una nueva norma genera más tareas al Sindicat de Llogateres, tales como pensar y poner en práctica cómo hacer que se respete, por ejemplo. Además, la activista anticapitalista entiende que una ley se aprueba cuando en la práctica lo que se legisla ya ocurre. “La regulación de precios surge cuando el Sindicat de Llogateres ya ejercía la contención de precios mediante la lucha sindical”, plantea ella. Y, con Donada, cree que el ejercicio de la huelga de alquileres puede culminar en un reconocimiento del derecho a convocar formas de intervención de este tipo.

En base a todas estas premisas, Àlex Francès propone que, dada la incapacidad y falta de voluntad de los partidos del bloque progresista de impulsar políticas radicales con las que hacer frente al problema de la vivienda, sería necesario levantar una alternativa política en el frente electoral que rompa con el régimen del 78 y que defienda los intereses de las clases trabajadoras y un programa ecosocialista.

Javier Gil destaca que la disputa en torno a la vivienda se ha convertido en un eje cada vez más central del conflicto social en nuestras sociedades, mientras la derecha alimenta una guerra entre pobres

Hay consenso al apuntar que la coyuntura actual ya no es la del horizonte luminoso que prometía el 15M. Javier Gil destaca que la disputa en torno a la vivienda se ha convertido en un eje cada vez más central del conflicto social en nuestras sociedades, y que, mientras la extrema derecha busca fragmentar a la población mediante campañas como la de la persecución de la ocupación ilegal, alimentando así una guerra entre pobres, él sostiene que “las organizaciones de vivienda deben promover formas de articulación social que habiliten expresiones concretas de lucha de clases”.

Es un contexto que recuerda poderosamente a lo retratado por el libro de Peter Linebaugh y Marcus Rediker, La hidra de la revolución (Traficantes, 2022), un retrato de 250 años de luchas de marineros y esclavos de todas las procedencias, situado entre 1600 y 1835. El título de esta obra captura una metáfora empleada ampliamente por las clases propietarias de ambos lados del Atlántico, con las que se referían a la resistencia de los contingentes de trabajadoras y trabajadores multiétnicos que sostenían el comercio oceánico. Al igual que el monstruo mitológico marino contra el que luchó Hércules, cada vez que lo descabezaban le volvía a crecer una cabeza.

Esto es exactamente lo que está en juego para todos los actores que han abandonado las esperanzas de levantar un instrumento electoral ganador, o que ya nacieron opuestos a esta estrategia: la recomposición de clase, o por lo menos de un sujeto que, aunque atravesado por diferentes apuestas, tenga la capacidad de sostener el combate contra el capitalismo, independientemente de cómo se lo quiera llamar.