Opinión
Del extractivismo a la Dana: las consecuencias del racismo ambiental

La tierra, igual que la piel, tiene memoria táctil. Bajo sus capas, se acumulan las huellas de lo que se le ha arrebatado: minerales que hoy forman parte de nuestros móviles, monocultivos donde antes había bosques y aguas envenenadas que sostienen cosechas baratas. Cada extracción deja un vacío, no solo en el paisaje, sino también en las comunidades que lo habitan y que ven cómo su entorno se convierte en mercancía. Y es que lo que llamamos “desarrollo” ha estado siempre ligado a una ecuación desigual, donde unos disfrutan de los recursos naturales, mientras otros cargan con las consecuencias de su explotación.

Ese desequilibrio constante es el molde en el que se forja lo que hoy conocemos como racismo ambiental, una práctica en absoluto novedosa que se refleja en países como Ghana, basurero tecnológico y textil del mundo occidental, y en catástrofes como la de la DANA de València, cuyos efectos salpicaron una vez más de forma desigual a las personas migrantes. Pero, ¿qué es exactamente el racismo ambiental y cuáles son sus consecuencias?

“La base fundacional de los sistemas que habitamos hoy día”

Isabelle Mamadou, experta independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, define al racismo ambiental como “un modelo económico creado durante la época del colonialismo en el que el norte global se nutre de los recursos del sur”. “Pero, después”, añade, “las más afectadas por las consecuencias negativas, como la contaminación del agua y del aire, las inundaciones o la deforestación, son las comunidades negras y empobrecidas”.

Para la artista Stephany Espinosa, actriz principal y coproductora del documental EnClave: Mar, Marasmo, Maravilla, este concepto no es solo un agregado, sino que se trata de “la base fundacional de los sistemas que habitamos hoy en día”. “Irónicamente, tras haber detentado estos recursos, y ya formados como instituciones con gran poder y potestad económica, son ellos mismos [los países del norte global] los que pretenden ir a esas comunidades a enseñarles cómo ser más responsables con el medio ambiente”, añade.

La extracción de coltán en la República Democrática del Congo, las plantaciones de aceite de palma en Indonesia y África o la deforestación y la contaminación de las localidades amazónicas son solo algunos de los ejemplos más sonados. Y, aunque todo el planeta sufre o sufrirá las consecuencias en mayor o menor medida, son las comunidades autóctonas de dichos lugares las que viven en primera persona los efectos más aciagos e inmediatos de dichos procesos.

En Honduras, el  programa ‘Supervivientes’ provocan el desplazamiento temporal de la comunidad garífuna, una población afrodescendiente presente en la zona desde hace más de 200 años, limitando su acceso a recursos básicos como la pesca

Mamadou pone de ejemplo la Isla Pedro González o Pearl Island, ubicada en el archipiélago panameño de Las Perlas. Allí, el grupo empresarial Eleta ha construido un hotel de lujo con el beneplácito del gobierno, despojando de su tierra a una comunidad asentada en la misma hace más de un siglo y criminalizando a los líderes civiles que luchan por su hogar.

Lo mismo ocurre en Honduras, donde programas como Supervivientes provocan el desplazamiento temporal de la comunidad garífuna, una población afrodescendiente presente en la zona desde hace más de 200 años, limitando su acceso a recursos básicos como la pesca. “Cuando se graban los realities, en torno a cuatro meses al año, no nos dejan ni pasar por ciertas playas. Vivimos de la pesca y no podemos pescar”, le señalaba Juana Martínez, una nativa garífuna, a El Confidencial.

Las consecuencias de la DANA sobre las personas migrantes

El pasado 25 de julio se celebró la novena edición del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en València gracias a la ONG Movimiento por la Paz (MPDL), centrando el evento en el racismo ambiental como consecuencia de la DANA que sufrió dicha comunidad autónoma el pasado octubre, una catástrofe que dejó 224 fallecidos, 3 desaparecidos y afectó a 75 municipios, y que impactó de forma particular en las personas migrantes.

“Nosotras estuvimos desbordadas porque tenemos un servicio de atención jurídica en extranjería”, señala la también coordinadora de MPDL en València, Isabelle Mamadou, organización que estuvo presente durante la fase de emergencia y que lo está ahora en la fase de reconstrucción gracias a la financiación de la Plataforma del Tercer Sector, la Fundación La Caixa y el Centro para Filantropía en Desastres.

Durante la DANA, muchas personas perdieron su documentación, por lo que se habilitaron puestos móviles de Policía Nacional. Sin embargo, tal como indica la experta de la ONU, “los puestos que pusieron no se habilitaron para las personas no nacionales”

Durante la DANA, muchas personas perdieron su documentación, por lo que se habilitaron una serie de puestos móviles de Policía Nacional para atender dicha demanda. Sin embargo, tal como indica la experta de la ONU, “los puestos que pusieron no se habilitaron para las personas no nacionales”, lo que dejó a los extranjeros en una situación de extrema vulnerabilidad, muchos de los cuales no estaban empadronados y vivían en pisos de alquiler sin contratos y, por tanto, no pudieron acceder a las ayudas económicas que se pusieron en marcha. Además, a esto hay que sumarle que la DANA tuvo un impacto especial en dos sectores de la economía informal copados por personas migrantes: la agricultura y la construcción. Así lo señalaba el II Informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en València publicado a finales de 2024.

“También detectamos muchísimas situaciones de despidos sin previo aviso de trabajadoras del hogar internas que se quedaron en situación de calle”, declara Mamadou. De hecho, tal como indican tanto Mamadou como Espinosa, las mujeres migrantes y afrodescendientes son las que sufren las consecuencias más severas durante este tipo de crisis porque están más expuestas a los abusos y la violencia de género. “Lo que vimos es que muchas mujeres víctimas de violencia machista tuvieron que volver a vivir con sus agresores porque no tenían otro lugar dónde ir”, asegura la integrante de MPDL.

Todo este cóctel de precariedad, miseria y vulnerabilidad se vio además agravado por los bulos que corrieron como la pólvora por las redes sociales, acusando a los migrantes o bien de no ayudar o bien de aprovecharse de la situación para delinquir y robar. Una tesitura que finalmente desembocó en incidentes racistas.

“Aparte de ser personas migrantes, somos vecinas”

Durante el evento del 25 de julio, además de proyectarse el documental EnClave: Mar, Marasmo, Maravilla, una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Azul que parte de una antología de ensayos, poemas y canciones, tuvo lugar un coloquio entre la economista y activista Sara Bourehiyi, responsable de contabilidad y finanzas en Conciencia Afro, y las citadas Isabelle Mamadou y Stephany Espinosa. Al final del mismo, algunas de las asistentes al evento compartieron sus propias experiencias durante la DANA.

Así, Aminata Soucko, activista maliense afectada por la catástrofe del 29 de octubre, señalaba que ella tuvo varios problemas derivados, precisamente, de su condición de mujer africana y afrodescendiente. En primer lugar, denuncia que, cuando fue a uno de los puestos de ayuda a recoger agua y comida para ella y para su familia, una señora la interceptó y no le dio más que un poco de agua, mientras el resto de las personas disfrutaban del reparto. “Es lo que hay”, le señaló la mujer. “Si eres una mujer blanca de, por ejemplo, Venezuela, te van a dejar pasar antes que, si eres una mujer negra o con velo”, aseguró Aminata durante el turno de preguntas.

Hawa Bamba, mujer afrodescendiente vecina de Paiporta, contó cómo otra chica le increpó cuando estaba intentando acceder a su coche para recoger sus papeles. Cuando Hawa le explicó que ese era su vehículo, la mujer le pidió que lo demostrara

Hawa Bamba, otra mujer afrodescendiente vecina de Paiporta, zona cero de la DANA, contó cómo otra chica le increpó cuando estaba intentando acceder a su coche para recoger sus papeles. Cuando Hawa le explicó que ese era su vehículo, la mujer le pidió que lo demostrara. “Una negra con coche como que no”, ironizaba Hawa. Además, la joven afirma que cuando fue a pedir agua y comida durante la emergencia le pidieron el DNI, lo que, unido a lo ya dicho anteriormente (pérdida de documentación y servicio de recuperación no habilitado para las personas no nacionales), supuso un grave problema en el acceso a las necesidades más básicas.

Tras la intervención de ambas, Sara Bourehiyi alude a la necesidad de un cambio de discurso: “Todo lo que estáis contando da la sensación de que somos los eternos recién llegados, pero también somos vecinas. Además de ser personas racializadas, también vivimos en nuestros territorios, también tenemos que tener los mismos derechos que el resto porque si pasa algo también es nuestro pueblo”.

Enfrentarse al racismo ambiental: “La solución no es universal”

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó una medida de regularización extraordinaria para las personas migrantes que fueron víctimas de la DANA y de la que se han beneficiado más de 22.000 personas. La autorización ha habilitado a estas personas para residir y trabajar en España durante un año. “Sin embargo”, indica Mamadou, “una de las cosas que había que presentar era el padrón antes del 4 de noviembre, pero muchas personas en situación irregular no tienen padrón…”. “Entonces al final, como siempre, y a pesar de poner medidas”, añade, “muchas personas migrantes en situación irregular se quedaron fuera”.

Esta medida, a todas luces insuficiente para las personas migrantes en situación irregular, ilustra cómo las respuestas institucionales suelen ser parciales y de corto alcance: actúan sobre la urgencia inmediata, pero rara vez cuestionan las raíces estructurales que hacen que determinados colectivos sean siempre los más vulnerables. Ahí es donde insisten las voces consultadas: en la necesidad de ampliar la representación de las personas racializadas en los espacios de decisión y en la urgencia de repensar un sistema económico y político que sigue replicando desigualdades coloniales.

“Mientras no estemos representados en los espacios de poder seguirán siendo las personas del norte global las que hablen de la revolución verde, pero sin tener en cuenta que esta sigue los mismos patrones de explotación sobre los pueblos del sur global que durante la época del colonialismo”, declara la experta de la ONU.

La magnitud del racismo ambiental puede dar la sensación de que no hay soluciones posibles, pero no se parte de cero: la historia está atravesada por resistencias colectivas frente a la expoliación

Para Stephany Espinosa la respuesta es clara y reside en las comunidades locales y en cómo éstas se han desenvuelto durante toda la historia, además de cuestionarnos conceptos como “civilización”, “desarrollo” o “sostenibilidad”, palabras que se utilizan, según alude la artista multidisciplinar, “cuando queremos justificar algún tipo de intervención en estos territorios”. “Y entender que la solución no es universal”, concluye, “que depende del contexto en el que te encuentras”.

La magnitud del racismo ambiental puede dar la sensación de que no hay soluciones posibles, pero no se parte de cero: la historia está atravesada por resistencias colectivas frente a la expoliación. Desde los pueblos cimarrones que escaparon del destino de la esclavitud para fundar comunidades libres en las Américas, hasta el pueblo guna, una comunidad amerindia que en 1925 se rebeló contra el Estado panameño, el cual pretendía erradicar sus costumbres y tradiciones.

Las huellas del extractivismo son profundas y, en muchos casos, irreversibles. Sin embargo, las resistencias colectivas, pasadas y presentes, muestran que es posible construir alternativas y mitigar los daños, generando espacios de cuidado para la tierra y las comunidades. El desafío consiste en aprender de estas experiencias para que las cicatrices futuras no sigan afectando siempre a los mismos.