Los Presupuestos de la incompetencia y de la desigualdad

La economía española va a seguir basándose en un modelo especulativo, precarizado y estacional, muy sensible a las crisis económicas y de enormes consecuencias negativas para las clases populares y los más vulnerables.

Montoro PGE2
Catedrático de Organización de Empresas y Director Cátedra EBC Universitat de Valencia. Investigador.

publicado
2018-05-11 11:53:00

El Gobierno del PP ha iniciado el trámite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con seis meses de retraso y después de negociaciones muy intensas y complicadas y como mar de fondo el conflicto con Catalunya y las protestas de los pensionistas. Este Gobierno, pese a estar en minoría, sigue demostrando su falta de talante conciliador y sus escasas habilidades negociadoras. Pero lo relevante de este tema son los aspectos cuantitativos de las partidas de ingresos y de gastos y las consecuencias derivadas de ello. Veamos pues cuáles son sus principales características y derivaciones.

El gasto de las prestaciones por desempleo se reducen en un 3,4% respecto al 2017, a pesar de las elevadas tasas de desempleo y del incremento del número de familias en las que todos sus miembros están en paro.

Respecto a los ingresos, éstos se incrementan un 3% en comparación con el 2017, alcanzando un importe de 300.903 millones de euros, cifra que es muy similar a la del año 2009. Los ingresos del Estado sufrieron una intensa caída entre 2008 y 2010, se estabilizaron entre 2010 y 2013, tuvieron un ligero ascenso entre 2013 y 2015 y sufrieron de nuevo una ligera caída entre 2015 y 2017. Esta evolución demuestra el principal problema de la economía española: la incapacidad para generar ingresos. Después de 10 años, seguimos sin recuperar el nivel de ingresos que se tenía antes de la crisis económica. Es cierto que el crecimiento económico experimentado estos últimos años (por encima del 3% del PIB desde el 2015) muestra una cierta recuperación de la actividad económica, lo que se traduce en un incremento de los ingresos. Sin embargo, los ingresos fiscales siguen limitados por un sistema tributario tremendamente regresivo, injusto e insolidario, en el que se beneficia a las rentas altas, las rentas del capital y las grandes empresas en perjuicio de las rentas salariales y de los pensionistas. La presión fiscal en España es de las más bajas de Europa, la elusión fiscal sigue siendo muy alta y el fraude fiscal sigue sin resolverse. Todo ello consecuencia de una falta de voluntad política y de una clara incompetencia. Por otra parte, es precupante también que las estimaciones de crecimiento económico para 2018 se hayan tenido que revisar y se sitúen por debajo del 3% (2,7%), después de 3 años con subidas por encima de dicho porcentaje.

En lo que respecta a los gastos, éstos se incrementan un 1,8% respecto al año anterior, con un importe de 451.119 millones de euros. Los gastos cayeron de manera espectacular entre 2010 y 2011, desde el 2012 han subido de manera constante hasta el 2015, año a partir del cual vuelven a bajar ligeramente para recuperarse también ligeramente a partir del 2016. Las partidas con mayor volumen de gasto son el pago de las pensiones (40,9% del total del gasto) y las transferencias al resto de Administraciones Públicas (14% del total del gasto). Pero en tercer lugar se sitúa los intereses de la deuda pública (9% del total del gasto), una deuda que no ha dejado de subir desde que el PP llegara al gobierno central hasta situarse en el 100% del PIB. Señalar que el gasto de las prestaciones por desempleo se reducen en un 3,4% respecto al 2017, a pesar de las elevadas tasas de desempleo y del incremento del número de familias en las que todos sus miembros están en paro. Los gastos por el pago de las pensiones aumentará un 3,7% y el del gasto de personal aumenta por la subida salarial a los funcionarios del 1,75%. Las pensiones mínimas se van a incrementar un 3% después de las intensas movilizaciones y protestas de los pensionistas y porque el PNV ha puesto como condición ese aumento para apoyar los Presupuestos. Sin embargo, en ambos casos se trata de subidas claramente insuficientes, después de la destrucción de empleo y sobre todo por los fuertes recortes en sanidad, educación y servicios sociales experimentados durante los años de la crisis. A modo de anécdota, señalar que el sueldo del Presidente del Gobierno se incrementará un 1,5%. Se deduce de ello, por tanto, que los servicios asistenciales del Estado van a seguir perdiendo peso a la vez que las subidas salariales y de las pensiones son claramente insuficientes para compensar las pérdidas de poder adquisitivo que estos colectivos han experimentado durante los años de la crisis, lo que provocará un nuevo incremento de las desigualdades económicas y sociales, especiamente en los colectivos más vulnerables.

Las ayudas a la dependencia se incrementan en 46 millones de euros respecto al año anterior, lo que no se ajusta a lo establecido en la Ley

Tampoco se aprecia un compromiso claro en aspectos sociales de gran importancia como la igualdad de género, la inserción sociolaboral o la dependencia. En lo que se refiere a la violencia de género, los presupuestos solo consignan 80 millones de los 200 millones a los que se comprometió el Gobierno en el Pacto de Estado. Las ayudas a la dependencia se incrementan en 46 millones de euros respecto al año anterior, lo que no se ajusta a lo establecido en la Ley de Dependencia, donde se establece que se debería de financiar el 50% de las necesidades; cantidad que es claramente insuficiente para resolver el problema de las 300 mil personas que están en lista de espera, un 1% de las cuales mueren sin llegar a recibir la ayuda.

Las partidas de gasto que más se incrementan son, por este orden, defensa (6,9%), seguridad ciudadana (6,4%) e industria y energía (6,2%) y las que menos aumentan son agricultura, pesca y alimentación (1,3%), comercio, turismo y pymes (2,8%), educación (3%) y justicia (3,2%). Llama la atención que defensa y seguridad ciudadana sean las partidas que más crecen frente a partidas tan importantes como la educación, la justicia y el apoyo a los sectores económicos clave como el comercio, turismo, pymes y agricultura. No parece, por tanto, que haya una apuesta por el cambio de modelo económico hacia un modelo basado en la sostenibilidad, el conocimiento, el empleo estable y de calidad y el desarrollo empresarial innovador apoyado en la I+D+i+d (Investigacion, Desarrollo, Innovación y diseño). Lo que significa que la economía española va a seguir basándose en un modelo especulativo, precarizado y estacional, muy sensible a las crisis económicas y de enormes consecuencias negativas para las clases populares y los más vulnerables.

El análisis realizado sobre los ingresos y gastos muestra una política de continuidad con respecto a los años anteriores, apreciándose una reducción significativa del gasto público y una insuficiencia clara de los ingresos. Siguen sin atenderse las prioridades sociales mientras se desvían recursos a gastos superfluos o socialmente innecesarios como es el Ministerio de Defensa, liderado por la Secretaria General del PP María Dolores de Cospedal. Además, este Gobierno se ha caracterizado por no ejecutar una parte importante de las partidas de gastos dedicadas a aspectos sociales y de innovación. Por ejemplo, en 2017 sólo se ejecutó el 38,3% del presupuesto dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación.

La economía española va a seguir basándose en un modelo especulativo, precarizado y estacional, muy sensible a las crisis económicas y de enormes consecuencias negativas.

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 no sirven para abordar los principales problemas de la economía y de la sociedad española: la fuerte desigualdad económica, la inestabilidad de su modelo productivo y la insuficiente generación de ingresos fiscales. Son unos Presupuestos marcados por la incompetencia y la desigualdad, continuistas, que siguen abocándonos a una economía incapaz de afrontar los retos del futuro, incapaz de modernizarse mediante la innovación y el conocimiento e incapaz de resolver los problemas económicos y sociales de la mayoría de la ciudadanía.

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