Una última oportunidad para la verdad

Interrogantes para la Comisión de Investigación de la crisis financiera en España

Bolsa dinero
CATEDRÁTICO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y DIRECTOR DE LA CÁTEDRA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. INVESTIGADOR.

publicado
2018-03-05 09:01:00

En el mes de mayo de 2017 se constituyó la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera en el Congreso de los Diputados. Después de casi un año, han pasado por ella para declarar personajes tan dispares como Rodrigo Rato, Julio Segura, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos, entre muchos otros. El objetivo de la Comisión es el de depurar responsabilidades entre las personas (políticos y cargos públicos) que han tenido algún tipo de relación en la crisis del sistema financiero español, la cual ha supuesto para los españoles cerca de 100 mil millones de euros de coste económico.

La Comisión se crea diez años después de producirse la crisis financiera, período durante el cual se han ido conociendo, muy poco a poco, algunos de los detalles de la misma. La falta de transparencia ha sido una sus principales características y la tardanza en constituir la Comisión aleja cualquier posibilidad de tomar medidas que permitan recuperar parte del dinero perdido. Por tanto, la creación de la Comisión nace ya con defecto de vicio y hace que una gran parte de la ciudadanía lo vea con escepticismo. Da la sensación de que lo que se ha querido hacer es montar un circo mediático para ver si todo el ruido que se haga, pueda servir para tapar las verdades de la crisis y averiguar quienes fueron sus principales responsables. Valga una muestra: después de casi un año, aún no se han exigido responsabilidades a ninguna de las personas que participaron en dicha crisis, ello a pesar de las controvertidas declaraciones de muchos de estos personajes.

La crisis financiera española ha tenido un calado y unas consecuencias económicas y sociales enormes: un rescate bancario (de cerca de 80 mil millones de euros de momento) que se ha traducido en recortes en sanidad, educación y servicios sociales, despidos masivos de trabajadores (más de 80 mil personas, lo que supone un 30% de la plantilla), pérdida de la banca más social (cajas de ahorros) y fuertes restricciones crediticias que han mermado la capacidad de financiación de la estructura empresarial de pequeña dimensión, entre otros aspectos. Todo este merecía una comisión de investigación seria y depurar responsabilidades con la aplicación de todo el peso de la ley.

Desde mi modesta opinión y visto desde fuera como ciudadano preocupado por lo que ha sucedido y sobre todo muy preocupado porque no vuelva a suceder, me surgen una serie de interrogantes que quisiera exponer.

Primero, ¿ha sido una crisis que solamente ha afectado a las cajas de ahorros y, por tanto, muerto el perro se acabó la rabia? o ¿se trata de una crisis bancaria de mayor calado que afecta al conjunto del sistema bancario español y, por tanto, van a seguir produciéndose nuevas caídas de bancos? Lo sucedido con el Banco Popular nos da algunas pistas sobre la respuesta. Dicho de otro modo, la decisión de transformar las cajas de ahorros en bancos privados, sin discriminación alguna (tanto las que entraron en crisis como las que estaban funcionando bien, que también las había), ¿estaba realmente fundamentada y tenía como objetivo acabar con la crisis o se trataba de una decisión dirigida a ceder todo el negocio de las cajas de ahorros a los grandes bancos y consolidar así un sistema bancario fuertemente concentrado y dominado por 5 grandes entidades? Según la respuesta sea una u otra, podrían haber serias responsabilidades que afectarían al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Economía, que fueron quienes tomaron dicha decisión. Piensese que la desaparición de las cajas de ahorro del sistema financiero español va a tener consecuencias muy graves a largo plazo, tanto por la merma de la Obra Social como por la eliminación de una forma de hacer banca basada en la proximidad al cliente.

Segundo, ¿las medidas que se han tomado para salir de la crisis bancaria han sido realmente efectivas? La decisión de las autoridades económicas fue adoptar las medidas necesarias para incrementar el tamaño de los bancos españoles mediante la creación de SIPs (Sistemas Institucionales de Protección) primero y mediante fusiones después. También se decidió crear los famosos créditos fiscales (es decir, que los bancos dejaran de pagar el impuesto sobre sociedades durante un tiempo), para contabilizarlos como capital propio y así poder superar los famosos test de estrés. Esta última medida fue en principio denunciada por la Unión Europea, aunque posteriormente la aceptaron como válida. Dicho de otro modo, nos están engañando con la capacidad de capitalización de los bancos españoles; o dicho de manera aún más clara, las fusiones y el aumento de tamaño no han servido para mejorar el nivel de capitalización de los bancos españoles, sino que éste sigue siendo realmente preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los bancos siguen teniendo tasas de morosidad muy elevadas (superiores al 10%). Si este análisis es correcto, la responsabilidad del Banco de España y del Ministerio de Economía (una vez más) es más que evidente. Las consecuencias para los ciudadanos han sido nefastas: concentración del sistema bancario español, eliminando una parte importante de la oferta bancaria e incrementando el poder de los grandes bancos. Y lo peor: se están creando monstruos bancarios con pies de barro, lo que incrementa exponencialmente el riesgo sistémico (ese que utilizan para justificar el rescate de los bancos) y el riesgo de que una nueva crisis bancaria arrastre con ella al conjunto de la economía productiva del país.

Tercero, el caso de Bankia es sin duda el del mayor escándalo de la banca en España, desde todos los puntos de vista: uso de participaciones preferentes para capitalizarse engañando a sus clientes con menor cultura financiera, uso de tarjetas black por parte de los miembros de su consejo rector para apropiarse ilegalmente del dinero de la entidad, salida a bolsa con las cifras económicas y financieras maquilladas engañando a sus inversores, incumplimiento de un expediente de regulación de empleo en 2013 que afectó a cerca de 6 mil trabajadores y una gestión privada de la entidad (después de ser rescatada, para lo cual tuvo que ser nacionalizada) cuyo fin es la de su venta a inversores privados. Aquí el nivel de depuración de responsabilidades y sus sanciones correspondientes debería de ser ejemplar. Además, dado que el banco está nacionalizado, existía la opción de convertirlo en un banco público, recuperando parte de un sistema financiero público que durante años funcionó de manera muy eficaz y eficiente.

Cuarto, el Banco de España ha jugado un papel clave en todo este proceso de desencadenamiento de la crisis y de su posterior gestión. En primer lugar, al no ejercer correctamente su función de supervisión y control de la gestión de los bancos, permitiendo que se endeudaran de manera indiscriminada con la concesión arbitaria de créditos hipotecarios a constructoras e inmobiliarias (sin ningún control del riesgo ni criterios profesionales). En segundo lugar, al gestionar incorrectamente una crisis financiera cuyo problema de fondo fue la mala gobernanza y de transparencia y no la falta de capitalización (como ya hemos comentado anteriormente). Y todo esto ha sido así porque el Banco de España es una institución totalmente politizada, que atiende a criterios de decisión puramente políticos, condicionados por el Gobierno de turno. De todo ello se deduce que se deberían depurar responsabilidades dentro del Banco de España y sobre todo, con el fin de evitar que se vuelvan a producir nuevas crisis bancarias, habría que despolitizar esta institución.

Estos serían, desde mi modesto punto de vista, los cuatro aspectos que deberían de ser analizados en profundidad por parte de la Comisión de investigación de la crisis financiera española y a partir de ellos tomar las medidas oportunas para llevar a cabo una verdadera reforma del sistema financiero español, con el fin de evitar o almenos reducir el riesgo de nuevas crisis. Vamos a seguir con interés la evolución de los trabajos de la Comisión durante los próximos meses y ya veremos cuáles son sus conclusiones. Y aunque he de reconocer que mi incredulidad es alta por cuándo y cómo se ha creado, vamos a concederles el beneficio de la duda.

Texto: Joan Ramon Sanchis Palacio

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2 Comentarios
Manuel Ameller 13:14 5/3/2018

Al no existir la separación de poderes la impunidad es absoluta.
Nos han robado cantidades desorbitadas de dinero y nadie va a la cárcel.
Han despido a 80.000 trabajadores en connivencia con los sindicatos previamente sobornados y no pasa nada.
EN Bankia se firmó el ERE pactando el despido máximo de 4.500 empleados, han salido 6.787 y nadie ha dicho nada.
Hemos sido despedidos sin decirnos la causa concreta de nuestro despido y la sala cuarta entiende que se puede ATENUAR EL FORMALISMO, cuando lo que hacen es suprimir una obligación.
El Tribunal Supremo supone que debíamos tener conocimiento y el Tribunal Constitucional dice que el tema no tiene relevancia constitucional.
Una vergüenza de justicia que intenta tapar la mierda y escurrir el bulto.
#bankiaincumpleEre.

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Alicia Parra 9:58 6/3/2018

Todo lo que dice este articulo es absolutamente cierto. Nos han timado, nos han despedido, y encima Bankia sigue siendo un gigante con los pies de barro. Los despedidos en el fraudulento ERE de 2013 le agradecemos al autor que siga difundiendo esta injusticia.

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