¿Para qué ha viajado Pedro Sánchez a México?

¿A promocionar en México las multinacionales españolas acusadas de corrupción y violaciones de derechos humanos? ¿A buscarles nuevos contratos como el polémico Tren Maya? ¿A justificar su apoyo al intento de golpe de estado contra Venezuela? ¿A qué?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un desayuno de trabajo en México con empresarios españoles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el desayuno de trabajo que mantuvo con empresarios españoles en Ciudad de México el 31 de enero de 2019. Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo.
Tom Kucharz

Investigador y activista. Miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña “No a los Tratados de Comercio e Inversión”


publicado
2019-02-02 06:00:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha estado de viaje oficial de tres días por la República Dominicana y México. En Ciudad de México se reunió con el nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador con el fin de defender los intereses de las multinacionales españolas. En la rueda de prensa conjunta, la sexta frase pronunciada por Sánchez fue: “Y también hay muchas empresas españolas que desde hace ya mucho tiempo han apostado por el desarrollo, por el progreso, por la prosperidad, por la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de México”. Un ejercicio de cinismo y engaño al que llamamos gobierno corporativo.

Ni una sola mención a las acusaciones contra empresas españolas o a la violencia y las violaciones de derechos humanos que sufrió la población mexicana en los últimos años.

En 2017, la violencia alcanzó niveles máximos: 31.174 homicidios en el año, a razón de 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra al narcotráfico, los grupos criminales crecieron un 900% y la tasa de civiles muertos a causa de la violencia aumentó un 2000%, según estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Entre diciembre de 2006 y octubre de 2018, se registraron 37.485 desapariciones. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta agosto de 2018 en el país se encontraron 1.307 fosas que albergaban 3.926 cadáveres y 36.000 fragmentos de restos óseos. Sin embargo, la opacidad en los números de homicidios relacionados con el crimen organizado impide conocer la magnitud del problema, como muestra el mapa del proyecto de investigación periodística A dónde van los desaparecidos.

Pedro Sánchez, el enviado especial de la CEOE y del IBEX35

“Son más de 6.000 las empresas españolas que tienen una base de operaciones aquí, en México, en múltiples sectores, desde las infraestructuras, las telecomunicaciones, el sector de las energías renovables”, prosiguió Sánchez ante los medios.

Su visita ha sido un ejercicio de diplomacia empresarial en un momento de incertidumbre entre el empresariado español. El nuevo gobierno de López Obrador había pausado algunas obras públicas, como el aeropuerto nacional o el tren Maya, que tenían una fuerte participación de empresas españolas que, según Sánchez, tienen un fuerte “compromiso con el progreso y la prosperidad de México”.

El presidente español se ha referido específicamente a la infraestructura ferroviaria del 'Tren Maya', un mega proyecto de 1.500 kilómetros en el sureste del país que rechazan las comunidades locales por sus impactos ambientales. “España tiene grandes empresas expertas en infraestructuras (…) Creo que estarían más que dispuestas a aportar su granito de arena”, ha dejado caer.

El jefe del Ejecutivo ha apostado también por la “colaboración público-privada” que significa, en muchos casos, grandes ganancias privadas, por un lado, y deudas ilegítimas e impagables así como riesgos que asumen los poderes públicos, por el otro, que luego pagan los contribuyentes de su bolsillo o provocan recortes en los servicios públicos.

Antes del viaje de Sánchez, la CEOE le mandó un mensaje: “Consideramos que de la visita a México se pueden extraer oportunidades para las empresas españolas tanto en inversión como en comercio”, señaló la presidenta del departamento internacional de la patronal española, Marta Blanco.

En una comida con López Obrador y empresarios, Sánchez rindió honores al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que por cierto viajó con él, y los “ilustres presidentes de empresas españolas que tienen grandes intereses en México”, trasladó “en nombre de ellas” que “tienen un gran compromiso con la prosperidad y progreso de México que dura ya años” y exigió seguridad jurídica para ellas.

Sánchez ha puesto además el foco en la celebración el próximo mes de abril en México de un foro inversor con el que se seguirá “impulsando y relanzando la inversión española en el país”.

López Obrador, contradictorio

Durante la conferencia de prensa conjunta en el Palacio Nacional, el presidente de México aseguró que las empresas españolas “tienen las puertas abiertas”. “Hay ahora un buen entendimiento con el Gobierno de España, de modo que no veo obstáculos de ningún tipo para que se fortalezcan las relaciones económicas y comerciales con España”, aseveró.

Aunque al mismo tiempo pidió a las empresas de otros países, sin mencionar ninguno, que “haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno”.

Tras dejar claras las diferencias con Sánchez respecto a la situación en Venezuela —México apuesta por la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica—, López Obrador enfatizó que “se actúe con honestidad, el que se tenga un auténtico estado de Derecho, respeto a las leyes y que no se permita la corrupción, la asociación delictuosa entre empresas y servidores públicos”.

Tal vez pensó en OHL cuando pidió a las empresas “no caer en actos de corrupción”.

OHL, sumido en escándalo de corrupción en México

Los nombres de Juan Miguel Villar Mir y OHL han aparecido repetidamente asociados a casos de corrupción, especialmente desde que ‘los papeles de Bárcenas’ le señalaran en 2013 como uno de los constructores que realizó donaciones ilegales al PP a cambio de contratos.

En México, la empresa constructora OHL también está acusada de corrupción y financiación ilegal de varias campañas electorales del partido PRI a cambio de contratos públicos. Por un esquema muy similar en España, el juez del caso Púnica imputó a Villar Mir, expresidente de OHL y exconsejero del banco Santander, en relación a la caja B del PP de Esperanza Aguirre al detectar indicios de supuestas donaciones del Grupo OHL al PP por la adjudicación de obra pública.

Según diversas denuncias, el ejecutivo del PRI —el único partido de Gobierno en la historia del Estado de México— habría adjudicado a la filial mexicana de OHL las carretera del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario a cambio de donaciones secretas al partido. La plataforma ciudadana Ahora, impulsada por el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, denunció el esquema mediante el cual, el PRI habría financiado ilegalmente varias campañas electorales con más de 180 millones de euros gracias a los acuerdos alcanzados con la concesionaria española.

¿Prosperidad para quién?

Sánchez ha repetido hasta la saciedad el “compromiso de las empresas españolas por el progreso y la prosperidad”. Pero el presidente español disfraza la realidad. En el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec varias empresas españolas como Iberdrola, Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), Acciona y Renovalia, están generando grandes impactos socioambientales y vulneran los derechos humanos en el estado de Oaxaca, como señalan los miembros de Ecologistas en Acción Miriam García-Torres y Yago Martínez. Denuncian, además, que muchas de las personas que se oponen a los parques eólicos han sufrido amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias o agresiones físicas.

Como explica García-Torres en el informe El IBEX 35 en guerra contra la vida , la presencia de las empresas transnacionales tiene también importantes impactos de género que contribuyen a profundizar la discriminación estructural de las mujeres como la masculinización de los espacios de decisión, la militarización del territorio y la prostitución forzada. “Las empresas españolas fomentan su marginación de las tomas de decisión al imponer estrategias de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales, todos ellos hombres. Además, los megaproyectos han ido acompañados de un proceso de militarización de la región, que genera un clima específico de inseguridad hacia las mujeres. Las defensoras del Istmo han denunciado también el aumento de la prostitución forzada en los núcleos urbanos cercanos a los parques eólicos como consecuencia de la llegada masiva de trabajadores de las empresas”, argumenta García-Torres.

Otros impactos de las empresas españolas, que documenta el informe, son la ausencia de la consulta previa, libre e informada tal y como exige el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la firma de contratos abusivos, la generación de redes clientelares, la división y destrucción del tejido social, la invasión y expropiación de terrenos comunitarios.

Las tramas secretas de los bancos

Nunca sabremos si los dos presidentes habrán acordado favores para los dos grandes bancos españoles (o tal vez algún Wikileaks divulgará estas conversaciones). Lo que sí sabemos es que Sánchez miente cuando defiende la inversión española porque “no especula”. ¡Qué poca memoria!

¿No recuerda la investigación del ex fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, por las cuentas secretas del BBVA en paraísos fiscales? ¿Las investigaciones judiciales por las presuntas operaciones ilegales del BBV en México para comprar Probursa y Bancomer o el presunto pago de sobornos a políticos? El juez de la Audiencia Nacional, Baltazar Garzón, y la Fiscalía Anticorrupción iniciarían en 2002 indagaciones sobre toda una trama internacional que llegó a Estados Unidos, Colombia, Perú, Venezuela, Puerto Rico, Panamá, las islas de Jersey (Reino Unido), Gran Caimán y Suiza, y por supuesto México y España.

Un poco de historia

Entre 1987 y 2000 el BBV tuvo una contabilidad oculta y paralela a la oficial en los paraísos fiscales de Jersey, Liechtestein y las Islas Caimán. Pero únicamente en 2017, el Tribunal Supremo confirmó dos sanciones al BBVA por solo tres millones de euros que la Audiencia Nacional intentó anular, impuestas en el año 2008 por el Ministerio de Economía, derivadas de sendos expedientes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con un patrimonio de 37.343 millones de pesetas (224,4 millones de euros) que ocultaba el banco en los paraísos fiscales. Este dinero se originó con la compra de algunas participaciones bancarias que el BBV acumuló en estos guaridas.

Pero antes de esta investigación judicial y la del Banco de España en 2001, fue el FBI en 1999 quien investigó el entonces BBV por una acusación realizada por un exsubdirector de la filial puertorriqueña del BBV de la que irradiaron buena parte de las operaciones. El FBI acusó al BBVA de blanquear dinero del narcotráfico en la compra del grupo financiero Probursa en 1996. De forma inexplicable, el entonces juez de la Audiencia Nacional y hoy ministro Fernando Grande-Marlaska, sustituto de Baltasar Garzón, archivó el caso Probursa en 2001.

El congreso mexicano denunció también irregularidades en la compra del banco Bancomer que la entidad española adquirió en 2000, en una operación que costó cerca de 2.900 millones de euros. Pero las investigaciones iniciadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por posibles desvíos desde paraísos fiscales para la compra de Bancomer, nunca han podido ser zanjadas judicialmente.

Pedro Sánchez tampoco quiere recordar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones al BBV-Bancomer, entre otros bancos, por violaciones al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito destinado a prevenir el delito de lavado de dinero. El tema era (y sigue siendo) tan grave que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en 2009 el informe México: Evaluación Detallada sobre Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo por afectar a la estabilidad y seguridad nacional.

Los casos son innumerables, aunque la mayoría no se llegará a conocer jamás. En enero de 2016, un juez federal declaró confesa a la empresaria mexicana Angélica Fuentes, investigada por presunto fraude fiscal, de haber realizado transferencias ilícitas utilizando cuentas del Santander y BBVA entre otros bancos.

El lobby bancario internacional consiguió que López Obrador retirara su propuesta para limitar las comisiones que cobran las entidades, al menos durante los primeros años de su mandato. Es un gran negocio que deprime los ingresos de las mayorías sociales.

México genera la mayor parte de los beneficios que el BBVA obtiene en el mundo y se estima que el peso de las comisiones en los beneficios de BBVA en el país norteamericano es del 36%, es decir, con el paso atrás del gobierno mexicano el BBVA seguirá cobrando a sus clientes unos 930 millones de euros sólo en concepto de comisiones.

Empresas españolas sangran a México

Los dos presidentes deberían leer la investigación realizada por los medios Pie de Pagina y El Universal y la plataforma Connectas sobre violaciones a derechos humanos por parte de Abengoa, FCC, Elecnor y Enagas.

Exponen cómo en Jalisco, Abengoa y FCC, querían desalojar a un millar de campesinos para llevar el agua de sus ríos hasta el corredor industrial de Guanajuato aunque eso vulnere el derecho humano al agua. Cuentan un caso de Morelos, Tlaxcala y Puebla, donde el consorcio entre la empresa italiana Bonatti y las españolas Elecnor y Enagás instaló y opera un gasoducto que atraviesa la Reserva Natural del Popocatépetl pese al riesgo de erupción volcánica. Por oponerse a este, una docena de activistas han sido judicializados. En el caso de Abengoa, ahogada por los impagos en España y México, cobró 73 millones de euros al gobierno mexicano sin poner aún una piedra del acueducto Zapotillo-León, del que ganó la licitación en 2011.

ACS se beneficia de la violencia del narco

En mayo de 2018 conocí al periodista mexicano Carlos Manuel Juárez, autor de Vivir con el narco, que vivió temporalmente en España al recibir amenazas por sus trabajos sobre corrupción, narcotráfico, derechos humanos y desapariciones forzadas (ha estado en el programa de defensores de derechos humanos de la Taula per Mèxic).

En la jornada “Las venas de América Latina siguen abiertas”, en la Casa de América, denunció un caso especialmente espantoso. En el mismo municipio de San Fernando de Tamaulipas, donde el grupo narcotraficante Los Zetas masacró en 2010 a 72 migrantes de Centroamérica y, luego en 2011, cometió una matanza de 193 personas, la empresa estatal petrolera de México PEMEX adjudicó en 2017 un bloque petrolífero a la empresa Iberoamericana de Hidrocarburos, filial del grupo ACS, de Florentino Pérez (presidente del Real Madrid).

Carlos Manuel Juárez y Daniela Rea no solo documentaron que ACS contamina el medio ambiente (utiliza la técnica del fracking) y despoja las comunidades de sus tierras. Sino que todo ello ocurre en un contexto de violencia del narcotráfico y donde las empresas que operan en la extracción de hidrocarburos conviven con el crimen de los cárteles del Golfo y los Zetas. ¿Quién le da protección a ACS? ¿Ha estado el gobierno mexicano de por medio?

El tratado comercial UE-México

Tal vez una de las razones del viaje a México consistió en amarrar que el gobierno de López Obrador no reabra las negociaciones del tratado comercial con la Unión Europea. Tal vez Sánchez recibió este encargo no solo del poder económico y financiero del IBEX35, sino también de Bruselas. “Creo que México es uno de los… diría de los socios estratégicos de la Unión Europea”, dijo Sánchez.

Respecto al acuerdo global UE-México, ahora mismo en “proceso de renovación”, ha trasladado a López Obrador que “desde luego el Gobierno de España va a luchar y va a trabajar para que esa renovación del acuerdo global entre la Unión Europea y México se pueda producir cuanto antes”.

En la página web de la La Moncloa se puede leer bajo el titular “Principal aliado comercial en América Latina”: “La visita del presidente sirve asimismo para ahondar en las relaciones económicas y comerciales entre los dos países. España es el segundo país inversor en México, con más de 6.000 empresas presentes en el país. Por su parte, este país centroamericano se ha consolidado como uno de los principales inversores en España, situándose en 2018 como quinto inversor internacional y el segundo fuera de la Unión Europea, una relación comercial que se verá reforzada por el principio de acuerdo alcanzado para la modernización del Acuerdo Global UE-México”.

Desde la CEOE se destacó también la importancia del acuerdo comercial alcanzado en julio de 2018 entre los negociadores mexicanos y de la Comisión Europea, destinado a “modernizar el pilar económico del Acuerdo de Asociación Económica”. Garamendi señaló que este acuerdo supone “un paso importante en la mejora de las condiciones de acceso de las empresas españolas al mercado mexicano, además del establecimiento de un marco de cooperación institucional y de un cuerpo de reglas compartidas, lo que sin duda contribuirá a reforzar aún más las sólidas relaciones económicas bilaterales”.

La realidad es bien distinta. El tratado comercial UE-México profundizó la violencia, la corrupción, las desigualdades, las violaciones de derechos humanos y la pérdida de democracia en México, como señalan diversos estudios.

¿López Obrador cambiará esta asimetría?

Yo me alegro mucho del cambio en el gobierno de México. Pero respecto a la política económica, financiera y comercial me temo que habrá pocos cambios. Cuando López Obrador ganó las elecciones presidenciales se vaticinó un “cambio político significativo” y “una posición sólida para controlar la agenda legislativa”.

Había casi 55 millones de personas pobres y una precariedad que afecta al 45% de la población, superior a 120 millones de personas. López Obrador heredó de Peña Nieto varios regalos envenenados, como el Tratado Transpacífico (TPP) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA 2.0), que se firmó antes de tomar posesión (pero con su visto bueno). Aunque el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrá que pasar todavía por los parlamentos de los tres países para ser ratificado. Y el Partido Demócrata podría bloquearlo en la Cámara de Representantes.

Lamentablemente, el gobierno mexicano no promoverá cambios profundos al marco económico, financiero o fiscal, según declaró el mismo López Obrador en noviembre de 2018, un día después de que un proyecto de ley presentado por su partido en el Senado, para eliminar o reducir las comisiones que cobra la banca, provocó una pronunciada caída en la Bolsa de Valores.

Pero aun así, con todos los datos anteriores sobre la mesa, si tuviésemos la oportunidad, preguntaríamos a López Obrador: ¿permitirá su gobierno que las empresas españolas sigan violando los derechos humanos y la ley en México? ¿Adjudicará obras públicas como el Tren Maya a empresas como ACS, OHL o FCC que están acusadas de haberse beneficiado de la violencia en México o haber financiado la corrupción?

Diplomacia empresarial

En definitiva, Sánchez no solo ha defendido la agenda económica y política de la CEOE y del IBEX35 en su visita a México, sino que esta domina en gran parte las relaciones del ejecutivo español con América Latina.

Pese a las pruebas abrumadoras, la posición del gobierno español no solo es apoyar a las empresas españolas, sino también mantener una política nefasta que ensalza la responsabilidad empresarial, al tiempo que pasan por alto las repercusiones reales de las grandes empresas españolas y las consecuencias de las políticas comerciales de la UE para las comunidades y el medio ambiente en América Latina, en general y en México, concretamente.

Con el viaje a México, el gobierno del PSOE ha fomentado la impunidad de las empresas españolas que están implicadas en violaciones de derechos humanos y ambientales y les ayuda, en gran medida, a lograr escapar de toda responsabilidad. Pero, sobre todo, se trataba de conseguirles nuevos negocios. En eso no se diferencia una pizca de la política neocolonialista y la diplomacia económica-comercial ejercidas por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Pero cuidado, señor Sánchez, mentir (y yo le acuso de mentir) y encubrir los crímenes de las multinacionales españolas como lo ha hecho, también puede considerarse un delito. Pondremos nuestro grano de arena para que no queden impunes.

nueva campaña europea
Para poner fin a la impunidad corporativa descrito aquí, movimientos sociales, ONG y sindicatos de 18 países europeos han puesto en marcha una campaña bajo el lema “Derechos para las personas, obligaciones para las multinacionales”.

Con una recogida de firmas, que ya en una semana ya ha sumado más de 280.000 apoyos, y otras acciones, van a demandar al Gobierno español y la Unión Europea que pongan fin al arbitraje de inversiones y que apoyen en Naciones Unidas el establecimiento de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales con respecto a los Derechos Humanos. Y que las Cortes Generales incluyan en la legislación española el deber de las empresas transnacionales de respetar los derechos sociales, laborales, económicos y ambientales en todas sus actividades en el mundo.

Anímate y firma, apoya y difunde la campaña.

 


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3 Comentarios
Mayté 9:24 4/2/2019

Algunas de las informaciones de este artículo (¿de opinión?) son correctas. Pero como la mayoría de los periodistas "occidentales", deben saber que México, geográficamente, NO es un país centroamericano. El periodista habla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ratificado antes de la salida de PN con el VB de Obrador. Eso significa, estimado redactor, que México está en América del Norte, no en Centroamérica, indepedientemente de si nuestro país es colocado en el denominado sur global por asuntos de estrategia económica o política. Periodísticamente, es un error obtuso que continúan cometiendo y no entiendo por qué.

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Tom Kucharz 13:02 4/2/2019

Estimada Mayté, muchas gracias por tus comentarios. La parte a la que haces referencia es un entrecomillado de la página web del gobierno español (La Moncloa): "(...)Por su parte, este país centroamericano se ha consolidado como uno de los principales inversores en España (...)" que se utilizó para reforzar los argumentos de que el gobierno de Pedro Sánchez sigue la misma línea (neo)colonialista, mercantilista y depredador de las grandes empresas españolas, de la patronal española CEOE y del IBEX35. Espero que le sirva esta aclaración. Nuevamente gracias por la lectura y los comentarios. Un cordial saludo, Tom Kucharz

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José Martínez Carmona 7:07 4/2/2019

Si Pablo Iglesias regresara constataría asombrado que el Partido Socialista que presidió se transformó hace tiempo en un partido más defensor del capitalismo.

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