Migración
Un pacto para expulsar migrantes más fácil y rápidamente

El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, alcanzado hace ya un año, el 23 de septiembre de 2020, no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos y consolida en la norma prácticas lesivas a los derechos de quienes migran. Así lo denuncian un grupo de 11 organizaciones de la sociedad civil que hoy, 7 de octubre, han hecho público un documento que contiene una serie de recomendaciones para revertir las políticas migratorias europeas y avanzar hacia un enfoque de derechos humanos.

Alianza por la Solidaridad, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, CEAR, la Coordinadora de organizaciones para el desarrollo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Intermón Oxfam, Red Acoge, Save the childrem y Stop Mare Mortum, son las entidades que han elaborado este análisis.

La expulsión como prioridad

Facilitar la devolución de quienes llegan a las fronteras: Desde su publicación el año pasado, las críticas a la mirada comunitaria sobre las migraciones se han centrado en el refuerzo de las lógicas de la Europa fortaleza que implica la normalización del retorno forzoso, quedando fuera de foco la consolidación de vías legales y seguras. Las organizaciones señalan que el pacto limita al marco de la Protección Internacional tanto la posibilidad de reasentamiento o acogida humanitaria, y todo ello de manera muy limitada, y deja afuera los visados humanitarios, contraviniendo así las recomendaciones del Parlamento Europeo.

Las organizaciones se muestran asimismo pesimistas ante el objetivo de reasentamiento planteado para 2020-2021 (29.487), que registra un incremento respecto a años pasados, con metas que sin embargo no fueron alcanzadas aún existiendo más países utilizando la fórmula del reasentamiento, una fórmula en retroceso con cada vez más estados negándose a recibir solicitantes de asilo.  

Frente a esta tendencia restrictiva en la acogida humanitaria, las organizaciones instan a “incrementar los compromisos de reasentamiento e incidir activamente en el resto de Estados miembros para que también los utilicen”. Apuntan también a mejorar los procedimientos en el ámbito de los visados humanitarios adoptando las recomendaciones del Parlamento Europeo. Corredores humanitarios, posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas, patrocinio de los reasentamientos, son algunas de las herramientas que las organizaciones instan a incorporar. 

Junto a la prioridad de expulsión, el informe cuestiona el enfoque de externalización de las fronteras, y el énfasis en los acuerdos de readmisión que caracteriza la relación con terceros países

Junto a la prioridad de expulsión, el informe cuestiona el enfoque de externalización de las fronteras, y el énfasis en los acuerdos de readmisión que caracteriza la relación con terceros países. En este marco critican que el esfuerzo presupuestario se centre en el control fronterizo, en un contexto de ausencia de mecanismos de fiscalización del respeto de los derechos humanos. Así, denuncian el incremento de fondos para la repatriación frente a la contracción de recursos dedicados a la acogida. Frente a este panorama las organizaciones defienden potenciar la vigilancia del respeto a los derechos humanos y desligar los objetivos de cooperación al desarrollo del control migratorio.

Derechos humanos desdibujados

La agencia de control de fronteras, el controvertido Frontex, es señalado como uno de los elementos más problemáticos de la política migratoria europea. Cuestionado por el tribunal de cuentas, y condenado por vulnerar la legalidad en procedimientos de devolución, las organizaciones urgen a establecer tanto mecanismos de responsabilidad en la agencia, como garantías de transparencia presupuestaria, así como reforzar el papel de otras agencias cuya misión sea el cumplimiento de los derechos humanos.

Por otro lado, se critica la ausencia de una perspectiva de género y de protección de la infancia en el documento, más allá de la mención a la trata sexual o a la violencia de género, enfoque que las organizaciones consideran muy limitado, recomendando que se evalúen los impactos “desde una perspectiva interseccional previo a cualquier medida legislativa que vaya a desplegarse en el marco del Pacto”. Las organizaciones llaman asimismo a favorecer el diálogo con los colectivos de la sociedad civil discriminados por las políticas migratorias actuales.

Así como se insta a la incorporación de la perspectiva de género, se denuncia que el incumplimiento de la Convención de los derechos de la infancia en cuanto que permite la detención de niñas y niños en la frontera a partir de los 12 años

Así como se insta a la incorporación de la perspectiva de género, se denuncia el incumplimiento de la Convención de los derechos de la infancia en cuanto que permite la detención de niñas y niños en la frontera a partir de los 12 años. En este marco, la infancia migrante no acompañada queda desprotegida, alejándose del principio de interés superior del menor. Las organizaciones consideran urgente prohibir las detenciones, y priorizar que el menor sea reasentado —superando el criterio de prioridad del primer país de entrada— allá donde disponga de familiares. 

Otro de los ámbitos de urgente transformación, señala el informe, es el de Salvamento y rescate marítimo: tanto en lo referente a sistematizar y garantizar el rescate por parte de los estados, como a permitir que las ONG puedan ejercer esta labor sin tener que enfrentar obstáculos por parte de las administraciones, y teniendo acceso a puertos seguros. En este marco consideran fundamental que existan mecanismos de rendición de cuentas ante eventuales violaciones de derechos humanos por parte de los estados. 

Los efectos del pacto

El informe evalua el impacto de los mecanismos introducidos en el pacto, entre ellos el screening, el procedimiento de control previo de entrada cuyo objetivo es hacer un primer filtro en frontera entre posibles solicitantes de asilo y personas que serán devueltas. Esta herramienta, critican, habilita que no se considere que las personas han llegado a Europa aún cuando se encuentren ya en frontera, e implica la detención de quienes lleguen de manera irregular. Detenciones, recuerdan, que se realizarían sin supervisión judicial. Así, exigen la suspensión de este procedimiento y del concepto de pre-entrada, garantizando la aplicación de los derechos humanos en la frontera y reafirmando el principio de no devolución.

El Pacto incorpora la devolución inmediata de las personas extranjeras interceptadas en el territorio europeo que estén en situación irregular tras eludir los controles fronterizos. Expulsiones ejecutadas sin tener en cuenta las circunstancias personales (tiempo de residencia, vínculos familiares, situación de vulnerabilidad). También en estos casos las organizaciones instan a eliminar la aplicación del screening en estos casos.

Asimismo se señala como problemático el procedimiento fronterizo de solicitud de asilo que “se basa en el supuesto de que la mayoría de las personas que llegan a Europa no necesitan protección, y que el examen de las solicitudes de asilo puede hacerse de forma rápida y sencilla”. Este mecanismo permite que las autoridades evaluen las solicitudes de asilo antes de que se haya concedido la entrada a las personas solicitantes, que se mantienen en instalaciones cerca de la frontera. Los tiempos establecidos para el procedimiento rápido en frontera (12 semanas) son considerados insuficientes para que se den todas las garantías necesarias, pudiendo ser negado el asilo de manera discreccional cuando el solicitante procede de “un tercer país seguro”. Las organizaciones denuncian que en este y otros apartados el Pacto viola la Convención de Ginebra y piden que apelaciones y recursos puedan suspender la expulsión. 

Si hay algo que alarma a las organizaciones es la posiblidad determinada por el pacto de que los estados puedan actuar al margen de los derechos humanos, con ampliaciones de los tiempos y motivos de detención en frontera en lo que se denomina “situaciones excepcionales de afluencia masiva”

Si hay algo que alarma a las organizaciones es la posiblidad determinada por el pacto de que los estados puedan actuar al margen de los derechos humanos, con ampliaciones de los tiempos y motivos de detención en frontera en lo que se denomina “situaciones excepcionales de afluencia masiva”. También está contemplado que los Estados miembros “puedan congelar el registro de solicitudes de asilo durante cuatro semanas en una situación de fuerza mayor”. Frente a esto, las organizaciones afirman que “la detención como norma en los procesos fronterizos vulnera los principios internacionales de necesidad, proporcionalidad y la obligación de priorizar alternativas a la detención o de realizar una evaluación individualizada”. En este contexto, enuncian el riesgo para la salud mental de las personas migrantes.

La Comisión Europea plantea un sistema de acogida “a la carta” que premiará a quien retorne más solicitantes de asilo

Pablo Elorduy

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Personas refugiadas

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La política de migración y asilo de la Comisión Europea se acerca a los postulados de los países más reacios a la concesión de permisos a refugiados y solicitantes de asilo. 

En el transfondo del Pacto las organizaciones señalan cómo la reubicación solidaria de solicitantes —que se torna voluntaria para los estados— se desdibuja a favor del apoyo a las devoluciones, habilitándose el patrocinio de retornos por parte de estados miembros aún antes de que se se decida la expulsión. Una focalización en la rapidez de estos procesos que dificulta la garantía de derechos y atenta contra el principio de no-devolución. Por otro lado, denuncian, la reubicación se limita a solicitantes cuyo expediente no esté sujeto al procedimiento en frontera, o a beneficiarios de protección internacional solo en caso de “presión fronteriza”.

Con la vinculación entre asilo y control de fronteras, recuerdan las organizaciones, se acentúa la disfuncionalidad del sistema de refugio con consecuencias perniciosas para las personas. Recuerdan así que “ los retornos forzosos siempre debe ser una medida de último recurso y únicamente después de que haya tenido lugar un proceso justo y eficiente que garantice todas las salvaguardias legales”. Instan por último a que la reubicación sea siempre en el interés del migrante, obligatoria para los estados y exista un seguimiento más eficaz en su cumplimiento.