Migración
Loueila Mint al Mamy: “¿Cómo me está diciendo a mí la abogacía que no estoy debidamente integrada?”

“Que dice la abogacía del Estado que no me conceden la nacionalidad española porque no estoy suficientemente integrada en la sociedad española. ¿Encabezar mi demanda como letrada no es suficiente integración? 21 años en España, pagando impuestos, siendo abogada, y sigo luchando”, rezaba el tuit que el pasado 4 de noviembre compartió la abogada saharaui residente en Canarias Loueila Mint el Mamy. Su denuncia rápidamente se viralizó, Mint el Mamy es conocida por su defensa de las personas migrantes en Canarias, desde que la reactivación de la ruta canaria y la deficiente respuesta del gobierno movilizara a la sociedad civil de las islas para dar respuesta a las distintas vulneraciones de derechos humanos que se dan en esta parte de la frontera Sur.

Esta vez los derechos que Mint el Mamy considera vulnerados son los suyos, “son 23 años y no 21 los que llevo de residencia legal —explica al otro lado del teléfono, irónica— me equivoqué, sigo creyendo que aún tengo 29 y tengo 31. Le regalo dos años de residencia legal al Ministerio de Justicia, así de generosa soy”, ríe. Pero lo cierto es que la actuación del ministerio de Justicia no le hace ninguna gracia. Tras haber recibido la comunicación causante de su indignación el pasado mes de septiembre, lleva un mes aguantando el enfado ante lo que considera un darse contra la pared. Algo que ha experimentado como abogada representando a otras personas migrantes y que ahora le ha tocado confrontar a ella misma, a pesar de todas las herramientas con las que cuenta, como su condición de letrada, sus recursos y su conocimiento de las leyes. La carta en la que un abogado del Estado afirma que una persona con 23 años de residencia en el país, abogada colegiada, ejerciente, no ha acreditado integración o civismo es solo el penúltimo episodio de un recorrido kafkiano.

Dice el señor abogado que no estás integrada, ¡pero si llevas toda la vida aquí!
Entré en el año 98 en territorio nacional, con el programa de Vacaciones en Paz, pero en el 99 ya me vine con mi madre a Islas Canarias y desde el 99, que ella me tramitó la documentación de residencia, he sido residente legal. Siempre he estado aquí, me he criado aquí, he estudiado toda mi vida aquí. Yo tenía claro que quería formarme, estudiar derecho para poder ayudar. Al principio quería ser fiscal, de hecho con 17 años me hicieron una entrevista y me acuerdo que lo dije, pero después viendo cómo estaba conformado el sistema y cómo era la figura del fiscal, que era siempre acusar y no valorar otras circunstancias pensé, qué va.

Terminé de cursar Derecho en la Universidad de La Laguna en 2016. En enero de 2018 finalicé mi máster de acceso a la abogacía. A cualquier persona que quiera ejercer como abogada o abogado en territorio nacional, junto al grado en Derecho se le exige hacer  un máster, tener el b2 de inglés y después un examen de acceso a la abogacía de 44 temas. Yo hice todo lo que tenía que hacer, cumplí con  todo lo que me pedían y en mayo de 2018 finalicé todas mis estudios aprobando el examen. 

¿Y ahí empiezan los problemas?
Justo cuando termino y voy a colegiarme me dice el colegio de abogados que no puedo porque no soy española ni comunitaria y que tengo que pedir una dispensa de nacionalidad al ministerio de Justicia: eso es un permiso para que me dejen ser abogada en el territorio nacional y formar parte del colegio general de la abogacía española, siendo de un tercer país. Yo hice todo lo que tenía que hacer con todo el dolor de mi corazón y con toda la frustración porque no hay nada peor que tú tener todo hecho, con todos los obstáculos, con toda la inversión emocional, económica y física y que te frenen, y a mí me frenaron en seco.

Justo cuando termino y voy a colegiarme me dice el colegio de abogados que no puedo porque no soy española ni comunitaria y que tengo que pedir una dispensa de nacionalidad al ministerio de Justicia. Hice todo lo que tenía que hacer con toda la frustración porque no hay nada peor que tú tener todo hecho y que te frenen

Les remito la primera carta en mayo del 2018 diciéndoles básicamente que yo doña Loueila Mint el Mamy, habiendo cursado sus estudios  en la universidad de la Laguna y habiendo pasado el examen de acceso a la abogacía ante el ministerio de Justicia —el mismo que me ha estado perjudicando todos estos años— les solicitaba esa dispensa. Estuve seis meses llorando de impotencia, mi familia lo sabe. Yo me sentía muy impotente porque a mi me contestaban desde el ministerio de Justicia que si quería homologar mi título que remitiese la documentación a no sé dónde, no se habían tomado el tiempo ni el esfuerzo, en leer y en ver qué les estaba pidiendo. Ellos solo leían que me llamaba Loueila Mint el Mamy y decían esta tipa quiere homologar. Pues no. Era como darse golpes contra la pared hasta que después de otra carta certificada entienden, por fin, qué era lo que yo quería y me dan la dispensa en octubre de 2018, que me permitió empezar a colegiarme el 8 de noviembre, y ya cumpliría tres años como letrada.

Y mientras, ¿qué pasaba con la nacionalidad?
En el año 2018, cuando hago todos estos trámites, yo ya tenía mi expediente de nacionalidad española en proceso, en noviembre de 2017 ya había presentado toda la documentación y la había remitido a Madrid para que me concediera la nacionalidad. Cuando me colegié y empecé a trabajar comencé a sacar expedientes  de nacionalidad a mi propios clientes. La administración, había cambiado la normativa en 2015, porque  antes no había plazo, no pagabas tasas, no hacías examen, lo presentamos todo por registro civil, era todo en soporte papel y la administración podía tardar muchísimos años.

En 2015 modifican la norma para decir que  los expedientes ya no se van a remitir al registro civil de la administración general del registro notarial sino que se van a remitir todos de manera telemática a la sede electrónica del ministerio de Justicia, dando además un plazo de un año para que la administración resuelva. La norma señala también que transcurrido ese año se entiende que te lo han denegado, pero en la práctica tardan bastante más de un año, pueden tardar dos años, tres años, cinco años, depende de las circunstancias del caso.

En mi caso, concretamente, cuatro años llevo con mi expediente atascado. El año pasado me dije, tengo que rescatar esto porque yo no voy a seguir esperando, presenté una demanda a la Audiencia Nacional diciéndoles, uno: que me pongan a disposición el expediente para poder demandar; dos: que me concedan la nacionalidad.

Algo que no pasó...
Estuvieron cinco meses hasta que me dieron el expediente,  de hecho el letrado de la administración, que es el secretario judicial de la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, tuvo que reiterarles en tantas ocasiones que lo enviaran que en la última les decía que si no lo enviaban directamente se iba a sancionar económicamente al funcionario responsable del expediente, para que te hagas una idea de cómo funciona este caso.

En lo que llevo de año, gracias a los recursos que he puesto a mi hermano, mi hermana y a muchísimos clientes a los que asisto he conseguido sacar un montón de nacionalidades del atasco, pero concretamente la mía no hay manera. Presento mi recurso en septiembre, ellos tardan entre 5 o 6 meses para enviar el expediente administrativo. Al final lo envían, ¿qué pasa? la administración de  justicia, y en general, todas las administraciones, solo funcionan a base de golpes. ¿Eso qué significa?, que si yo no llego a demandarles ellos nunca hubiesen digitalizado mi expediente.

Cuando yo presento el recurso, se ponen manos a la obra rápido, digitalizan mi expediente y me contestan por fuera de la Audiencia Nacional, porque yo tengo una carpeta ciudadana que es con la que me relaciono con las administraciones. Me dice: fulanita, notificación. Sorpresa mía que veo que tengo ya número de expediente y que además me hacen un requerimiento: necesitamos que nos aporte la partida de nacimiento que nos envió, que pase por manos del consulado español en Argelia y que nos dé la correspondiente legalización. Lo hice lo más rápido que pude, tirando mi madre de gente que teníamos ahí para que fueran. Conseguí que  me la enviaran y la presenté, a la vez presenté la demanda. 

¿Por qué en ese momento?
En la vía contencioso administrativa primero recurres para pedir el expediente y para que la administración lo saque, y después ya preparas la demanda con el expediente, entonces presentó la demanda en junio del 2021 diciendo que cumplo todos y cada uno de los requisitos, que después de cuatro años interpuse recurso contencioso administrativo para poder buscar un amparo judicial ante esa presunta denegación por silencio administrativo.

Si la ley te da un año tú me tienes que contestar en un año, tú no puedes estar seis años, siete años y obligarme a mí a tener que ir a la Audiencia Nacional, porque yo tengo recursos, pero la gente que no tiene recursos ¿qué hace?

Les dije que si bien era conocedora de la saturación crónica debido a la escasez de medios que padecen las administraciones públicas como el ministerio de Justicia pero que no por ello podíamos dejar al albur del criterio personal de cada funcionario el eficaz funcionamiento del mecanismo judicial y obligaciones que establece la ley.

Si la ley te da un año tú me tienes que contestar en un año, tú no puedes estar seis años, siete años y obligarme a mí a tener que ir a la Audiencia Nacional, porque yo tengo recursos, soy abogada y mi procuradora me lo presentó gratis pero la gente que no tiene recursos ¿qué hace?, ¿se gasta el dinero en abogados? a mí eso me parece sangrante. 

No tarda mucho en llegarte la respuesta
Un mes después, en julio, envían lo que compartí en tuiter: una contestación de la abogacía del estado —un copia y pega, dado que ellos ni siquiera vieron si estaba integrada o no—  donde se me dice que yo no he acreditado suficiente integración, arraigo, permanencia legal y como no la he acreditado se desestima la demanda, que me condena a costas.

El documento lo recibo en septiembre, porque agosto es inhábil y no trabajabamos. Cuando me llega, mi enfado y mi impotencia eran tan grandes, porque era otra vez volver al punto de 2018 cuando me colegié, sentí que me daba golpes contra la pared, y otra vez volver a lo mismo. Pero, ¿cómo me está diciendo mi la abogacía, que soy abogada, que les he enviado una demanda explicándoles todo, que les he mandado toda la documentación que me han pedido, que no estoy debidamente integrada?, ¿cuál es el insulto a la inteligencia por parte de esta administración? Puede ser por pura pasividad, porque son un desastre y un caos terrible, o puede ser con intencionalidad, cualquiera de las dos causas me da exactamente igual, porque yo no tengo por qué sufrir las consecuencias, porque ellos no me dejarían pasar a mi ni una.

Cuando la propia administración pone leyes que ella misma incumple, como son los plazos de resolución de los expedientes, y además es arbitraria en la toma de decisiones, ¿Qué se hace? ¿Cómo se enfrenta esto? 
Es muy frustrante, porque fíjate hasta qué punto se ha llegado que hay personas que han presentado el expediente este año y en tres meses les han contestado, y hay personas que llevan esperando su expediente desde 2013 o 2014. ¿Cómo se puede luchar contra esta arbitrariedad?, no se puede, porque hasta yo que tengo los mecanismos para hacerlo, me están fastidiando y me están perjudicando con su no hacer cuando están obligados a hacer, no se puede luchar contra eso, se puede denunciar, pero es algo que está hecho de manera intencionada para precisamente no conceder la nacionalidad española a todas las personas que tienen que concedérsela.

¿Qué consecuencias tiene en la vida de las personas esta lógica por la cual la nacionalidad no es algo a lo que se accede después de un cierto número de años de residir, aportar, y formar parte de una sociedad, sino algo que uno debe ganarse, merecerse?
Cuando la gente me dice, pero, ¿por qué quieres la nacionalidad española?, les digo que tener la nacionalidad española me evitaría muchos dolores de cabeza. Ahora yo misma tengo la autorización de residencia caducada desde el 18 de octubre y no tengo cita para renovarla hasta el 25 de noviembre, que era la fecha que me dieron. Si yo ahora mismo  tuviera que pedir mi certificado de residente de Canarias o cualquier otra documentación, no me la darían.

Otro problema es poder viajar a los campamentos de refugiados de Tinduf, me es más fácil como española que como saharaui con documentación argelina. Para ir al Sáhara Occidental ocupado me es más sencillo ser española, si soy argelina no voy a poder pasar, me están poniendo trabas para llegar a mi población. Por otro lado, si quisiera opositar a una plaza tampoco podría, si quisiera votar tampoco me dejarían. Es todo tan violento.

Estuve desde septiembre sin denunciar la denegación, pero una compañera saharaui abogada en Madrid que tiene la nacionalidad española, me dijo, no no, esto lo tienes que denunciar, entonces también yo dije, sí, lo tengo que denunciar ¿cómo es posible que se me esté diciendo que no estoy integrada?, ¿cómo es posible que yo con todo el trabajo que estoy haciendo por visibilizar a todas las personas migrantes que están llegando, que se les están pisando derechos, permita que a mí misma me los pisoteen?

Yo creo que esta lucha no es solo mía: me puede beneficiar a mi porque la administración me conteste mi expediente por fuera, o que la Audiencia Nacional me dé la razón —yo quiero que pase eso y que la Audiencia Nacional condene a costas al Ministerio de Justicia y tengan que pagarme— no he demandado por todos los daños que me han ocasionado porque no tengo tiempo, porque si tuviera tiempo lo haría.

¿Hay casos como el tuyo entre los que llevas como abogada?
Constantemente estoy presentando recursos por silencio y contestan. Pero como mi caso no he vivido ninguno. Llevo dos años recurriendo como loca y he sacado bastantes nacionalidades. Yo no sé si lo mío es algo intencionado por mi persona, porque no quieren dármelo, por mi posicionamiento político. Porque piensen: esta activista saharaui a ver si nos va a meter en un problema si le damos la nacionalidad.

Esa puede ser una razón, desconozco si tienen un informe del CNI que les diga que no me la den, no sé en base a qué, porque no tengo ningún antecedente penal. Otra dificultad es que estoy documentada por Argelia,  si yo  estuviera documentada por Marruecos ya me habrían respondido. España tiene muchos acuerdos con Marruecos en materia de seguridad y todo, hay más obstáculos con Argelia y se nota. Otra opción es si están esperando alargarlo el máximo que puedan y agotarme, que eso es muy difícil, o si básicamente son un desastre y como desastre que son me están perjudicando. 

¿Percibes lógicas coloniales en esta forma de filtrar y dejar fuera a la gente?
Hay nacionalidades que es más fácil, como las  iberoamericanas, que fueron colonizadas por España. Pero el Sahara que también fue colonia y del que España sigue siendo potencia administradora, no tiene ninguna ventaja. De hecho, mucho saharauis siguen teniendo dni español y no han obtenido ningún beneficio ni para aportar los años de residencia. Son prácticas muy violentas, muy supremacistas y muy colonialistas teniendo en cuenta que encima por  culpa de España hemos tenido que venir aquí, pues nos abandonaron de la peor forma y nos dejaron en manos de Marruecos.

A un estado no le interesa nacionalizar a todos los extranjeros, eso está claro y es evidente. No quieren tener a Ahmed, a Mohamed, a Mamadou o a Loueila con su dni desde el minuto uno. No creo que sea una  casualidad que los expedientes se atasquen

Hay que señalar además que a un estado no le interesa nacionalizar a todos los extranjeros, eso está claro y es evidente. No quieren tener a Ahmed, a Mohamed, a Mamadou o a Loueila con su dni desde el minuto uno. No creo que sea una  casualidad que los expedientes se  atasquen, interesa que determinadas personas con determinadas nacionalidades no supongan un problema para la raza y la supremacía blanca y ahí se van a quedar en el cajón sus expedientes, que protesten, les da exactamente igual.

Fíjate que las oficinas de extranjería, cuando hay atención presencial, no es casualidad que los trabajadores traten mal a las personas extranjeras. Sí, las tratan mal,  solo hay que ir un día por la mañana y ver cómo se dirigen a las personas extranjeras, hay un fin claro, que las personas no se queden. Eso se llama racismo institucional y violencia institucional.Yo considero que mi caso es violencia institucional elevada a su máximo pero dentro de lo que cabe, creo que soy una privilegiada, que tengo instrumentos para denunciar que otras personas no tienen. Por eso considero que mi lucha es mi lucha pero también la de muchas otras personas.

Luego la extrema derecha siembra las redes de fake news y discursos que casi dicen que se van regalando nacionalidades por ahí.
Eso es mentira, son bulos. Excepto si eres un futbolista y vas a jugar con España o eres un artista, y lo logras por carta de naturaleza, que ese tipo de solicitud corresponde al Consejo de Ministros. El resto de población migrante que viene, que paga sus impuestos, que trabaja, tenemos que pasar por todos estos trámites y todos estos trámites son burocracia tras burocracia. Yo puedo entenderlo, oye, hay un protocolo, ahora bien tú me dices que va a resolverse en un año, que para eso tengo que pagar 100 euros, hacer dos exámenes que uno cuesta 85 euros y el otro, el de idioma, 130 euros, en total, dejarse 300 euros, le dices a la gente que pague para que tú les resuelvas el expediente en un año, y es mentira.

Y encima, para que presenten ese expediente hay que contratar a un abogado o a una gestoría que son otros 400 o 500 euros. Y aún así te gastas todo ese dinero que ya vamos por 800 euros y no te resuelven en plazo y tienes que contratar a una procuradora en Madrid a una abogada que te quiera presentar un recurso. A mí esto me parece cuanto menos sangrante y terrorífico en un estado que se define como democrático y de derecho y en el que encima yo estoy pagando mis impuestos.