Migración
Las personas solicitantes de asilo no podrán optar al ingreso mínimo vital
Al contrario de lo que se había anunciado previamente, los solicitantes de asilo quedan excluidos del ingreso mínimo vital. Se suman a las 600.000 personas migrantes en situación administrativa irregular que han quedado fuera de esta medida.
Mujeres víctimas de trata, de violencia machista o prostitutas en situación vulnerable. Estas son las únicas excepciones que el Gobierno ha incorporado en cuanto a la cobertura del ingreso mínimo vital para personas en situación administrativa irregular. Con la publicación del BOE, quienes soliciten asilo —y no hayan entrado aún en el sistema de protección y cuenten con un año de residencia legal— también han quedado fuera, aunque su inclusión había sido anunciada previamente.
El movimiento #RegularizaciónYa ha manifestado su decepción la mañana del 1 de junio y ha reiterado que, dejando afuera a las personas migrantes, no se cumple el compromiso tantas veces defendido por el Gobierno de que nadie quede atrás. La plataforma, que cuenta con la adhesión de más de 1.100 colectivos lleva semanas haciendo campaña para que el gobierno no dejara desamparadas a familias que han visto su situación ya precaria, agravada duramente durante el confinamiento.
Desde #RegularizaciónYa reprochan al Gobierno haber ignorado el informe Propuesta para que el ingreso mínimo vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular, en el que se demandaba y justificaba la inclusión de este colectivo. Recuerdan que su exclusión ahondará en la desigualdad que afecta a la población migrante.
Además, desde la plataforma inciden en que esta decisión incumple acuerdos internacionales como la Agenda 2030, ámbito de responsabilidad del Ministerio encabezado por el vicepresidente Pablo Iglesias. La exclusión, que también afecta a las personas migrantes en situación regular desde hace menos de un año, implicaría, en palabras de su portavoz Edith Espinola, “excluir a las personas según su estatus migratorio, una medida discriminatoria y contraria a esta agenda internacional”.
Espinola ha recordado que precisamente las personas migrantes excluidas son a las que se condena “a una situación de irregularidad y falta de acceso a derechos por los efectos de la Ley de Extranjería que las mantiene en trabajos precarios de la economía sumergida que, en muchos casos son, además, esenciales: trabajadoras del hogar y los cuidados, jornaleros y jornaleras, etcétera”.
#RegularizaciónYa pide al Gobierno que sea más ambicioso, pues, denuncian, la decisión de dejar a 600.000 personas fuera de la medida pone en cuestión su eficacia para luchar contra la pobreza y la desigualdad.
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