“Las familias de los fallecidos en El Tarajal están contentas y piden que no bajemos los brazos”

La Audiencia Provincial de Cádiz ordena por segunda vez la reapertura del caso de El Tarajal y pide tomar declaración a los testigos presenciales de las 15 muertes producidas tras la intervención de la Guardia Civil en un intento de entrar a territorio español.

Tarajal Carteles Playa
Algunas pancartas en la playa de Tarajal, tras la marcha, en una imagen de la Red Solidaria de Acogida.

publicado
2018-09-01 12:15:00

La resolución judicial de las 15 muertes en el paso fronterizo de El Tarajal (Ceuta) en febrero de 2014 ha entrado en un nuevo capítulo tras conocerse ayer, 31 de agosto de 2018, la decisión de la Audiencia Provincial de Cádiz de ordenar la reapertura del caso.

En su auto, que supone ya la segunda ocasión en que esta instancia levanta el carpetazo que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dictó sobre la causa, la Audiencia Provincial insta a seguir investigando y a tomar en cuenta las declaraciones de los testigos.

Patricia Fernández, abogada de Coordinadora de Barrios, una de las acusaciones, considera que esta decisión es un “paso importante” y la califica como una buena noticia, aunque lamenta la lentitud del procedimiento por la negativa del juzgado instructor a practicar esas diligencias. “No entendemos —reconoce la letrada a El Salto— cómo el juzgado, una vez que había acordado tomar declaración a los testigos, inopinadamente cerró el caso sin haberlas practicado. Sobre todo, nos preocupa mucho el motivo por el que se cierran las actuaciones: se consideraba que los testigos están en situación irregular, algo que no consta, y que por lo tanto no van a poder declarar. Eso no es así, no podemos quedarnos con un auto judicial que diga que las personas en situación irregular no pueden declarar porque eso privaría de la condición de testigo y víctima a todas las personas en esa situación y dejaría especialmente desprotegida a la migración”.

Fernández incide en la demora de este proceso como un factor decisivo “porque cuanto más tiempo pase, más difícil es administrar justicia y esclarecer los hechos, pero sabemos que esto es una carrera de fondo” y comenta cómo han recibido las personas más cercanas a las víctimas esta novedad: “Las familias de los fallecidos están contentas y nos piden que por favor no bajemos los brazos”.

El recurso al archivo de la causa, cerrada en octubre de 2015 por la jueza María del Carmen Serván del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, tardó en resolverse y fue en enero de 2017 cuando la Audiencia Provincial de Cádiz pidió la reapertura del caso por primera vez, ordenando la identificación de los cadáveres, reclamando las autopsias a Marruecos y también exigiendo que se tome declaración a los testigos. “De todo lo que la Audiencia Provincial ordenó no se ha hecho nada. Marruecos no cumplimenta las comisiones rogatorias, no contesta al gobierno español cuando se trata de enviar las autopsias, o eso dice el gobierno español; los cuerpos no han sido identificados y las testificales no han sido escuchadas. Con ese panorama, entendíamos que cualquier archivo era prematuro”, afirma Fernández.

Disparando al mar

En la mañana del 6 de febrero de 2014, unas 300 personas salieron del campamento de Cassiago con el propósito de entrar en Europa por Ceuta. La valla de esta ciudad, a diferencia de la de Melilla, es prácticamente inexpugnable debido a que en su construcción se aprovechó el relieve del terreno y cuenta con unas concertinas algo más que intimidatorias. Por ello, quienes pretenden cruzar han de probar caminos alternativos al salto. Aquel día, el plan era el puesto fronterizo de El Tarajal, la única brecha en la muralla.

La Gendarmería marroquí interceptó al grupo y este se dividió. Unas 200 personas se lanzaron a la playa en un intento desesperado por aprovechar el caos, y quienes burlaron a los gendarmes se tiraron al mar para bordear el espigón que supone la última prueba antes de pisar suelo español.

Al otro lado de la valla esperaba la Guardia Civil, que no dudó en utilizar material antidisturbios, pelotas de goma y gas lacrimógeno contra quienes se encontraban en el agua.

Los impactos en la cara y zonas vitales provocaron el fallecimiento de 15 personas. Un grupo de 27 consiguieron escapar de la muerte y llegar a la playa española, pero la Guardia Civil les expulsó en el momento, lo que se conoce como devoluciones en caliente.

Muchas versiones oficiales

La actuación del Gobierno español en el caso de El Tarajal fue muy cuestionada, por las distintas versiones que fue ofreciendo, contradictorias y con la clara intención de exculpar a la Guardia Civil o de negar cualquier responsabilidad en los fallecimientos.

La misma mañana del 6 de febrero, el ministerio de Interior emitió un comunicado en el que negaba cualquier participación de la Guardia Civil, y alegaba que los inmigrantes nunca llegaron a atravesar el bloqueo de los militares marroquíes, desvinculándose de lo ocurrido.

Pero los testimonios de los supervivientes, las grabaciones en vídeo de un vecino y los cadáveres que iban apareciendo en la playa española contradecían la versión oficial.

Tras la aparición de pruebas e investigaciones periodísticas, las versiones del ministerio fueron cambiando numerosas veces en los días posteriores, de forma profundamente incongruente, intentando evadir todas las responsabilidades posibles. Finalmente, la jueza María del Carmen Serván, del Juzgado de Instrucción numero 6 de Ceuta, abrió una investigación.

En noviembre de 2014 varios familiares de las víctimas se personaron como acusación particular, y en diciembre la jueza pidió trasladar la investigación a la Audiencia Nacional, considerando que los hechos tuvieron lugar en aguas marroquíes. Sin embargo, esta rechazó la solicitud, al no descartar que las muertes hubiesen ocurrido en aguas españolas.

En febrero de 2015, el Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta imputó a 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento por utilizar material antidisturbios el 6 de febrero de 2014 para repeler el intento de entrada a Ceuta.

Tras las declaraciones, el 15 de octubre la jueza archivó la causa en un auto que exculpaba a los 16 guardias civiles imputados, aseguraba que utilizaron el material antidisturbios “con efecto disuario” y sin hacer “un uso inadecuado” de este.

En el escrito, Serván llegaba a responsabilizar a los fallecidos, que “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil”.

3 Comentarios
#22387 21:24 2/9/2018

¿Asesinatos de Estado?

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Fco. Cuevas 7:25 2/9/2018

Un triste caso de violencia descarnada de la Guardia Civil. Ahora que algunos medios hablan continuamente de la "cal viva", y se olvidan de Tarajal.

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satán 13:52 1/9/2018

No queremos más asesinatos de personas migrantes, ni terrorismo de estado, que juzguen a los guardias civiles que los asesinaron a estas 15 personas y a sus responsables políticos, desde el iluminado ultractolico ex-ministro de interior Fernández Díaz y al ex director general de la guardia civil Arsenio Fernández de Mesa (un conocido falangista fascista)

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