Migración
Iridia y SOS Racismo denuncian los internamientos colectivos en los CIE

Iridia y SOS Racismo han presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativa a las autorizaciones colectivas para ingresos en centros de internamiento de extranjeros (CIE).

El escrito presentado señala que esta es una práctica que han detectado en varias ocasiones por parte del Juzgado mixto número 4 de Motril para tramitar el internamiento de personas recién llegadas a las costas españolas, aunque desde SOS Racismo e Iridia afirman que “no es una práctica aislada” y anuncian que seguirán investigando a otros juzgados.

“No podemos normalizar que los juzgados estigmaticen, generalicen y no cumplan con la ley”, señala a El Salto Andrés García Berrio, abogado de Iridia. “Se tiene que ver si estas personas pueden ser solicitantes de asilo, si tienen arraigo o no, por ejemplo”, continúa.

García Berrio explica que el procedimiento que se hace desde muchos juzgados, entre ellos el de Motril, es elaborar orden de internamiento por cada una de las personas, pero todas estas órdenes son calcadas entre sí. “Entendemos que es bastante sistemático con la gente que llega por vía marítima”, señala tras anunciar que esperan, próximamente, exponer casos de más juzgados.

En concreto, este juzgado de Motril autorizó el internamiento en el CIE de Aluche (Madrid) de 40 personas en diciembre de 2015, de otras 24 personas en marzo de 2017 y de nueve personas en julio de 2017. El auto que ha motivado la denuncia por parte de SOS Racismo e Iridia se indica que “habida cuenta de que los interesados/as, mayores de edad, extranjeros/as, indocumentados, sorprendidos todos ellos en iguales circunstancias [...] han manifestado que carecen de domicilio, trabajo, propiedades o de cualquier circunstancia que evidencia en los mismos un ,mínimo arraigo en España”.

Sin embargo, entre las 40 personas comprendidas en este auto genérico se encontraban varias que sí tenían arraigo familiar, además de un hombre y sus dos hijos menores de edad, una mujer víctima de mutilación femenina forzada —potencial solicitante de asilo— y cuatro posibles menores de edad.

“Es una práctica que se torna habitual y que no solamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dejando a las personas migrantes en situación de indefensión, sino que les priva del acceso a la justicia en igualdad de condiciones”, apuntan desde estas organizaciones, que recalcan que se trata de autos idénticos que no están suficientemente motivados ya que no atienden a las especificidad de cada caso.

Ambas organizaciones han recordado que su denuncia se enmarca en la reivindicación de cierre de los CIE, el fin de las deportaciones y el restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur.