Migración
El descontento de jornaleros hondureños contratados en origen para la campaña de la fresa no sorprende a los colectivos críticos con el sector de los frutos rojos

A principios de diciembre de 2021 llegaron 24 hondureños a Huelva, eran los primeros de un contingente de 250 personas procedentes de este país que junto al mismo número de ciudadanos ecuatorianos habían sido reclutados en el marco del proyecto piloto Honduras - Ecuador, una iniciativa de migración circular, en el marco de la orden GECCO (Gestión colectiva de contratos en origen) que ampliaba los países de procedencia de trabajadores —que vendrían a sumarse a las 12.000 trabajadoras marroquíes— para desempeñarse en la temporada de los frutos rojos onubense.

Menos de dos meses después, tras recibir su primera nómina, algunos de estos trabajadores expresaban su decepción. Lo hacían ante la periodista Gabriela Sánchez del Diario.es y sus críticas abarcaban cuestiones importantes respecto a las condiciones laborales, pues denunciaban que el salario era menor que el comprometido, habitacionales, señalando la falta de adecuación de los espacios, la falta de agua caliente, o de lugar para dejar la comida y sus posesiones, y en general de los términos del acuerdo, al encontrarte con que se les retiraba un precio abusivo por el agua y la luz.

Pocos días después, el 24 de enero, se publicaba en La Mar de Onuba otro artículo relativo a esta situación.  En el mismo se hablaba de un “fraude anunciado”.  Su autor, el periodista onubense, Perico Echevarría, muy activo en la investigación del sector de los frutos rojos, señalaba que había numerosos precedentes que anticipaban que los participantes en el Plan Piloto no iban a contar con unas condiciones laborales justas.

“Vimos antes de que empezara la campaña unas declaraciones de la patronal diciendo que les iban a pagar 42 euros”, explica Ana Pinto, de Jornaleras en Lucha, quien recuerda que el salario actual son 49’32 por jornada, algo que denunciaron en su momento

“Nos encontramos con que, por ejemplo, Manolo Piedra, de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) va a las televisiones contando que el sueldo de estos trabajadores va a ser de  49 dólares por jornada, con lo cual ya le están quitando porque tienen que cobrar 49 euros por convenio”. Lo que a Echevarría le pareció inicialmente un lapsus figura en la oferta de trabajo pública en los países participantes: “El salario que figura está por debajo del salario mínimo”. Este sería solo uno de los problemas: “como además, hemos tenido acceso a nóminas, sabemos que efectivamente les están robando más de un euro diario [en concepto de agua y luz] y además solo les están cotizando los días que el empresario quiere”, si bien, la orden Gecco establece que tienen que cotizar todos los días que están en España y se les tiene que garantizar la actividad continuada dado que están en el país.

Echevarría no es el único que ha sabido de la situación de los migrantes hondureños por la prensa. Tampoco el único que ya preveía que la experiencia tendría falencias importantes: “vimos antes de que empezara la campaña unas declaraciones de la patronal diciendo que les iban a pagar 42 euros”, explica Ana Pinto, de Jornaleras en Lucha, quien recuerda que el salario actual son 49’32 por jornada, algo que denunciaron en su momento. “Nos hemos dirigido al Ministerio de Migraciones y ni nos han contestado”, lamenta la activista, que también incide en la obligación de dar trabajo a estas personas todos los días, en el marco de la orden. “Sabíamos que se iban a dar incumplimientos y a la vista está que nada más llegar ya han denunciado lo que está ocurriendo”.

Para Angels Escriva, profesora de Sociología en la universidad de Huelva y activista de Mujeres 24 horas, en ocasión de este plan piloto los empresarios han encontrado un perfil que no les va a resultar cómodo. Esta activista crítica con el sector de los frutos rojos presume que, a diferencia de las temporeras marroquíes, estos nuevos trabajadores provienen de un estrato social algo más alto, una clase media empobrecida que es la que suele acceder a estas formas de reclutamiento.

Esto, junto a la facilidad de comunicación por compartir idioma, hace más probable que se resistan a condiciones de trabajo abusivas. Algo que, considera Escrivá, va a generar problemas al gobierno, pudiendo desplazar el empresariado la responsabilidad en el Ministerio que, con este plan piloto, considera, no ha pretendido tanto sustituir a las jornaleras del país vecino, pues sería inviable traer a miles de personas en avión desde el continente americano, si no “pegar un puñetazo sobre la mesa de cara al gobierno marroquí y decirle oye, que nosotros tenemos otros ejércitos de reserva por ahí”. La activista también señala la posibilidad de que, frustradas las expectativas económicas, haya quienes incumplan el requisito de retorno —como ya ocurre entre las trabajadoras marroquíes— y se quede de manera irregular en el país. 

“La gente no quiere trabajar en el campo”

La contratación en origen se presenta como respuesta a la falta de mano de obra en el sector, una presunción que se impugna desde diversos frentes. “Es mentira que no queramos trabajar en el campo, de hecho aquí en los pueblos, casi todo el mundo quiere trabajar en el campo y está esperando la temporada, deseando echar más meses de trabajo”, defiende Ana Pinto. El discurso de que la gente no quiere trabajar, junto a la contratación en origen por debajo del salario mínimo, conlleva tensión y reacciones racistas, lamenta la activista. “Tan solo hay que meterse en las páginas de los grupos de trabajadores de facebook de Huelva para ver lo que se está generando por esta situación”.

Para Pinto, lo que tiene que hacer el sector, si quiere mano de obra, es dar un salario en condiciones, pero no solo: “que no traten a la gente como la tratan todos los días con la lista de productividad amenazando y amedrentando a todo el mundo y ya verás cómo la gente sí quiere trabajar en el campo. Lo que no puede ser es que tú cobres por debajo del salario mínimo, que tú ahora en enero vayas a cobrar 300 o 400€, encima todo el día gritándote, todo el día con la presión,  ¿quién va a querer ese trabajo?”. 

“Es mentira que no queramos trabajar en el campo, de hecho aquí en los pueblos, casi todo el mundo quiere trabajar en el campo y está esperando la temporada, deseando echar más meses de trabajo”

Cuando se dice que no hay mano de obra suficiente, explica Echevarría, se basan en las respuestas al GEA, el sistema de gestión del empleo agrícola del SEPE. Un mecanismo que, para el periodista e investigador, tiene serias falencias, pues para optar a los puestos se ha de estar registrado con un perfil, y el número de personas de alta en el sistema es mucho menor que las vacantes de trabajo ofertadas, por lo que es imposible que se cubran, también  por un segundo factor, que la oferta se hace meses antes de que empiece la temporada. “Ofrecen en noviembre para incorporarse en marzo, no responde nadie y dicen no hay mano de obra, hay que traerla de fuera. Hacen una falsa oferta, con un falso fracaso, que justifica una necesidad falsa”.

Quienes ya están aquí

Y es que la población en el territorio no son solo las y los trabajadores autóctonos en los pueblos. Miles de personas migrantes, muchas en situación irregular, malviven en los asentamientos, esperando poder trabajar. Seydou Diop, de ASNUCI, fue uno de ellos. “Me parece que no hay necesidad de traer trabajadores de afuera teniendo a gente aquí en el país, en una situación de vulnerabilidad. Hay gente joven, fuerte, que está en disposición de trabajar, lo único que tienen que hacer es regularizar su situación para que esas personas puedan trabajar dignamente”. Para Diop, la contratación en origen persigue no enfrentarse a la realidad que ya existe en el territorio. “Lo que deberían hacer es una regularización masiva como estamos pidiendo en #RegularizaciónYa”.

“Hay gente joven, fuerte, que está en disposición de trabajar, lo único que tienen que hacer es regularizar su situación para que esas personas puedan trabajar dignamente”

Para Escrivá, el problema es que no se quiere fijar población migrante en los pueblos: en el trasfondo, racismo y miedo a problemas de convivencia. “Nosotros sabemos que la gente vive en los asentamientos, trabaja en el campo, tenga o no tenga papeles. Es una hipocresía, porque tú no quieres regularizar por el efecto llamada, o por no premiar una actitud ilícita de haber permanecido ilegalmente en España y todo lo que tú quieras, pero lo cierto es que esta gente trabajar, está trabajando”, señala por su parte Echevarría. Junto a las vulnerabilidades que genera la contratación en origen, y la devaluación que implica que se pague a trabajadores por debajo del salario mínimo, mantener a gente en estas condiciones de desprotección, argumenta Echevarría, sirve para dinamitar la lucha por mejores condiciones laborales en el campo.

La migración circular, que implica contratos en origen donde los trabajadores no se asientan en el país,  es defendida como un instrumento eficaz para solventar la falta de mano de obra local. Para el investigador y crítico poscolonial, Miguel Mellino, estas políticas tienen como transfondo, “una gestión racista de las poblaciones”, pudiéndose encontrar sus orígenes más remotos en una Alemania nazi que “necesitaba mano de obra, al tiempo que pretendía preservar la raza”.

Entre las lógicas de explotación capitalista, y las lógicas racistas se sitúa este modelo que ya ha generado múltiples denuncias: desde el escándalo por las acusaciones de abuso sexual a las temporeras marroquíes que saltó en 2018 —una de las empresas denunciadas entonces, Doñana 1998, está entre las que los trabajadores mencionan en el artículo del diario.es, señala Escrivá— a las declaraciones dePhilip Alston, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, quien en 2020, tras visitar asentamientos en Huelva, denunciaba las condiciones infrahumanas que enfrentaban sus habitantes.