México
Sinaloa: la herida que en México no cicatriza

La crisis de violencia en Sinaloa, al noroeste de la República Mexicana, rompió el pacto no escrito entre el narco y la sociedad. Era un estado de cosas, sin reglas específicas, que durante décadas normalizó socialmente la presencia y convivencia con un importante sector dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero. Era tan palpable su presencia en la entidad que algunos criminales se infiltraron en sectores productivos, como la ganadería o diversas ramas empresariales; no ha sido extraña su influencia en la política local, y en algunas comunidades los veían como “benefactores” de la población.

Por eso, en cualquier sobremesa en ese estado era frecuente escuchar historias que aluden a Félix Gallardo, Caro Quintero, Fonseca, Zambada, Palma, Guzmán Loera, Quintero Payán o Carrillo Fuentes, algunos de los más poderosos traficantes de drogas de México del último medio siglo, cuyos negocios han cruzado fronteras en todos los continentes.

No obstante, todo eso cambió hace 18 meses, cuando inició la lucha fratricida entre dos facciones, la de `los Chapitos´, que son los hijos de Joaquín `El Chapo´ Guzmán Loera —condenado a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York—, y el grupo de Ismael Zambada Sicairos, `Mayito Flaco´, el hijo de Ismael `El Mayo´ Zambada, el último patriarca del viejo narcotráfico. La confrontación entre estos herederos del imperio criminal destruyó la idea autoimpuesta en épocas de paz, de que dicho poder fáctico suponía una suerte de protección para el pueblo y que la violencia tan cercana solo era la forma de ajustar cuentas entre ellos.

En la actualidad, dos ciudadanos de esa entidad (cuya identidad se reserva por motivos de seguridad) explican a El Salto, que existe una sensación de inseguridad, hay un miedo generalizado de ser víctima del fuego cruzado en cualquier calle. Pero también hay una afectación en la economía de empresas y familias.

Hasta el lunes 25 de febrero se han registrado 2,884 asesinatos y 3,337 personas desaparecidas de manera forzada, de acuerdo al informe diario realizado por el periódico Noroeste (de Sinaloa), que se nutre con información oficial, los colectivos de buscadoras de familiares desaparecidos y con trabajo periodístico.

En el mismo período de 17 meses han sido robados 9,934 vehículos, algunos con extrema violencia, un promedio de 18 diarios, según la misma fuente. La crisis de violencia también ha provocado el cierre de empresas y la pérdida de empleos. Solo en 2025 en el estado sinaloense se perdieron 2,347 empleadores del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la mayoría son microempresas –de entre uno y 5 empleados—. Para entender su dimensión, se puede comparar con 2020, el peor año de la pandemia, cuando en Sinaloa se perdieron 681 empleadores, según arroja una investigación de la revista Espejo, que se edita en esa entidad.

Muchos negocios primero redujeron horarios, recortaron personal y hubo una contracción generalizada del consumo. Finalmente, muchas empresas cerraron sus puertas afectadas por la violencia. El reporte del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) coloca a la entidad como la segunda con la pérdida anual de empresas más grande a nivel nacional. En julio pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa pidió a los gobiernos central y estatal medidas fiscales “urgentes” para contener el deterioro del tejido productivo, por el cierre de empresas y el éxodo de trabajadores.

No hay un registro confiable del número de sinaloenses que han abandonado el estado, pero las historias abundan. En días recientes, El Salto Diario conoció el caso de una familia –igualmente se reserva su identidad— que se plantea mudarse a otro estado, porque en Sinaloa el trabajo escasea y ya enfrentan dificultades para cubrir los gastos básicos.

En septiembre de 2024, dos días antes de iniciar la confrontación entre carteles, un taxista decía a este reportero que en su gremio “nos comunicamos (por radio frecuencia) cuando hay una balacera (en Culiacán). En ese caso es mejor irse a la casa, yo no le veo caso arriesgarse. En el pasado, no se metían con uno, si había problema, era entre ellos, pero hoy te bajan del coche, siempre de forma muy violenta, y te roban o te queman el coche”.

Ni con la sombra de Trump

Parece que ni las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, de enviar a México a sus fuerzas armadas para eliminar a los carteles, han frenado la confrontación en Sinaloa entre ambos grupos, designados por Washington como “narcoterroristas”. Son señaladas responsables de la producción de fentanilo, la peligrosa droga que ha provocado una epidemia de salud en Estados Unidos y miles de muertes, por tanto designada por aquel como “arma de destrucción masiva”.

En esa lucha, las dos facciones, como otros grupos mexicanos, utilizan equipamiento de guerra, drones con explosivos o antenas inhibidoras de señal, además de fusiles Barret calibre .50, lanzagranadas y ametralladoras de diversos calibres. Se estima que entre 7 y 8 de cada 10 armas utilizadas en México son contrabandeadas desde Estados Unidos, por la facilidad de acceso en aquel país, donde las reglas para su adquisición son extremadamente laxas.

Aproximadamente la mitad de los cartuchos de calibre .50 utilizadas por los Barret (que atraviesan casi cualquier blindaje) y que han sido confiscadas por las autoridades mexicanas desde 2012, salieron de una fábrica de municiones a las afueras de Kansas City (Missouri), que es propiedad del gobierno de Estados Unidos, dijo el secretario de Defensa de México, general Ricardo Trevilla Trejo, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el pasado 8 de febrero.

El jefe militar informó esto después de que una publicación de The New York Times (TNT) y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), asegurara que “los carteles enfrentan a la policía con munición calibre .50 hecha para el Ejército de Estados Unidos”. La Lake City Army Ammunition Plant es la mayor fabricante de munición para fusiles utilizada por el ejército estadounidense.

El gobierno de México estima que entre 200 mil y 500 mil armas se trafican ilegalmente de Estados Unidos a México cada año, por ello es el mayor reclamo al gobierno de EE UU en las mesas de negociación bilateral. El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en una entrevista con el Times, hace un año, que los esfuerzos estadounidenses para reducir ese suministro de armas son insuficientes. Si a los carteles mexicanos les resultara más difícil “obtener ese tipo de armas, definitivamente sería una lucha diferente” para las fuerzas de seguridad.

Violencia política

En fechas recientes se produjeron varios hechos de alto impacto, que afectaron a políticos locales, trabajadores y turistas. En uno de estos casos, los diputados al Congreso local por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres (exalcalde de Culiacán, la capital) y Elizabeth Montoya fueron atacados por hombres armados, cuando se dirigían al aeropuerto de Culiacán, el 28 de enero de este año. Ambos resultaron gravemente lesionados. Torres permanece en coma. El 23 de enero, un grupo armado se llevó de manera forzada a diez trabajadores de la compañía mineraViszla Silver, en Concordia, municipio serrano al sur del estado.

 En la búsqueda de los mineros, se descubrieron cuatro fosas clandestinas con un número aún no determinado de restos humanos. En la primera en El Verde, un poblado a 40 kilómetros del punto de la desaparición, recuperaron restos humanos sepultados, entre los cuales han identificado a cinco de los trabajadores desaparecidos. Hasta ahora hay cuatro detenidos por estos hechos.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró el 10 de febrero, que los chapitos se llevaron por la fuerza a los mineros al confundirlos con el grupo antagónico. En días previos también trascendió que el “levantón” (así conocidas popularmente estas desapariciones) era por una posible extorsión contra la empresa minera canadiense, que se negó a seguir pagando. En México, el crimen organizado ha incluido en su cartera de actividades la explotación ilegal de la minería, así como la extorsión, un fenómeno muy extendido en todo el país.

El 3 de febrero, en el puerto de Mazatlán —conocido destino de playa—, seis turistas fueron interceptados por un grupo armado, aunque dos fueron liberadas a unos kilómetros del incidente, una mujer de 28 años y una menor de nueve. Cuatro hombres permanecen desaparecidos. Los dos primeros sucesos han sido atribuidos por las autoridades a la facción de los Chapitos. Como parte de la estrategia de seguridad en la entidad, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó con 1,600 militares para mitigar los hechos violentos.

Cruzaron todas la líneas

El 17 de octubre de 2019, a las 14:30 horas, el ejército y la Guardia Nacional arribaron hasta la residencia de Ovidio Guzmán López, ´El Ratón´, en una zona exclusiva de Culiacán. La captura de uno de los cuatro Chapitos era con fines de extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, la respuesta inmediata de un gran número de operadores y sicarios de los Chapitos, todos equipados con chalecos antibalas y vehículos con armas de guerra, paralizaron la ciudad, bloquearon una veintena de las principales avenidas de la capital, quemaron vehículos de transporte público y particulares, con el fin de evitar que se llevaran a Ovidio. Durante horas se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que dejaron una decena de muertos, una veintena de heridos. Cuando menos 60 vehículos militares mostraron impactos de balas.

Los hijos del Chapo Guzmán ordenaron el secuestro de ocho militares y por radio Iván Archivaldo, uno de los hermanos, amenazó con hacer estallar un tractocamión con combustible en la zona habitacional del enclave militar de Culiacán, donde viven las familias de los militares. Rebasado por la situación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió, tres horas después, dejar en libertad a Ovidio, por el alto riesgo que corrían personas inocentes. “Fue para evitar un derrame de sangre”, dijo el mandatario, cuya decisión fue ampliamente criticada y se consideró como que el cartel doblegó al gobierno. Ovidio fue capturado el 5 de enero de 2023, en Jesús María, una población al norte de Culiacán.

Aquel “jueves negro”, los Chapitos cruzaron todas las líneas rojas con la población, que vivió la zozobra, hubo gente lesionada, otros muchos fueron sorprendidos en medio de sus actividades y se vieron orillados a refugiarse por horas en comercios y centros comerciales, atrapados por el fuego cruzado. “Sentimos verdadero miedo”, dijo un profesionista con el que se habló en aquel momento. La sensación de inseguridad se instaló.

Esto volvió a repetirse a raíz del secuestro de Ismael `El Mayo´ Zambada (76 años), el 25 de julio de 2024, a manos de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo y ahijado del Mayo, durante un encuentro que se convirtió en una celada para el capo, para ser llevado forzadamente a Estados Unidos, donde fue entregado a las autoridades para ser juzgado.

El joven narco y sus sicarios esposaron a Zambada y asesinaron a la escolta de éste. En el encuentro asesinaron también a Héctor Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien había asistido a la reunión, supuestamente para resolver las divergencias que mantenía con el gobernador Raúl Rocha. Melesio había sido funcionario del gabinete de Rocha, pero rompieron relaciones por el control de la UAS. Zambada y los Chapos acudían como mediadores, una muestra más de la influencia social que hasta entonces se les atribuía.

Guzmán López cometió el secuestro del Mayo con la esperanza que su entrega les supondría beneficios para él y su hermano Ovidio, por su cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Ovidio se declaró culpable en Estados Unidos en julio de 2025 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas, relacionados con su papel de liderazgo en el cartel de Sinaloa.

Desde el secuestro, la guerra entre los Chapitos y la Mayada no ha hecho más que aumentar la violencia entre ambos grupos y las fuerzas de seguridad, pero, principalmente, contra de la población sinaloense, que vive con el corazón en un puño, todos los días.