Colombia: cuando una consulta se vuelve contra el pueblo

En Colombia nos encontramos con una situación muy llamativa. En los últimos tiempos se ha votado en formato de plebiscito y consulta popular por la continuación de una guerra de más de 50 años y por la negativa a introducir reformas que acaben o limiten la corrupción. Muchas personas se preguntan cómo un pueblo víctima de ambos fenómenos ha decidido, ya sea por votar en negativo o por no votar y abstenerse, perpetuarlos en el tiempo.

Pongamos sobre la mesa algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de explicar el porqué de estos resultados.

El recorrido de la corrupción empieza durante el periodo colonial con el establecimiento de un modelo de estado clientelar y patrimonialista, estructura que sería heredada por los gobiernos criollos tras la independencia. Toda esta trayectoria seguida de los procesos neocoloniales, los intereses de países extranjeros y de sus empresas provocó que el modelo de corrupción se reformulara en función a los diferentes contextos que se venían dando para seguir enriqueciendo y fortaleciendo las mismas estructuras jerárquicas del pasado.

Tanto tiempo desarrollándose modelos de corrupción ha significado su extensión y expansión a todos los niveles sociales haciendo de ello un problema endémico que afecta a todas las capas de la sociedad pero del que obtienen benéfico real las mismas familias de siempre. La corrupción se encuentra en todo tipo de encuentros socio-laborales desde los niveles más micros en los municipios más pequeños hasta los macro con las grandes concesiones de dinero a nivel estatal, nombramientos a dedo, acceso a puestos de trabajo, de préstamos económicos, de sorteos públicos, etc. Al final el hacer de la corrupción marca “un día a día” de las personas que han nacido y se han socializado con todas esas prácticas hasta tal punto de normalizarlas y depender de ellas. Muchas personas ponen sus esperanzas de ascenso social o a determinados bienes materiales en estas prácticas. Sobre todo en las regiones más empobrecidas y donde las ramas del estado tiene menor presencia.

Las familias que más se beneficia de este sistema son en su mayoría blanco-criollas hijas de los antiguos colonos. La corrupción no puede ser separada del racismo estructural que cruza el país, forjado desde los modelos esclavistas-coloniales, que en base a una jerarquización creada de las razas situaba a estos colectivos en la base de la pirámide racial en tanto derechos y privilegios.

En las corrupciones más convencionales y normalizadas en las capas más bajas de la sociedad el elemento racial se pone sobre la mesas donde la distinción entre corruptores y corrompidos se desliga entre blanco-criollos- mestizos y racializados. Porque si bien entre las personas corrompidas pueden encontrarse personas de todas las condiciones es difícil encontrar corruptores no blancos debido a que se corrompe desde el poder, desde la jerarquía y esos espacios son precisamente los que las personas racializadas no han alcanzado en 500 años.

En definitiva, no se puede desligar la corrupción del pasado colonial, y por lo tanto no se puede desligar el fenómeno de la corrupción de las estructuras racistas establecidas entonces y que han venido redefiniéndose con el tiempo hasta nuestros días.

Colombia se ha visto caracterizada por amplias abstenciones a la hora de votar en las elecciones ya sean a nivel nacional como regional. En los últimos treinta años ha sido el país de América Latina con mayor índice de abstención a la hora de votar en elecciones legislativas.1 El promedio de votantes en las elecciones que han tenido lugar entre 1978 y 2010 no superó el 45%. En el caso del plebiscito que tuve lugar sobre los Acuerdos de Paz en el marco del conflicto con las FARC el 62% de las personas con derecho a voto decidieron no ejercerlo. Pese a ello en las últimas elecciones presidenciales por primera vez desde 1999 el porcentaje de votantes con un 53,36% superó al abstencionismo. A nivel local encontramos como ejemplo el caso de Cartagena de Indias en donde las últimas elecciones locales se resolvieron con una abstención del 77%. En el referéndum llevado a cabo para endurecer las leyes anticorrupción se requería una participación mínima de 12.140.342 votantes, es decir un tercio de los electores, que no se alcanzó algo más de 11,6 millones de votantes.

Esta falta de lo que algunos denominan como “cultura de la votación” se explica por la desconfianza en la política y las instituciones democráticas; el desprestigio de las herramientas del estado al haber sido este un elemento más de su explotación y de diferentes masacres facilitadas o propiciadas por parte de militares y paramilitares a lo largo del país en el marco del conflicto armado; el olvido de determinadas regiones2 por parte del estado; falta de identidad nacional; la falta de respuesta histórica de los diferentes gobernantes a sus problemáticas principales, entre otras.

Existe una relación entre el abstencionismo y la corrupción. La apatía de la sociedad colombiana con respecto a las votaciones viene de la mano con la ya señalada corrupción. Muchas personas se acostumbraron a votar, sobre todo en las regiones más empobrecidas, a cambio de determinados bienes materiales puntuales que llegan a ser en numerosas ocasiones una simple botella de Whisky Old Par, un almuerzo o una cesta de la compra.
Todo ello marcado por campañas políticas que involucran a todas las redes familiares que acompañan de favores puntuales, de puestos de trabajo asegurados, posiciones de poder, visbilidad y prestigio así como todo tipo de incentivos que te lleven a votar y solicitar el voto a las personas de tu entorno.

En una cultura del voto incentivado, si no hay incentivo es probable que no haya voto. Y en este caso el incentivo de políticos y personas en posiciones de poder y status lo último que querían eran incentivar el voto porque pondría en cuestionamiento sus propias prácticas, y aquello con lo que históricamente se han apoyado para mantener esas posiciones.

No se puede pasar por alto el contexto de los diferentes conflictos que han tenido lugar a lo largo y ancho del país de la mano de las guerrillas, los paramilitares y el ejército así como el control político, económico y social por parte de los poderes del narcotráfico que en diferentes periodos han tenido un reflejo excepcional en las vivas de las personas en muchas regiones del país. Las presiones de unos y otros, amenazas, masacres, constantes violaciones, etc han generado un contexto de violencia que ha propiciado que Colombia sea a día de hoy el país con mayor número de desplazados internos y el país con mayor número de refugiados fuera de sus fronteras de toda América. Estas dimensiones de los diferentes conflictos han tenido, y siguen teniendo, un efecto en la participación política en todos los niveles, y sobre todo, a la hora de ejercer el derecho al voto.

Teniendo todo esto en cuenta, se puede cuestionar la intencionalidad real de tales consultas por un lado, y por otro lado su eficacia e idoneidad para este tipo de sociedades. Se percibe como marketing o una falsa bien-intencionalidad política este tipo de consultas populares si se entiende la realidad socio-histórica de un país que se define políticamente pos su abstencionismo y donde la cotidianidad política se estructura de diferente forma. Por ello, se podría señalar en este caso como un instrumento político para amparar, legitimar y seguir perpetuando un sistema que beneficia a los mismos poderes de siempre.

Si estás hablando de problemáticas históricas, endémicas, que cruzan todos los sectores sociales y que se imbrican en la propia cultura su erradicación debe partir precisamente de un cambio cultural, de mejoras para todas las personas en al acceso de los recursos sociales y económicos y de generar estructuras que acaben con las dinámicas clientelares. La corrupción se termina en un primer paso cambiando la percepción sobre la misma hasta que sea entendida como ilegitima y contraproducente para la sociedad en su conjunto. Todo ello acompañada de un reglamento legal que la controle, persiga y sancione pero siempre con el foco puesto principalmente en los grandes poderes, ya que son a fin de cuentas los principales beneficiarios de la misma.

Por último, conviene terminar recordando que los derechos no se preguntan, se conceden y se ejecutan. Delegar en el pueblo, más aún bajo las condiciones ya señaladas, decisiones tan trascendentales como el fin de una guerra o la erradicación de un sistema corrupto que es eje central de las desigualdades sociales y económicas del país supone evadirse de cumplir con las obligaciones del que se dice ser un Estado de Derecho. Los derechos políticos, sociales, culturales y económicos no se cuestionan, se implementan para todos los diferentes colectivos poblacionales que habitan el territorio que conforma un Estado.