En España como en Italia, la venta ambulante es un trabajo

Normalmente se olvida el hecho de que el trabajo ambulante es un trabajo y no una actividad extraña, y no involucra solo a quién la ejerce, sino también a quién consume.

Manteros en la calle Gran Vía
Manteros en la calle Gran Vía Álvaro Minguito

investigador y profesor titular de sociología en la Universidad de Salerno (Italia).


publicado
2018-03-28 06:30:00

La situación del trabajo ambulante en España comparte características estructurales y sociales con la italiana, que afectan al derecho a la ciudad de una parte de su población, especialmente migrante.

Normalmente se olvida el hecho de que el trabajo ambulante es un trabajo y no una actividad extraña, una emergencia de orden público o una actividad residual. En Italia, el trabajo ambulante emplea a alrededor de 200.000 personas —la mitad de ellas extranjeras—, aunque debe considerarse que es una actividad que no involucra solo a quién la ejerce, sino también a quién consume. A pesar de su relevancia social, las personas que ejercen esta actividad difícilmente son reconocidas como trabajadoras autónomas, especialmente cuando son personas de ciudadanía no nacional y de piel negra, definiéndose en los medios hegemónicos el trabajo ambulante a través de palabras como policía, control, represión, alejamientos, incautaciones de mercancía y un largo etcétera.

En Italia, el trabajo ambulante emplea a alrededor de 200.000 personas —la mitad de ellas extranjeras—

La falta de reconocimiento social, político e institucional del trabajo ambulante se conecta, cada vez más, con procesos de criminalización de las personas que realizan esta actividad, afectando directamente a sus niveles de vida por la reducción de las posibilidades de venta, así como por las multas que les son impuestas. De esta manera, en muchas ciudades el trabajo ambulante está prohibido o ilegalizado.

La criminalización acompaña a la centralidad que ha asumido el tema de la seguridad en las políticas públicas en Italia, que privilegian la seguridad física de una parte de la sociedad contra la seguridad social de la población en su conjunto, sin enfrentar la crisis económica que está golpeando también al comercio ambulante, cuyos márgenes de beneficio se han reducido notablemente.

las políticas públicas directamente provocan la caída en la irregularidad —desde el punto de vista administrativo— de miles de personas contra su voluntad

El conjunto de estas políticas tiene el efecto de negar el derecho al trabajo a miles de trabajadoras y trabajadores autónomos del comercio itinerante, contribuyendo directamente a procesos de empobrecimiento que, en el caso de la población de ciudadanía no italiana, amenazan con traducirse en la pérdida de los permisos de residencia. De esta manera, las políticas públicas directamente provocan la caída en la irregularidad —desde el punto de vista administrativo— de miles de personas contra su voluntad.

Asistimos así a un contexto en el que la legalidad construida se conforma como un aparato de exclusión, criminalización e inferiorización, y no como un instrumento para la justicia social que persiga la inclusión de los menos pudientes. Las políticas urbanas basadas en la centralidad de la seguridad física no logran satisfacer las exigencias de toda la población y, por lo tanto, empujan a los márgenes —es decir, a la pobreza— a muchas personas, específicamente a las que viven del trabajo ambulante.

En Italia, existen diferencias entre ciudades. En algunos casos, como en Caserta, se ha producido un proceso de negociación entre el movimiento organizado de los trabajadores ambulantes y el ayuntamiento para construir una política local de comercio ambulante. Sin embargo, en muchos otros casos, como en Pisa, Florencia o Salerno, la represión y los alejamientos a través de las medidas del llamado “daspo” (prohibición de acceso a lugares de la ciudad) han sido la acción privilegiada por los ayuntamientos. En una parte de las ciudades, los trabajadores se han organizado, sobre todo en el caso de los senegaleses, que tienen asociaciones con alta capacidad de movilización. Se ha abierto así un nuevo periodo, caracterizado por el protagonismo de esta población con propuestas innovadoras, como, por ejemplo, el proyecto “No abusif” en Pisa, similar al Top Manta del Sindicato Popular De Vendedores Ambulantes de Barcelona. Nuevos espacios se abren y la política tendrá que decidir entre represión o reconocimiento y apoyo.

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3 Comentarios
El Bar Ruso 16:05 28/3/2018

En España la venta ambulante legal es una actividad muy extendida, como lo demuestran los dueños de mercadillos que hay en todos los pueblos de España. Son comerciantes que pagan sus impuestos y tienen sus permisos en regla. No tiene nada que ver con la actividad de los manteros, que se dedican a vender réplicas falsas sin ningún permiso y sin pagar impuestos.

Responder
3
12
#12152 9:04 29/3/2018

Trol alert!

Responder
8
4
Raúl Radovich 14:00 13/8/2018

En ambos articulos, este autor
no tiene en cuenta la venta de
productos falsificados, que en su mayoría están bajo el contro¡ de mafias organizadas, que cuentan con complicidades que toleran su proliferación. El resultado es que los inmigrantes ilegales son
superexplotados y los pequeños comerciantes, acuciados por las altas rentas inmobiliarias, la insuficiente financiación de los bancos y las obligaciones impositivas y regulaciones municipales, aumentan su vulnerabilidad. Sin incorporar estos elementos no hay posibilidad de analizar la venta ambulante, que también debe cumplir una serie de condiciones, y su relación con los comercios en establecimientos.

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