Libertades
María José Baños Andújar: una vida en peligro tras más de dos décadas en prisión

María José Baños Andújar, militante antifascista de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) y presa política desde hace más de dos décadas, se encuentra en una situación de salud extremadamente crítica en el Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Río), con un pronóstico que sus abogados y organismos de derechos humanos califican de “inminente riesgo de muerte”.

Un cuadro médico devastador

A sus 61 años, Baños Andújar padece una confluencia de enfermedades graves e incurables que han desgastado su organismo hasta límites insostenibles. Enferma de VIH en estado C3, el más avanzado de la clasificación clínica, padece trombocitopenia crónica que compromete su sistema inmunológico. Su desnutrición calórica es grave y su peso ha caído hasta los 44 kilogramos. Además, padece claudicación intermitente severa y arterioesclerosis sin tratamiento adecuado, trastornos alimenticios, ansiedad y depresión desarrollados durante el encierro, así como problemas renales que requieren intervención médica urgente. Desde noviembre de 2024 le ha sido reconocido oficialmente un grado de discapacidad del 69%.

Su deterioro físico es evidente. Ingresó en prisión sin padecer ansiedad ni depresiones y ahora no puede subir una planta de escaleras, sufre episodios de desorientación y confusión mental, y requiere una operación urgente para evitar el riesgo de trombosis que el sistema penitenciario se niega a practicar.

Las denuncias documentan un patrón de negligencia médica deliberada. No ha visto a un psiquiatra ni a un ginecólogo en años. Sus traslados a hospitales externos se realizan en condiciones indignas que le provocan heridas físicas. Se le niegan tratamientos médicos urgentes por “falta de recursos” o “protocolos”. Y, por si esto no fuera suficiente, su entorno carcelario no está adaptado a su discapacidad derivada de su grave estado de salud.

El delito de no arrepentirse y la reacción de los juristas

Lo más grave del caso no es solo su estado de salud, sino la razón explícita que las autoridades españoles han dado para mantenerla encarcelada: la ausencia de arrepentimiento ideológico. La Audiencia Nacional han denegado reiteradamente su libertad condicional y la progresión de grado, argumentando que no ha mostrado “arrepentimiento” ni ha abandonado sus “convicciones políticas”. Esta práctica jurídica convierte al sistema penitenciario español, según denuncian los expertos, en una “herramienta de castigo político” que impone penas añadidas por el mero hecho de mantener una ideología contraria al régimen.

No en vano, la gravedad del caso ha movilizado a la comunidad jurídica internacional. Más de 40 juristas de diversos países han denunciado ante mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa la vulneración flagrante de la libertad ideológica protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estas autoridades jurídicas argumentan que España mantiene a una persona con enfermedad grave e incurable encarcelada en violación de los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de tortura y tratos inhumanos), 8 (derecho a la vida privada y familiar), 9 (libertad de pensamiento) y 10 (libertad de expresión) de dicho Convenio Europeo.

Organizaciones como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid o la Plataforma Anti repressiva de Barcelona denuncian que su caso es emblemático de la persistencia del franquismo en las estructuras del Estado español, que utiliza el encierro y la enfermedad como armas políticas.

Una cuestión de vida o muerte

Para sus defensores, la situación de María José Baños Andújar ya no es una cuestión jurídica ni política: es una cuestión de supervivencia humana básica. Mantener a una persona con VIH en estadio C3, desnutrición extrema y discapacidad severa en prisión, negándole tratamientos médicos esenciales y libertad condicional por no “arrepentirse” de sus ideas, constituye —según la denuncia internacional— un trato inhumano y degradante que pone en riesgo inminente su vida.

La pregunta que plantean juristas, activistas y organismos de derechos humanos es clara: ¿Hasta dónde está dispuesto el Estado español a llegar para castigar una ideología política, incluso cuando ello puede suponer la muerte en prisión? Para más información y apoyo: www.presos.org.es