Ley de Vivienda
Sumar lanzará una iniciativa parlamentaria para que el Estado y los ayuntamientos puedan topar los alquileres
La aplicación de la Ley de Vivienda para regular el alquiler se encuentra con un obstáculo central: solo las comunidades autónomas pueden declarar las zonas tensionadas y aplicar la contención de precios. Y las comunidades en manos del Partido Popular ya han anunciado que no tienen ninguna intención de hacerlo. Es más, desde el PP y varios gobiernos autónomos en manos de este partido ya han lanzado recursos de inconstitucionalidad en contra la Ley de Vivienda.
Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi registrará esta semana una iniciativa parlamentaria para que la declaración de zonas tensionadas sea de obligado cumplimiento, entregando al Estado y a los ayuntamientos la facultad de tramitarlas cuando se cumplan los requisitos establecidos por la Ley de Vivienda y la CC AA no lo hayan hecho pasados seis meses desde la petición desde una entidad local.
La diputada Tesh Sidi de Sumar registrará esta semana una iniciativa parlamentaria para que la declaración de zonas tensionadas sea de obligado cumplimiento
La Comunidad de Madrid es una de las regiones dónde más ha crecido el precio del alquiler: solo en el último año ha subido un 12,8% según los datos del índice inmobiliario Fotocasa. Ante la negativa de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de aplicar la Ley de Vivienda en una comunidad con el 90% de las áreas tensionados, municipios como Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla o Ciempozuelos, han pedido a Ayuso autorización para topar precios. Si la iniciativa legislativa que pretende reformar la Ley de Vivienda supera los trámites parlamentarios, pasados seis meses desde esta petición, estos entes locales podrían realizar los trámites para declarar áreas tensionadas y aplicar los topes al alquiler de la Ley. Según la propuesta de Sumar, también podría ser el Estado el encargado de establecer “en nombre de la Comunidad Autónoma correspondiente” la regulación de área tensionada si se dan las condiciones objetivas para ello.
En la Ley de Vivienda la comunidades autónomas tienen la competencia exclusiva de declarar una zona de mercado tensionado cuando se cumplen al menos uno de estos dos requisitos: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de esa zona o que el precio de compra o alquiler en los últimos cinco años haya subido al menos tres puntos porcentuales por encima del crecimiento acumulado del IPC en la comunidad autónoma.
Para Sumar, la negativa de las comunidades autónomas a aplicar los topes del alquiler “implica una discriminación en la protección del derecho de los inquilinos, atentando contra la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles”. Una razón de peso, argumentan, para que “el Gobierno decida regular como obligatoria la declaración de mercado residencial tensionado” para poder aplicar los topes.
Para esta coalición, existe base legal y jurisprudencia que podría avalar esta prevalencia estatal frente a las competencias en vivienda de las comunidades autónomas. Según este partido, establecer una obligación de este tipo afecta a las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, una competencia del Estado según la Constitución. La propia sentencia 38/2022 del Tribunal Constitucional que tumbó la ley catalana de regulación de los alquileres se basaba en que la norma invadía competencias estatales.
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