Ley de Vivienda
Exigen a Pedro Sánchez que reconozca legalmente el derecho del inquilinato a organizarse y ser representado

“Los inquilinos deben tener la libertad de organizarse sin obstrucciones ni acoso por parte de su arrendador o administrador de la propiedad y no deben correr el riesgo de perder su vivienda por organizarse”, dice en su traducción al castellano el texto de la propuesta legal lanzada por el gabinete del presidente estadounidense, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, que desarrolla el derecho a organizarse como inquilinato como medida de protección para los 44 millones de hogares que viven de alquiler. 

La Casa blanca presentó la propuesta legislativa ‘The White House Blueprint For A Renters Bill Of Rights’ el pasado 25 de enero y el Sindicat de Llogateres de Catalunya y el de Inquilinos de Madrid han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga lo mismo y dote a los sindicatos de vivienda capacidad de negociación en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda. 

Los sindicatos advierten de que la actual redacción de la ley hace casi imposible la regulación del alquiler

Redacción El Salto

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Ley de Vivienda

Ley de vivienda Los sindicatos advierten de que la actual redacción de la ley hace casi imposible la regulación del alquiler

Redacción El Salto

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El Sindicat de Llogateres de Catalunya y el Sindicato de Inquilinos de Madrid señalan que con la actual redacción de la futura Ley de Vivienda solo se podría aplicar la regulación en Teruel, Cuenca, Cáceres, Ourense, Cádiz, Alacant y València.

La propuesta también contempla el derecho a la huelga de alquileres, como ya reconocen desde hace un siglo ciudades como Nueva York

Concretamente, piden que la ley reconozca “el papel de representación, intermediación y asesoramiento” de las organizaciones inquilinas, así como el derecho a la huelga de alquiler “en los casos en los que el arrendador incumpla sus obligaciones de mantenimiento de la vivienda y reparaciones”. El derecho a la huelga de alquileres está reconocido en la ciudad de Nueva York desde hace un siglo. 

Los sindicatos de inquilinas, como los sindicatos laborales, juegan un papel determinante en los conflictos colectivos que están teniendo lugar en Barcelona y Madrid, al ser casi las únicas organizaciones que cuestionan y tratan de frenar la especulación y gentrificación que se está produciendo desde el desembarco masivo de los fondos de inversión tras la crisis financiera de 2008, los cuales recibieron todo tipo de facilidades legales del Gobierno de España para comprar y vender vivienda y especular con ella. 

“Es destacable que la norma de un país de tradición ultraliberal como los Estados Unidos se sitúe por delante del Estado español”

En el edificio del barrio del Eixample de Barcelona, la Casa Orsola, la abogada del fondo de inversión Lioness se niega a reconocer al Sindicat como interlocutor, lo que dificulta las negociaciones, además de emprender los desahucios a pesar de que los inquilinos siguen depositando judicialmente su alquiler.

Respecto al texto legal de la Casa Blancoa, los sindicatos indican que las organizaciones estadounidenses que trabajan por los derechos de las personas inquilinas “se han mostrado decepcionadas” por la ley de Joe Biden debido a la ausencia de normas más duras contra los abusos inmobiliarios. Sin embargo, en lo que respecta al reconocimiento y protección de los sindicatos de inquilinos y organizaciones por el derecho a la vivienda, es “destacable que la norma de un país de tradición ultraliberal como los Estados Unidos se sitúe por delante del Estado español”.