Laboral
El sindicato gallego CUT se querella contra Marlaska por la prohibición de la manifestación del primero de mayo

“Hay conformidad en el Tribunal Constitucional de que el estado de alarma no suspende derechos, pero el Ministerio de Interior, en las mismas condiciones, ha permitido las manifestaciones de Vox y denegó la nuestra”, resume el abogado Brais González, de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT). Este sindicato gallego comunicó la convocatoria para manifestarse en coche contra la precarización el pasado primero de mayo y le fue prohibida, por lo que hoy han presentado en el Tribunal Supremo una querella criminal contra el ministro Fernando Grande-Marlaska y la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Carmen Filomena, por tres presuntos delitos de prevaricación, denegación discriminatoria por razones ideológicas y deliberado impedimento del derecho fundamental de reunión. 

Asimismo, esta semana también presentarán una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como continuación del litigio a raíz de la prohibición de la manifestación por parte de la Subdelegación de Pontevedra, que ratificó en sentencia el TSJG. En esta demanda, la CUT sigue defendiendo el derecho a reunión y manifestación.

“Este comportamiento administrativo responde a los intereses electorales del Gobierno de coalición, que mientras califica de disfuncional una manifestación obrera, considera útil las de la ultraderecha”

Sobre la querella del Supremo, la CUT considera que “este comportamiento administrativo responde a los intereses electorales del Gobierno de coalición, que mientras califica de disfuncional y electoralmente perjudicial la celebración de una manifestación obrera que denuncia las condiciones de miseria y la connivencia del Gobierno con la CEOE para políticas de exterminio del empleo y de los derechos laborales, considera electoralmente útil a sus intereses fomentar las manifestaciones de la ultraderecha, con el fin de presentar un giro del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos hacia la moderación con una respuesta responsable”.

El sindicato gallego recuerda que “los derechos fundamentales no son un dispositivo electoral, y no pueden ser utilizados en función de los intereses del Gobierno”. Esta central insiste que el derecho de manifestación no está suspendido en el estado de alarma y que la prohibición de las manifestaciones del primero de mayo tenía “un carácter meramente político que ahora se está demostrando cuando el Gobierno deja desfilar a las élites del fascismo español, que copiaron el modelo de la caravana reivindicativa”.