Opinión
Incapacidad temporal: realidad y ficción

El debate sobre la incapacidad temporal (IT) y la gestión de la salud laboral en España ha vuelto a la palestra, a menudo trufado de argumentos que omiten selectivamente la memoria y la lógica del sistema público. Es el caso de la reciente propuesta de la CEOE de dejar de asumir el pago de la IT del 4º al 15º día de baja. 

Esta pretensión no solo carece de solidez, sino que responde a un planteamiento estratégico empresarial insolidario, apoyado en una fuerte campaña mediática aprovechando la potencia de fuego informativo de un gran número de medios de comunicación, los más conservadores porque como el valor en la mili, se les supone la intención; alguno más progresista, porque analizar en profundidad las causas de las cosas, lleva más tiempo y trabajo que hacerse eco de campañas efectistas por incorrectas que sean.

Conviene recordar que cuando las empresas adquirieron esta obligación en los primeros años de la década de los noventa, no lo hicieron gratis

Con anterioridad la Seguridad Social asumía el coste de las bajas de corta duración, entre esos 4º y 15º día, los tres primeros no tienen cobertura pública, ni antes ni ahora. Conviene recordar que cuando las empresas adquirieron esta obligación en los primeros años de la década de los noventa (RDLey 5/1992, de 21 de julio, de Medidas Presupuestarias Urgentes), no lo hicieron gratis: fueron compensadas con una rebaja de casi un punto en las cotizaciones empresariales. 

La ecuación de canje de aquella decisión era básicamente la siguiente: La Seguridad Social cedía ingresos fijos (al bajar la cotización que cobraba a todas las empresas de forma permanente), pero a cambio se liberaba del gasto variable que suponía abonar los millones de bajas cortas que se producían cada año en el país, asumiéndolo las empresas.

El Banco de España estima el impacto económico en la actualidad de estos días de baja en unos 4.600 millones de euros anuales, una cifra equivalente a aquel beneficio que las empresas ya consolidaron. Pretender deshacerse de la obligación manteniendo la ventaja económica es, sencillamente, inasumible.

Paralelamente, se insiste en otorgar mayor control de las bajas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. Aquí topamos con un evidente conflicto de intereses. Las Mutuas son, por definición, asociaciones de empresarios, pero se financian exclusivamente con dinero público (cuotas de la Seguridad Social) y su única función es gestionar prestaciones y asistencia de dicho sistema. 

La solución no es darles más poder, sino cambiar su naturaleza jurídica. Deben transformarse en entidades gestoras de la Seguridad Social.

Que una patronal dirija la entidad que decide sobre la salud y el subsidio de un trabajador es una anomalía derivada de una herencia histórica que procede de 1900 y la primera Ley que fijaba responsabilidad empresarial por los accidentes de trabajo y que es el origen remoto de este sistema de Mutuas que asegura colectivamente esa responsabilidad empresarial, pero que se quiere llevar más lejos, integrando las contingencias comunes y que se derive a la capacidad de gestión empresarial materias hoy reservadas a los sistemas públicos de salud. 

Por ello, la solución no es darles más poder, sino cambiar su naturaleza jurídica. Deben transformarse en entidades gestoras de la Seguridad Social, integradas en su estructura pública y apartando a las empresas de su dirección. Solo desde esa neutralidad se podrán abordar otros debates sobre la gestión de la incapacidad.

Abordar el absentismo sin mirar las carencias del sistema es abordar el síntoma ignorando la enfermedad. Las bajas de larga duración se concentran notablemente en patologías de salud mental. Sin embargo, el sistema sanitario público está infrapresupuestado para esta realidad. Ante la falta de recursos, 

España se ha convertido en uno de los líderes mundiales en dispensación de psicofármacos. Se medica el malestar porque no hay medios para ofrecer una terapia psicológica complementaria. A esto se suman unos tiempos de respuesta inaceptables en citas, diagnósticos y una evidente falta de ambición en la prevención de riesgos laborales dentro de las empresas.

Un dato clave: España invierte en sanidad pública dos puntos menos de PIB que la media de los países de la Eurozona. Reforzar el sistema público no es un gasto, es la inversión más eficiente para el tejido productivo. Si queremos reducir las bajas, la clave estructural es dotar de recursos a la atención primaria, la especializada, las pruebas diagnósticas y la rehabilitación. Solo un sistema público robusto, y no el traspaso de competencias a estructuras privadas o patronales, garantiza el bienestar de la ciudadanía y, de paso, la sostenibilidad económica del país.