Los becarios de la Universidad Autónoma de Madrid exigen el reconocimiento de su trabajo

Trabajan en las bibliotecas de las distintas facultades de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), donde se encargan de la atención a los estudiantes, la colocación de los libros en los estantes o el tejuelado de los ejemplares. También están detrás del mostrador de las Oficinas de Atención al Estudiante y en la Oficina de Relaciones Internacionales. Otros desarrollan su jornada en el Centro de Documentación Estadística o en el Servicio Técnico.

Durante 2017, un total de 376 estudiantes de la Autónoma han trabajado –unos 150 lo siguen haciendo– en el programa de prácticas externas, unas becas de carácter formativo que, sin embargo, reúnen todas las condiciones para que sean consideradas relaciones laborales. Así lo entienden la mayoría de estos estudiantes, que han convocado dos jornadas de huelga durante los días 4 y 13 de diciembre para exigir el reconocimiento de esa relación de carácter laboral.

“La huelga es para demostrar la valía que tenemos todos los trabajadores en situación irregular que trabajamos en la UAM”, explica a El Salto Marta, una de las estudiantes y trabajadoras que prefiere no decir su nombre real.

“Se pide –añade– que se nos reconozca como trabajadores, puesto que la Inspección de Trabajo dijo que existe una relación laboral, y que se respeten nuestros derechos como tales. También queremos que no se pierda este trabajo para estudiantes, que viene muy bien como ayuda económica mientras estudias, y que se pueda convertir en una bolsa de trabajo para estudiantes”.

Ella advierte de que durante la huelga habrá centros que cerrarán porque no van a tener personal suficiente esos días. Es decir, el trabajo de los estudiantes allí no es ni mucho menos testimonial sino estructural, hasta el punto de que su ausencia obligará a no abrir las puertas.

Así lo ha entendido también la Inspección de Trabajo que, tras la denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras, realizó en los meses de mayo y junio visitas a los centros y entrevistas a los estudiantes para conocer de primera mano su situación. Su informe determina que la universidad deberá pagar las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Estas becas remuneradas que ofrece la Universidad Autónoma duran entre seis y diez meses y son realizadas por estudiantes de grado o de máster, en función de lo cual trabajan un número de horas (18 o 25 semanales) a las que corresponde una asignación económica (300 o 600 euros al mes). Marta, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 pero señala que también ha de cubrir alguna eventualidad por la tarde, o el centro se quedará cerrado.

La vinculación entre los estudiantes y las prácticas se fija mediante la firma de unas credenciales cuando comienza la beca, pero no disponen de una copia hasta que termina el periodo, por lo que no saben exactamente qué es lo que firmaron.

Marta afirma que no se trata de un tiempo de aprendizaje específico, complemento práctico a lo que estudian, sino trabajo en toda regla: “Realmente estamos aprendiendo día a día pero como cualquier otro trabajador que aprende cada día en su trabajo. Tenemos los mismos cursos de formación a los que asiste el personal. En la mayoría de los casos, estas becas no tienen nada que ver con lo que hemos estudiado. Como prácticas, no se sostienen por ningún lado. Yo, por ejemplo, no sé quién es mi tutor académico”.

Esta estudiante y trabajadora participa en las reuniones semanales que están llevando a cabo quienes se encuentran en su situación, para escuchar y poder dar respuesta. Se muestra sorprendida porque este modo de proceder se produzca en el sector público: “Es de entender que en las instituciones públicas el tema legal se lleve al día. Esto no sucede solo en la UAM sino en otras universidades”.

De hecho, recientemente el sindicato CNT llevó a juicio a la Universidad de Alcalá por el caso de un becario del Servicio de Relaciones Internacionales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció la relación como laboral y declaró nulo el despido. En noviembre, el Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por esta universidad.

Ante esta situación, Marta asegura que la UAM no ha ofrecido ninguna respuesta y denuncia que se está desenvolviendo con opacidad. “No se sabe qué va a pasar. Lo único que sabemos, y no por vía oficial, es que en enero finalizan las becas, nos echan a la calle”, asegura, y avisa de que la universidad no se ha planteado contratar a nadie y “se desconoce qué harán con el presupuesto asignado a estas becas”.

En su opinión, la decisión de cerrar el programa de prácticas externas tendría, de producirse, consecuencias negativas para todos los estudiantes, no solo aquellos que acceden a las becas: “Creo que van a reestructurar las funciones y el personal. Probablemente haya centros que no puedan tener la misma amplitud horaria o que no puedan dar los mismos servicios y que tengan que cerrar incluso. Estamos doblemente perjudicados: como trabajadores en situación irregular y como estudiantes, que vamos a perder calidad en nuestros servicios”.