Laboral
El Consejo de Ministros aprueba la subida del SMI a 1.080 euros

“Podría estar hasta mañana enumerando los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que propiciaron la mayor devaluación de los salarios de la clase trabajadora de este país”, ha señalado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la aprobación en el Consejo de Ministros de hoy de un Salario Mínimo Interprofesional de 1.080 euros mensuales en 14 pagas. Su ministerio asegura que afectará a dos millones y medio de personas; el Banco de España, al 10% de los empleados.
Díaz ha recordado también que, desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, el SMI ha aumentado el 47% (345 euros en un lustro) y lo ha defendido como la “mayor herramienta para combatir la pobreza y avanzar en igualdad de género”. Jóvenes de ambos sexos y mujeres son los que cobran rentas más bajas. “La herramienta más feminista se llama SMI”, ha asegurado la ministra.
Díaz ha solicitado a las patronales que negocien los convenios colectivos: en 2022 solo se firmaron 1.151 convenios colectivos, que afectan a 3,4 millones de trabajadores
La aplicación del SMI será retroactiva, desde el 1 de enero de 2023. La ministra ha tenido unas palabras para la patronal, a quien ha pedido que se sienten en las mesas de negociación colectiva. Ha recordado que en 2022 se firmaron solo 1.151 convenios colectivos, que afectan a 3,4 millones de trabajadores. “Queda mucho por hacer”, ha advertido sobre los miles de convenios congelados, una situación forzada por las patronales. “Esta crisis no la está causando los salarios, no es una crisis de demanda, es necesaria la distribución de las rentas en este país”, ha concluido Díaz.
La portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, ha explicado también que en el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de reconversión en territorios con minas de extracción de carbón y centrales térmicas. Está dotado con 40 millones y a este plan podrán presentarse proyectos de reconversión.
Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido el plan de 1.000 millones de euros para activar la sanidad pública.
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