Laboral
El Campamento de la Esperanza de los trabajadores de Sintel cumple 25 años

Hacía frío y llovía en la madrugada del 29 de enero de 2001 cuando cerca del estadio Santiago Bernabéu varios centenares de personas empezaron a montar tiendas de campaña. “En media hora levantamos unas cien en el Paseo de la Castellana, una de las arterias principales del mundo de las finanzas en España”, recuerda Valeriano Aragonés, presente esa noche y otras 180 más en el campamento que se erigió en esa zona noble de Madrid. Aquel 29 de enero atardeció con un kilómetro y medio de tiendas de campaña, desde el Santiago Bernabéu hasta la plaza de Cuzco.

Aragonés era el presidente del comité de empresa de Madrid de Sintel y quienes acamparon en las tiendas, trabajadores procedentes de toda España a quienes la empresa debía hasta cuatro nóminas. Algunos de los que trabajaban en Madrid habían aprendido con urgencia a montar tiendas de campaña. El campamento se mantuvo hasta el 3 de agosto de ese año, convirtiéndose en un nuevo barrio de la capital y, sobre todo, en símbolo de resistencia.

La acción de protesta de la plantilla de Sintel se había gestado en las semanas previas, después de que la empresa declarara la suspensión de pagos. “Nos marcamos el objetivo de romper el silencio en los medios de comunicación y forzar al Gobierno a intervenir para solucionar el problema que habían creado por su pasividad unos y otros”, cuenta Aragonés, trabajador de Sintel desde 1978 “hasta nuestros días porque nunca nos hemos desligado de la palabra Sintel”. Ante la situación de impago y la incertidumbre que vivían, el comité intercentros decidió llevar a cabo una acción sonada, que dirigiese todas las miradas al corazón de Madrid. Y lo consiguieron.

La pequeña ciudad levantada en la Castellana por los trabajadores de Sintel —una plantilla con una afiliación sindical altísima, mayoritariamente a Comisiones Obreras— se fue edificando con las aportaciones de particulares y ayuntamientos, secciones sindicales y comités de empresa que recaudaban fondos para la caja de resistencia. También de los vecinos de la zona, a quienes los acampados informaron de las causas por las que se habían presentado allí. “Buzoneamos 5.000 octavillas informativas para explicar que éramos trabajadores de una empresa a los que debían salarios y que disculparan las molestias que pudiéramos ocasionar”, explica Aragonés, quien asegura que fueron privilegiados porque conocieron de cerca el rostro de la solidaridad. “La clase trabajadora necesitaba un referente en aquellos tiempos de gobierno del PP y se identificó con el campamento, como si la lucha de Sintel fuese no solo la lucha de Sintel sino algo más”, recuerda.

En el campamento, pronto apellidado de la esperanza, repartieron las tareas más urgentes: propaganda, cocina, intendencia o vigilancia nocturna. Y una máxima de obligado cumplimiento en las manifestaciones diarias que hacían desde la plaza de Cuzco al Ministerio de Trabajo: ser pacíficos. “Sabíamos que los tanques no los teníamos nosotros”.

Ante la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid del alcalde Álvarez del Manzano para facilitar instalaciones de agua y luz, lo hicieron ellos mismos. Eran algo más de un millar de trabajadores con mucha experiencia y en dos meses disponían de casetas de madera e incluso algunas estructuras metálicas. Montaron cuadros eléctricos cogiendo la luz de las farolas, construyeron cuartos de baño con inodoros y cisternas. “Con lo que se tiraba a los contenedores de basura fuimos construyendo un hogar”, resume Aragonés.

El 24 de febrero, un grupo de trabajadoras y esposas de trabajadores de Sintel iniciaron un encierro en la catedral de La Almudena. 150 mujeres permanecieron allí hasta el 16 de mayo. “Jugaron un papel fundamental sosteniendo las familias en casa y también para romper el silencio, el tema fue calando y los medios de comunicación empezaron a querer saber más”. Hasta entonces, cuando el campamento llevaba casi un mes instalado, se había guardado riguroso silencio mediático sobre lo que estaba ocurriendo en la Castellana. Aragonés considera que al Gobierno no le interesaba que esto se aireara.

Una venta de la que nadie quiere saber nada

El 30 de marzo de 1996, los trabajadores se encontraron con la noticia en la primera página de El País de que Telefónica había vendido Sintel a MasTec, propiedad del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, por unos 4.900 millones de pesetas. “Nosotros decimos que fue un regalo, no una venta”, señala el entonces presidente del comité de empresa de Sintel en Madrid, quien considera “importantísimo” el hecho de que la venta se hiciera pública en un periodo de “interregno”, cuando “no había gobierno, se habían disuelto las Cortes porque el 3 de marzo el PP de Aznar había ganado las elecciones al PSOE de Felipe González”. Aragonés apunta que ambos partidos se lavaron las manos y no se responsabilizaron de la operación: “No sabemos si el PSOE quería borrar huellas del pasado o si el PP quería agradecer a Mas Canosa los servicios prestados ya que había financiado gran parte de la campaña electoral del partido”.

Sintel se creó en 1975 como filial participada al 100% por la entonces aún llamada Compañía Telefónica Nacional de España. Uno de sus primeros presidentes fue Juan José Rosón, quien había sido ministro de Interior con el gobierno de UCD. Sintel llegó a contar con casi 4.000 trabajadores en plantilla y se convirtió en la mayor empresa de instalaciones telefónicas de España.

Aragonés subraya que solo el comité de empresa e Izquierda Unida pidieron explicaciones sobre el contrato de compraventa. “El PSOE decía que ellos ya no estaban en el Gobierno y el PP que aún no habían llegado. Incluso ministros como Borrell dijeron que se habían enterado por la prensa”. Para este trabajador, se trató de un “pacto de silencio para regalar” la empresa a Mas Canosa y califica la operación como un “ejemplo claro” de las privatizaciones que empezaban a asomar: “Empresa pública regalada a una empresa privada extranjera con capital mafioso y especulativo”. Ante las preguntas del comité de empresa, Telefónica les contestó que la venta era una decisión estratégica ante la futura e inmediata liberalización de las telecomunicaciones. Aragonés cuenta que les revelaron algunas cláusulas del contrato, como que MasTec no podía revender la empresa en un plazo de tres años o que si Mas Canosa no cumplía alguno de los tres pagos pactados por la compra, se le retiraría la cartera de trabajo. “Pero no decía nada de los trabajadores, ahí estaba la trampa. Mas Canosa cumplió el primer pago, pero nada más. Telefónica redujo la cartera de trabajo drásticamente, MasTec presentó varios ERE, conseguimos echar para atrás alguno de ellos…Pero esto fue llevando a la empresa a una situación por la que en el año 2000 declaró suspensión de pagos”, recapitula Aragonés. Cuando Sintel quebró, la plantilla estaba formada por unos 1.800 trabajadores.

Un acuerdo por escrito y firmado

Volvamos a 2001 y al campamento de la esperanza, que había conseguido uno de sus objetivos: dar a conocer lo que estaban sufriendo los trabajadores de Sintel. En abril, IU presentó una proposición no de ley en el Congreso que instaba al Gobierno a constituir una mesa de negociación entre las partes afectadas —Gobierno, Telefónica, sindicatos— para intentar solucionar este problema. “PSOE y PP seguían echándose las culpas uno al otro, pero a altas horas se consiguió la aprobación sin ningún voto en contra”, recuerda Aragonés.

En mayo comenzaron las negociaciones, en las que no participó el comité de empresa sino los sindicatos. “Nuestra misión era aguantar, entendíamos que cada cual tenía que hacer su parte. Y la nuestra, la de los trabajadores, era aguantar en el campamento aunque no hubiera noticias de la negociación y no supiéramos nada de los sindicatos, en los que confiábamos plenamente”, valora. La constitución de la mesa hizo que el comité de empresa decidiera concentrar las fuerzas en el campamento y finalizar el encierro en La Almudena. Para recibir a las mujeres se organizó un concierto en el mismo campamento con Luis Pastor y Miguel Ríos. El mundo de la cultura se volcó con los trabajadores de Sintel durante estos meses. Artistas, actores, actrices, escritores y escritoras visitaron la Castellana. Cantantes y grupos tocaban durante los fines de semana. Aragonés reconoce que su apoyo fue una inyección de moral muy importante. Algunas producciones audiovisuales documentaron lo sucedido.

El día a día en el campamento se vivía “con mucha preocupación y ansiedad, ya estábamos en una edad en la que nos faltaba el aliento”, recuerda Higinio Poncelas, trabajador de Sintel desde agosto de 1979. “Los de Madrid intentábamos quedarnos en el campamento durante los fines de semana, cuando la gente de fuera viajaba para ver a sus familias. Creo que el comité fue totalmente transparente, pero no había noticias y eso era desesperante porque no sabíamos cuándo se iba a resolver el problema”. 

En julio, el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, anuncia al comité de empresa que el acuerdo está cerca, con el pago de salarios, algunas prejubilaciones y búsqueda de alternativas de empleo. Pero el comité quería más información de los términos de ese acuerdo: cuántas prejubilaciones, en qué condiciones, quién paga esos salarios adeudados, en qué empresas se recolocará a la plantilla. La condición para concretar el detalle, según Toxo, era desmontar el campamento y después ya se discutirían los pormenores. El comité rechaza la propuesta por confusa y verbal, por carecer de garantías por escrito. Los trabajadores, en asamblea, también la rechazaron. “A la mañana siguiente, los medios de comunicación nos abrasaron, esos mismos medios que guardaron silencio hasta que no les quedó más remedio nos acusaban ahora de no querer trabajar, de rechazar los empleos, de no querer levantar el campamento”, indica Aragonés.

Unas semanas después, los términos de la propuesta de acuerdo se aclaran y se presentan por escrito, firmados por sindicatos, Telefónica y Gobierno. El texto incluye las condiciones de la prejubilación para unos 500 trabajadores, a cargo de los presupuestos generales del Estado; el pago de los salarios atrasados con un talón de 2.500 millones de pesetas; el nombramiento de los trabajadores como principales acreedores de la quiebra de Sintel para que cualquier dinero que entrara fuera a pagar las indemnizaciones; y recolocaciones en empresas del sector en condiciones similares a las de Sintel. 

“Si alguien lo hubiera intentado en esa negociación, habría sido sencillo obligar a Telefónica a absorber a 1.200 trabajadores y que nos mantuviéramos juntos, que era uno de nuestros objetivos, pero era un acuerdo que recogía cosas que queríamos”, valora Aragonés. Se convocó asamblea de trabajadores para el 3 de agosto, se explicó, se votó y se aprobaron tanto el acuerdo como el levantamiento del campamento prácticamente por unanimidad, con solo cinco votos en contra. “Fue una explosión de júbilo y los titulares del día siguiente fueron maravillosos: ‘victoria sindical’, ‘David contra Goliat’”, apunta. Pero la historia estaba lejos de llegar a su final.

Ahora viene lo más difícil

A través de la Asociación de los Trabajadores de Sintel, constituida entonces para gestionar el acuerdo y velar por su cumplimiento, presidida por Adolfo Jiménez, presidente del comité intercentros, y con Aragonés de vicepresidente, se empiezan a cobrar los salarios atrasados y se inician los trámites para las prejubilaciones. Lo que no llegaban eran las recolocaciones.

En febrero de 2002, el comité de empresa de Madrid y 50 trabajadores se presentan en una sede de Comisiones Obreras para exigir al sindicato explicaciones por la ausencia de las recolocaciones comprometidas en el acuerdo. Esa visita termina sin recibir ninguna información y con los antidisturbios desalojando a los trabajadores del local del sindicato. “Fue un golpe bajo y duro, aquello olía ya a traición”, lamenta Aragonés.

En los meses siguientes, la Asociación de Trabajadores de Sintel se manifestó en numerosas ocasiones para exigir el cumplimiento del acuerdo e inició negociaciones con una empresa rusa que había mostrado interés para que asumiera a todos los trabajadores de Sintel. Ni Gobierno ni Telefónica ni los sindicatos se avinieron a facilitar esa posibilidad. El tiempo pasaba, el subsidio por desempleo se iba gastando y las recolocaciones seguían sin aparecer.

En la primavera de 2003, los trabajadores organizan una marcha de la dignidad desde varias provincias con el objetivo de llegar a Madrid el 1 de mayo con sus pancartas y reivindicaciones del cumplimiento del acuerdo. En la Puerta del Sol, uno de los trabajadores golpeó con un palo en la cabeza a José María Fidalgo, entonces secretario general de Comisiones Obreras, a quien tuvieron que dar dos puntos de sutura en la frente. “El compañero perdió los nervios, que no la razón, y fue un incidente desgraciado. Había un caldo de cultivo, nosotros llevábamos ya algunos muertos por infartos y suicidios, los empleos que nos habían prometido no llegaban, y esa misma mañana Fidalgo nos había llamado vagos y maleantes en un medio de comunicación, pero no estábamos de acuerdo con lo que pasó e instamos a que el trabajador se disculpara en rueda de prensa”, recuerda Aragonés.

El suceso enrarece el ambiente y condena a los trabajadores de Sintel de cara a una parte de la opinión pública y publicada. La asociación sigue desarrollando con dificultades acciones de protesta  y coloca sus reclamaciones en todos los escaparates donde puede y le dejan. Hasta que llega un momento en que esto deja de suceder por vía judicial. “Somos la única asociación a la que han prohibido manifestarse. En los autos nos decían que nuestro problema ya era conocido y que existían otros medios para manifestarse sin molestar, como internet”, comenta todavía incrédulo Aragonés.

Decidieron entonces montar una empresa para aprovechar la capacidad de trabajo y la experiencia de un importante número de empleados. Sintratel, constituida en noviembre de 2003, inicia su andadura con 40 trabajadores que cobran el salario mínimo. “Empezamos con muchas ganas, pero nos faltaba la experiencia empresarial”, reconoce. Consiguen contratos en el aeropuerto de Barajas y en la Universidad Complutense, y cierran el primer año con 200 trabajadores, todos procedentes de Sintel. “Teléfonica amenazó a algunas empresas con que si daban trabajo a Sintratel, les retirarían la cartera de trabajos. Fuimos mejorando salarios y llegamos a ser unos 400 trabajadores, demostramos que sí queríamos trabajar”, reivindica Aragonés.

Higinio Poncelas no pudo formar parte de Sintratel. El subsidio por desempleo se le terminó antes de que la compañía se constituyera y tuvo que buscarse las habichuelas por su lado. Consiguió un contrato en otra empresa del sector de las telecomunicaciones. De las ofertas de recolocación comprometidas por el acuerdo firmado nunca tuvo noticias. “Fue todo mentira, a mí nadie me llamó para ofrecerme un empleo ni nada, fue un camelo de los sindicatos, Telefónica y el Gobierno”, asegura. 

El juicio y el final

En 2007, José Luis Rodríguez Zapatero llevaba tres años como presidente del Gobierno. Cuando era jefe de la oposición había visitado el campamento de los trabajadores de Sintel en la Castellana, donde exigió a Aznar que solucionara el problema. La Asociación de Trabajadores decidió recordárselo durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de ese año 2007. Consiguieron varias reuniones en el Ministerio de Trabajo, culminadas con un texto que recordaba el incumplimiento de algunos aspectos del acuerdo por parte del anterior Gobierno y con tres Reales Decretos que recogieron una compensación de las cotizaciones sociales de los trabajadores en un convenio especial de aplicación trabajen donde trabajen, que serían las mismas que habrían tenido en Sintel si no hubiera pasado nada; y una cantidad económica para mejorar el subsidio de desempleo de aquellos trabajadores que lo estuvieran cobrando.

En noviembre de 2007, la Fiscalía Anticorrupción presentó ante la Audiencia Nacional su escrito de acusación definitivo y la solicitud de apertura de juicio oral por el caso Sintel, en el que acusó a 15 ex altos cargos de Sintel, hijos de Mas Canosa, y a cuatro de Telefónica de delitos contra la Hacienda Pública e insolvencia punible. El fiscal que investigó el caso, José Grinda, consideró que la “labor” de todos los acusados “llevó a causar notables perjuicios” a los acreedores y a los trabajadores en el proceso de venta de Sintel iniciado en 1996 y su posterior quiebra en 2001.

El juicio quedó fijado para el verano de 2012. “El desenlace estaba claro, eran culpables, pero nos dijeron que el juicio podría ser largo, 10 o 15 años, y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción se nos anima a alcanzar un acuerdo extrajudicial”, explica Aragonés. Tras un tira y afloja entre las dos partes —los herederos de Mas Canosa y la Asociación de Trabajadores—, la cuestión se resolvió con una última llamada telefónica directa, sin abogados, entre Madrid y Miami que cerró el acuerdo con una indemnización para los trabajadores por valor de 35 millones de euros. “Este dinero no soluciona todo lo que nos hicieron pasar, lo que hace es restañar un poco las heridas y permitirnos salir de un conflicto durísimo y larguísimo con la cabeza muy alta, la conciencia muy tranquila, la dignidad intacta y a nosotros, como representantes de los trabajadores, con el convencimiento más absoluto de no haberles traicionado nunca”, concluye Valeriano Aragonés un cuarto de siglo después de aquella noche en la que hacía frío y llovía y varios centenares de personas empezaron a montar tiendas de campaña cerca del Santiago Bernabéu.