Genocidio
La falacia de la neutralidad: cultura, universidad y el espejismo de la imparcialidad ante el genocidio

[Nodo UGR de RUxP]

En los últimos días, la Universidad de Granada (UGR) se ha visto envuelta en un intenso debate público a raíz de la desprogramación de la escritora Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades CULTUR∴ALH. La decisión, asumida por la dirección del festival tras escuchar los señalamientos de la comunidad universitaria, derivó rápidamente en la habitual reacción mediática y política: acusaciones de «censura», denuncias de «antisemitismo» y el desmarque del equipo de gobierno de la universidad escudándose en la «pluralidad» y la «neutralidad» institucional.

Sin embargo, reducir este episodio a una simple controversia sobre libertad de expresión o convivencia cultural invisibiliza el fondo del problema: el papel que desempeñan los espacios académicos y culturales en la legitimación o cuestionamiento de la violencia colonial y los crímenes internacionales.

Ni amenazas ni discriminación: la crítica política legítima

Frente a los intentos de construir un relato victimista, resulta indispensable precisar los hechos. El escrito remitido por la Red Universitaria por Palestina (RUxP) a la organización del festival no contenía amenazas, coacciones ni llamamientos a la violencia. La protesta pacífica y la interpelación ética son derechos fundamentales y, ante la gravedad de un genocidio en curso, constituyen un deber de la comunidad universitaria.

Asimismo, es rotundamente falso que la desprogramación responda a un ataque por motivos de origen, identidad o religión. La RUxP combate de manera tajante cualquier forma de racismo y discriminación, incluidos el antisemitismo, el racismo antipalestino, la islamofobia y la judeofobia. Lo que se cuestiona no es la persona, sino sus posicionamientos públicos reiterados Harwicz ha manifestado públicamente su oposición al boicot cultural a Israel y ha caracterizado dicho boicot como una forma de antisemitismo, cuestionando asimismo las posiciones que ponen en duda la legitimidad de Israel. Además, niega públicamente que exista un genocidio en Gaza. El 5 de septiembre de 2025 escribió en X: «Les angustia terriblemente que no haya genocidio. Lo desean, desean que haya genocidio para confirmar su odio a Israel». No es un caso aislado: en una entrevista en Letras Libres (octubre de 2024) presentó las denuncias de genocidio como una renovación retórica del antisemitismo.

Identificar a las personas judías con el Estado de Israel y toda crítica a este con odio hacia ellas no es solo intelectualmente deshonesto, sino que perjudica la lucha contra el antisemitismo real.

La trampa de la «neutralidad ideológica»

Ante la polémica, el equipo de gobierno de la UGR hizo público un comunicado aclarando que la retirada de la invitación no fue adoptada, aprobada ni respaldada por la institución. Con esta maniobra, la universidad pretende proyectar una imagen de neutralidad e imparcialidad.

Sin embargo, como han señalado los pronunciamientos del Tribunal de los Pueblos sobre la Complicidad con el Genocidio Palestino (TPCGP-25), en contextos de ocupación, apartheid y genocidio, la llamada «neutralidad ideológica» no existe. Invocar la neutralidad o la pluralidad para otorgar una tribuna pública e institucional a discursos que niegan o blanquean crímenes internacionales equivale, en la práctica, a una toma de partido por el statu quo.

Las instituciones culturales y educativas no son meros contenedores asépticos. Programar una voz implica tomar una decisión editorial y política sobre qué discursos son legitimados, financiados y visibilizados con recursos públicos. Cuando esa legitimación se otorga a quienes desarmar las herramientas de solidaridad internacional pacífica como el boicot cultural —respaldado por la sociedad civil palestina y las directrices de PACBI—, la universidad se convierte en un agente de normalización colonial.

Coherencia con los acuerdos institucionales de la UGR

Esta tibieza resulta especialmente grave si se contrasta con la propia trayectoria reciente de la Universidad de Granada. El 17 de mayo de 2024, el Consejo de Gobierno de la UGR aprobó por unanimidad una resolución en la que reconocía su «obligación moral, legal e institucional de no permanecer pasiva» ante la masacre indiscriminada en Gaza, acordando suspender la movilidad académica y la cooperación científico-técnica con universidades e instituciones israelíes cómplices.

¿Cómo se entiende que una universidad que defiende formalmente dichos acuerdos —incluso ante los tribunales de justicia— permita que sus espacios culturales sirvan para normalizar las mismas políticas de las que se pretende distanciar? La defensa de la paz y el compromiso con los derechos humanos no pueden parcelarse ni quedar postergados cuando se apagan las luces de los despachos y se encienden los focos de un festival cultural.

Por una universidad a la altura de la justicia internacional

La caracterización del genocidio en Gaza y de la ocupación en Palestina no constituye una cuestión de opinión, de debate subjetivo ni de postura política, sino una realidad jurídica objetiva definida por el Derecho Internacional Penal y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La Corte Internacional de Justicia en 2024 ha identificado formalmente un riesgo real y verosímil de genocidio en Gaza, dictaminando, asimismo, la ilegalidad de la ocupación y del régimen de segregación racial y apartheid. Conforme a la legalidad internacional, la prohibición de colaborar, ayudar o asistir a un Estado en la comisión de crímenes internacionales genera una obligación de carácter erga omnes que alcanza plenamente a las universidades públicas y a los espacios culturales e institucionales.

El debate universitario no se construye ignorando las asimetrías de poder ni equiparando los discursos que cuestionan la violencia colonial con aquellos que contribuyen a reproducirla o encubrirla. La retirada de la invitación a Ariana Harwicz no fue un acto de censura; fue una victoria de la coherencia ética y de la escucha activa a una comunidad universitaria que se niega a que sus campus sean cómplices del silencio.