Justicia Universal
Defender la Justicia Internacional. Carta abierta al Parlamento Europeo

Defender la Justicia Internacional

(carta abierta al Parlamento Europeo)

Desde la RUXP no podemos permanecer en silencio ante el ataque a Francesca Albanese, así como al equipo de jueces del Tribunal Penal Internacional por parte de EEUU, que como medida de castigo –por elevar la orden de búsqueda y captura de los dirigentes genocidas israelíes- sufren sanciones que les impiden desde usar una tarjeta bancaria a simplemente viajar. Instamos al Parlamento Europeo a tomar todas las medidas posibles para denunciar e impedir este ataque a las personas que representan la justicia internacional en la defensa de los derechos humanos.

En nombre de la Red Universitaria por Palestina (RUxP), nos dirigimos a todas las y los integrantes del Parlamento Europeo para expresar nuestra indignación frente a las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a la Dra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, y recabar su apoyo para denunciar y contrarrestar esta injusticia en las instituciones europeas.

Albanese está siendo sancionada por el gobierno estadounidense por su colaboración con la Corte Penal Internacional, siguiendo las directrices establecidas en la Orden Ejecutiva 14203 del 6 de febrero 2025 del Presidente Donald Trump, por la que se imponen sanciones ilícitas a la Corte Penal Internacional y a quienes colaboran con la labor crucial que desempeña. Como resultado, la Dra. Albanese se encuentra incluida en la lista de Specially Designated Nationals del Departamento del Tesoro de los EEUU, una categoría que habitualmente se aplica a personas que actúan en favor de naciones sancionadas por Estados Unidos, narcotraficantes o terroristas.

Cuando el Secretario de Estado Marco Rubio anunció esta decisión, en julio de 2025, acusó  a Francesca Albanese por el ejercicio de sus funciones de “vomitar descarado antisemitismo, apoyo al terrorismo, y un abierto desprecio por los Estados Unidos, Israel, y Occidente”. Como consecuencia de estas sanciones ilegales, aplicadas también a un número creciente de jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional y a ONGs que han cooperado con este tribunal, se está “eliminando económica y socialmente” a la Dra. Albanese “dentro de la UE”, como señala el periodista Christoph de Preter.

Albanese no es la única. Solomy Balungi Bossa, Luz Del Carmen Ibanez Carranza, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou y Beti Hohler, juezas y jueces de la Corte Penal Internacional, fueron igualmente sancionados por EEUU en junio de 2025. En agosto fueron sancionados Kimberly Prost, Nicolas Yann Guillou, Nazhat Shameem Khan Judge y Mame Mandiaye Niang, todas y todos miembros también de la CPI.

Tanto la Organización de Naciones Unidas como los estados partes del Estatuto de Roma de la CPI y entes defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional han condenado esta criminalización ilegal por parte del gobierno estadounidense, denunciando que constituye un “peligroso precedente” contra la libertad de actuación de las personas que representan a la ONU, una ofensa contra la libertad de expresión en general y un ataque frontal a los valores fundamentales de esta organización: derechos humanos, justicia, rendición de cuentas y estado de derecho. Hasta 59 estados parte del Estatuto de Roma han declarado en un comunicado conjunto que rechazan estos graves actos intimidatorios de los EEUU y consideran que “la Corte Penal Internacional, como primer y único tribunal penal internacional del mundo, es una piedra angular de la justicia internacional”.

La valiente, rigurosa e incansable acción de Francesca Albanese (ciudadana europea) al investigar y denunciar el genocidio cometido por Israel en Gaza, así como la colaboración necesaria de empresas y entidades internacionales, exige todo el apoyo de las instituciones europeas.

Por eso les solicitamos que tomen las iniciativas que consideren necesarias para presionar en el Parlamento Europeo, en las comisiones de toma de decisiones (DROI, Comisión de Derechos Humanos, AFET, Comisión de Asuntos Exteriores; DPAL, Delegación de Relaciones con Palestina) y donde estimen oportuno, denunciar pública y oficialmente la condena a Francesca Albanese y las-os jueces del Tribunal Penal Internacional, y llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar la protección de todos sus derechos.

Esto último incluiría la posibilidad –apuntada por la Presidenta de la Delegación Europea para las Relaciones con Palestina, Sra. Lynn Boylan (Sinn Féin)- de recurrir al Estatuto de Bloqueo del Reglamento (CE) nº 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella.

Como recuerda Christoph de Preter, las sanciones estadounidenses tienen efecto en Europa y solo son posibles por la colaboración de entidades europeas que bloquean cuentas bancarias, acceso a servicios de telecomunicaciones o entregas de mensajería.

Es fundamental que la UE adopte una postura firme e inequívoca frente los abusos del gobierno de los EEEUU y su ataque, no solo contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales de una ciudadana europea y de los máximos representantes de la justicia internacional, sino también contra los principios que todos ellos y ellas representan y defienden en el ejercicio de sus funciones: como ya se dijo, “derechos humanos, justicia, rendición de cuentas y estado de derecho”.