Tecnología
Minería, electrónica y desigualdad. Otro Mobile World Congress sin avances sociales

El consumo de tecnología crece, y con ello la incesante necesidad de seguir extrayendo materias primas. La lucha por el control de los minerales estratégicos para nuestra electrónica, baterías, y en general la tecnología que inunda nuestras vidas y el Mobile World Congress, se agrava en una situación mundial donde la vida de las personas parece no importar.

Mobile Social Congress

En contraposición al Mobile World Congress, el Mobile Social Congress nos trae en su décima edición un programa que entre otros temas muestra los graves impactos del extractivismo de los recursos mineros necesarios para nuestra tecnología. Este evento será el 5 de marzo en Barcelona y en línea.

Programa e inscripciones

Los minerales críticos se han convertido en motor de la economía internacional, y las potencias internacionales compiten en la carrera de asegurar su abastecimiento. Las grandes corporaciones no quieren renunciar a los suculentos beneficios de esta extracción; tampoco los estados o actores políticos que apoyan estas estrategias de saqueo. Las visten de comercio internacional, geopolítica e impulso de mercados globales, pero son en realidad lógicas de expolio de recursos, provenientes del legado colonial, por las que la población local paga un precio muy caro.

La aparición de conflictos en las zonas ricas en recursos no es un hecho aislado ni casual, ya que esa misma “riqueza” se convierte en una condena. Estos territorios pagan los graves impactos que se producen sobre el medio ambiente y sobre las personas del entorno y trabajadoras de las minas, convirtiéndose en las llamadas “zonas de sacrificio”. Los casos de República Democrática del Congo y Sudáfrica son ejemplos flagrantes, pero en realidad son la punta del iceberg de muchos más casos complejos y aún más desconocidos.

República Democrática del Congo: décadas de un genocidio silenciado

La República Democrática del Congo (RDC) es considerada como el país más rico del mundo en cuanto a recursos naturales, estimándose que sus depósitos de minerales sin explotar valen más de 24 billones de dólares, cifra que podemos equiparar con el PIB de Estados Unidos como primera economía mundial.

La RDC no ha dejado de someterse a una serie de luchas coloniales por el control de sus recursos, llevando más de 30 años envuelta en un conflicto armado, dejando más de 6 millones de personas fallecidas desde 1996.

En el último año, el grupo rebelde M23 ha avanzado rápidamente por el este de la República Democrática del Congo, ocupando y controlando más territorios mineros de la zona, donde miles de personas trabajan en la extracción en condiciones sumamente inseguras e insalubres. Según la ONU y grupos como International Crisis Group, Ruanda apoya a los milicianos del M23, controlando la explotación y el comercio de gran parte de los minerales que son pasados por la zona controlada por el M23 en dirección a Ruanda.

En las últimas semanas el movimiento M23 ya se ha hecho con el control de Goma y de Bukavu, dominando con ello por completo las dos provincias estratégicas del este de la RDC, y expandiéndose hacia otros territorios en medio de una situación cada día más alarmante.

Según ACNUR, casi 7 millones de personas viven como desplazadas internas debido a la constante inseguridad y violencia, donde además ha habido un grave aumento de la violencia de género de la que son víctimas las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, y donde 27 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Muchos fabricantes mantienen el silencio, mientras que el M23 sigue ganando control de manera violenta sobre la RDC.

Las manifestaciones de la población congoleña exigen a la comunidad internacional que presione a Ruanda por su supuesta implicación en el conflicto. Desde el Parlamento Europeo se empieza a hacer presión para suspender el acuerdo que hay entre la Unión Europea y Ruanda, firmado en febrero de 2024, para garantizar un “suministro sostenible de materias primas” para la UE, a cambio de financiación para desarrollar las cadenas de suministro e infraestructuras minerales de Ruanda. Los eurodiputados denuncian la situación que se está viviendo en la RDC, deploran las prácticas abusivas por parte de las Fuerzas Armadas Congoleñas (FARDC) así como del M23 con el apoyo del ejército de Ruanda, e instan a la Comisión Europea y al Consejo a suspender de inmediato el Memorándum de Entendimiento de la UE sobre Cadenas de Valor Sostenibles de Materias Primas con Ruanda, hasta que el país cese toda interferencia en la RDC, incluida la exportación de minerales extraídos de las zonas controladas por el M23. Se pide que el gobierno ruandés retire sus tropas del territorio de la RDC y deje de cooperar con los rebeldes del M23.

Por otro lado, por su parte el gobierno congoleño presentó a finales del año pasado demandas penales en Francia y Bélgica contra filiales del gigante tecnológico Apple, acusándolo de utilizar “minerales de conflicto”. Apple ha rebatido esta acusación y ha indicado que, desde principios de 2024, debido a la escalada del conflicto y a las dificultades de la certificación, dejó de abastecerse de tántalo, entre otros metales, tanto de la República Democrática del Congo como de Ruanda. Muchos fabricantes mantienen el silencio, mientras que el M23 sigue ganando control de manera violenta sobre la RDC.

El caso de Stilfontein en Sudáfrica

Sudáfrica también es otro país rico en recursos. Algunas de sus minas están abandonadas, y han sido tomadas por bandas, a menudo dirigidas por antiguos empleados, que venden lo extraído en el mercado negro. Estas bandas envían a personas, ya sea por la fuerza o voluntariamente, a pasar meses bajo tierra excavando. Dada esta situación, en 2023 el gobierno sudafricano inició una campaña para poner fin a la minería ilícita llamada operación Vala Umgodi (que significa “cerrar el agujero” en zulú).

Uno de los objetivos de esta campaña fue la mina de oro de Stilfontein, al Noreste de Sudáfrica. Desde su cierre en 2013, se ha convertido en un lugar de actividad minera ilícita, con miles de mineros artesanales -conocidos localmente como zama zamas- que intentan extraer los yacimientos de oro que quedan en los pozos abandonados.

En agosto de 2024, las autoridades sudafricanas iniciaron un asedio de la mina, cortando el suministro de alimentos, agua y medicinas, en un intento de obligar a los mineros ilegales a salir a la superficie, y así poder detenerlos y cesar la explotación ilegal de los pozos.

El bloqueo de las salidas de muchos de los pozos dejó a miles de mineros atrapados hasta 2 km bajo tierra. Este asedio se alargó varios meses, generando una crisis humanitaria muy grave, en la que los mineros estaban muriendo por inanición.

En respuesta a los llamamientos para enviar ayuda por parte de las familias y asociaciones de la sociedad civil, el ministro de la Presidencia, Khumbudzo Ntshaveni, dijo que el gobierno no rescataría a los “criminales”, para así motivarles a salir.

Estas declaraciones fueron recibidas con protestas por parte de sindicatos, organizaciones de derechos humanos y grupos comunitarios, que presentaron una demanda que fue aceptada y obligó al gobierno a realizar un rescate en enero de 2025. Más de 1500 mineros ya habían salido o habían sido rescatados por miembros de la comunidad con cuerdas durante el asedio, pero aún quedaba gente atrapada. En total, se sacaron a 324 personas, entre supervivientes y cadáveres. Algunas familias dicen que siguen buscando a sus seres queridos.

Este tipo de minería al margen de la ley existe desde hace décadas y supone una pérdida más de 1.000 millones de dólares anuales para Sudáfrica. Los zama zamas son casi en su totalidad personas pobres e indocumentadas de países vecinos. En el caso de Stilfontein, las autoridades han dicho que la mayoría procedían de Mozambique, Zimbabue y Lesoto, y unos pocos de Sudáfrica.

Los zama zamas son casi en su totalidad personas pobres e indocumentadas de países vecinos.

Este comercio ilegal está controlado por grupos delictivos que luchan y compiten entre sí en guerras de bandas y que atacan a la policía. A menudo, los cabecillas de estas bandas explotan a los mineros o trafican con personas para obligarlas a trabajar en las minas.

El caso de Stilfontein ha abierto el debate sobre la responsabilidad de las empresas mineras, que no han cerrado y rehabilitado las minas de manera adecuada. También sobre la posibilidad de usar minas antiguas para el desarrollo económico del país, y de conceder licencias a los mineros artesanales que se ven obligados a acudir a minas en desuso debido a la elevada tasa de desempleo de Sudáfrica. ¿Se debe deshumanizar a los mineros que arriesgan su vida para poder dar de comer a sus familias, siendo víctimas de explotación por parte de bandas organizadas?

Responsabilidades y soluciones

Los estados e industrias que se suministran de recursos minerales son responsables de los impactos que se generan en torno a la minería.

La Unión Europea, debería integrar en las políticas de transición energética políticas de suficiencia y economía circular. Reducir la demanda es un imperativo para el planeta, una responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, pero también con los países y zonas de sacrificio. Lo que la deuda ecológica nos permitió denunciar hace décadas a nivel de contaminación y emisiones debe aplicarse también a nivel de impactos de la extracción de estos minerales críticos. Se debería invertir para incrementar la capacidad de recuperación del máximo de estos materiales a partir de fuentes secundarias, es decir, a partir de los productos desechados. También dejar de apostar todo a la carta única de la movilidad eléctrica. Es urgente promover modelos de movilidad más sostenibles, como el transporte público, la movilidad compartida, activa, entre otros, en detrimento del vehículo eléctrico privado. Por otro lado, se tiene que seguir avanzando en las leyes que garanticen la durabilidad y reparablidad de los productos electrónicos. Así mismo, también debe hacer una priorización de los sectores que aporten un beneficio social, así como limitar y ser más transparentes en cuanto al uso de estos materiales para la industria militar.

Reducir la demanda extractiva es un imperativo para el planeta, una responsabilidad que tenemos con las futuras generaciones, pero también con los países y zonas de sacrificio.

También se debería garantizar el derecho de las comunidades a decir no a la explotación minera en sus territorios, así como justicia para las víctimas de los conflictos y ayuda humanitaria, empoderando a la sociedad civil de estos territorios mineros.

Los fabricantes, gobiernos y las personas consumidoras tenemos un vínculo poco visible pero real con estos conflictos, alimentados por nuestra tecnología. El Mobile World Congress presenta cada año nuevos avances tecnológicos, en detrimento del retroceso de derechos humanos en la cadena de producción de los dispositivos.

En nuestras manos está también como consumidoras la opción de apostar por tecnologías más éticas, la reparación y el mercado de segunda mano, así como exigir a fabricantes y gobiernos que actúen frente a esta situación.