La semana política
Mitad y mitad

El Gobierno vuelve a provocar un desastre con su táctica de nadar entre dos aguas. Los equívocos mensajes sobre la reforma laboral implican no solo un error de comunicación, sino la zozobra del PSOE a la hora de impulsar medidas que comiencen a revertir décadas de leyes y normas que han extendido la precariedad.
Despensa comunal de Valdezarza - 7
Un coche cargado con alimentos para su reparto entre el vecindario en peor situación del barrio de Valdezarza. David F. Sabadell
23 may 2020 07:43

La reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 tiene algo de fetiche. No es, ni de lejos, la única norma que ha definido el marco de relaciones laborales actual, pero se produjo en un momento de movilización y también de esperanza. Fue una reforma contestada en pleno movimiento 15M, en dos huelgas tensas que desgastaron al bipartidismo. Como escribió Amaia Pérez Orozco en aquel entonces, fue un ataque no solo al trabajo, sino a la vida. Establecía la dependencia del empleo como única fuente de acceso a recursos, a la vez que reducía al mínimo la garantía de acceso a un empleo estable y digno. 

Un rompecabezas que tiene efectos materiales: en febrero, antes del covid-19, el 89% de los contratos que se firmaron fueron temporales y casi cuatro de cada diez contratos firmados en 2019 tuvieron una duración inferior a un mes. La temporalidad en España afecta al 26,8% de la población.

Pero la búsqueda de lo que eufemísticamente se llama “flexibilización” del mercado de trabajo es tan antigua como las obras de reforma del palacio de La Moncloa. En 1984, el Gobierno de Felipe González inauguró la contratación a tiempo parcial, amplió la puerta de entrada a los contratos de prácticas y así hasta crear hasta dieciséis modalidades nuevas de contratación. Diez años después ─mismo presidente, con un colmillo aún más retorcido─ otra reforma legalizó las empresas de trabajo temporal y se introdujeron nuevos contratos basura. Apareció también una medida estrella: la posibilidad de llevar a cabo despidos individuales por nuevos y muy imprecisos supuestos. Ese era el plan del PSOE. Luego vino el Partido Popular con sus propias ideas y reformas. Muy parecidas en su espíritu, por cierto.

La lista es larga: hasta llegar a la reforma de 2012 ha habido nueve modificaciones importantes que han creado el “mercado” laboral que tenemos. Como resultado de todas ellas, la mitad de la población se encuentra en situación de precariedad. Trece de cada cien personas que trabajan en España son pobres.

En ese tumbar la reforma laboral el PSOE se juega ─se sigue jugando─ mucha más credibilidad que en cualquier otra medida de revisión de la etapa 2008-2016

Nada es fácil

Nada en esta crisis múltiple es fácil. Hay cosas que, además, son imposibles. Parece ser que era imposible que a la primera, y de una vez, el PSOE pudiera lanzar un mensaje que en clave comunicativa es transparente. Derogar la reforma laboral de 2012 ─no hacerlo a medias, no eliminar “sus aspectos más lesivos”─ tiene complicaciones jurídicas. Son las más complejas, pero se superan con voluntad política. Significa también que el comisariado político neoliberal dentro del Gobierno exhibe su enfado y que esa indignación se amplifica en las tertulias, cope los editoriales. Con el pretexto de que el último compromiso para su derogación ha sido firmada con EH Bildu, no se habla de para qué sirve derogar la reforma laboral sino sobre si los portavoces abertzales condenan a ETA y con qué tono de voz lo hacen.

Anunciar la derogación conlleva que la patronal se ofenda por la pérdida del diálogo social y de “flexibilidad” en el empleo cuando las grandes empresas del Ibex ya tienen una ronda de cien mil millones de euros en ayudas por parte de ese mismo Gobierno. Aparte de los sueldos ahorrados vía ERTE “por fuerza mayor” y de la suspensión de las cotizaciones sociales aprobada por el Ejecutivo. 

Derogar la reforma tiene muchas consecuencias políticas pero no tiene, sin embargo, ninguna consecuencia comunicativa, porque el mensaje, en sus cuatro palabras, está claro. A menos que no se quiera derogar la reforma laboral: en ese caso es un lío macabeo comunicar una medida que no se quiere llevar a cabo.

Incluso aunque sea cierto que la derogación completa de la reforma laboral de 2012 no significa más que su sustitución por otra norma ─y que esta se dibujará de nuevo en el marco de una legalidad que sospecha de cualquier nuevo derecho para las clases trabajadoras─, “tumbar” la reforma tiene un efecto simbólico mayor que sustituir los presupuestos de Cristóbal Montoro.

El presidente Pedro Sánchez lo sabe y por eso prometió hacerlo en un mitin en octubre de 2019. En ese tumbar la reforma laboral el PSOE se juega ─se sigue jugando─ mucha más credibilidad que en cualquier otra medida de revisión de la etapa 2008-2016. Tal vez con la única salvedad de la Ley Mordaza, como la reforma laboral, extremadamente útil para los intereses de una parte del Gobierno.

Lo que permanece 

Cuando los errores de comunicación y las rectificaciones terminan, es el momento de repasar los compromisos: lo que permanece. Compromisos como el de destinar esos cien mil millones de euros en avales públicos a multinacionales como El Corte Inglés o Sacyr. Una medida que no ha generado editoriales airados ni llamamientos al Gobierno de concentración. 

Cuando acaba la retórica es el momento de que quede claro con quién se toman los compromisos y para qué. Es el tiempo de tomar decisiones que, a la larga enfrentan a dos sectores de la población: quienes se han visto beneficiados por el crecimiento de la desigualdad y la mitad que vive en precariedad. Una parte que agita el sacrificio como solución y quienes forman parte de la mitad a sacrificar. La población que necesita redes solidarias vecinales para tirar y el pequeño porcentaje que recibe ayudas para que, después de años repartiendo dividendos, no se descuadre el balance.

La multiplicación de carteras (hasta 23) era un síntoma de la voluntad de Pedro Sánchez para llevar a cabo una síntesis de todo lo que ha atraído el PSOE a lo largo de todos estos años. En los tiempos en que la comunicación política lo absorbe todo, el plan de Sánchez sigue siendo manejar el mayor número de registros que le sea posible. Es un plan que favorece tener en el mismo consejo a agentes de la gobernanza europea (Economía, Exteriores), personas de confianza del capitalismo patrimonialista español (Industria), electrones del orden y la ley como Robles y Grande-Marlaska, estajanovistas del partido (Calvo o Ábalos) y, asumidos como mal necesario, los cuerpos extraños que representan los ministros de Unidas Podemos. Táctico como pocos, Sánchez se ha reservado un papel acorde con su fama de político sin ideología. Una posición ciertamente cómoda que le permite mirar hacia su izquierda y su derecha dependiendo de las causas. 

Lo que permanece, diez semanas después, es la pandemia. Y con ella la certeza de que nada es como antes. En estos tiempos ya no es posible situarse en el justo término medio cuando se trata de una lucha para que la situación de emergencia sanitaria no se transforme, de aquí a final de año, en una emergencia alimentaria y/o de vivienda entre capas amplias de la población. El 7% de la población cree que tendrá que abandonar su hogar ante la imposibilidad de seguir pagando el alquiler o la hipoteca, el 30% de las personas asalariadas han perdido su trabajo o sus vías de ingreso, un 20% cree que le va a pasar lo mismo en los próximos meses. La mitad de la población.

Aun así, una parte del Gobierno sigue fingiendo que está en medio, como el árbitro de un combate amañado. 

Más allá de la reforma de 2012, el Partido Socialista tiene la oportunidad de comenzar a retirar los aspectos más lesivos de un sistema que lleva a la pobreza infantil a tres de cada diez niños y niñas. El PSOE tiene la oportunidad, si escoge otro camino, de reconciliarse una vez más con los poderes económicos y terminar con todo su crédito social a cambio de una (difícil de cumplir) promesa de oxígeno político si se vuelve a un Gobierno monocolor. Incluso así, aun después de una ronda de liquidez como la puesta en marcha con los avales del Instituto de Crédito Oficial y la compra de pagarés de deuda, no conseguirá que cese la presión para que no se mejore ni un ápice las condiciones de despido establecidas desde 2012. La encrucijada es también saber si el PSOE se arrimará a la pulsión más autodestructiva y mentirosa, liquidando para mucho tiempo toda posibilidad de cambiar el modelo de empleo español o si, esta vez, elegirá la vida. Aunque le cueste el reproche de una parte de los suyos.

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3 Comentarios
#61568 12:46 25/5/2020

El partido de la corrupción y la mentira iba a hacer algo positivo para la clase trabajadora? pero si están esperando a que se hunda par jodernos más...

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#61426 25:42 23/5/2020

Estoy de acuerdo, pero ¿Dónde están las fuentes de las cifras de pobreza y pérdida de empleo que mencionas?

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#61393 13:07 23/5/2020

Me temo que el PSOE hará lo de siempre, lo mismo que está haciendo ahora, elegir la narrativa de la defensa de la vida y la acción de los mercaderes de la muerte. Esa es su historia y su rol dentro de este sistema.

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