La ONU condena las sanciones de Trump a otros dos jueces de la CPI por investigar a Israel

El Gobierno de EEUU ya ha impuesto represalias a once jueces y fiscales del CPI por emitir una orden de detención contra Benjamin Netanyahu y Yoav Galant.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos)
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos)
20 dic 2025 11:21

Otros dos jueces del Tribunal Penal Internacional deben afrontar las represalias del Gobierno de Donald Trump por la investigación que realiza la institución contra los crímenes de guerra y genocidio por parte de Israel. Se trata de Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, quienes habían rechazado a principios de esta semana un recurso israelí para que la CPI retire las órdenes de detención emitidas contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant. Con las nuevas sanciones, ya son 11 los jueces y fiscales sancionados por EEUU.

“El anuncio de ayer de sanciones estadounidenses contra otros dos jueces [de la CPI] [...] representa una nueva intensificación de las represalias contra las instituciones internacionales”, declaró el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Según esta entidad, “este tipo de ataques contra jueces, fiscales y expertos de la ONU va contra el Estado de derecho y la administración de Justicia”. 

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FiDH) define las nuevas sanciones como un “flagrante intento de intimidar” a la Corte y “obstruir la rendición de cuentas por crímenes atroces en Palestina y más allá”.

Atacar a los jueces por el ejercicio de su profesión, señala esta organización, “constituye un ataque a la independencia judicial y socava el Estado de derecho”, señalan.

Las primeras represalias por la orden de detención de Netanyahu y Galant llegaron en febrero de 2025 con una orden ejecutiva de Trump en la que amenazaba con sanciones a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. La orden ejecutiva contempla sanciones que van desde el bloqueo de propiedades y bienes de funcionarios de la CPI y la prohibición de entrada en Estados Unidos para ellos y su familia. 

El 13 de febrero de este año, EEUU anunció sanciones contra el fiscal jefe del CPI, Karim Khan, y el 5 de junio Trump sancionaba a otras cuatro juezas de la Corte: Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia. Dos de ellas fueron responsables de investigar crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán; las otras dos por investigar los crímenes cometidos por Israel tras el 7 de octubre de 2023. 

En noviembre, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, calificaba las sanciones como “ataques contra los principios mismos del derecho internacional”. Para Baerbock, no se trata de “incidentes aislados” sino de una estrategia para “debilitar el Estado de derechos y erosionar la confianza en las instituciones internacionales”.
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