ISDS
El recorte a las renovables de PSOE y PP puede costar otros 7.000 millones de euros
El Estado español se enfrenta a 35 demandas por el recorte a las renovables de los gobiernos de Zapatero y Rajoy. Según un nuevo informe, las indemnizaciones podrían sumar otros 6.500 millones a los 400 a los que ya ha sido condenado a pagar el Estado español.
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En 1994, el rey emérito y el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, firmaron el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). Este acuerdo, aplicable a casi 50 países desde Europa Occidental a Asia Central y Japón, se firmó con la intención de mantener el suministro energético de los países occidentales, muy dependientes de países como Rusia u otros de Ásia.
Pero entre los numerosas disposiciones que componen este tratado se escondía, al igual que en otros grandes tratados comerciales, una relativa a la protección de los inversores mediante un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Mediante estos tribunales internacionales compuestos por abogados privados, las multinacionales pueden demandar a los Estados en caso de que los gobiernos tomen medidas legislativas o reglamentarias que perjudiquen a sus inversiones y al beneficio que piensan obtener con ellas. Este pacto se ratificó en el año 95 sin pasar por debate público ni calcular los daños que podría conllevar. Actualmente está a punto de estallar en la cara del nuevo gobierno que resulte de las urnas próximamente.
El recorte a las ayudas a las renovables llevado a cabo por el gobierno de Zapatero, ayudas eliminadas definitivamente por el de Rajoy, provocó una cascada de demandas contra el Estado español apoyándose en el TEC frente a estos tribunales privados. El informe Un Tratado para gobernarlos a todos, realizado por el Corporate Europe Observatory (CEO) y el Transnational Institute (TNI), con la colaboración en España de Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, muestra las demandas y cifras a las que se enfrentan las arcas públicas españolas.
España es el país de la Unión Europea, y el segundo en el mundo, que más casos acumula derivados directamente de demandas invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía
El Estado español es el país de la Unión Europea, y el segundo en el mundo, que más casos acumula derivados directamente de demandas invocando el TCE, con 41 demandas en total. El TCE, a nivel mundial, ha motivado 121 demandas de este tipo, demostrando la exposición de España a este tratado al concertar un tercio del total. En caso de que los inversores ganen todas las demandas, las indemnizaciones a las que se enfrenta España, según el informe, superarían los 7.000 millones de euros.
Además, el estudio arroja datos sobre los inversores denunciantes. En el 88% de las demandas, 36 de las 41, el inversor que antepone la denuncia contra el Estado español no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero. Entre los ejemplos se encuentran Masdar, un fondo estatal de Abu Dhabi, o RREEF, que forma parte de DWS, un fondo del gigante financiero alemán Deutsche Bank. En el 51% de los casos, 21 del total, la compañía que demanda incluye inversiones en energía contaminante.
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ESPAÑA YA HA PERDIDO SIETE DEMANDAS
Los dos primeros fallos de instancias arbitrales se dieron en 2016 y ambos fueron favorables a España. Pero las últimas siete denuncias interpuestas a España ante estos tribunales privados han fallado a favor de las multinacionales y fondos. Una tendencia que puede indicar que las siguientes puedan ir en la misma dirección y que la cifra de los 7.000 millones, calculada en el informe, pueda acercarse mucho al resultado final de las indemnizaciones.
El primer caso condenatorio fue en 2017. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF y luego cobró 5.000 millones de euros, condenaba al gobierno de España a pagar 128 millones de euros a Eiser Infrastructure (Luxemburgo y Reino Unido) porque el nuevo régimen regulatorio de energías renovables incumplía sus obligaciones bajo el TEC de otorgar “trato justo y equitativo” a los inversores extranjeros.
Cinco de las siete sentencia a favor de las multinacionales obligan al Estado español a desembolsar 396 millones de euros en indemnizaciones
En total, cinco de esas siete sentencia a favor de las multinacionales obligan al Estado español a desembolsar 396 millones de euros. La sexta sentencia, a favor del fondo de inversión RREEF, del banco alemán Deutsche Bank, exigía 441 millones de euros. Sin embargo, los árbitros han pospuesto el cálculo de la cantidad a un proceso posterior, con lo que España logra demorar la indemnización.
La séptima sentencia, la que dio la razón en marzo de este mismo año a la empresa estadounidense Nextera Energy, que reclama a través de una filial en Holanda, no ha publicado todavía la cuantía de la indemnización, pero, según las estimaciones hechas por TNI y CEO, la indemnización puede ascender a los 291 millones de euros. Según los cálculos del informe, las indemnizaciones, por el momento, podrían alcanzar los 687 millones de euros.
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Me temo que no, aunque cuando más presión hagamos en la calle, en las redes sociales y cuando más charlas, debates y seminarios organicemos sobre este y otros temas invisibilizados en las campañas electorales (y más allá), más posibilidades hay para que salgan a la luz y en los debates. Aprovecho para animar a firmar la iniciativa europea que está en marcha: http://www.noalttip.org/stopisds/ Un cordial saludo
Estimada redacción, muchas gracias por informar sobre las injusticias de la globalización capitalista, sobre las artimañas del capital transnacional y las cosas que realmente afectan a la vida de las mayorías sociales.
Hoy quiero plantear una pequeña crítica, lamentando que las trabajadoras y los trabajadores de El Salto trabajan en condiciones muy precarias y reconociendo que se merecen condiciones mejores, sobre todo salarios más dignos y más recursos para emplear a mas personas.
El artículo que podemos leer aquí utiliza en gran parte como fuente un documento que hemos redactado activistas de Ecologistas en Acción y la campaña "No a los Tratados de Comercio e Inversión", como suplemento al informe ‘Un Tratado para gobernarlos a todos’, elaborado por Pia Eberhardt, Cecilia Olivet y Lavinia Steinfort, tres investigadoras del Corporate Europe Observatory (CEO) y del Transnational Institute (TNI) que se publica hoy en castellano. He comunicado al autor del artículo algunas imprecisiones que fueron corregidas (¡muchas gracias!). Pero nos hubiera gustado que se hubiera citado el documento original "España: un caso paradigmático de los arbitrajes de inversión en el sector de la energía" que ha servido como fuente del artículo.
También echamos de menos la demanda política, una de las principales razones de la publicación y la campaña en redes sociales hoy (además de sensibilizar e informar): "La crisis ambiental global, los límites del planeta, la pobreza energética y la necesidad de equidad social urgen a que se legisle poniendo los derechos humanos y la justicia ambiental en el centro de las políticas públicas. Por ello es imprescindible que España salga del Tratado sobre la Carta de la Energía, como ya hiciera Italia en 2015, y que se finalicen el resto de tratados de inversión que permiten el arbitraje de inversión".
Por todo ello os invito a leer nuestra nota de prensa y el documento original para ampliar la información: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=118908
Un abrazo muy fraterno y nuevamente gracias por el importante trabajo de periodismo que estáis realizando.
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