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La ley de “seguridad” online británica amenaza el modelo Wikipedia

A finales del mes de julio entró en vigor en Reino Unido la Online Safety Act (Ley de Seguridad en Línea), propuesta inicialmente por los conservadores y finalmente aprobada con el apoyo de los laboristas en 2023. La nueva regulación impone a gran parte de los sitios web la verificación de la edad de los usuarios a través del reconocimiento facial o una foto del DNI, con el objetivo declarado de impedir el acceso de menores a contenidos “no adecuados”. El ámbito de aplicación previsto por la ley incluye todos los servicios de tipo user-to-user, es decir, aquellas plataformas digitales cuyos contenidos —material escrito u oral, fotografías, vídeos, música o datos— sean generados por un usuario y queden posteriormente a disposición del resto de la comunidad.

Según sus impulsores, la Online Safety Act pretende reducir la difusión de contenidos “nocivos” entre niños y adolescentes, no solo pornografía —objetivo de los legisladores en un primer momento—, sino también contenidos que incluyan “incitaciones al autolesionismo, el suicidio, los trastornos de la alimentación y la violencia extrema”. No obstante, a lo largo de su tramitación parlamentaria se amplió el radio de acción de la ley, que va mucho más allá del denominado “control parental”, lo que ha provocado multitud de críticas que tildan la nueva norma de ataque a la libertad de expresión.

La Online Safety Act prevé la clasificación de “categoría 1” para sitios web según el número de usuarios mensuales y la modalidad con que se comparten sus contenidos. Sus gestores, además de tener que atenerse a las obligaciones generales incluidas en la ley —destinadas a la “protección de la infancia”— deberán garantizar la “protección” de las personas adultas ante ciertos contenidos. En caso de no cumplimiento, la ley prevé multas de hasta 18 millones de libras esterlinas (unos 20,8 millones de euros) o del 10% de la facturación global del gestor de la web, en caso de que esta cifra sea superior a la de la multa base.

Anecdótica oposición parlamentaria

Con el consenso cerrado entre tories y laboristas, la única oposición a la nueva ley en el parlamento británico ha llegado desde las minorías. El ultranacionalista Nigel Farage, actual líder del partido Reform UK, ha prometido derogar la ley en caso de victoria en las próximas elecciones en Westminster. Por otro lado, el líder del micropartido Build, Alex Baynham, presentó el pasado abril una petición popular con el fin de “derogar la Online Safety Act y trabajar en la elaboración de una legislación proporcionada, en lugar de correr el riesgo de reprimir a la sociedad civil por hablar de trenes, fútbol, videojuegos o incluso hámsters”, haciendo referencia a las dificultades que podrían encontrar muchos foros online de todo tipo para adecuarse a la nueva ley, pudiendo verse obligados, en algunos casos, a cerrar.

En el momento de escribir este artículo, la petición ha superado el medio millón de firmas, lo cual obliga al gobierno británico a abrir un debate parlamentario (aún sin fecha). No obstante, en declaraciones oficiales, el ejecutivo laborista liderado por Starmer ha afirmado que no tienen planeado derogar la Online Safety Act y que, al contrario, están trabajando mano a mano con la Ofcom [Oficina de Comunicaciones, ente público regulador encargado de ejecutar la nueva ley] para implementarla lo más rápida y eficientemente posible, “de forma que los usuarios británicos puedan beneficiarse de sus protecciones”.

Fuentes gubernamentales han asegurado que el objetivo de la ley “no es penalizar a servicios pequeños y de bajo riesgo que, de buena fe, intenten adecuarse a la nueva normativa” y el primer ministro ha defendido la norma afirmando que Reino Unido protegerá “siempre” la libertad de expresión

En un intento de calmar las aguas, fuentes gubernamentales han asegurado que el objetivo de la ley “no es penalizar a servicios pequeños y de bajo riesgo que, de buena fe, intenten adecuarse a la nueva normativa” y el propio primer ministro ha defendido la norma afirmando que Reino Unido protegerá “siempre” la libertad de expresión, insistiendo en que la nueva regulación tiene que ver con la “protección de los niños” y no con la censura.

Wikipedia contra la Online Safety Act

Las declaraciones del gobierno británico han chocado rápidamente con la realidad. Lo demuestra el caso de Wikipedia, cuya plataforma británica se encuentra en grave riesgo de implosión como consecuencia de haber sido incluida en la temida categoría 1. En mayo de este año, antes de la entrada en vigor de la ley, Wikimedia Foundation —entidad sin ánimo de lucro que gestiona “la enciclopedia libre”— presentó un recurso para que su sitio web quedara fuera de la nueva regulación.

Según los abogados de Wikipedia, cumplir con las exigencias del nuevo marco legal paralizaría el intercambio enciclopédico vital, alterando de forma drástica el funcionamiento de la plataforma

En palabras de los abogados de la defensa, cumplir con las exigencias del nuevo marco legal paralizaría el intercambio enciclopédico vital, alterando de forma drástica el funcionamiento de la plataforma. Durante el juicio, Rupert Paines, representante de la fundación, declaró que la ley era “excesivamente amplia” y que la inclusión de Wikipedia en la categoría 1 convertiría sus artículos en “galimatías”, ya que los contenidos de usuarios no verificados serían ignorados por el sistema. En su alegato, Paines añadió que la nueva ley había sido presentada como instrumento regulatorio para “grandes empresas tecnológicas con ánimo de lucro”, como Facebook, Twitter/X o Instagram, y no para proyectos colectivos como Wikipedia.

El 11 de agosto, el juez Justice Johnson del Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso presentado por la Wikimedia Foundation, alegando que existen múltiples formas de trabajar en los límites de la ley “sin causar daños indebidos a las operaciones de Wikipedia”. Además, especificó que la fundación podría presentar un nuevo recurso en caso de que la Ofcom “concluyera erróneamente que Wikipedia pertenece a la categoría 1”, cosa que no parece probable en el breve plazo. De hecho, Cecilia Ivimy KC, representante gubernamental, declaró que el ejecutivo británico había revisado específicamente el caso de Wikipedia, concluyendo que no era posible que quedara exenta de las obligaciones impuestas por la nueva regulación.

Tras conocer la sentencia, Wikimedia Foundation ha declarado que “en caso de hacerse firme, la clasificación definitiva como categoria 1 de Wikipedia podría llegar antes de finales de verano”. En su comunicado se afirma que las obligaciones derivadas de dicha clasificación pondrían en peligro los derechos, la privacidad y la seguridad de sus editores voluntarios. La fundación argumenta que su modelo, en el que cualquiera puede contribuir sin registrar sus datos personales, resulta clave para mantener la amplitud de cobertura que caracteriza a la plataforma. Además, en su comunicado, la Wikimedia Foundation alerta de que la verificación de usuarios “podría exponer a los colaboradores a violaciones de datos, acoso, demandas o incluso encarcelamiento por parte de regímenes autoritarios”.

Censura y control: presente y futuro de la nueva legislación

En el breve recorrido de la Online Safety Act, los temores de censura han demostrado estar más que fundados, y no solo por el caso Wikipedia. Una investigación de la BBC ha sacado a la luz que compañías como Twitter/X o Reddit, en su adecuación a la ley, han restringido el acceso a gran cantidad de material de interés público a los usuarios que no han verificado su edad, incluyendo información y vídeos, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania y el genocidio palestino. Un caso emblemático: un vídeo grabado en Gaza muestra a un hombre entre ruinas en busca de sus familiares asesinados por el ejército de Israel. Ninguna imagen explícitamente cruda y, no obstante, X ha bloqueado el contenido “hasta que no verifiquemos tu edad”. Por su parte, Reddit ha impuesto la verificación de la edad para acceder a comunidades de debate como r/UkraineConflict u otros en los que se habla sobre Palestina.

No parece que exista un auténtico choque de intereses entre las grandes plataformas privadas y el camino emprendido por el gobierno británico, pues existen distintos acuerdos entre ambos agentes en numerosos asuntos públicos, como por ejemplo en el control digital del acceso a ciertos subsidios estatales

A pesar de todo, no parece que exista un auténtico choque de intereses entre las grandes plataformas privadas y el camino emprendido por el gobierno británico, pues existen distintos acuerdos entre ambos agentes en numerosos asuntos públicos, como por ejemplo en el control digital del acceso a ciertos subsidios estatales. De hecho, el periodista del Guardian George Monbiot ha resumido el sistema de control digital del Estado —en el que se integra la nueva regulación— como un “aparato represivo listo para la extrema derecha”, una perspectiva totalmente coherente con las políticas empresariales llevadas a cabo por multinacionales de la comunicación como Twitter/X.

Por otro lado, muchas voces han señalado otras peligrosas potencialidades de la nueva ley, como el hecho de que esta podría ser utilizada para obligar a las plataformas web a monitorizar los datos de sus usuarios en determinados casos. Algo que choca con la esencia misma del cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption), una tecnología que impide el acceso a los datos de un usuario por parte de cualquiera que no sea el propio usuario. Se trata de una componente fundamental de la internet moderna, imprescindible para la realización de multitud de actividades online, desde la banca electrónica hasta el periodismo de investigación.

La posibilidad de romper el cifrado de extremo a extremo confiere al gobierno británico la capacidad legal de acceder, recoger y leer conversaciones privadas de cualquier usuario

La posibilidad de romper el cifrado de extremo a extremo confiere al gobierno británico la capacidad legal de acceder, recoger y leer conversaciones privadas de cualquier usuario. Esta posibilidad ha sobrevivido a los distintos borradores de la ley, a pesar de que el ejecutivo de Starmer haya reconocido que resulta “técnicamente irrealizable” romper el cifrado de las comunicaciones personales sin violar la privacidad de los usuarios. Un lento pero progresivo menoscabo de la protección de los datos personales que —no cuesta demasiado imaginarlo— podrían querer imitar, en un futuro no demasiado lejano, los homólogos de Starmer a este lado del Canal de la Mancha.